17. Autoridades en guerra: PGR versus PGJE
La frustración de dos de los agentes especializados de la Agencia Federal de Investigaciones se deja ver en su mirada.
Bajo solicitud expresa (por obvias razones) de mantener en sigilo sus nombres, los agentes explican:
—Ya teníamos dos líneas de investigación, desde mediados de septiembre.
Por un lado investigábamos la red de pornografía infantil, que es un delito federal y, por otro, indagamos para determinar si hay asociación delictuosa por los nexos de Succar Kuri con autoridades del estado y su correlación con reconocidos personajes de la clase empresarial en Cancún. Desde el 29 de septiembre sabíamos que contábamos con suficientes elementos para proceder en contra del pederasta; esperábamos afinar detalles para obtener la denuncia formal de una de las víctimas que más información posee pero, por desgracia, debido a la torpeza —porque no podemos asegurar todavía otras razones— de Leidy Campos y del subprocurador Miguel Ángel Pech Cen, se filtró información. Succar supo que lo investigábamos y «limpió» la zona de pruebas que sabíamos, por indicios claros, que existían en su hotel de Solymar. Llegamos y había paredes húmedas y olor a pintura fresca. Habían roto muros, los empastaron y pintaron en una noche.
El informe de la PGR muestra que se mantenía vigilado a Succar Kuri las veinticuatro horas del día. Se reportan visitas de éste a algunas escuelas y al poblado de Leona Vicario, donde vivía hasta hace poco una de las familias más afectadas por el pederasta.
Además, ya la AFI había localizado dos casas y un departamento en el centro de Cancún, en los cuales se presume se editaban y vendían los videos pornográficos. Esta versión coincide con una investigación publicada en La Voz del Caribe, en la que el reportero Alberto Núñez, basándose en informes de la AFI, cámara y grabadora escondidas, se dirige a la casa de la calle Naranja, en la supermanzana 2-A, un barrio de clase alta de Cancún. El periodista asegura que otras dos casas operan en la supermanzana 15 y en la región 94.
El reportero narra los hechos:
—Llegué y le dije al cuidador: «Buenos días, me mandó don Pedro a recoger un video». Él respondió: «El encargado no se encuentra pero llega como en una hora». Insistí:
«Pero a mí me dijeron que recogiera el video, que me lo iban a dar sin preguntas ni nada». «Así se hace —contestó el cuidador—, pero cuando el encargado sale me deja indicado quién va a recoger las películas y me las deja a mí y hoy no me dejaron nada. Hace dos días que no vienen por aquí y no le puedo dar otra película porque son sobre pedido». Más tarde obtuvimos una etiqueta de las que pegan en las películas que comercializan. En el caso de las otras dos viviendas es muy parecido; también se reconoce la venta de videos pornográficos con niñas y niños.
Mientras la procuradora de Justicia Celia Pérez Gordillo insistía en negar a los medios y a las agrupaciones civiles de defensa de los derechos humanos que la PGR estaba involucrada en esta investigación por la incapacidad de la PGJE para detener a Succar Kuri y que se le investigaba por nexos con el crimen organizado, llegó a nuestras manos un documento oficial que dice lo siguiente:
Con fecha 04 de noviembre el acta circunstanciada número 612/203-TV es elevada a averiguación previa número 447/2003-1V la cual se instruye en contra de Jean Touma Succar Kuri alias Johny por el delito de pornografía infantil y lo que resulte, procediéndose inmediatamente a solicitar a la subprocuraduría de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo, copias certificadas de la averiguación previa CANIOIO/7151-l0.2003 la cual se instruyó en esta subprocuraduría por el delito de violación y corrupción de menores. Solicitándose a las líneas aéreas locales un informe sobre sus listas de pasajeros de los días 29 y 30 de octubre, con la finalidad de determinar a través de cuál aerolínea Jean Succar abandonó la ciudad el día en que fue librada la orden de aprehensión por parte del licenciado Víctor Manuel Echeverría Tun, Juez Tercero Penal de Primera Instancia en esta ciudad, por delito de violación equiparada y corrupción de menores.
Las investigaciones de la PGR y la AFI confieren mayor certidumbre a las declaraciones de Emma, quien en un principio confió ciegamente en las autoridades que le prometieron que, si obedecía sus órdenes, se haría justicia de manera expedita.
Lo cierto es que la actuación de Leidy Campos y Miguel Ángel Pech, como representantes de la Procuraduría de Justicia, constituye, según la abogada Verónica Acacio, un caso emblemático de la violación reiterada, sistemática e impune a los derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales por parte de las autoridades de administración de justicia en México.
Lo que en un inicio parecía ineficacia de la policía judicial y la Procuraduría se fue develando como un mapa de corrupción y encubrimiento que revictimizaba, sin tregua, a la joven mujer que denunció al pederasta, así como al resto de los menores.
El agente de la AFI lo analiza:
—Revisando simplemente la primera declaración de la ciudadana Emma, cualquier ministerio público —con conocimiento— intuye delitos federales como la pornografía infantil y la explotación sexual. Conociendo las virtudes que la abogada del estado les concede al subprocurador Pech Cen y a la licenciada Campos Vera, me parece de una torpeza sospechosa que esperasen tanto para solicitar, primero, el apoyo de la PGR y segundo, la detención precautoria del sujeto. Sumado a ello vemos que la licenciada Campos urgió a Emma a traer a tres menores, dos niñas y un niño. Con esas declaraciones, en noventa y cinco por ciento de los casos, en todo el país —aunque no nos guste admitirlo— se detiene al sujeto, para evitar que se dé a la fuga. Además, el subprocurador Pech declaró a los medios que, por tratarse de un delito grave, el amparo no le serviría de nada a Jean Succar y luego mencionó que, dados los indicios del delito de pornografía infantil, enviarían el expediente del caso a la Procuraduría General de la República y a la INTERPOL México. Entonces, ¿por qué no lo detuvieron? En este país no siempre esperamos a que haya orden de aprehensión, menos en los casos en que el acusado de delitos que se persiguen de oficio tiene recursos para huir… no, la verdad, no.
«Sin embargo, no conformes con esa ineficacia, además ¡estuvieron presentes en la grabación! ¡El sujeto confiesa y lo dejan ir! —añade el agente, azorado—. Después, según declaraciones de la misma Emma, le piden que cite a Succar Kuri al día siguiente de la grabación ¡y otra vez lo dejan ir!
Sinceramente y por mi experiencia, estos hechos nos inducen a sospechar que los propios Campos y Pech, si no por su cuenta, al menos en complicidad con el comandante de la Policía Judicial, intentaban medir al sujeto para sacarle dinero. Más tarde, la licenciada Campos le pide a Emma que llame, por tercera vez, al sujeto confeso, que lo cite en sus propias villas de Solymar y con ella acuden la subdirectora Campos Vera, Francisco Argüelles Mandujano, alias ‘El Rayo’ ,comandante de la policía, y otros dos automóviles con refuerzos. Según las investigaciones, eso ocurrió el mismo día en que, unas horas más tarde, el presunto se dio a la fuga en aerolínea comercial, a unas horas de que saliera la orden de aprehensión. Las sospechas de corrupción, aunque den vergüenza, no son gratuitas».
El agente especial de la Agencia Federal de Investigaciones continúa su análisis y manifiesta que, según su experiencia, será muy difícil lograr la extradición del pederasta ahora detenido en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses confían muy poco en la justicia mexicana y
Succar cuenta con amigos poderosos en todas partes.
—Los nombres involucrados tienen mucho peso. El crimen organizado en México está bien impregnado en el poder político; la verdad es que no podría ser de otra manera. Yo creo que si lo protegen, nuestro trabajo habrá sido en vano. Una de dos: o lo matan en la cárcel de Albuquerque —donde nos aseguran que ya fue ultrajado sexualmente por los mismos presos— o por allí se pierden documentos para que no proceda la extradición y luego en un añito, cuando se enfríe la cosa, los gringos digan: «No podemos procesar a éste aquí», y, como decimos, «Se pierda el nombre y el hombre» entre el archivo muerto. Todo depende de cuánto les interese a los políticos salvarlo o juzgarlo.