NARCISO, HÉROE DEL CIUDADANO EJEMPLAR
LA carrera profesional del juez Baltasar Garzón deja una huella impresionante de la persecución del delito. Sus primeras apariciones públicas lo fueron por su constante batalla contra los traficantes de droga, después fue punta de lanza contra el terrorismo de ETA, con decisiones de asfixia del entorno terrorista que causaron asombro, luchó contra la guerra sucia, desafiando al poder del Gobierno, aplicó por primera vez la teoría de la justicia universal logrando la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, acogió las legítimas aspiraciones de las familias que anhelaban encontrar los restos de sus ancestros asesinados durante la guerra civil, investigó hasta que lo detuvieron la trama de corrupción político-empresarial que implicaba al Partido Popular, todas ellas causas nobles para los ciudadanos ejemplares. ¿Por qué entonces es un juez tan polémico? Sin duda será repudiado por aquellos que se sientan perjudicados por sus acciones, pero hay más, hay una cara oculta del juez modélico.
Muchos casos de delincuencia ligada al contrabando no terminaron con la condena esperada y lógica a tenor de los hechos, a causa de una deficiente instrucción del juez.
Se detectaron un número importante de irregularidades en el procedimiento contra los responsables del Ministerio del Interior en la causa por la guerra sucia contra el terrorismo.
El propio Tribunal Supremo le separó de la judicatura por las decisiones ilegales adoptadas para la persecución de la corrupción política y por la extralimitación en el asunto que socorría la petición de los familiares de los asesinados durante la guerra.
La conclusión es fácil: el juez investiga mal causas que merecen ser investigadas. ¿Es por torpeza intelectual? No, se debe a la aplicación de un principio aborrecible que, sin embargo, posee un aliciente populista: el fin justifica los medios. Si lo que pretende es castigo a delincuentes peligrosos, a criminales, no es cosa de ponerse puritano a la hora de la investigación, es el esquema que muchos aceptan y que el juez Garzón ha practicado sin medida.
Pero como sabe todo el que respeta la justicia como uno de los pilares de la democracia, la inatención a las normas que garantizan la inocencia de las personas quiebra el sistema jurídico de un país civilizado.
Garzón ha incurrido repetidamente en la desconsideración de las normas porque lo que estaba haciendo —pensaba él— no puede ser contestado por ningún demócrata. Cuando sus compañeros de profesión, hartos de la política publicitaria del juez, decidieron darle una lección, eligieron erróneamente los asuntos a los que oponer objeciones y sanciones: el asunto de la corrupción de Gürtel (por abuso al grabar las conversaciones de los implicados con sus abogados) y la atención a las peticiones de responsabilidad por la guerra civil (por extralimitación procesal). Haber utilizado estos casos y no otros redundaba en la política mediática del juez, que una vez contó con el amparo del diario El Mundo y después con el de El País, pasando de héroe a villano en el primero, y de villano a héroe en el segundo.
Y es que hay personas con pasiones irrefrenables en distintas actividades humanas. El juez en cuestión tiene una pasión incontenible por sí mismo, y todas sus acciones se dirigen a cimentar unas imágenes que puedan servir a esa pasión egocéntrica.
Cuando escribo estas palabras, Garzón aparece de nuevo en el centro del escenario, como abogado de Julian Assange, el filtrador universal de noticias procedentes de webs y archivos ajenos. ¿El juez español pretende dar lecciones a los tribunales británicos y suecos amparándose en la cobertura de la legislación ecuatoriana?
Éste es un claro ejemplo de la actuación del juez español. Bajo apariencia progresista está defendiendo la causa de una persona acusada de delito sexual bajo la intrincada excusa de que es una maniobra de los tribunales suecos para enviar al encausado a Estados Unidos, donde sería represaliado por la filtración de documentos hecha a través de WikiLeaks. Poner bajo sospecha a la justicia sueca amparándose en la garantía de la ecuatoriana es algo grotesco, si no fuera porque muchas personas son sorprendidas en su buena voluntad y aceptan el alambicado argumento utilizado para evadir una responsabilidad por delito sexual.
En un brillante artículo[1], Ignacio Sánchez-Cuenca, tras afirmar que «el Estado de derecho requiere que los jueces sean independientes y puedan tomar decisiones con autonomía y sin coacción», se preguntaba: «¿Pero qué sucede si, siendo independientes, son parciales y actúan de acuerdo con principios ideológicos? Y, sobre todo, ¿qué hacer si los jueces tienen un sesgo ideológico claro, […] que les lleva a enfrentarse a los poderes políticos representativos?».
España necesita una judicatura con neutralidad política a la hora de la instrucción y las sentencias.
A Baltasar Garzón se deben algunas actuaciones que han marcado un antes y un después, como la detención de Augusto Pinochet, pero también se le debe la degradación de la función de jueces y magistrados por mor de la vanidad, el único peso que no son capaces de soportar los hombres sin rendirse a él.