CAPÍTULO X: LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña vino a consumar una tragedia previsible y, en cierto modo, anunciada. Quedó desvelada y explícita la pretensión de los nacionalistas catalanes (incluidos los socialistas) de hacer desaparecer la Agencia Tributaria estatal en aquella comunidad, traspasando íntegramente sus funciones a una Agencia Tributaria catalana.

En realidad, hacía tiempo que se asistía a declaraciones políticas en consonancia con lo anterior y a decisiones que apuntaban en dicho sentido. Recuerdo que en vísperas de las elecciones legislativas del año 2000, Convergencia y Unión fichó de manera relumbrante al entonces Director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria (Heribert Padrol) para incorporarle como número dos de su lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción electoral de Barcelona.

En la presentación del fichaje (realizada a bombo y platillo) el citado partido nacionalista comunicó que una de sus nuevas reivindicaciones para la legislatura venidera consistía en reclamar una Agencia Tributaria Catalana (que sustituiría a la Estatal en todas sus funciones), anunciando que Padrol sería el responsable de organizar y dirigir la nueva institución. No hubo lugar, el resultado electoral otorgó al Partido Popular la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que la pretensión nacionalista quedó obligatoriamente aparcada.

Con los antecedentes descritos y de acuerdo a la estrategia básica propia de los nacionalistas, era cuestión de tiempo que su pretensión volviera a salir a la luz antes o después. La ocasión les ha llegado de la mano del nuevo Estatuto y, esta vez, han contado con la inestimable cooperación de los socialistas catalanes y la complicidad culpable del gobierno de la nación, muy especialmente la de su presidente Rodríguez Zapatero.

La cuestión es extremadamente grave por varios motivos, que pude desarrollar en un artículo publicado el 18 de octubre de 2005 en el diario Cinco Días. Paso a extractarlos.

Es extremadamente grave pues supondría la desaparición en una parte del territorio español del Estado en su proyección fiscal.

Es extremadamente grave pues resultaría manifiestamente insolidaria, al pretender de modo descarnado aumentar los recursos financieros de Cataluña a costa de disminuir a otras comunidades autónomas.

Es extremadamente grave pues representaría el principio del fin de la actual Administración Tributaria estatal y, con ella, de la actual configuración de nuestro Estado Fiscal.

El último motivo de los enunciados es aquél en el que puedo realizar una aportación más significativa, por lo que me centraré en él durante los siguientes párrafos.

Cabe comenzar argumentando que la sustitución de una institución cuyo balance de funcionamiento ofrece más luces que sombras no resulta, en principio, fácilmente justificable. Pero es que, adicionalmente, la sustitución pretendida de la Agencia Estatal por la autonómica catalana afectaría muy negativamente a la gestión global de nuestro sistema tributario.

Como es sabido, una de las herramientas empleadas con eficacia por la Agencia Tributaria y que resulta esencial para su gestión es la disposición de un volumen significativo de información relevante que, debidamente procesada, es utilizada profusamente tanto en los procesos de asistencia y ayuda al contribuyente (pensemos en la confección y envío de los borradores de declaración del IRPF) como en los de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias (pensemos en cualquier inspección de hacienda).

En relación con lo expuesto, la creación de una Agencia Tributaria Catalana que gestionara los impuestos hoy gestionados por la Estatal supondría que ésta perdería toda la información con relevancia fiscal relativa a los hechos con trascendencia tributaria acaecidos en Cataluña (los que afectasen a contribuyentes catalanes y a los del resto de España). Todo quedaría después supeditado a la transferencia de información desde la Agencia Catalana a la Estatal. Es decir, a semejanza de lo que sucede en las provincias vascas (y en Navarra) con las Diputaciones Forales.

No nos engañemos. La información no fluiría desde Cataluña hasta la Agencia Tributaria, del mismo modo que no fluye desde Vizcaya, Guipúzcoa, Álava o Navarra. La realidad es bien elocuente, la Agencia Estatal recibe más información y más colaboración de las administraciones tributarias francesa, alemana o belga (por citar tres ejemplos) que de las Diputaciones Forales de los territorios citados.

Claro que esta opacidad fiscal entre el País Vasco, Navarra y el resto de España es un agujero que se utiliza hábil y profusamente con fines defraudatorios. Agregar Cataluña a la excepción constitucional reconocida a los territorios citados por motivos históricos y, con ello, iniciar un proceso de disgregación de la información tributaria es un auténtico despropósito y dañaría de modo irreversible a la gestión global del conjunto de impuestos que integran nuestro sistema tributario.

En otro orden de cosas, la asunción por una Agencia Tributaria Catalana de la inspección y control de los principales impuestos del sistema (IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades) permitiría (posiblemente alentaría) la aplicación de una política permisiva o de control blando por parte del citado organismo como instrumento de captación de inversiones y de localización de empresas. De nuevo, resulta elocuente al respecto la experiencia de las Diputaciones Forales Vascas. Cataluña dispondría así de un arma poderosa para competir deslealmente con el resto de comunidades autónomas.

Llegados a este punto, es inevitable anticipar que la creación de una Agencia Tributaria Catalana con las facultades que se pretende empujaría a las otras catorce comunidades autónomas a incorporar la misma reivindicación. No puede negarse que se trataría de una defensa legítima para intentar reestablecer la igualdad de condiciones en la competencia fiscal. Esto explica que dar el paso analizado no es sino el principio del fin de nuestro actual Estado Fiscal.

Existe otra cuestión importante a considerar. ¿Podría afectar la disgregación de la actual Agencia Tributaria (la Estatal) a la regularidad en la gestión de los impuestos? Preguntado con menor eufemismo: ¿Podría afectar al grado de corrupción de la gestión tributaria? Estoy convencido que sí y que lo haría negativamente, que la probabilidad de corrupción aumentaría considerablemente con Agencias Tributarias Autonómicas.

Mi convencimiento parte de considerar que la dependencia de un poder político de menor rango (el gobierno autónomo frente al nacional) abre paso a la tentación de utilizar el poder (en este caso el tributario) con fines clientelistas, fenómeno que crece conforme disminuye el rango del órgano ejecutivo del que se trate.

Es inevitable volver a invocar la experiencia histórica en defensa de lo afirmado. Recordemos que a principios de 2004, los medios de comunicación se hicieron eco de la utilización por la Diputación Foral de Vizcaya de listas de contribuyentes afectos a su gobierno que recibían un trato tributario favorable en relación al resto de contribuyentes.

En definitiva, la disgregación de la actual Agencia Tributaria, su fraccionamiento en tantas Agencias como comunidades (pues éste sería, antes o después el final del proceso que seguiría indefectiblemente a la constitución de la Agencia Catalana pretendida por nacionalistas y socialistas) haría aumentar la corrupción en la gestión de los impuestos.

En función de todo lo expuesto, no cabe sino insistir en lo preocupante en extremo que resulta la cuestión analizada. Tan preocupante como sorprendente la predisposición favorable que los pretendientes han encontrado en el presidente Zapatero y en su gobierno. A su vez, también sorprende la pasividad o tibieza, según los casos, de las reacciones habidas por parte de los dirigentes socialistas del resto de comunidades autónomas.