CAPÍTULO IX: LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA POLÍTICA
Suele señalarse por algunos la politización como un problema existente en la Agencia Tributaria. De mi experiencia personal no puede deducirse que tal circunstancia sea cierta si por politización se entiende la utilización indebida de la Agencia Tributaria y de sus instrumentos de actuación con fines político partidistas.
Es posible que la idea de politización cuajara en un momento determinado por la sobre utilización periodística de los problemas fiscales de algunos famosos (Lola Flores, Pedro Ruiz) que caracterizó una etapa de la Hacienda Pública Española, la protagonizada por Solchaga y Borrell en el gobierno de González. Digamos que esto no ha sido siempre así y, como ejemplo, valga la discreción con la que años después se llevó la inspección tributaria a Carmen Sevilla, pese a la existencia de detalles tan curiosos como la necesidad de tener que notificarle su inicio en los estudios en los que presentaba el programa Telecupón en la cadena dirigida por Paolo Vasile.
Veamos, una cosa es que en tanto que órgano de la administración dependiente del Gobierno, las actuaciones que desarrolla y los resultados que obtiene puedan ser (es más, deban serlo) objeto del debate político. Como es lógico, natural y esperable, la oposición política utiliza los fallos de la Agencia Tributaria -reales o ficticios- para criticar por elevación al Gobierno de turno. Éste, por su parte, hace uso de los éxitos (ficticios o reales) para apuntarse el tanto. Considero que de lo descrito no puede inferirse que exista politización en la Agencia Tributaria.
También es cierto que un Director General de la Agencia Tributaria recibe con cierta frecuencia llamadas de políticos (tanto del Gobierno como de la oposición) interesándose por casos o expedientes de contribuyentes concretos, solicitando su intervención a fin de agilizar la resolución de los mismos, para garantizar que se resuelven de acuerdo a las normas aplicables a satisfacción de todos, o sencilla y llanamente para que el contribuyente tenga constancia de la existencia de la llamada.
Mencionaré varias de entre las llamadas que recuerdo haber recibido para ilustrar la tipología de contenidos de las mismas. Francisco Marhuenda, cuando era director de gabinete de Mariano Rajoy (entonces Ministro) me llamó pidiendo que atendiera con amabilidad al presidente del Pontevedra; Pedro Antonio Martín me llamó para pedirme consejo sobre el mejor modo de plantear la solicitud de aplazamiento de una deuda tributaria; Rosa Aguilar (entonces Alcaldesa de Córdoba) lo hizo para interesarse por la situación recaudatoria del Córdoba Club de Fútbol; Álvarez Cascos, con motivo de un conflicto en el sector del Transporte, nos llamó para ver si la Agencia Tributaria podía contribuir a solucionarlo modificando los módulos aplicables a los empresarios del sector; el presidente de la Federación Española de Tenis me llamó preocupado por los embargos practicados por la Agencia Tributaria a Arancha Sánchez Vicario; todos los partidos políticos intercedieron para que se estudiara en profundidad el problema que generaba la gestión del IVA al sector de empresarios forrajeros de Lérida. Siendo Presidente de la SEPI, Ignacio Fernández Toxo (actual líder de Comisiones Obreras) me pidió que intercediera en la Agencia Tributaria por una cuestión determinada; Francisco Villar, como Secretario de Estado del Deporte, quiso conocer (acompañado de Butragueño, que era asesor suyo) la encrucijada tributaria de los clubes de fútbol…
Como se desprende del conjunto de solicitudes de intervención que contuvieron las llamadas y reuniones referidas, tampoco de ellas se desprende la existencia de politización en la Agencia Tributaria.
Es más, aportaré otro dato relativo a la ausencia de cualquier intento de utilización política de la Agencia Tributaria referido a mi etapa como Director. Como es natural, hubo personas y entidades que pretendiendo algo de la Agencia Tributaria, se dirigieron a Rodrigo Rato para que éste les facilitara una entrada (fluida) conmigo. En todas las ocasiones en las que el vicepresidente lo hizo, me trasladó una instrucción que él utilizaba con frecuencia (y que todos sus colaboradores recordarán): "intenta arreglarlo si puede hacerse, pero no hagas lo que no debas hacer".
Como excepción a lo comentado hasta ahora, recuerdo una ocasión en la que el trabajo ordinario de la Agencia sí se vio en el centro del debate político. Sucedió en la precampaña electoral de las legislativas del año 2000. Aquel año, la Agencia Tributaria había puesto en marcha un nuevo servicio favorable a los pequeños contribuyentes. Como quiera que la reforma del IRPF aprobada en 1998 y aplicable al año 1999 había liberado de la obligación de presentar declaración a los contribuyentes que no llegaran a un umbral de renta, se planteaba para éstos el problema de cómo lograr en 2000 la devolución de las retenciones a cuenta que sus pagadores les habían practicado el ejercicio anterior.
La solución ideada entre la Secretaría de Estado de Hacienda (dirigida por Juan Costa) y la Agencia tributaria consistió en diseñar un nuevo procedimiento (fue denominado "devolución rápida"). Mediante el mismo, bastaba la mera solicitud de la devolución incorporando solo los datos personales y de la cuenta bancaria designada para que la Agencia Tributaria, en base a su información, practicara la correspondiente liquidación y procediera a realizar el ingreso oportuno (todo con ello con inusitada rapidez). En realidad, las devoluciones rápidas fueron el precedente del actual envío de los borradores de declaración de Renta a la generalidad de los contribuyentes.
Pues bien, sucedió que el desarrollo de la campaña de las llamadas devoluciones rápidas coincidió inevitablemente en el tiempo con la precampaña electoral, lo que fue interpretado por el candidato socialista (Joaquín Almunia) como una actuación político electoralista por parte del Gobierno. En un mitin preelectoral celebrado en Valladolid llegó al extremo de arrojar despectivamente al suelo (en un gesto teatral) una de las comunicaciones que la Agencia Tributaria enviaba esos días a los contribuyentes afectados para informarles del nuevo servicio y enviarles el formulario de solicitud de la devolución.
El desafortunado gesto de Almunia sí provocó que una actuación ordinaria de la Agencia Tributaria saltara al primer plano informativo y se incrustara en el debate preelectoral y, que en el mismo y contra su voluntad, se viera obligado a intervenir el Director General de la Agencia Tributaria. Así fue toda vez que en los días siguientes, los medios de comunicación me asaetaron a preguntas sobre el tema, claro que en menor medida que a Rodrigo Rato y a Juan Costa que eran el Ministro y el Secretario de Estado de Hacienda, respectivamente.
En lo que a mí concierne, cada vez que fui preguntado salí en encendida defensa de las decenas de directivos de la Agencia Tributaria que habían trabajado para diseñar el sistema de devoluciones rápidas, de los cientos de funcionarios que trabajaban para hacerlas efectivas, y de los cientos de miles de contribuyentes que resultaban beneficiados por ellas. De manera objetiva e implícita, y sin que fuera el fin pretendido, mis declaraciones resultaron ser claramente críticas al gesto (que no a la persona) de Joaquín Almunia.
Frente a la inexistencia de politización, lo que sucede en muchas ocasiones es que determinados contribuyentes sobrevaloran el grado de permeabilidad de la Agencia Tributaria, creyendo que en ésta se puede influir con cuestiones que puedan llegar a tener relevancia política. Afortunadamente para los españoles, dicha sobrevaloración es un error de aquellos.
En dicho sentido, en la etapa en la que fui Director General de la Agencia Tributaria me enfrenté personalmente a varias situaciones en las que la otra parte, un contribuyente poderoso o popular -según los casos-, pretendía hacer valer su poder o popularidad (por la proyección finalmente política de su función) frente al funcionamiento de los órganos de la administración.
Sin duda alguna, no es casualidad que muchas de aquellas situaciones se produjeran en torno a los clubes de fútbol, dada la relevancia social (y, en consecuencia, política en última instancia) que éstos tienen en España. Frente al posible análisis socio político que sería capaz de realizar alguno de nuestros mejores periodistas, (Concha García Campoy o Jorge Ribera, por citar dos ejemplos), me limitaré a narrar algunas de estas situaciones.
En todo caso, la lectura de las siguientes páginas son, además de un divertido conjunto de descripciones, una muestra bastante representativa de lo ineficaz que resulta -cuando menos, resultaba entonces- utilizar cualquier tipo de resorte directa o indirectamente político para intentar influir en el funcionamiento de la Agencia Tributaria.
Recuerdo una ocasión en la que con motivo de haber jugado el equipo madridista la Copa Intercontinental en Tokio, la delegación del Real Madrid aterrizó de regreso en el aeropuerto de Barajas. Al pasar el control de Aduanas, un funcionario de la Agencia Tributaria preguntó a los componentes de la delegación:
- ¿Tienen algo que declarar?
Tras un pequeño revuelo, el entonces presidente de la entidad (Florentino Pérez) asumió el mando de las operaciones y procedió a contestar -Sí hombre, que somos campeones del mundo (creo que el Real Madrid había ganada la Copa ante un equipo paraguayo)
- Me refiero a alguna mercancía adquirida
- Pues no, no tenemos nada que declarar
Como el funcionario había visto en la prensa deportiva varios reportajes fotográficos en los que se veía a los componentes de la plantilla del Real Madrid de compras por las calles de Tokio, le constaba que sí existían mercancías que debían declararse para liquidar los impuestos arancelarios, por lo que se limitó a contestar
- Por si acaso, hagan el favor de abrir los equipajes que vamos a hacer una comprobación.
El comportamiento del funcionario -completamente impecable- desagradó al presidente del Real Madrid que replicó
- Quiero hablar con tu jefe
Con Florentino esperando para entrar en su despacho, el jefe del funcionario llamó por teléfono a Javier Goizueta (Director de Aduanas) y le comentó lo sucedido. Goizueta le dijo que no tuvieran ninguna duda, que actuaran -él y el funcionario- como procedía: aplicando la legalidad y tratando correctamente a los contribuyentes. Asimismo le manifestó que actuaran tranquilos, que no pasaría nada y que, en todo caso, de derivarse alguna consecuencia, él respondería personalmente de la actuación.
La conversación posterior con Florentino Pérez debió ser todo menos florentina por parte de éste. Al parecer el presidente del recientemente proclamado campeón del mundo le manifestó que era inconcebible que al "mejor embajador mundial de España" se le molestara tras un largo viaje, advirtiéndole que, de persistir en su actitud, "se la iba a organizar con sus jefes y con la prensa". El directivo de la Aduana española se limitó a contestar que estaba seguro que sus jefes apoyarían que él y el resto de funcionarios cumplieran con su obligación y que aquello que, en su caso, fuera a decir la prensa no podía condicionar su actuación.
Pese al enfado de Florentino Pérez, la Aduana española cumplió su función y se liquidaron los aranceles que correspondían. Pasados unos días y probablemente arrepentido de su actuación, el presidente del Real Madrid envió a los funcionarios de la Aduana de Barajas un buen paquete de entradas para el siguiente partido que jugaba el equipo en el estadio Santiago Bernabeu. Todas las entradas -una tras otra- le fueron devueltas.
Siendo Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, me llegó una solicitud formal de entrevista procedente del presidente del Real Betis Balompié. Para la cita, mis colaboradores me habían preparado un dossier con la situación tributaria de la entidad verdiblanca que, en principio, estaba en orden con nosotros, pues estaba al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública. No se nos ocurría cual podía ser el motivo o la pretensión de la reunión solicitada.
Pronto lo sabríamos. Nada más empezar la reunión, José María Ruiz de Lopera con su típico y peculiar acento, me dijo.
- Mira Director, he pedido verte porque después de pensarlo, creo que en el momento actual se dan todas las condiciones para que entre tú y yo lo consigamos. Juntos podemos.
Le hice ver que no podía adivinar sus intenciones. El prosiguió:
- Te digo que si queremos los dos, ahora es el momento. Me consta que el Sevilla te debe mucho dinero. Por otra parte como ahora está en Segunda División, tiene muy pocos ingresos de publicidad, de abonos y taquillas, de televisión… Se trata de que tú le aprietes al máximo, yo me encargo de los jueces y de mover a los medios y, entre todos, acabamos de una vez con el Sevilla.
Respiré hondo varias veces antes de responder.
- Presidente, antes de nada debes conocer que la legislación tributaria me prohíbe hablar con un contribuyente de la situación tributaria de otro, por lo que yo no puedo hablar contigo sobre el Sevilla. En todo caso, debes saber que ante cualquier deuda tributaria, mi deseo -también mi deber- es realizar aquello que aumente sus posibilidades de pago -presentes o futuras-. Desde luego, acabar con el deudor es probablemente, lo menos inteligente que puede hacerse para poder cobrar una deuda. Por ello, y al margen de que no puedo, no quiero, tampoco debo, hablar contigo de las posibles deudas que mantenga el Sevilla con la Agencia Tributaria, sí quiero que tengas claro que te equivocas si crees que en mi despacho puedes encontrar ayuda para tus pretensiones.
Como es natural, Ruiz de Lopera se fue de las oficinas de la Agencia Tributaria notablemente decepcionado. Confieso que esperaba que su ofensiva apuntara a otros despachos. No sé si lo hizo Juan Costa no me dijo nada al respecto) pero, en todo caso, la gestión recaudatoria de las deudas del Sevilla siguió su curso normal, la paciencia cobratoria de la Agencia Tributaria permitió la supervivencia del Sevilla, su ascenso a la Primera División, la multiplicación de sus ingresos, y el inicio del pago de su deuda con la Hacienda Pública.
El Departamento de Recaudación llevaba tiempo trabajando con los representantes de la A.D. Rayo Vallecano el aplazamiento de una deuda tributaria por impago de IVA. Había acuerdo sobre el plazo y calendario de pagos, pero la cuestión se había atascado al no estar dispuesta la entidad a aportar garantía alguna. Al parecer, la decisión la había adoptado directamente José María Ruiz-Mateos, apoderado general del club.
Así las cosas, el asunto terminó recibiendo en mi despacho al personaje que, eso sí, entró en él después de piropear por el pasillo a Elisa de la Nuez, una abogada del Estado destinada en el Servicio Jurídico, diciéndole:
- Nena, qué pena que con lo rubia y lo mona que eres, trabajes en un sitio como la Agencia Tributaria.
Iniciada la reunión y abordado el asunto, reiteré a Ruiz-Mateos lo que mis colaboradores venían manifestando a los suyos: la necesaria aportación de garantías para que les concediéramos el aplazamiento del pago de la deuda que mantenían con nosotros. Entonces, el empresario jerezano, sobreactuando, se puso muy solemne y dijo:
- Ignacio, voy a entregarte la mejor garantía posible, la que nunca te ha llegado a dar ningún deudor: ¡mi palabra de honor!
Tras esforzarme por contener la risa, decidí que yo también sabía sobreactuar y que era el momento de emular a mi interlocutor.
- Sin duda, José María. La palabra de honor de un empresario que ha sido capaz de crear y reflotar cientos de empresas, de crear y consolidar miles de puestos de trabajo, y que es un ejemplo vivo de esfuerzo, tenacidad, trabajo y constancia, constituye una garantía inmejorable. Escúchame, si yo fuera el titular de la deuda, si yo fuese tu acreedor, no había más que hablar, en este instante cerrábamos el acuerdo. Solo hay un problema y es que yo solo soy el gestor de la deuda, la titularidad es de la Agencia Tributaria, del Estado y la forma en que he de gestionarla me viene marcada legalmente.
Prosiguiendo la sobreactuación me levanté, caminé hasta la librería, extraje un libro de textos legales y tras situarme en los pertinentes artículos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación, se los mostré, indicándole
- Ves José María, aquí se señalan las posibles garantías a aportar por los contribuyentes: aval bancario, hipoteca inmobiliaria, mobiliaria, prenda… Como ves, no figura entre ellas la palabra de honor del deudor. Insisto que a mí valdría, pero las normas no me permiten aceptarla por cuenta del Estado.
En fin, Ruiz-Mateos acabó convenciéndose de la inevitable aportación de garantías para conseguir el aplazamiento.
Miguel Ángel Cortés y el pago de impuestos con obras de arte
Como es sabido, el pago de determinados impuestos puede ser realizado en especie, siempre que ésta sean obras de arte debidamente incluidas en los catálogos oficiales y dicha forma de pago, así como el valor dado a la obra, sean aceptados por la Agencia Tributaria y por el Ministerio de Cultura (destinatario de los bienes así adquiridos).
Sobre esta cuestión, en mi etapa de Director de Recaudación de la institución (1997-1998) me correspondía definir la posición de la Agencia Tributaria en las propuestas de pago que formularan los contribuyentes.
Sucedió que con Miguel Ángel Cortés al frente de la Secretaría de Estado de Cultura, empezó a crecer de manera espectacular el número de contribuyentes que proponían el pago de impuestos con obras de arte. Mis colaboradores y yo intuíamos que Cortés estaba detrás. Que creía haber encontrado una mina con la que sortear la disciplina presupuestaria impuesta por Rodrigo Rato y ejecutada por José Folgado y Elvira Rodríguez, adquiriendo cuadros en importe muy superior al consignado en los Presupuestos. En definitiva, que era el auténtico inductor del cambio de tendencia operado y, consecuentemente, de la avalancha de peticiones que se recibían.
La cuestión era que Miguel Ángel Cortés, con sutileza y con clara intencionalidad siempre dejaba caer en uno u otro momento, de una u otra manera, el interés del Presidente Aznar en que cristalizaran positivamente las propuestas que recibíamos. Y, como se sabe, era conocida la proximidad política y personal de ambos (a través de lo que se dio en llamar el clan de Valladolid). Había que confirmar si de verdad estaba José María Aznar en la jugada o si, por el contrario, era un intento de Miguel Ángel Cortés para que nos ablandásemos en todos los casos y así obtener hábilmente un sobre presupuesto para sus adquisiciones.
Contacté con Gabriel Elorriaga, un buen amigo mío y que en ese tiempo era el segundo del Gabinete del Presidente del Gobierno. Le puse en antecedentes y le sondeé sobre la cuestión. Sonriendo, me contestó de forma lacónica:
- No te dejes engañar.
De ese modo, pudimos mantener el pago de impuestos mediante obras de arte en sus niveles habituales, frustrando el intento Miguel Ángel Cortés para lo contrario.
La Agencia Tributaria había decidido iniciar un plan de inspección fiscal a los clubes de fútbol. Recuerdo que para evitar posibles suspicacias entre unos y otros (fáciles de provocar ente entidades que compiten entre sí cada domingo), decidimos inspeccionar a todos aquellos que habían estado en la primera división durante los ejercicios objeto de inspección. Evitamos las suspicacias, pero provocamos la reacción corporativa o en bloque del sector.
En efecto, a las pocas semanas del inicio de las actuaciones inspectoras, los clubes decidieron que debían hacer algo cerca del Ministerio de Hacienda y mandataron a aquel que, entre ellos, pasaba por tener mejores relaciones políticas y, en su concepción, mayor capacidad de influencia ante las autoridades: Florentino Pérez. Éste decidió hablar con Enrique Giménez Reina que era el Secretario de Estado de Hacienda. La conversación me la contó un testigo presencial de la misma (Baudilio Tomé) según el cual el tono y el volumen de voz empleado por Florentino (y consentido por Giménez Reina) era el que hubiera empleado un capataz para dar una orden a un obrero.
Tras manifestar su indignación por el inicio de las inspecciones, Pérez declaró que el fútbol español no iba a consentirlas por lo que éstas debían paralizarse inmediatamente. En caso contrario, amenazó, ellos pararían la Liga de fútbol y "a ver cómo aguanta el Gobierno los domingos sin partidos".
Lo peor no fue que Giménez Reina consintiera el tono, el volumen y el contenido de las palabras de Florentino sin invitarle a abandonar las oficinas del Ministerio, sino que inmediatamente nos convocó al Director de Inspección -Gerardo Pérez Rodilla- y a mí mismo para trasladarnos la instrucción recibida y sugerirnos que la ejecutáramos, que paralizásemos las inspecciones.
Por un momento, recordé la frase atribuida a Martín Villa, según la cual "si los españoles supieran cómo funcionan algunas de sus instituciones y algunos de sus rectores, cogerían de inmediato el primer avión que les sacara de España".
Superado el estupor inicial, decidí que procedía lograr que la frase del veterano político no resultara aplicable a la Agencia Tributaria. Gerardo Pérez Rodilla debió pensar algo similar, puesto que ambos reaccionamos prácticamente al unísono. Manifestamos que resultaba intolerable que un sector económico recurriese a la amenaza o al chantaje para evitar ser inspeccionado y que, desde luego, bajo ningún concepto debía cederse. Argumentamos que, además, la amenaza no era real, toda vez que paralizar la competición perjudicaría especialmente a los clubes de fútbol, tanto por lo saturado de su calendario de competiciones (sería muy difícil la recuperación de la jornada o jornadas perdidas), como porque el impacto social de la medida llevaría el asunto a las portadas de los periódicos lo que supondría sacar a pasear las vergüenzas tributarias de las entidades y exponerlas abiertamente a la opinión pública. En definitiva, jamás cumplirían su amenaza. Pero, en cualquier caso, la cumplieran o no, la respuesta de la Agencia Tributaria, por moralidad pública y por legalidad, no podía ser otra que seguir adelante con las inspecciones.
Giménez Reina avanzó en su planteamiento:
- La Agencia Tributaria no puede crearle un problema a José María Aznar, al Presidente del Gobierno. Ante el riesgo que corremos y como superior vuestro, os ordeno que deis las instrucciones para paralizar las inspecciones.
De nuevo coincidimos Pérez Rodilla y yo. Además de insistirle en que no existía tal riesgo, le hicimos ver que la pretendida paralización sería claramente ilegal y podría resultar económicamente perjudicial para el Tesoro Público (por los efectos derivados de la interrupción injustificada de una inspección tributaria). En definitiva, le manifestamos con toda rotundidad que su orden -en realidad, la de Florentino-, no sería cumplida y que las inspecciones iban a seguir su curso ordinario. La cara del Secretario de Estado era un poema. Como tonto no es, fue consciente que, por su conducta, había resultado doblemente humillado. Primero cuando voluntariamente admitió recibir una instrucción de Florentino Pérez y segundo, cuando al trasladarla, se encontró con nuestra negativa a cumplirla. Lo cierto es que, efectivamente, las inspecciones tributarias siguieron su curso y que, evidentemente, la Liga no se interrumpió.
Siendo Director de Recaudación vino a verme Ramón Guardans (el yerno de Cambó), cuyo hijo Pau era entonces director general con Piqué en el Ministerio de Industria. Quería hablar de la situación del Hospital General de Cataluña que arrastraba una ingente deuda tributaria (junto a otras de distinta naturaleza), y de sus proyectos de futuro. Le di cita de inmediato.
Guardans era un señor mayor, culto, educado, afable en el trato, destilaba seny por los cuatro costados. No en balde había pertenecido al Consejo Privado de Don Juan de Borbón. Empezó por aclararme que no venía a título personal, sino mandatado por un conjunto de personalidades e instituciones (no soy ahora capaz de recordarlas), preocupadas por el Hospital General de Cataluña. Me describió con notable entusiasmo el valor de símbolo que la citada institución tenía para Cataluña, como era percibido por los catalanes como un ejemplo de actuación en materia sanitaria, que agrupaba valores como la calidad en la atención médica, la previsión vital, la solidaridad social… Sin embargo, la evolución financiera del Hospital no había transcurrido en paralelo, y la acumulación de sucesivas pérdidas le había conducido a una situación económica de extrema gravedad.
Guardans y el grupo de personalidades e instituciones en nombre de quienes hablaba, consideraban que los sucesivos fracasos económicos del Hospital se debían a que éste había vivido siempre en la órbita de una u otra administración, fuera ésta de ámbito provincial, regional o estatal. Así, el éxito del producto de debía a la iniciativa originaria de la sociedad civil catalana y al buen hacer -pasado y presente- de los profesionales sanitarios catalanes, en tanto que el fracaso económico obedecía a la sombra pública proyectada sobre ella. Por ello, habían decidido que el futuro y la viabilidad del Hospital General pasaba por desengancharlo definitivamente y para siempre de las instituciones publicas, que pasara a ser una realidad exclusiva de la sociedad civil catalana y que nunca más, nunca, dependiera para nada del sector público.
Le felicité por la idea y le deseé toda la suerte del mundo, además de agradecerle la deferencia de venir a contarme sus proyectos (en realidad, la Agencia Tributaria era el principal acreedor). En ese momento, me dijo que aún no había terminado. Le faltaba por decirme que para empezar con buen pié la nueva andadura del Hospital General era imprescindible que yo decretara una quita del 99% en la deuda que éste mantenía con la Agencia Tributaria, (¡valiente proyecto de la sociedad civil!).
Tuve que dedicar unos cuantos minutos para explicarle detalladamente los condicionantes legales, racionales y éticos que imposibilitaban una actuación como la que solicitaba.
En una ocasión y como consecuencia de una serie de embargos realizados al Atlético de Madrid por impago de varias deudas tributarias pendientes. Su presidente me solicitó una reunión a la que le acompañarían (según me dijo) su hijo Miguel Ángel Gil y el abogado de la entidad (el antiguo jugador Clemente Villaverde). El objeto de la reunión sería estudiar la posibilidad y la manera de levantar dichos embargos. Mi secretaría le dio una fecha y una hora.
Llegado el día, una llamada del puesto de control avisaba de la presencia en la entrada de las oficinas de la Agencia Tributaria de Jesús Gil y seis personas más. Extrañada por el número, mi secretaria preguntó por la identidad de los acompañantes que resultaron ser los dos anunciados y cuatro guardaespaldas. La respuesta fue que éstos últimos aguardasen a la puerta del edificio, pues la Agencia Tributaria garantizaba la seguridad de Gil dentro de sus oficinas.
Con el precedente citado, se inició la reunión en la que, de entrada, hice ver el cúmulo de obligaciones tributarias incumplidas por parte de la sociedad anónima deportiva Atlético de Madrid y que habían motivado la reacción de la Agencia Tributaria procediendo a los citados embargos.
Jesús Gil admitió con notable naturalidad que se afeara el comportamiento realizado echando la culpa de ellos "a éstos" según su expresión literal. Ni que decir tiene que "éstos" eran su hijo y el abogado. Más o menos vino a decirme:
- Mira Director, como te podrás imaginar yo de leyes y de impuestos no entiendo nada. Lo que se haya hecho, lo han hecho éstos. Ahora bien, que quede claro, éstos no hacen nada que no les haya ordenado yo.
Tras superar mi sorpresa por el argumento circular empleado mediante el cual él no sabía lo que se hacía pero, a la vez, no se hacía nada sin que él lo supiera y ordenara, le pregunté por el contenido de las órdenes que daba a sus colaboradores. Me respondió:
- Muy fácil. Son dos y por este orden. Primero, para la Agencia Tributaria ni un duro. Segundo, si para eso hay que engañarla, se le engaña.
Ante tal declaración, me sentí obligado a endurecer el tono de mi intervención y el gesto que lo acompañaba. Le hice ver que ésa no era la conducta adecuada para ningún contribuyente, menos aún para uno que solicitaba una reunión con los rectores de la Agencia Tributaria y que, o modificaba inmediatamente su actitud o habría que dar por zanjada la reunión y dejar que los embargos practicados siguieran su curso.
Tras mi intervención, Gil modificó la actitud y estrategia adoptadas. Atacó por otro flanco.
- Oye Director, sé que eres una buena persona y estoy convencido que no vas a ir a por el Atleti. Además, yo no puedo olvidar que fue tu tío Don Francisco el que llevó mi indulto para que lo firmara el Caudillo. Estoy convencido que encontrarás una solución.
Se estaba refiriendo a Francisco Ruiz-Jarabo, hermano mayor de mi padre, que en época de Franco fue Presidente del Tribunal Supremo y Ministro de Justicia (del que, una vez fallecido, me han contado sabrosas anécdotas personajes tan dispares como S. M. el Rey o Manuel Fraga). Desconozco si la afirmación de Gil era cierta y no pude comprobarlo pues mi tío Paco ya había fallecido. En todo caso, el nuevo tono que había empleado el mandatario del Atlético de Madrid se merecía un nuevo intento de reconducir la reunión, por lo que intervine otra vez:
- Mira, si queréis que levantemos los embargos, no hay más que dos soluciones. La primera es que paguéis las deudas, pero entiendo que no disponéis de tesorería para ello. Nos queda la segunda, que solicitéis un aplazamiento para pagarlas fraccionadamente durante cuatro o cinco años pero, eso sí, aportando el correspondiente aval bancario.
Jesús Gil respondió con rapidez y no exento de gracia:
- Es imposible Ignacio. Cada vez que intento entrar en una oficina bancaria, se disparan automáticamente todas las alarmas del local. No puedo darte el aval.
- Pues entonces no podemos concederte el aplazamiento. Seguiremos adelante con los embargos.
La reunión se dio por terminada en términos razonablemente correctos quedando las espadas en alto. Afortunadamente, pocos días después, el Atlético de Madrid traspasó a su jugador Vieri por una jugosa cantidad de dinero, y buena parte del importe del traspaso lo destinó a cancelar íntegramente sus deudas tributarias por lo que los embargos fueron automáticamente levantados.
Siendo Josep Piqué ministro del Gobierno Aznar saltó a los medios una polémica provocada por el PSOE. Éste alegaba la comisión de determinadas irregularidades de aquél en sus declaraciones tributarias durante la etapa en la que estuvo al frente de determinada empresa privada.
Tras unos días de agitación con diversos rifirrafes cruzados entre los actores de la polémica, tuvo entrada en el registro oficial de la Agencia Tributaria y dirigida personalmente a su Director General, una denuncia pública firmada por Francisco Fernández Marugán (portavoz del PSOE en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso y eterno colaborador directo de Alfonso Guerra).
La moneda estaba echada y, con ella, un doble riesgo para la Agencia Tributaria. Tan injusta hubiera sido la sobreactuación (incrementar el celo investigador puesto en este tipo de casos) como irresponsable la pasividad (enterrar la denuncia).
En contacto con el Director de Inspección, remití el escrito a la unidad responsable de su tramitación con una instrucción expresa para que fuera tratada como cualquier otra denuncia. Debían analizarse los datos aportados por el denunciante y, en función de la razonabilidad de la información proporcionada, ser incorporada al correspondiente Plan de Inspección o archivada.
En la etapa de Lorenzo Sanz como presidente, el Real Madrid arrastraba una deuda con la Agencia Tributaria que no estaba dispuesto a pagar. Más que el importe de la misma (siendo considerable, su pago distaba mucho de representar una dificultad seria para una entidad como el citado club), lo que se ventilaba era una cuestión de fuero. Los rectores del Real Madrid consideraban que, puesto que la liquidación que originaba la deuda estaba recurrida, en tanto no se resolviera el recurso, la Agencia Tributaria debía abstenerse de cualquier actuación recaudatoria.
Tal pretensión suponía desconocer el Derecho Tributario español. A los rectores del club se les explicó que un recurso no paralizaba el cobro de ninguna deuda salvo que ésta fuera pagada o garantizada (solve et repete), pero ellos insistían en su actitud de impago, por lo que se les avisó que la deuda entraría en fase ejecutiva y que procedería realizar los pertinentes embargos.
En una reunión posterior con el vicepresidente económico del club Gerardo Sánchez Revenga, éste manifestó citando a otro vicepresidente (Juan Onieva) y al propio presidente (Lorenzo Sanz) que en la Agencia Tributaria "no habría huevos para embargar al Real Madrid". Finalicé la reunión y ordené que inmediatamente se procediera al embargo. Lo embargado fue el dinero del reparto de las quinielas que le correspondía a la entidad. El importe era notoriamente inferior al adeudado, pero se trataba de tener un gesto de autoridad para conseguir disciplinar al indisciplinado deudor.
Las consecuencias del embargo fueron curiosas. Al día siguiente, la noticia era portada de los periódicos deportivos de difusión nacional (Marca y As), a la vez que comentario generalizado en todos los programas radiofónicos dedicados al deporte.
Ese mismo día, llamaron del programa nocturno de José María García pidiendo la intervención de Juan Costa en el mismo pues el entonces líder de las ondas deportivas nocturnas proyectaba tratar el asunto en profundidad. Puesto que yo había ordenado el embargo, Juan Costa me pasó el testigo. Puesto al habla con el famoso periodista, solo puse dos condiciones para la intervención solicitada: 1-) yo podría hablar de las causas y procedimientos que originan y enmarcan una actuación de embargo, pero no podría hablar del Real Madrid, pues la Ley General Tributaria prohíbe a funcionarios y directivos de la Agencia Tributaria hablar públicamente sobre la situación fiscal de contribuyentes en concreto; y vinculada a la anterior, 2-) yo no iba a entrar en debate en directo con ningún representante del Real Madrid. José María García comprendió ambas y quedamos que yo haría la entrevista desde mi domicilio a través del teléfono.
Iniciada la entrevista, García empezó su alocución en su más puro estilo diciendo más o menos:
- Nos acompaña Ignacio Ruiz-Jarabo, directivo de la Agencia Tributaria. Buenas noches Don Ignacio. Sabemos que ustedes no pueden hablar de ningún contribuyente en concreto. No se preocupe, vamos a hablar en hipótesis. Supongamos que hipotéticamente un club de fútbol que, por ejemplo, vista de blanco y sea de Madrid, se niegue a pagar sus impuestos ¿Cuál debe ser la reacción de la Agencia Tributaria?
Expliqué detenidamente todo lo que concernía a la hipotética situación de un club moroso que hipotéticamente fuera de Madrid y vistiera de blanco y a la necesaria respuesta de la Agencia Tributaria. Finalizada mi entrevista, entró en antena Juan Onieva. Lo cierto y verdad es que José María García, apoyándose en mis respuestas previas, le dio hasta en el carnet de conducir. El veterano periodista estuvo magistral, como para contratarle como portavoz de la Agencia Tributaria.
La inigualable tenista había sido objeto de una inspección tributaria que había resultado especialmente conflictiva. La cuestión que se dirimía era si Arancha era no residente en España a efectos tributarios como ella sostenía o, si por el contrario, correspondía declararla residente fiscal en territorio español como sostenía el inspector actuario.
La cuestión estaba ya en la fase de recurso contencioso, pero fruto de la citada conflictividad existían múltiples piezas separadas en las que una y otra parte (Agencia Tributaria y Arancha) se demandaban por varios incidentes procesales. Además, se había cursado orden de embargo contra sus bienes y derechos. Hacía meses que, a instancia del presidente de la Federación Española de Tenis, yo mantenía contacto con el representante legal de la deportista a fin de intentar encauzar el asunto. Parecía imposible, pues creyéndose en el uso de toda la verdad y apoyándose en el valor de símbolo nacional de su representada, el asesor no buscaba el empate sino la victoria por goleada.
Fue entonces cuando los medios de comunicación anunciaron la noticia de la próxima boda de Arancha. A los pocos días recibí una nueva llamada de su representante.
- Querido Director. Te habrás enterado de lo de la boda. Como estoy seguro que conoces, Arancha ha cursado una invitación al presidente del Gobierno con el que le une una buena amistad. Bien, al día de hoy no tenemos respuesta confirmando la presencia del señor Aznar a la boda y, ante el retraso en la contestación, hemos caído en la cuenta que la llave para su asistencia la tiene usted. Comprendemos que Don José María no puede ir a una boda de una contribuyente que mantiene un enfrentamiento con la Agencia Tributaria y a la que ésta ha tenido que embargar. Como suponemos que desde el palacio de la Moncloa estarán en contacto diario con usted para seguir el curso de los acontecimientos-
Evidentemente, yo desconocía todo lo que me estaba diciendo salvo el hecho de la boda, pues había salido en la prensa. Ahora bien, me había dado pistas suficientes para intuir que la Agencia Tributaria podría sacar tajada de la situación. Sin mentir, le seguí la onda:
- Se puede imaginar. Ya sabe usted como es el presidente para este tipo de cosas…
El representante siguió diciéndome:
- Bueno, pues nada. Aunque seguimos pensando que nos asiste plenamente la razón, a Arancha le hace mucha ilusión la presencia del señor Aznar el día de su boda. Por ello, estamos dispuestos a tirar la toalla. Queremos llegar a un acuerdo rápidamente para que usted pueda llamar a Moncloa y desbloquear la asistencia del Presidente. Me pongo a su disposición, ordene los pasos que debemos dar y los ejecutaremos de inmediato.
Así se hizo, los flecos complementarios del asunto tributario de Arancha pudieron reencauzarse pacíficamente y el Presidente Aznar asistió a la boda sin que nunca haya llegado a saber que su asistencia a la boda fue la causa que permitió encauzar la situación, Eso y el equívoco del entorno de Arancha que mi silencio ayudó a mantener.