El arte de la manipulacion politica Josep Colomer

18.6

CDS + CiU

24.0

CP + otros derechas

Abst.

8.0

7.3

UEC + ERC+>btros izq. Abstención + b + n

9.3 16

2.7

5.3 7.3 32.8

32.8

Resultados en la hipótesis de 2/3 de voto estratégicc :

29.3

32.6

38.1

Resultados reales:

27.4

31.8

40.8

Resultados en la hipótesis de voto sincero:

32.0

35.2

32.8

Tabla 30.

Referéndum sobre la OTAN, País Vasco Voto Voto Elecciones sincero sofisticado generales

Grupos de electores PSOE

Referéndum OTAN Hipótesis «de los 2/3» SI NO Abst.+b+n

17.4

11.6

5.8

CDS + PNV

21.9

7.3

14.6

CP + otros derechas

Abst.

6.8

2.3

EE + HB+ otros izq.

20.3

Abstención + b + n

4.5 20.3

33.6

Resultados en la hipótesis de 2/3 de voto estratégicc :

21.2

40.7

38.1

Resultados reales:

20.8

42J2

37.0

Resultados en la hipótesis de voto sincero:

28.7

37.7

33.6

236

Y ganó, por lo tanto, el «sí». Independientemente de los matices numéricos que quepa introducir a esta comparación, parece que queda, en cualquier caso,. demostrado que la mayoría de los votos por el «sí» no fueron votos sinceros, mientras que la mayoría de los votos por el «no» sí fueron sinceros. Por eso algunos observadores dijeron que el resultado del referéndum había sido más una derrota de los partidarios del «no» que una victoria de los partidarios del «sí»; es decir, más una derrota de los neutralistas y pacifistas que una victoria de los atlantistas. Fue, sin duda, una derrota de la política de convicciones, coherencia y sinceridad, ante la política de adaptación al medio, sofisticación y responsabilidad.

237

15. A LA HUELGA GENERAL

La llegada de los socialistas al Gobierno y, a mediados de los ochenta, la sustitución de la recesión económica por el crecimiento produjeron una mejora de las expectativas albergadas por los sindicatos. Pero, paradójicamente, este nuevo optimismo condujo a un enfrentamiento abierto entre los socialistas gubernamentales y las centrales sindicales. La breve historia de la concertación social en España ha pasado, así, por dos etapas. La primera se inició en cierto modo con los pactos de la Moncloa, suscritos entre el gobierno de UCD y los demás partidos parlamentarios en diciembre de 1977, sin participación de los sindicatos ni de la patronal, que se hallaban todavía en una fase muy primaria de organización. La segunda culminó en la huelga general convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) contra el gobierno del PSOE, en diciembre de 1988.

LOS PACTOS DEL MIEDO No es ya ninguna novedad afirmar que ha habido una gran continuidad en la política económica de los gobiernos de UCD y del PSOE desde los inicios de la transición. Tanto los gobiernos presididos por Adolfo Suárez, con los vicepresidentes para Asuntos económicos Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo Sotelo, y los presididos por éste con el vicepresidente Juan Antonio García Díez, como los presididos por Felipe 238

González, con los ministros de Economía y Hacienda Miguel Boyer y Carlos Solchaga, han aplicado, a grandes rasgos, una misma política de ajuste o estabilización. En una primera época, esta orientación estaba destinada a combatir la recesión económica y favorecer el saneamiento de las viejas estructuras industriales y la innovación tecnológica; más tarde, a crear unas condiciones de competitividad internacional de la economía española con la perspectiva de su plena integración en un mercado único europeo. Cabe, así, caracterizar las prioridades de la política económica de uno de los agentes sociales -el Gobierno, tanto de UCD como del PSOE- como la reducción de la inflación y del déficit público, con el coste de una contención de los salarios y la flexibilidad del mercado de trabajo. Podemos suponer provisionalmente que las prioridades de otro de los agentes, la patronal representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), son básicamente coincidentes con las del Gobierno, por lo que no las formalizaremos por ahora como otro jugador. Ambos -el Gobierno y la patronal— pueden tratar de impulsar esta política de dos modos: bien mediante una negociación con los sindicatos que dé lugar a acuerdos de validez general en todo el país durante un período más o menos largo, o bien sin tales acuerdos, con el riesgo consiguiente de tener que negociar convenios sobre las condiciones de trabajo en cada ramo o sector, y aun en cada empresa, y suscitar un aumento de la conflictividad laboral. Por su parte, los sindicatos principales, UGT y CCOO, no tienen exactamente las mismas prioridades. Su objetivo común es una política económica distributiva, favorable a un aumento de los salarios reales y a un incremento y mejora de los servicios públicos, aunque su coste pueda ser un aumento indirecto del paro y un incremento del déficit público. Sus metas conjuntas son, pues, parcialmente contradictorias con las del Gobierno. Ambos sindicatos están también interesados en su propio reforzamiento organizativo, ya que poseen unos niveles muy deficientes de afiliación, del orden del 16 % de los asalariados (uno de los más bajos de Europa), concentrados sobre todo en trabajadores manuales especializados y fijos, en grandes y medianas empresas. Por ello, en ciertas condiciones pueden aceptar subvenciones públi239

cas, entrega de patrimonio y legislación favorable del Gobierno como contrapartida a algunas concesiones sindicales en los acuerdos sobre las grandes opciones económicas. Durante un período relativamente largo, marcado por la debilidad institucional del régimen democrático y las amenazas involucionistas, los sindicatos aceptaron también que la ausencia de conflictos sociales pudiera ser una contribución a la consolidación de la democracia. Sin embargo, mientras UGT concebía la negociación y la participación en las instituciones económicas y sociales (la llamada «democracia industrial») como la vía preferente de consecución de mejoras económicas, CCOO valoraba más los éxitos conseguidos mediante la movilización, la presión y la huelga (el «sindicalismo reivindicativo»), que contemplaba como un medio de fortalecimiento sindical. De acuerdo con lo expuesto, cabe formalizar las ordenaciones de preferencias de cada uno de los tres jugadores del siguiente modo: Preferencias del Gobierno: Gob.

Sind

Val. ord.

E E S S

P H P H

4 3 2 1

Preferencias de UGT:

Preferencias

de ccoa

Gob.

UGT

Val. ord

S S E E

P H P H

4 3 2 1

Gob. CCOO S S E E

H P H P

VaL ord. 4 3 2 1

Opciones del Gobierno: E: Política de estabilización; S: Política social; Opciones de UGT y CCOO: P: Pactos; H: Huelgas

Como puede verse, UGT y CCOO coinciden en dar prioridad a una política de distribución o «giro social» (llamada también «deuda social», «Propuesta Sindical Prioritaria», etc.), pero discrepan en sus respectivas preferencias por la negociación y los pactos o por la movilización y las huelgas; mientras que el Gobierno y UGT discrepan en sus prioridades en política económica, pero coinciden en preferir los pactos a la confrontación. El Gobierno y CCOO están más radicalmente enfrentados que las demás parejas de jugadores, hasta el punto de que -como puede comprobarse en la tabla— sus preferen240

cías sobre las distintas situaciones posibles están ordenadas de un modo exactamente inverso. Veamos ahora la interacción entre el Gobierno y cada uno de los sindicatos. Las relaciones entre el Gobierno y la UGT pueden simbolizarse al modo como lo hace la siguiente matriz: UGT P

H 2

E 4

Gobierno

3 4

S 2

En este juego el Gobierno tiene una estrategia dominante, que le proporciona mejores resultados en cualquier hipótesis de comportamiento de UGT, y que consiste en adoptar una política de estabilización. También UGT tiene una estrategia dominante, la negociación y el pacto, por lo que el resultado de equilibrio se sitúa en la casilla superior izquierda, cuyos valores son 4, 2. En esta situación, el Gobierno se encuentra en un óptimo, ya que ha alcanzado su máximo valor o primera preferencia, mientras que UGT se halla en una situación más bien mala, la penúltima de sus preferencias. Sin embargo, el sindicato socialista no puede amenazar con ninguna alteración de su estrategia, ya que con ello no conseguiría más que empeorar la situación de los dos jugadores y obtener un pésimo para ella (la casilla superior derecha) por lo que debe resignarse a pactar la estabilización. En los hechos, concordantes con este esquema de interpretación, UGT aceptó los pactos de la Moncloa firmados por el Gobierno en 1977, suscribió con la CEOE el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) en julio de 1979, el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) en enero de 1980, el AMI-2 en febrero de 1981, el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en junio de 1981 con el Gobierno de UCD y, ya con el Gobierno del PSOE, el Acuerdo Interconfederal (AI) de febrero de 1983 y el Acuerdo Económico y Social (AES) en 241

octubre de 1984 (aunque éste último, al parecer, ya con la opinión en contra de su secretario general Nicolás Redondo). Todos estos acuerdos daban prioridad a la lucha contra la inflación, establecían unos límites a los aumentos de salarios y, en algunos casos, otorgaban ayudas institucionales al sindicato y promovían su participación en los consejos de administración de varios organismos asistenciales del Estado. Sin embargo, el balance retrospectivo que de ellos hizo la UGT fue claramente negativo, de acuerdo con la posición más bien mala que le hemos atribuido en la matriz del juego. En palabras del director deí''Instituto Sindical de Estudios de UGT, José María Zufiaur, los años de pactos sociales fueron de empeoramiento del paro, recortes de la protección social y retroceso de la participación de las rentas salariales en la renta nacional. Observemos ahora la interacción entre el Gobierno y el otro sindicato, Comisiones Obreras, tal como se refleja en la siguiente matriz: CCOO P

H 1

E 4

Gobierno

3 3

S 2

También en este juego nos encontramos con dos estrategias dominantes, aunque no son las mismas que en el juego anterior. El Gobierno se mantiene en su política de estabilización, haga lo que haga Comisiones Obreras. Pero este sindicato opta por la movilización reivindicativa y las huelgas, de modo que el resultado de equilibrio se sitúa en la casilla superior derecha, cuyos valores son 3, 2. En esta situación el Gobierno se halla menos cómodo que en su juego con la UGT, ya que ahora no obtiene su primera preferencia sino la segunda; es decir, prefiere un sindicato negociador y pac242

tista que un sindicato reivindicativo y arisco (el cual, por otra parte, eii el primer período 1977-1980 cuenta con una representatividad mayor que la UGT). CCOO, sin embargo, no se encuentra ^n una situación demasiado airosa, ya que obtiene sólo su penúltima preferencia. En la realidad, sólo en momentos de grave crisis política, en los que la contribución a la pacificación social fue considerada como un factor importante de consolidación democrática, admitió CCOO un pacto social, y siempre con contrapartidas de apoyo político o económico a los sindicatos. Así, aceptó con algunas reticencias los pactos de la Moncloa, firmados sin su intervención, e intervino en el ANE, suscrito escasas semanas después del intento de golpe de Estado del 23-F y bautizado como «el pacto del miedo», y en el AI, inmediatamente después del acceso al Gobierno del PSOE y, según las declaraciones de los dirigentes de CCOO, bajo la presión ambiental de muy recientes conspiraciones militares golpistas. En cambio, CCOO no participó en la mayor parte de los pactos suscritos por UGT, es decir, el ABI, el AMI, el AMI-2 y el AES, los primeros con gobiernos de UCD y el último ya con el PSOE.

UNA JORNADA DE PARO

Fueron precisamente la formación del Gobierno socialista, como hemos dicho, y los propios éxitos de la política gubernamental de estabilización, los que alteraron los equilibrios que hemos presentado hasta aquí. Parece lógico que, en un primer momento, los sindicatos vieran al PSOE en el Gobierno como un cambio que podía satisfacer las reivindicaciones sindicales que aquel mismo partido había apoyado formalmente cuando se encontraba en la oposición. Sin embargo, pronto el ministro Miguel Boyer anunció un período de diez arlos de ajuste o estabilización, como opción basada en una estimación más bien crítica del nivel de productividad de la economía española en un contexto comparativo internacional. Por otra parte, la consolidación democrática, a la que el mismo acceso de los socialistas al Gobierno contribuyó en importante me243

dida, así como la culminación de las devoluciones del patrimonio sindical, eliminaron la posibilidad de conceder a los sindicatos otras contrapartidas al margen de los acuerdos relativos a la política económica. El hecho es que, tras una prolongación de medidas de saneamiento que incluyeron una drástica reconversión de algunos sectores industriales tradicionales, quedó superada la larga etapa de recesión y la economía española emprendió un proceso de expansión. Esto hizo aumentar las expectativas de mejora de la situación económica personal en amplios sectores sociales y los sindicatos interpretaron estos sentimientos intensificando las demandas de distribución. Un hito de este cambio en la sensibilidad popular fueron las huelgas estudiantiles del invierno de 1987, ante las que el Ministerio de Educación acabó cediendo en lo fundamental, así como una serie de huelgas de diversos sectores profesionales que les sucedieron en los meses siguientes. Hay que tener también en cuenta que, hacia 1980, en relación con la situación de tres años antes, la UGT había conseguido equilibrar su relación de fuerzas con CCOO, al menos si ésta se mide en los términos numéricos globales de afiliados y de representantes sindicales en los comités de empresa. Sin embargo, las elecciones sindicales de 1986 no confirmaron las esperanzas de los dirigentes de UGT de sobrepasar en gran medida a CCOO en el apoyo obtenido de los asalariados, ya que en las grandes empresas —sobre todo las públicas— y en algunos núcleos tradicionales del movimiento obrero consiguió sólo resultados modestos. Estos límites de la fuerza organizativa de UGT contribuyeron también a que sus dirigentes realizaran un balance negativo de su política anterior de negociación y pactos y aumentaron la impaciencia en sus filas. Nicolás Redondo afirmó en 1987 ante el Comité confederal del sindicato que «los grandes pactos ya no son posibles. Eran factibles en la transición porque se buscaba sobre todo la legitimación política», es decir, lo que antes hemos llamado consolidación democrática y apoyo oficial a los sindicatos. Algunos dirigentes de UGT, como el ya citado José María Zufiaur, subrayaron los peligros de seguir siendo «una correa de transmisión del PSOE» y propugnaron una mayor autonomía sindical. Este cambio de actitud no significa necesariamente que, con un 244

Gobierno socialista, UGT adoptara una estructura de preferencias hostil a la negociación y los pactos, como la de Comisiones Obreras, a pesar de que sus dirigentes han sido agriamente acusados de ello por los dirigentes del PSOE y por destacados miembros del Gobierno, reprochándoles «seguidismo de CCOO». Tan sólo es necesario suponer que los dirigentes de UGT alteraron el orden de su tercera y cuarta preferencia del esquema anteriormente presentado. Así, UGT seguiría dando prioridad al giro social de la política económica y preferiría conseguirlo, como antes, mediante un pacto con los demás agentes sociales. Pero, en caso de que el Gobierno se empecinara en la política estabilizadora, no dejaría la opción reivindicativa y la huelga como último recurso, sino que las preferiría a la aceptación pasiva y resignada de una política adversa. De acuerdo con esta leve modificación de la ordenación de preferencias de uno de los jugadores, obtenemos ahora la siguiente matriz: UGT P

H 1

E 4

Gobierno

3 4

S 2

En este nuevo esquema, el Gobierno sigue teniendo una estrategia dominante, la política de estabilización, que le lleva a decir que está haciendo «la única política posible». UGT, por su parte, no tiene una estrategia dominante, sino que, a pesar de lo que parecen significar ciertas apariencias, toma su decisión de un modo dependiente de la decisión del Gobierno. Ante la opción gubernamental, que sitúa los resultados esperables en la fila superior de la matriz, UGT elige la huelga o confrontación, lo cual produce un equilibrio situado en la casilla superior derecha, cuyos valores son 3, 2. En esta situación, el Gobierno ya no está en su posición óptima, a diferencia de lo que les ocurría a los gobiernos que trataban con 245

UGT en la fase anterior. Por eso algunos políticos socialistas achacan al sindicato que trata peor a un Gobierno socialista que a los gobiernos de UCD y Felipe González exclama: «Pido para mi Gobierno los mismos sacrificios que para gobiernos anteriores de la derecha.» El Gobierno se encuentra ante UGT en una situación tan incómoda como la que experimenta en sus tradicionales relaciones con CCOO, por lo que cree -en nuestra interpretación, equivocadamente— que el sindicato socialista se ha convertido al sindicalismo de reivindicación y conflicto que caracteriza al sindicato comunista. Pero UGT tampoco ha mejorado apreciablemente su posición con respecto al esquema anterior, ya que sigue encontrándose en su penúltima preferencia. Tiene además la inquietud de no tener una estrategia dominante y estar a merced de la iniciativa gubernamental; de hecho, preferiría negociar con el Gobierno (su primera preferencia) y por eso echa a éste las culpas de su propia actitud de confrontación. Comisiones Obreras, por su parte, permanece en su estrategia tradicional, con la diferencia de que coincide ahora con UGT en la opción a favor de la huelga. En realidad, CCOO ya había convocado por su cuenta una huelga general contra el Gobierno del PSOE en junio de 1985, con motivo de un proyecto de ley de pensiones, contemplado por los sindicatos como una tentativa de recorte de la asistencia a los jubilados. Cuando las relaciones entre el Gobierno del PSOE y UGT empezaron a deteriorarse, los sindicalistas de CCOO recibieron la situación con alegría, aunque posiblemente desconfiaban más que el Gobierno de la vocación reivindicativa de UGT. La crónica de los hechos puede resumirse así. En el 30° Congreso del PSOE, en 1985, los dirigentes ugetistas lograron que se aprobara un programa de política económica que satisfacía sus reivindicaciones y evitaba el conflicto, pera el Gobierno hizo caso omiso del acuerdo y no lo aplicó. Unos meses más tarde, Redondo votó en contra del proyecto de ley de pensiones en el Congreso. Felipe González dejó de asistir por primera vez a la concentración sindical del Primero de mayo. Un miembro de la Ejecutiva del sindicato, José Luis Corcuera, dimitió de su cargo por diferencias con la línea mayoritaria, y unos meses después fue nombrado ministro por González. El mismo camino siguió Matilde Fernández algo más 246

tarde. A finales de 1986, la UGT disolvió unilateralmente el comité de enlace con el PSOE que había funcionado hasta entonces. En enero de 1987, en un debate en televisión, Redondo resumió ante Solchaga su opinión sobre la orientación de su política: «Tu problema, Carlos, son los trabajadores.» Más tarde, Solchaga opinó que «un sindicato que se corporativice [en alusión a UGT] debe tener para el Gobierno la misma consideración que el Colegio de Abogados». A pesar de todo, en octubre del mismo año el vicepresidente Alfonso Guerra y los ministros Joaquín Almunia y Manuel Chaves alcanzaron un acuerdo provisional con la dirección de UGT sobre los salarios de los funcionarios y las pensiones, pero éste fue rechazado por el ministro de Economía. Los sindicalistas Redondo y Antón Saracíbar abandonaron sus escaños de diputado y renunciaron a participar en el 31° Congreso del PSOE. Algunas federaciones de UGT, como la del metal y la minera, entraron en tensas relaciones y crisis con la dirección confederal. Pero, aun en octubre de 1987, Redondo confesaba a González: «Felipe, la solución, en un 99 %, está en tus manos.» Finalmente, CCOO y UGT convocaron una «jornada de paro» contra el Gobierno, apoyándose en unas reivindicaciones de empleo juvenil, aumento de salarios a los funcionarios e incremento de las pensiones, para el 14 de diciembre de 1988. Aun entonces, el secretario general de UGT afirmó: «El Gobierno y el PSOE podían haber evitado esta huelga.» Redondo confesó que vivía el momento de mayor tensión de su vida. Pero las reacciones de los portavoces socialistas, que dijeron temer un estallido de violencia en la calle y sentirse amenazados por una huelga general revolucionaria comparable a la de Asturias de octubre de 1934, más bien tuvieron el efecto contraproducente de excitar los ánimos de algunos sectores de la ciudadanía, no necesariamente identificados con las reivindicaciones sindicales, que consideraron arrogante la actitud de los políticos del PSOE. De hecho, entre los partidos de la oposición, no sólo Izquierda Unida, vinculada estrechamente a CCOO, sino también el PP y el CDS, apoyaron la convocatoria de huelga contra el Gobierno. Según una encuesta de Demoscopia-«El País» realizada dos meses antes de la jornada de paro, un 77% de la población ocupada deseaba que los sindicatos negociaran sin llegar a la huelga, y sólo 247

un 5 % se mostraba partidario de ésta. Sin embargo, la huelga fue masiva. En otra encuesta realizada cinco días después, se distinguían tres motivaciones de los ciudadanos que habían seguido la convocatoria. Para un 31 % de los españoles, quienes se habían adherido al paro lo habían hecho por estar de acuerdo con las reivindicaciones sindicales. Para un 19% había prevalecido la oposición a la forma en que estaba siendo gobernada España (definición que enlazaría con el rechazo de la arrogancia gubernamental a que antes nos hemos referido, implícitamente reconocido por José María Benegas cuando calificó la huelga como «jornada de desahogo nacional»). Y para un 38 %, el miedo a los piquetes y alborotos, así como las dificultades para trasladarse a los lugares de trabajo provocadas por la huelga de transportes, habían sido decisivos. En el conflicto con UGT el Gobierno salió perdiendo más que nadie, como se observa al comparar los esquemas formales. El nuevo equilibrio satisface su segunda preferencia en vez de la primera. Pero la desavenencia no sólo rompió un modelo de relación entre partido y sindicato con más de cien años de duración, sino que provocó pérdidas de votos para el PSOE en las elecciones de 1989, celebradas menos de un año después de la huelga del 14-D. Por su parte, los sindicatos tampoco tuvieron motivos para sentirse mucho mejor después de la huelga que en la etapa anterior, ya que el resultado alcanzado continuaba satisfaciendo sólo su preferencia menos mala. Pese a ello, UGT podía creer que había mejorado por haber eliminado la causa de su lento aumento de influencia entre los asalariados. CCOO también podía tener la satisfacción moral de que, aparentemente, UGT le hubiera dado la razón. Nuestra interpretación requiere, sin embargo, sólo una coincidencia de los dos sindicatos en la acción, por lo que la verosímil perduración de sus diferentes estructuras de preferencias ante las opciones básicas de la línea sindical no permitiría prever un fácil avance hacia formas de unidad organizativa superior.

UNA CONCERTACIÓN ELECTORALISTA

Veamos, por último, qué ocurriría si el Gobierno aceptara que la suya no es la única política posible y, aun prefiriendo antes que 248

nada el pacto de la política de ajuste con los sindicatos, antepusiera el pacto del giro social al mantenimiento de la política de ajuste frente a la huelga sindical. Esto sólo requiere que el Gobierno permute la ordenación de la segunda y la tercera preferencias del supuesto anteriormente utilizado, de modo que obtenemos la siguiente matriz:

UGT P

H 1

E 4

Gobierno

2 4

S 3

En este esquema, el Gobierno sigue teniendo una estrategia dominante, la política de estabilización, mientras que la UGT no ha alterado sus preferencias. El resultado alcanzado se sitúa, como antes, en la casilla superior derecha, que simboliza la política de estabilización frente a la huelga sindical. Pero, a diferencia del supuesto anterior, en éste los valores del equilibrio son 2,2, de modo que, aun siendo un equilibrio estable, es ineficiente, ya que ambos jugadores estarían mejor en la casilla inferior izquierda cuyos valores son 3, 4. Se abre así una posibilidad de cooperación en beneficio mutuo -del tipo del Dilema del prisionero repetidamente expuesto en anteriores capítulos— que no existía en el supuesto anterior. Si, pese a la ruptura de las tradicionales relaciones entre partido y sindicato, la comunicación y el diálogo permitieran llevar a término esta cooperación, UGT alcanzaría un óptimo, mientras que el Gobierno se situaría en su segunda preferencia. Esta hipótesis plantea, pues, un posible cambio o adaptación de las preferencias del Gobierno. Por razones electorales o de otro tipo, podría pasar a considerar más beneficiosa la negociación de un giro social que la continuidad de la conflictividad con su política económica preferida. El hecho de que los resultados obtenidos tanto en el primer supuesto de prioridades gubernamentales como 249

en el segundo satisfagan sus segundas preferencias (y éstas tengan atribuidos en ambos casos el valor 3) no indica que ambos sean equiparables o indiferentes, ya que se trata de ordenaciones cualitativas y los números asignados no indican intensidad o valor cardinal de las preferencias. En la evaluación de uno y otro prodrían intervenir consideraciones como las siguientes. Por un lado, las pérdidas electorales del PSOE en 1989 le empujarían a abandonar la política de ajuste. Por otro, una política de mayores prestaciones podría provocar un aumento de la inflación y requerir mayor presión fiscal, con el peligro de que ello creara un malestar social que alejara del PSOE a ciertos sectores de clases medias que le han dado anteriormente un apoyo electoral. Así, las ganancias (o el freno de las pérdidas) electorales entre sectores influidos por el sindicalismo podrían quedar compensados por nuevas pérdidas electorales entre profesionales y capas medias urbanas. En cualquier caso, el cambio significaría disolver la identificación de objetivos entre el Gobierno y la patronal que hemos supuesto provisionalmente al inicio del análisis. De hecho, tras la huelga del 14-D y las elecciones de 1989, el Gobierno se enfrenta a una elección entre tres objetivos que verosímilmente considera deseables: mantener buenas relaciones con la patronal, mejorarlas con la UGT, y evitar nuevos retrocesos (u obtener ganancias) electorales, que no puede conseguir a la vez. Una posible vía de salida sería aceptar la negociación y el pacto con los sindicatos no de una política global de giro social, sino sólo de algunas medidas asistenciales que calmaran su actividad reivindicativa sin poner en grave peligro los objetivos macroeconómicos de estabilización. Esta concesión a medias podría ser animada también por las probables dificultades de los sindicatos, dada su base organizativa limitada, para repetir una movilización como la que tuvo lugar el 14-D. Obsérvese, en cualquier caso, que el resultado de pacto con los sindicatos de una política de giro social no es un equilibrio estable. Según indica la última matriz presentada, en él el Gobierno tiene una permanente tentación de pasar de la casilla inferior a la casilla superior de la columna izquierda y alcanzar así su primera preferencia. Es decir, de volver a la política de ajuste o estabilización.

250

.16. LA POLÍTICA HACE EXTRAÑOS COMPAÑEROS DE CAMA

Como hemos visto al tratar del período constituyente, en un parlamento suelen darse intercambios de votos entre partidos para aprobar leyes o enmiendas, de modo que la renuncia de un partido a su posición preferida en un tema se vea compensada por la satisfacción de su posición preferida en otro tema. Pero cabe también lo que puede considerarse un intercambio de votos permanente, es decir, la formación de una coalición de partidos para dar apoyo mayoritario a un gobierno o desarrollar un completo programa de legislatura. En estos casos -como en los intercambios de votos sobre temas sueltos— suele suceder que cada partido actúa como si persiguiera un máximo beneficio propio, bien sea aspirando a conseguir la aprobación de un mayor número de leyes coincidentes con sus planteamientos, bien la más amplia ocupación de cargos públicos o bien la obtención de recompensas materiales de diversos tipos para los miembros de la coalición. En ocasiones, estos incentivos atraen ya no a los partidos como colectivos, sino a algunos representantes individuales, los cuales pueden romper la disciplina de grupo en una votación o abandonar las filas del partido por el que han sido elegidos para unirse o formar una coalición con otro partido, sin mediación del elector ni manifestación expresa por parte del mismo de un cambio en su decisión electoral. En general, puede decirse que no se forman coaliciones con un número superfluo de miembros. Es decir, que los partidos tienden a constituir mayorías parlamentarias ajustadas, de modo que el re251

parto de leyes y políticas, cargos y otras recompensas sea lo más favorable posible a cada uno de ellos y toque a más por cabeza. Esto permite prever con cierta probabilidad al menos dos cosas. Primera, que cuando un partido obtenga una mayoría parlamentaria absoluta, aunque ésta se base en una minoría de los votos, no formará coalición con ningún otro partido y gobernará en solitario. Segunda, que en los casos en que ningún partido tenga la mayoría absoluta en un parlamento, se formará una «coalición vencedora mínima», definible como aquella coalición en la que la deserción de un partido la convertiría en minoritaria. Es decir, no es previsible que en ningún caso se forme una coalición de gobierno más amplia que la que los interesados crean que vaya a ser suficiente para asegurarles la mayoría. Este criterio del tamaño de la coalición debe ser complementado, sin embargo, con otros criterios, dado que en muchos casos sin mayoría absoluta de ningún partido habrá varias coaliciones vencedoras mínimas que se podrán formar. Uno de estos criterios es la distancia política entre los partidos susceptibles de llegar a un acuerdo, ya que una coalición entre partidos próximos en una dimensión ideológica determinada —por ejemplo, izquierda-derecha— requiere menos concesiones de cada uno de ellos para alcanzar un compromiso que una coalición entre partidos más alejados ideológica o políticamente. Otro criterio es el número de partidos, por el que es presumible que, en igualdad de condiciones, los partidos prefieran un reparto del poder entre un menor número de ellos que una coalición más plural. Por otra parte, la amplitud de la coalición también depende de las expectativas de mantenimiento de la disciplina interna entre los miembros de los partidos implicados, de modo que el temor al transfuguismo individual puede hacer que se prefieran coaliciones algo más amplias de lo necesario desde un estricto punto de vista aritmético. Algunas de las reglas de juego del actual sistema político español permiten, con muy pocas trabas, el transfuguismo y los cambios de coaliciones parlamentarias sin intervención del elector. La Constitución establece que los representantes electos no están «ligados por mandato imperativo alguno» (art. 67.2), lo cual significa que pueden cambiar de partido o grupo y abandonar aquel por el que fueron elegidos sin perder su posición institucional, si 252

bien los reglamentos del Congreso y del Senado establecen algunas restricciones a estos cambios, de modo que los tránsfugas pueden ir a parar al Grupo mixto pero no a otro grupo parlamentario distinto del formado por el partido con el que alcanzaron el cargo. En el ámbito local, otras disposiciones han abierto paso a los cambios de mayorías al margen del proceso electoral. En primer lugar, la Ley de Elecciones Locales de 1978 estableció -como ya hemos comentado en un capítulo anterior- que sólo sería nombrado alcalde el primero de la candidatura que hubiera obtenido mayor número de votos si, en una primera votación, ningún candidato obtenía el apoyo de una mayoría absoluta de concejales, lo cual permite la formación de coaliciones entre partidos para elegir como alcalde a un miembro de una candidatura que no haya quedado en primer lugar en número de votos ni tan siquiera tenga el mayor número de concejales. En segundo lugar, la sentencia 5/1983 del Tribunal Constitucional, dictada con motivo de la expulsión del PCE de cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid, anuló un artículo de la ley anteriormente citada y estableció el derecho del concejal a conservar su cargo independientemente del partido con que hubiera sido elegido, lo cual incentiva, como es obvio, el transfuguismo. En tercer lugar, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 introdujo la moción de censura, lo cual permite cambios de coaliciones y alcaldes durante un mismo mandato electoral sin intervención expresa del elector.

LOS TRASHUMANTES DE LAS CORTES Desde 1977 todos los Gobiernos del Estado han sido monocolores y no ha habido coaliciones estables de partidos en las Cortes Generales, aunque sí ha habido numerosos intercambios de votos, especialmente en el período constituyente que antes ha sido expuesto. Muy frecuentes han sido, en cambio, los tránsfugas individuales, de quienes hay que suponer que en general están movidos por un deseo de mejorar sus expectativas, ya que suelen abandonar grupos que en su opinión les ofrecen pocas garantías de llevar a cabo sus políticas preferidas, facilitarles el acceso a cargos o permitirles la reelección. 253

\ El primer caso de cambio de partido o grupo parlamentario al margen de la decisión del elector fue el del diputado Joaquim Arana, elegido en junio de 1977 en las listas del PDC e integrante por tanto del grupo parlamentario Minoría Catalana, que se pasó el 1 de marzo de 1978 a ERC y al Grupo mixto de la cámara. A él le siguieron, en las mismas Cortes constituyentes de 1977-1979, los diputados de UCD Francisco de Paula Burguera, Luis Gámir, Juan Antonio González García, José Ramón Lasuén, Pedro Morales y Juan de Dios Ramírez Heredia, que se incorporaron también al Grupo mixto; los diputados del Grupo mixto, elegidos en las candidaturas del PSP, Enrique Tierno y Donato Fuejo, que se incorporaron al Grupo socialista mientras otros diputados elegidos en las mismas listas permanecían en su adscripción inicial; y los diputados elegidos por el PDC Josep Verde, Joan Paredes y Josep Pau, que asimismo se incorporaron al Grupo socialista. También en el Senado hubo tempranas fugas. En la misma legislatura constituyente, los senadores independientes Manuel Iglesias Corral y Alfonso Moreno de Acevedo, inicialmente en el Grupo mixto, se pasaron respectivamente al grupo de UCD y al socialista; Rosend Audet, de la Entesa deis Catalans, y José Manuel Duarte y Joaquín Navarro, de Progresistas y Socialistas independientes, dejaron los grupos por los que habían sido elegidos para sumarse también al Grupo socialista; el independiente Lluís M. Xirinacs pasó de la Entesa deis Catalans al Grupo mixto; la catalana Maria Rubíes abandonó a los Socialistas vascos para unirse a la Entesa deis Catalans; y hubo incluso movimientos de este tipo en el grupo de senadores designados por el rey, en el cual Torcuato Fernández Miranda, inicialmente adscrito al grupo de UCD, se trasladó al Grupo mixto, mientras Martí de Riquer dejaba este Grupo mixto para unirse a la Entesa dels Catalans. Mayores fueron los casos de transfuguismo en la segunda legislatura, de 1979 a 1982, especialmente por descomposición del PCE y de UCD. Así, tres diputados elegidos como comunistas, Ramón Tamames, Pilar Brabo e Ignacio Gallego, se fueron al Grupo mixto, en todos los casos como preludio de su incorporación a otros partidos. Lo mismo hicieron, en diversas oleadas, hasta cuarenta diputados y al menos catorce senadores de UCD. Primero fueron José 254

García Pérez y Manuel Clavero. Después, en julio de 1981, un grupo de doce diputados democristianos encabezado por Osear Alzaga, con Luis Vega Escandón, José Luis Ruiz Navarro, Julen Guimón, Francisco Oliveira, José Manuel Otero Novas, Joaquín Galant, Carlos Gila, María Josefa Lafuente, José R. Pin, Mariano Allerta y Modesto Fraile, así como ocho senadores, Domingo Alvarez, Carlos Blanco-Rajoy, Jesús Bosque, Ambrosio Calzada, Raimundo García Arroyo, José M. García Royo, José Luis Moreno y Pilar Salarrullana, fundaron el PDP como primer paso para una ulterior incorporación a las listas electorales de la Coalición Popular. En noviembre del mismo año, once diputados socialdemócratas, así como cinco senadores, encabezados por Francisco Fernández Ordóñez, con Carmela García Moreno, Luis Berenguer, María Dolores Pelayo y Javier Moscoso, tomaron las siglas del PAD y se afiliaron también al Grupo mixto, para ser más tarde aupados a las candidaturas del PSOE. Y el mismo camino siguieron en julio de 1982 quince diputados de UCD, encabezados por el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, con Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo, Josep Pujades, Jaime Bernola, José M. Mesa, Manuel de Sárraga, Jesús Pérez, César Martín Montes, Lorenzo Olarte, Perfecto Yebra, José González, León Buil, Fernando Alcón, José R. Rodríguez Alcaide, Jesús Viana y el senador Francisco Villodres, como prólogo a la formación del CDS. El Grupo mixto se vio nutrido además por los diputados electos como socialistas Andrés Fernández y Antonio Torres. En la legislatura iniciada en 1982, la mayor parte de los cambios afectó de nuevo a los diputados de UCD. Luis Ortiz, Manuel Núfiez y Gabriel Cisneros se unieron a los democristianos del PDP, Luis Mardones al PRD, José Miguel Bravo de Laguna al PL y Fernando García Agudín, Antonio Díaz Fuertes y Eulogio Gómez Franqueira fundaron CG. Pero el mayor número de tránsfugas parlamentarios tuvo lugar en la legislatura de 1986-1989. A los pocos días de iniciada, el Grupo popular quedó diezmado por la fuga de un grupo de veintiún diputados del PDP, encabezados por el ya citado Osear Alzaga, Luis de Grandes y Javier Rupérez, que pasaron al Grupo mixto. A los pocos meses, los diputados populares Jorge Vestrynge, Carlos Ruiz Soto, Gabriel Camuñas y Carlos Manglano siguieron el mismo 255

camino. Otros doce diputados y ocho senadores del PL, encabezados por José Antonio Segurado, les imitaron, de modo que el Grupo popular, inicialmente formado por ciento cinco diputados, llegó a tener sólo sesenta y ocho. Al Grupo mixto, que llegó a tener cincuenta y dos diputados, pasaron también Enric Rivas y Virginio Sánchez Barberán, elegidos por el PSOE. Ramón Tamames, procedente de Izquierda Unida, y José Ramón Lasuén, Ana Yabar, Baltasar de Zarate, Antonio Jiménez Blanco, Félix Pérez Millares, Iñigo Cavero y Pilar Salarrullana, que se habían fugado del Grupo popular al mixto, se integraron al CDS. Otros tránsfugas populares pasados al Grupo mixto lo abandonaron también: Nicolás de Salas se unió a la Minoría catalana y Juan Carlos Aparicio, así como veinte de los veintiún diputados fugados en primer lugar (con la excepción de Alzaga, que dimitió), volvieron al Grupo popular. El movimiento se completó con el pase de Joseba Azcárraga y otro diputado del PNV al Grupo mixto de la cámara. Al final de la legislatura, 40 diputados habían cambiado al menos una vez de grupo (y treinta de ellos, dos veces) sin intervención del elector. En total, hubo 89 diputados que cambiaron al menos una vez de grupo entre 1977 y 1989. Dado que algunos de ellos han figurado en cuatro y hasta cinco grupos parlamentarios diferentes, si contáramos cada una de las adscripciones de un mismo diputado a un grupo distinto como una unidad, obtendríamos hasta 180 cambios en el Congreso de los diputados en las cuatro primeras legislaturas.

CAMBIOS DE MAYORÍA EN AYUNTAMIENTOS Y AUTONOMÍAS

La lógica autointeresada de los políticos en la formación cambiante de coaliciones por los partidos y en los cambios individuales de partido puede apreciarse con notable nitidez en los Ayuntamientos y las Comunidades autónomas. Ya en 1979, mediante la suscripción de los llamados «pactos de progreso» en torno al PSOE y el PCE, fue posible que fueran elegidos alcaldes algunos candidatos que habían obtenido menos votos o diputados que UCD, como el alcalde de Madrid, Enrique Tierno, y el de Valencia, Ferran Martínez (más tarde sustituido por Ricard Pérez), ambos del PSOE, y el de Sevilla, Luis Uruñuela, del PSA. 256

Con posterioridad, han sucedido otros casos análogos, entre los que cabe citar los siguientes, todos ellos producidos tras las últimas elecciones municipales celebradas en 1987. José Luis Díaz Villegas, de CP, fue elegido alcalde de León, con el apoyo de PSOE y CDS, frente a la primera candidatura en votos y concejales de independientes leonesistas. Más tarde, dos de estos independientes se fugaron a CP y, mediante una moción de censura, fueron elegidos alcaldes primero uno de ellos, Luis Diego Polo, y después el otro, Juan Moreno, que ya lo había sido en 1979 por UCD y en 1979 por AP. Fue, en cambio, Manuel Veiga, del PSOE, quien logró la alcaldía de Orense, pese a haber obtenido menos votos y concejales que CP, con el apoyo de Independientes de Galicia y un tránsfuga del CDS. Asimismo, Emilio Mayoral, también del PSOE, logró la candidatura de Las Palmas con apoyo de ICU y un tránsfuga del CDS, deshancando al alcalde del CDS anteriormente elegido con apoyo de CP. Luciano Sánchez Reus, del CDS, fue nombrado alcalde de Segovia aun habiendo obtenido menos votos y menos concejales que el PSOE, por coalición con CP; tras ser expulsado del CDS, este partido obtuvo de nuevo la alcaldía en 1989 por el mismo procedimiento para su militante Juan Antonio Perteguer, aunque entonces era ya el tercero en número de concejales. Agustín Rodríguez Sahagún, del mismo partido, fue nombrado alcalde de Madrid el mismo año, en coalición con CP (convertido en PP), pese a haber quedado tercero en número de votos y concejales en las elecciones celebradas dos años atrás —mediante una moción de censura cuyas características se expondrán con más detalle en un capítulo posterior. En las mismas fechas, Alfonso Sánchez Herrera fue elegido alcalde de Jaén y Enrique Farjanés de Ibiza, siendo ambos del PP y gracias a la colaboración del CDS, pese a que los dos habían obtenido menos votos que el PSOE en sus municipios. Manuel Oronich, de CiU, accedió a la alcaldía de Lérida, siendo segundo en votos y concejales por detrás del PSC, con el apoyo de PP y el grupo Freixes. Pero más tarde el socialista Antoni Siurana fue nombrado alcalde con los votos de un tránsfuga del grupo Frei257

xes y otro de CiU, Josep Antorn y Manuel Arbonés, y un voto secreto de un concejal de PP. Joan Miquel Nadal, también de CiU, obtuvo la alcaldía de Tarragona dos años después de las elecciones en las que había sido segundo en votos y concejales por detrás del PSC, gracias a una moción de censura presentada conjuntamente con PP y CDS.» Otros casos de tránsfugas entre partidos de la oposición han permitido reforzar o mantener indirectamente a alcaldes en minoría. Este ha sido el caso, en lo que se refiere a alcaldes del PSOE, de Valencia, donde han abandonado sus partidos dos concejales de CP y dos del CDS; Oviedo, con la fuga de uno de CP, Ismael Rey; Palma de Mallorca, donde se han fugado dos de UM, Santiago Coll y Esteban Siquier, y uno del CDS, que ha pasado a CP; Murcia, donde uno se ha fugado de CP, Manuel Sánchez Cárceles, y otro del PSOE, Juan Alhama, pero éste ha votado con el partido del alcalde en una moción de censura contra el mismo; Granada donde se han fugado tres de CP; Zaragoza, con una fuga de CP; y Guadalajara, donde uno del CDS, Francisco Sáenz Llórente, ha hecho fracasar una moción de censura contra el alcalde del PSOE. En lo que se refiere a alcaldes de CP, cabe citar los casos de Santander, donde dos concejales se han fugado del PRC; y en Zamora, donde dos expulsados del CDS se han unido al gobierno de CP. En cuanto a Comunidades autónomas, reguladas por sus Estatutos y Leyes de régimen interior, hay que citar en primer lugar dos casos que serán analizados con posterioridad. En el País Vasco, la escisión del PNV hizo que once diputados siguieran al ex lehendakari Carlos Garaikoetxea para formar un nuevo partido, EA. Tras unas elecciones anticipadas, fue elegido presidente Antonio Ardanza, del PNV, que cuenta con un diputado menos que el PSOE, si bien su candidatura obtuvo más votos que éste. En Galicia, fue designado presidente Fernando González Laxe, del PSOE, cuya candidatura había quedado en segundo lugar en número de votos y diputados, por detrás de CP, mediante una coalición con tránsfugas de CG y CP. Otros casos que cabe considerar anómalos son los siguientes. En La Rioja, el presidente Joaquín Espert, de CP, había que258

dado asimismo segundo en votos y diputados, en este caso por detrás del PSOE, y fue elegido con el apoyo de PRP y CDS, aunque más tarde dos tránsfugas de este último partido trataron de alterar la coalición. El presidente de Canarias, Lorenzo Olarte, es un militante del CDS que quedó segundo en votos y diputados por detrás del PSOE, pero está coaligado con CP, AHÍ y AIC. Finalmente, el presidente de Aragón, Hipólito Gómez de las Roces, del PAR, fue segundo en votos y diputados por detrás del PSOE, pero fue elegido al principio mediante una coalición con CP y la abstención del CDS. Con las excepciones antes mencionadas, no parece que el transfuguismo en los parlamentos autonómicos haya tendido a perjudicar directamente al partido que ocupa la presidencia. Así, en Aragón, con presidencia del PAR, se han fugado al Grupo mixto un diputado de CP y uno del PSOE. En Cantabria, con presidente del PP, se han fugado al Grupo mixto dos diputados del PRC para apoyar al gobierno, aunque con la réplica neutralizadora de otras dos fugas del PP; en Castilla-León, con presidente del PP, un tránsfuga del Grupo mixto se ha unido al CDS; en Cataluña, con presidente de CiU, primero dos diputados del PSUC, Pere Ardiaca y Juan Ramos, y después uno del PSC, Pere Ayguadé, y dos de IC, Mariá Pere y Celestino Sánchez, se han pasado al Grupo mixto; y en Madrid, con presidente del PSOE, dos diputados de CP y uno del CDS, han abandonado sus grupos originarios, como también se expondrá en un capítulo posterior.

ESTABILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD

Las recompensas obtenidas por los tránsfugas con sus cambios de adscripción son de muy diversos tipos: cargos públicos, incorporación a futuras listas electorales de los partidos que han pasado a apoyar, disfrute de superiores recursos como miembros del Grupo mixto de una cámara, etc. En algunos casos las contrapartidas pueden ser directamente monetarias. Como dijo el presidente del PP Manuel Fraga en mayo de 1989, «el país sospecha con razón que en muchos casos los ofrecimientos [a los tránsfugas] son en dinero contante y sonante». 259

Como veremos, en la Comunidad autónoma de Madrid se realizaron ofrecimientos de varios cientos de millones de pesetas para que un diputado tránsfuga devolviera su voto a la lista por la que había sido elegido. Las cantidades son lógicamente inferiores en gobiernos locales de menor magnitud. Así, dos concejales de Fuengirola fugados del PSOE dijeron haber recibido una oferta de ocho millones para reintegrarse a la disciplina del partido y uno de Cartagena fugado del PP manifestó haber sido tentado con la recuperación del grupo a cambio de tres millones para su beneficio personal. Según se observa en los ejemplos anteriores, no sólo son los representantes individuales quienes alteran el sentido de su voto, sino que un mismo partido puede cambiar de asociados. De hecho, incluso sin mociones de censura, un partido puede mantener al mismo tiempo comportamientos contradictorios, coaligándose con unos o con otros según las circunstancias de composición de cada pleno municipal y asamblea autonómica. Lógicamente, los partidos centristas son más propensos a estas alternancias, ya que tienen que superar menos requerimientos de distancia política o ideológica para vincularse a la izquierda o la derecha. Así, el CDS, por ejemplo, ha prestado apoyo simultáneo al presidente del PAR en Aragón y al alcalde del PSOE en Zaragoza, ha estado en la oposición al PSOE en Asturias y ha apoyado al mismo partido en Oviedo, y ha dado sus votos al PP en La Rioja y al PSOE en Logroño; ERC fue al mismo tiempo socio de PSC y PSUC en varios Ayuntamientos catalanes mientras participaba en el Gobierno autonómico con CiU; aunque también el PSOE ha estado en la oposición al PNV en Bilbao y coaligado con el mismo en el País Vasco. Estos comportamientos que parecen algo desconcertantes pueden explicarse por varios factores. En primer lugar, el reparto de poder entre los partidos coaligados, realizado en la mayor parte de los casos mediante la concesión de áreas enteras de gobierno a cada uno de los partidos, no tiene que ser necesariamente proporcional al apoyo electoral obtenido por cada uno de ellos ni al número de concejales con que cuenta, sino que suele depender de la fuerza que proporciona a un partido su posibilidad de amenazar con unirse a otro en una diferente coalición. Así, por ejemplo, una coalición mayoritaria en el ayuntamiento de Tarragona, a la que CiU aportó siete concejales, PP tres y 260

CDS dos, frente a los doce del PSC con el que PP y CDS podrían haberse coaligado también, comportó un reparto en el que cada uno de los tres partidos coaligados recibió tres áreas de gobierno, con un nivel de competencias muy similar. De este modo, un partido puede obtener compensaciones atractivas en distintas asambleas según cuál sea la composición de las mismas y la disposición a ceder parcelas de poder del partido que en cada caso ofrezca la formación de una coalición. Por otra parte, los intercambios de votos y favores pueden darse entre distintos parlamentos. Así ha ocurrido con los apoyos mutuos que tuvieron lugar entre UCD y CiU en una fase, y entre PSOE y PNV en otra, en el Congreso de los diputados y en los Parlamentos autónomos catalán y vasco respectivamente. Pero lo mismo puede suceder entre Ayuntamientos y Parlamentos autónomos. Así, y por seguir con un mismo ejemplo ya citado, el apoyo del CDS al alcalde de CiU en Tarragona fue correspondido por una reforma del reglamento que permitió formar grupo parlamentario al CDS en el Parlamento autónomo catalán gracias a los votos de la mayoría absoluta de CiU. La diversidad de este tipo de compensaciones también puede llevar a conductas distintas de un mismo partido en busca de socios en el marco de una u otra Comunidad. Todos estos cambios de votos y coaliciones, explicables casi siempre, como hemos dicho, por un fuerte sentido del propio interés de los políticos que ocupan cargos electos, perjudican a los ciudadanos en un doble sentido. Por una parte, los cambios de mayoría ocasionan, como es obvio, inestabilidad y, presumiblemente, pérdida de eficiencia en la acción de gobierno. Por otra parte, la adopción de unas u otras fórmulas, sobre la base de una misma expresión electoral de las preferencias de los ciudadanos, puede alterar la representatividad de las decisiones políticas tomadas en el seno de la institución. Para ver este segundo aspecto, comparemos, a título ilustrativo, los efectos de distintas fórmulas de gobierno en una asamblea imaginaria compuesta por nueve miembros (por ejemplo, un pleno municipal con nueve concejales). Supongamos que en la misma, y como resultado de una elección popular, el partido A ha obtenido 4 concejales, el partido B ha obtenido 3 y el partido C, 2. Dejemos ahora de lado las consideraciones 261

sobre las deformaciones de la representatividad introducidas por los sistemas electorales y supongamos que el número de representantes de cada partido es proporcional al apoyo obtenido en votos por el mismo, de modo que VA = 4/9, VB = 3/9, Vc = 2/9 (siendo V¡ la proporción de votos obtenido por el partido i). Adoptemos el supuesto de que en la institución en cuestión khay seis áreas de competencias, cuyos productos legislativos y administrativos pueden proporcionar a los ciudadanos una cierta utilidad o satisfacción, que cuantificaremos globalmente en 6. Suponemos que el ciudadano sólo obtiene satisfacción si el área de competencias es dirigida por una tendencia política coincidente con la preferencia que ha manifestado con su voto, es decir U¡ = 6 para el votante del partido i si éste gobierna. (Si se quisiera un supuesto algo más realista, también podría definirse el valor 6 como la satisfacción diferencial para un ciudadano de que todas las áreas en cuestión sean dirigidas por su partido preferido y de que sean dirigidas por otro.) Con ello podemos estimar la utilidad de un gobierno para los ciudadanos como un producto de la proporción de ciudadanos que ven satisfecha su preferencia política por el número de áreas en que obtienen esta satisfacción. Es decir:

Hagamos primero la hipótesis de que en esa asamblea no se establece ninguna coalición y (de acuerdo, por ejemplo, con una de las previsiones de la actual Ley de bases de régimen local) se designa alcalde o presidente al cabeza de la lista más votada, A, el cual forma un gobierno monocolor en minoría con el apoyo de 4 representantes. Dado que las seis áreas de competencias serán dirigidas por el mismo partido, los 4/9 de ciudadanos que han votado al partido A obtendrán una satisfacción total de sus preferencias en todas las áreas, con valor 6. En total, pues, la utilidad resultante puede representarse así:

Hagamos ahora la hipótesis de que en esa misma asamblea se establece un Gobierno de mayoría mediante una coalición AC, es decir que el partido A se coaliga con el partido C para sumar un total mayoritario de 6 representantes. Si se distribuyen las seis áreas de 262

competencias entre los dos partidos proporcionalmente a su representatividad, de modo que A dirija unas áreas con capacidad de producir una satisfacción con valor 4 y C otras áreas con capacidad de producir una satisfacción con valor 2, obtenemos la siguiente utilidad total:

Como puede verse, la utilidad total producida en la segunda hipótesis, con un Gobierno de coalición mayoritaria, es menor que la producida en la primera hipótesis con un gobierno en minoría. Al igual que observábamos en los intercambios de votos en las Cortes Tabla 31.

Utilidad de los Gobiernos de coalición

Hipótesis de composición de un Parlamento Partidos: : Número de representantes: Gobierno Partido más votado, A, en minoría

Representatividad Reparto del valor de las áreas (U¡) (V,) 4/9

. Valor de las áreas de gobierno: 6 Utilidad total (V,U,)

24/9

A: 4, B: 2

22/9

A: 3, B: 3

21/9

A: 4, B: 2

20/9

A: 3 , B: 3

18/9

A: 4, B: 2

16/9

A: 3, B: 3

15/9

Coaliciones mayoritarias AB

7/9

6/9

5/9

263

en el período constituyente, una ampliación del número de partidos (y, según hemos supuesto en este ejemplo, del número de electores) que obtienen alguna satisfacción en la dirección de áreas de competencias de las instituciones, hace disminuir la satisfacción total. Concretamente, en las hipótesis presentadas se observa que la fórmula de un gobierno monocolor en minoría produce una satisfacción plena de 4/9 de los electores, con una utilidad total de 24/9, mientras que la fórmula de coalición mayoritaria produce una satisfacción parcial de 6/9 de los electores, con una utilidad total de 20/9. Supongamos ahora que el reparto de poder entre los dos partidos coaligados no se lleva a cabo proporcionalmente a su representatividad, sino -como sucede a menudo- primando la cuota que se concede al partido pequeño. Por ejemplo, A obtiene áreas con capacidad de producir una satisfacción 3 y C obtiene asimismo áreas con capacidad de producir una satisfacción 3. El resultado sería entonces, en términos de utilidad total:

Es decir, un valor inferior aún al obtenido con un reparto proporcional de competencias en la misma coalición. En la tabla 31 se presentan los resultados comparados de las diversas fórmulas de gobierno posibles en la asamblea citada. No consideramos la coalición total, ABC, porque esta fórmula parece excluida de los comportamientos políticos reales y no es posible encontrar, fuera de situaciones excepcionales de emergencia, gobiernos parlamentarios sin oposición. (Por otra parte, si bien la coalición total maximizaría el número de personas parcialmente satisfechas, produciría unos resultados mediocres en cuanto a utilidad total, por lo que no se impondría indiscutiblemente a ninguna de las otras fórmulas de gobierno.) Entre los resultados que cabe considerar realistas, el gobierno de un solo partido produce, obviamente, un menor número de personas satisfechas que un gobierno de coalición, pero, incluso si el gobierno monocolor está en minoría, puede generar una mayor utilidad total que cualquier coalición. Las coaliciones, por el contrario, si bien permiten satisfacer a un mayor número de personas, las satisfacen sólo parcialmente y suelen producir una utilidad total más baja. Los resultados son peores cuanto menor es la representativi264

dad de la coalición, y concretamente cuando el partido con mayor número de votos queda en la oposición, que es el caso, por ejemplo, de la elección de un alcalde cuya lista ha quedado la segunda o la tercera en número de votos. Con una misma coalición, la satisfacción producida es menor cuanto más lejos está el reparto del poder de la proporcionalidad con la representación. Obsérvese, sin embargo, que un gobierno monocolor provoca una mayor confrontación interna en la ciudadanía: un cierto número de personas están muy satisfechas con ese gobierno y otras están totalmente insatisfechas. La confrontación es mayor si el gobierno monocolor está en minoría, como puede ocurrir en un Ayuntamiento si, de acuerdo también con la ley, se convierte en alcalde al cabeza de la lista más votada pese a no tener una mayoría de concejales que le apoye. En cambio, un gobierno de coalición puede producir en la misma ciudadanía una menor satisfacción parcial de un mayor número de personas, aunque, como hemos visto, con resultados globales mediocres. Cabría esperar así, en el caso del gobierno monocolor, entusiasmo de unos y rechazo de otros, y en el caso de las coaliciones, consenso difuso y ausencia de hostilidad. Verosímilmente, la primera fórmula genera, como consecuencia, mayor participación política, y la segunda, más bien aburrimiento y desinterés. Cabe sostener que la costumbre del trueque y el cambalache entre partidos que caracterizó —como hemos visto en anteriores capítulos— las primeras fases de la transición española ha tendido a favorecer los intercambios de votos y la formación de coaliciones en la fase posconstituyente que cabe considerar como fase de «normalidad» política. Así pues, tanto algunos aspectos del marco legal que regula la vida política en las instituciones como la cultura política mayoritariamente compartida por la clase política española, la mayor parte de cuyos miembros se han formado en la transición o están fuertemente influidos por su herencia, favorecen, directa o indirectamente, fenómenos como la formación de equipos de gobierno con exclusión del partido que ha obtenido mayor número de votos, el transfuguismo y los cambios de mayoría sin intervención del elector. En los próximos capítulos, los análisis más detallados de algunos de los casos antes citados permitirán evaluar la importancia de esta aserción. 265

17. EL LABERINTO VASCO

La formación de una coalición mayoritaria de gobierno en el Parlamento vasco de 1986 es una buena muestra de la elección de una coalición vencedora mínima por los partidos. El resultado sorprendió a casi todos los observadores y contradijo la opinión mayoritaria de los ciudadanos vascos sobre la coalición que habrían preferido, ya que los partidos no eligieron socio por un criterio exclusivo de proximidad ideológica sino teniendo en cuenta decisivamente las conveniencias del reparto del poder. Analizaremos, por tanto, sus comportamientos en la formación de coaliciones mediante un criterio combinado de minimización de la distancia ideológica y del número de partidos de la coalición preferida, lo cual nos permitirá sostener que los partidos actúan como si persiguieran su máximo beneficio, sea éste medido en ocupación de cargos o en realización de políticas acordes con sus preferencias o en ambas cosas a la vez.

LA ESCISIÓN DEL PNV

Tras las primeras elecciones al Parlamento autónomo celebradas en marzo de 1980 —las primeras de este tipo que tuvieron lugar en España—, el PNV gobernó en solitario la Comunidad autónoma del País Vasco. La existencia de un Gobierno monocolor fue ayudada por la ausencia del Parlamento de los representantes electos de HB, los cuales prefirieron una actitud propagandística extraparlamentaria a una participación en la institución representativa desde la opo266

sición que no les habría dado apenas posibilidades de influir en las decisiones adoptadas por mayoría. Con la ausencia de los 11 representantes de HB, los 25 representantes del PNV fueron suficientes para apoyar un Gobierno monocolor en un Parlamento de 60 miembros nominales y 49 reales (véase tabla 32). Consiguientemente, Carlos Garaikoetxea, del PNV, fue elegido lehendakari y gobernó durante los cuatro años de legislatura con el apoyo de su partido. Las elecciones de febrero de 1984 produjeron, en cambio, una situación más compleja en la que, ni siquiera con la ausencia de HB, ningún partido alcanzaba por sí solo una mayoría. Inicialmente, el PNV, que era el partido saliente y al que le faltaba sólo un representante para obtener los 33 votos necesarios, formó Gobierno en minoría, bajo la presidencia del mismo Garaikoetxea. Sin embargo, tanto el Gobierno como el partido que lo apoyaba sufrieron pronto fuertes crisis internas que acabaron conduciendo a la celebración de nuevas elecciones, anticipadas en dos años con respecto a la fecha legalmente prevista. Hubo dos temas principales en los que el PNV se vio sacudido internamente. Tabla 32.

Composición del Parlamento Vasco

Partidos

Número de diputados 1980

1984

1986

PNV EA HB PSE-PSOE EE UCD CDS CP PCE-EPK

25 — 11 9 6 6 2 1

32 — 11 . 19 6 — 7 -

17 13 13 19 9 2 2 -

Total:

Mayoría:

Mayoría sin HB:

267

El primero fue la política de coaliciones e intercambios de votos en algunas instituciones ajenas al Parlamento autónomo. La dirección del PNV, encabezada por Xabier Arzalluz, pactó con CP la formación de mayorías en los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria y en la Diputación foral de Álava, a favor de alcaldes y presidente del PNV, a cambio de la abstención del PNV en la elección de presidente de la Comunidad autónoma de Navarra para que pudiera ser elegido el candidato de CP-UPN. Como se muestra en un apéndice, esta opción era contraria al criterio de minimización de la distancia ideológica en la elección de una coalición vencedora mínima en Navarra, el cual habría aconsejado una coalición PNV-PSOE. Desde una perspectiva estrictamente vasca, el acuerdo con CP podía parecer globalmente beneficioso para el PNV, pero para la organización navarra de este partido, de la que formaba parte el propio Garaikoetxea, implicaba la renuncia a alcanzar una posición de poder en el Parlamento autónomo navarro que apareció como inaceptable. Además, la orientación hacia la izquierda de los pactos que perseguía el PNV navarro era bastante coincidente con la actitud de Garaikoetxea en el Parlamento vasco, donde había negociaciones con EE y PSE-PSOE para obtener un apoyo mayoritario como lehendakari. En mayo de 1984, la dirección del PNV expulsó del partido a los miembros de su ejecutiva navarra y a sus tres representantes parlamentarios, que habían roto la disciplina del partido y habían votado en contra del candidato de CP-UPN a presidente, y disolvió la organización navarra del partido. El segundo tema de conflicto interno del PNV fue la interpretación de la Ley de territorios históricos, en la que el lehendakari Carlos Garaikoetxea favorecía la concentración de competencias en el Gobierno autónomo, mientras los presidentes de las Diputaciones forales pretendían un reparto más favorable a éstas. Tras una larga discusión, el arbitraje de la dirección del PNV fue favorable a las Diputaciones, de modo que, sintiéndose desautorizado por su propio partido, Garaikoetxea dimitió de su cargo a finales de diciembre de 1984. Estas discrepancias de opinión se vieron agravadas por un funcionamiento escasamente permeable del PNV, que es un partido organizado en juntas municipales sin apenas comunicación horizontal, con elección de los dirigentes mediante un sistema mayoritario que elimina la expresión de las minorías, sin debates generales, ya 268

que no ha celebrado ningún congreso desde 1977, y que pretende controlar estrechamente la actividad de los representantes en las instituciones desde la directiva de la organización. El hecho es que, tras la dimisión de Garaikoetxea, once de los treinta y dos representantes del PNV en el Parlamento vasco se fugaron de su grupo parlamentario y, junto con militantes de la disuelta organización navarra y otros descontentos, empezaron a funcionar autónomamente como «sector crítico» hasta que fundaron en septiembre de 1986 un nuevo partido, EA. El PNV sustituyó al lehendakari Garaikoetxea por José Antonio Ardanza, quien no tuvo reparo en aprovechar los acuerdos parciales alcanzados por su predecesor en las negociaciones con PSE-PSOE para suscribir con este partido un pacto de legislatura. Como hemos visto en un capítulo anterior, este acuerdo PNV-PSOE expresaba también un cierto equilibrio cooperativo en el juego de interacción entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado. Sin embargo, incluso los acuerdos sobre transferencias autonómicas implicados en aquella cooperación tardaron algún tiempo en cumplirse, de modo que puede decirse que el pacto de legislatura de 1985 en el Parlamento vasco sirvió sobre todo a los dos partidos firmantes, más que para impulsar una acción del Gobierno autónomo con apoyo mayoritario, para retrasar la convocatoria de nuevas elecciones y prepararse para competir en las mismas en mejores condiciones. Las elecciones anticipadas tuvieron lugar el 30 de noviembre de 1986, con unos resultados que aumentaron la fragmentación de la representación en el Parlamento y complicaron aún más la formación de una coalición mayoritaria (véase de nuevo la tabla 32).

UN DÍA POR TI Y OTRO POR MÍ

Para analizar las posibles coaliciones que podían constituirse en el Parlamento vasco tras las elecciones de 1986, tenemos que situar a los partidos en unos ejes de distancia política e ideológica. Entendemos que en esa Comunidad hay dos ejes ideológicos básicos que distinguen a los partidos: izquierda-derecha y vasquismoespañolismo, lo cual nos permite construir una superficie ideológica 269

con dos dimensiones. De acuerdo con las posiciones adoptadas con respecto al marco constitucional y autonómico —según las hemos utilizado en el capítulo 1 1 - y en los temas en discusión interna del PNV antes presentados, con los pronunciamientos en la campaña electoral y con algunas encuestas y estudios de opinión disponibles, construimos la tabla 33. En ella, los partidos están colocados en el eje izquierda-derecha según su posición radical (HB), reformista (EE, PSOE), moderada (EA, PNV, CDS) o conservadora (CP). Asimismo, están situados en el eje vasquismo-éspaftolismo según una posición crítica con respecto a la Constitución y el Estatuto (HB, EA), la aceptación del Estatuto y el rechazo de la Constitución (EE, PNV), la aceptación de la Constitución y el Estatuto (PSOE, CDS) y las reticencias al ordenamiento constitucional de las autonomías, con petición de reforma del Título VIII de la Constitución (CP). Ello nos da como resultado una distribución en casillas que nos permite medir en unidades la distancia ideológica entre los partidos. Así, por ejemplo, encontramos que la distancia ideológica entre PSOE y EE es 1, ya que ambos partidos tienen posiciones muy parecidas en el eje izquierda-derecha pero más diferenciadas en el eje vasquismo-españolismo, y la distancia ideológica entre EE y PNV es también 1, aunque en este caso medida no en el eje vasquismo-españolismo, en el que ambos partidos adoptan posiciones básicamente coincidentes, sino en el eje izquierda-derecha. Análogamente, la distancia entre PSOE y PNV es 2, ya que los separan una casilla en un eje y otra en el otro; la distancia entre CP y HB es 6, ya que los separan tres casillas en un eje y tres en el otro, etc. En lo que respecta a las posiciones atribuidas al PNV y al nuevo partido EA, es oportuno recordar algunos elementos de sus posiciones políticas de entonces. El PNV trató de. transmitir un mensaje de continuidad gubernamental, para lo cual había necesitado retrasar las elecciones de modo que el público pudiera identificar al nuevo lehendakari Ardanza con la institución. Arzalluz, por ejemplo, declaró: «Tenemos una misión encomendada, liberar a Euskadi, y para ello no tenemos que radicalizarnos ni que buscar nuevas vías. Somos lo que éramos y mientras no decidamos cambiar nuestra estrategia y nuestros objetivos políticos, seguiremos en la misma lí270

nea.» En cambio, EA —cuyo congreso rechazó una propuesta de definición como socialdemócrata y cabe considerar que se movió poco en el eje izquierda-derecha- basó su programa electoral sobre todo en una radicalización de la reivindicación nacionalista, subrayando el derecho de autodeterminación y el objetivo de unión de Euskadi con Navarra e Iparralde. Esta orientación era coherente con el origen navarro de una gran parte de la militancia de EA y de su líder, el cual llegó a declarar: «Navarra es Euskadi y sólo por eso se justificaría la escisión.» En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las posiciones atribuidas a los partidos se refieren a la adopción de políticas, que es lo que define su distancia recíproca a la hora de negociar la formación de una coalición. Estas políticas se ordenan discretamente en los ejes ideológicos y sólo permiten cambios podríamos decir que «a saltos», mientras que la percepción subjetiva que tienen los electores de las posiciones de los partidos puede ser más matizada y producir promedios con decimales cuando se estima colectivamente. Estas percepciones del electorado influyen decisivamente en el voto, pero no tanto en el comportamiento de los partidos en las instituciones cuando se trata de formar una coalición para llevar a cabo unas políticas, por lo que podemos prescindir aquí de algunos matices detectables en los estudios de opinión.

Tabla 33.

Distancia ideológica entre los partidos, País Vasco, 1986

CP PSOE CDS EE PNV HB

271

De acuerdo con el supuesto de persecución del propio interés por los partidos, descartamos como previsible la formación de coaliciones más amplias que las coaliciones vencedoras mínimas y sólo enumeramos, por tanto, aquellas cuyos miembros suman una mayoría pero en las que la desaparición de un partido reduciría la suma de representantes por debajo de la mitad más uno. Así, por ejemplo, está entre las coaliciones vencedoras mínimas la formada por PNV-EA-EE, ya que la suma de los representantes de estos tres partidos es 39, superior a la mayoría requerida de 38 representantes en un Parlamento de 75 miembros, y ninguna otra combinación de dos de los tres partidos citados es suficiente para alcanzar esa cifra. En cambio, no es una coalición vencedora mínima la formada, por ejemplo, por PNV-EA-EE-PSOE, ya que alguno de estos partidos es superfiuo para alcanzar una mayoría y, de acuerdo con el supuesto de que cada partido está interesado en lograr un reparto favorable, podemos prever que todos la descartarán. Dentro del conjunto de coaliciones vencedoras mínimas, suponemos que cada partido aplica en orden lexicográfico los criterios de mínima distancia ideológica entre los partidos de la coalición (con objeto de reducir el alcance de las concesiones mutuas en la determinación de políticas) y mínimo número de partidos (para facilitar el reparto de cargos y áreas de competencias). Orden lexicográfico significa que cada partido elige en primer lugar la coalición en la que él participa que da mejor resultado con respecto al primer criterio, es decir, implica menor distancia ideológica entre sus miembros, y si participa en varias coaliciones con la misma distancia ideológica, aplica en segundo lugar el siguiente criterio y elige aquélla con menor número de partidos. En los hechos, cada partido puede elegir usando diversas ordenaciones lexicográficas de estos y otros criterios, pero la discusión teórica y la contrastación empírica acumulada permiten utilizar provisionalmente este modelo, que, como se verá, no es refutado por los casos aquí observados. Suponemos también que, para alcanzar una decisión, cada partido establece una ordenación de preferencias de las coaliciones de las que forma parte, de modo que, si la hay, se forma aquella coalición que es preferida a las demás por todos los partidos que la componen. En caso de no existir ninguna que cumpla esta condición (lo cual sucede cuando los partidos aplican los criterios en 272

distinto orden), es previsible que se formen, en forma cíclica, sucesivas coaliciones. En la tabla 34 se presentan las doce coaliciones vencedoras mínimas que, algo laberínticamente, podían formarse en el Parlamento vasco tras las elecciones de 1986. Un simple examen de las mismas nos permite considerar como más probables las tres situadas en la parte alta de la tabla, PNV-EA-EE, PNV-PSOE-CDS y PNVPSOE-EE, ya que en ellas el primer criterio, la distancia ideológica entre partidos (cuyo valor, 2, está indicado en la primera columna), da mejor resultado que en todas las demás. Esto nos permite sostener que, dada la situación, HB no habría participado en la coalición que más probablemente se habría constituido aunque hubiera asistido al Parlamento, ya que no forma parte de ninguna de las tres coaliciones inicialmente seleccionadas. Podemos así explicar su abstención parlamentaria por estrictas razones de rentabilidad política, sin necesidad de introducir otros elementos menos fiables, como por ejemplo un supuesto rechazo de principio de HB a toda actividad institucional. (El mismo razonamiento puede utilizarse para explicar la ausencia de HB del Parlamento vasco en 1980 y en 1984, cuyos conjuntos de coaliciones vencedoras mínimas no se exponen aquí.) Si esta explicación es correcta, puede Tabla 34.

Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento vasco, 1986

PNV-EA-EE PNV-PSOE-CDS PNV-PSOE-EE PNV-PSOE-EA PNV-PSOE-CP PNV-EA-HB PNV-EE-HB PNV-PSOE-HB PSOE-EE-HB PSOE-EA-HB PSOE-EA-EE EA-EE-HB-CDS-CP

Distancia ideológica

Número de partidos

Número de diputados

2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5

39 38 45 49 38 43 39 49 41 45 41 39

Mayoría: 38 diputados

273

preverse que, a pesar de las frecuentes expresiones de desprecio por las instituciones autonómicas de sus portavoces, HB se sentiría fuertemente incentivada a participar en el Parlamento vasco si su composición le permitiera albergar esperanzas razonables de formar parte de una coalición mayoritaria real. En realidad, pese a sus expresiones verbales a favor de la lucha extraparlamentaria, HB participa ya en los Ayuntamientos, en los que tiene a su alcance la consecución de alcaldías y concejalías con posiciones de poder, y ha expresado su deseo de participar en las Cortes Generales. En los hechos de 1987, HB organizó la maniobra propagandística de presentar como candidato a lehendakari a uno de sus militantes presos, que fue trasladado expresamente de la cárcel al Parlamento para la ocasión, aunque, como era perfectamente previsible, no obtuvo el apoyo de ningún otro partido. Con ello confirmó la utilidad de retirarse. Pero, con su ausencia, la composición del Parlamento vasco quedó alterada y también fueron otras las coaliciones vencedoras mínimas que con los 62 diputados restantes se podían formar. La tabla 35 muestra las seis coaliciones vencedoras mínimas que podían constituirse en el Parlamento vasco de 1986 si HB. Puede Tabla 35.

A) B) C) D) E) F)

Coaliciones vencedoras mínimas sin HB, Parlamento vasco, 1986

PNV-EA-CP PNV-EA-CDS PNV-EA-EE PNV-PSOE EA-PSOE PSOE-EE-CDS-CP

274

Distancia ideológica

Número de partidos

Número de diputados

4 2 2 2 3 4

3 3 3 2 2 4

32 32 39 36 32 32

observarse que hay cuatro coaliciones con una distancia ideológica entre sus miembros relativamente reducida, con valor 2 o 3, lo cual permite que las consideremos inicialmente como verosímiles. De estas coaliciones, hay dos basadas en el acuerdo (o reconciliación) PNV-EA con el añadido de algún otro grupo (bien CDS, bien EE), y otras dos en las que el PSOE se coaliga bien con PNV, bien con EA. Supongamos, como hemos dicho, que cada partido elige preferentemente aquella coalición en la que participa que produce mejor resultado con cada uno de los criterios considerados (lo cual significa menor valor numérico, ya que en todos se trata de minimizar algo: la distancia ideológica o el número de partidos). De acuerdo con ello, se obtiene una ordenación de preferencias de cada partido, que se expone en la parte inferior de la misma tabla. Como puede observarse, la única coalición cuyos miembros la eligen como primera preferencia es la coalición a la que hemos llamado D, es decir, la formada por PNV y PSOE, que es la que la teoría permite prever como más probable. Así ocurrió, contra lo que auguraba la gran mayoría de los pronósticos, en la realidad. Durante la campaña electoral, el PNV había anunciado que, si no conseguía ser el primer partido, renunciaría a gobernar. De hecho, si bien fue el primero en número de votos, como resultado del sistema electoral quedó segundo en diputados y, consiguientemente, la noche de las elecciones Arzalluz y Ardanza manifestaron por televisión su deseo de pasar a la oposición. Sin embargo, las negociaciones para formar una mayoría de gobierno se prolongaron nada menos que durante casi tres meses y siguieron líneas muy coincidentes con las posibilidades de coalición puestas de manifiesto por nuestro anterior análisis formal. Por un lado, PNV y PSOE iniciaron conversaciones en vísperas de Navidad, al principio sin mucho éxito. Por otro lado, EA y PSOE también abrieron tratos, con ofertas de EA muy favorables a los socialistas en temas como educación y aplicación de la Ley de territorios históricos (las cuales incentivaron al PNV a mejorar su oferta al PSOE). Por último, el propio Arzalluz en nombre del PNV ofreció la reconciliación a Garaikoetxea, de EA, propuesta que obtuvo el 275

apoyo tanto de EE, que aspiró a conseguir altas recompensas en la misma, como de CDS, y que pareció alcanzar gran viabilidad al empezar a redactarse un programa de gobierno (y con la que indirectamente el PNV contrarrestó los incentivos que le habían hecho mejorar la oferta a los socialistas). Puede decirse, pues, que los partidos barajaron como posibles las coaliciones vencedoras mínimas que en nuestra tabla hemos llamado respectivamente D, E, C y B, es decir, todas aquellas con una distancia ideológica inferior a 4, y en varios momentos cada una de ellas se «dio por hecha» por los demás. Cuando la mayor parte de los observadores y la prensa parecían haberse olvidado del primer intento (el que conducía a la coalición D), ochenta y un días después de las elecciones, se reemprendieron en secreto las negociaciones entre PNV y PSOE y en 72 horas ambos firmaron un pacto de gobierno. Con los votos de estos partidos, José Antonio Ardanza, del PNV, fue elegido lehendakari y Ramón Jáuregui, del PSOE, vicelehendakari. Por un lado, hubo concesiones parciales del PSOE en material policial y sanitario. Por otro, ofrecimiento del PNV a establecer «medidas correctoras» de «las distorsiones que pueda alentar la Ley de territorios históricos en su actual redacción». Y, por ambos lados, un compromiso en Educación por el que el PNV aceptó integrar las ikastolas o escuelas en lengua vasca en una red pública única y el PSOE aprobó el plan de financiación pública de los centros escolares privados. El PNV obtuvo las áreas de Cultura, Desarrollo Autonómico, Interior, Hacienda, Agricultura y Pesca, mientras el PSOE se quedó con las de Sanidad, Economía, Educación, Industria, Trabajo y Obras Públicas. Como ya hemos dicho, este pacto tuvo también sus contrapartidas a nivel estatal, especialmente en la lucha antiterrorista. Además, el Gobierno del Estado aceleró los traspasos del Insalud y el Inserso y permitió un rápido despliegue de la Ertzaintza, mientras el PNV daba con frecuencia sus votos al Gobierno del PSOE en las Cortes. Tras las elecciones locales de 1987, los intercambios de votos entre PNV y PSOE se reprodujeron en las Diputaciones ferales de Álava y Vizcaya y en el Ayuntamiento de Bilbao. El pacto vasco fue sorprendente porque el PNV había atacado duramente a los socialistas durante la campaña electoral, haciéndo276

les responsables de la escisión del nacionalismo vasco moderado, y había presentado un posible acceso del PSOE al Gobierno autónomo como una amenaza de «caos» y «colonización» española. Asimismo, los socialistas habían intensificado sus denuncias de la intrínseca perversidad del nacionalismo vasco, tanto radical como moderado, pensando que la escisión de éste anunciaba su declive. Pero lo más digno de señalar es que el resultado alcanzado, que hemos querido explicar por una lógica autointeresada de los partidos, no era ni mucho menos el preferido por el electorado. Según una encuesta de Demoscopia-«El País» realizada durante la campaña electoral, el pacto más deseado era PNV-EA, con un 20 % de apoyo, mientras que el pacto PNV-PSOE sólo era preferido por un 14 % (en el que se incluía casi la mitad de los votantes socialistas, pero sólo un 9 % de los votantes del PNV). Un 30 % de los ciudadanos deseaba que el lehendakari fuera Garaikoetxea, lo cual significa el doble de los votos que obtuvo EA y el apoyo de casi la mitad de quienes votaron al PNV, frente a sólo un 18 % que preferían a Ardanza. No puede decirse que las estimaciones de los comentaristas ni las preferencias del público fueran disparatadas, ya que un pacto PNV-EA se habría basado en una mayor afinidad ideológica y política de los miembros de la coalición y, aunque por razones de mayoría numérica habrían tenido que añadir al mismo a EE o CDS, el conjunto tripartito habría estado formado por partidos ideológicamente contiguos (como se observa en la tabla 33), mientras que el pacto PNV-PSOE implicaba salvar un «hueco» o vacío ideológico entre las dos partes. La coalición PNV-EA-EE fue defendida por algunos bajo el rótulo de «coalición nacionalista», pero la coalición PNV-PSOE no pudo justificarse más que como un logro pragmático o de habilidad. Lo decisivo había sido que un pacto entre dos partidos permite un mejor reparto para ambos de los cargos y las áreas de competencias que un pacto entre tres y en ciertas situaciones, como la aquí presentada, este criterio puede decantar la balanza a pesar de que ideológicamente haya un hueco entre los dos. Así pues, el único pacto real fue el suscrito por PNV y PSOE y el lehendakari saliente Ardanza renovó su designación.

277

APÉNDICE. LAS COALICIONES EN NAVARRA

En las elecciones autonómicas navarras de 1983, las primeras que se celebraron en esa comunidad foral, el PSOE obtuvo el mayor número de votos y cinco partidos consiguieron representación (véase la tabla 36). Tabla 36.

Composición del Parlamento de Navarra, 1983

Partidos

Número de diputados

PSOE UPN CP HB PNV

20 13 8 6 3

Total:

Mayoría:

Mayoría sin HB:

Al igual que en el Parlamento vasco y según una estrategia globalizadora coherente con su programa de unidad política de las dos comunidades, HB se mantuvo al margen de la institución, de modo que, sin sus diputados, la mayoría quedó fijada en 23. Según los criterios de distancia ideológica adoptados en la tabla 37, y como puede observarse en la tabla 38, sin HB había cuatro coaliciones vencedoras mínimas posibles. Una de ellas, la formada por PSOE y PNV, tenia una distancia ideológica inferior a todas las demás y, según el orden lexicográfico de criterios que hemos supuesto anteriormente que guiaba la elección de los partidos, era la única preferida en primer lugar por sus miembros. Así pues, aplicando la misma lógica que condujo más tarde al PNV a pactar con el PSOE en el Parlamento vasco, el mismo PNV debería haber pactado con el PSOE en el Parlamento navarro, en este caso -dada la disparidad de representación entre ambos— a favor de un presidente socialista. Sin embargo, por acuerdos de intercambios de votos en otras instituciones ajenas a la política navarra, la dirección del PNV trató de apoyar a un candidato de CP-UPN; 278

T a b l a 37.

Distancia ideológica e n t r e los partidos, N a v a r r a , 1983-1984

CP UPN PSOE PNV HB

Tabla 38.

Coaliciones vencedoras m í n i m a s , P a r l a m e n t o de Navarra, 1983

* Cabe alternativamente la consideración de que UPN y CP, que han presentado candidaturas conjuntas en diversas elecciones, constituyen, a efectos de coalición, un único partido, es decir que uno no pactará con nadie sin el otro. En tal caso, las coaliciones A y B de la tabla deberían fundirse en una sola, PSOE-UPN-CP, con 41 diputados, y se alterarían los valores de la segunda columna, referidos al número de partidos, de modo que CP-UPN sería indiferente entre pactar con el PNV o con el PSOE. Sin embargo, al no variar los valores de la primera columna, que miden la distancia ideológica, la elección esperable sería la misma, PSOE-PNV.

279

es decir, en vez de elegir la coalición que en la tabla 38 hemos llamado C, trató de formar la coalición D. Ello desencadenó el grave conflicto entre la dirección vasca y la organización navarra del PNV que, junto con otros factores, llevó a la escisión. Durante más de un año permaneció la situación bloqueada en el Parlamento navarro, ya que, lógicamente, tampoco se formó ninguna otra coalición alternativa mediante pacto entre PSOE y CP y/o UPN. A medio plazo, el PNV pagó cara su desviación con respecto al comportamiento que el cálculo aconsejaba: en las siguientes elecciones autonómicas de 1987 no obtuvo representación.

280

18. LOS CACIQUES SOMOS GENTE HONRADA

La primera vez que en España un gobierno, autónomo o estatal, cambió de manos como resultado de una moción de censura parlamentaria sin intervención de los electores, fue en Galicia, en 1987. En septiembre de ese año, la Xunta o Gobierno autónomo gallego presidido por el popular Xerardo Fernández Albor fue sustituido por un Gobierno de coalición presidido por el socialista Fernando González Laxe. Lo que Manuel Fraga —uno de los protagonistas indirectos del cambio- llamó «el fraude del siglo», partió de la disputa entre dos posibles coaliciones vencedoras mínimas, cada una de las cuales ofrecía fuertes incentivos a uno de los grupos del Parlamento, y de la poco razonable tentativa de Coalición Popular (CP) de gobernar en minoría. La irresolución de los populares en la elección de la coalición mayoritaria que habría sido aconsejable en su propio interés, dio lugar —como veremos— a una serie de crisis internas de los partidos y de movimientos tránsfugas, prolongados a lo largo de muchos meses, que condujeron a la formación de una mayoría alternativa. Tras las primeras elecciones autonómicas de 1981, en la Xunta de Galicia se había formado una coalición de AP y UCD, dos partidos próximos ideológicamente que habían quedado en primer y segundo lugar en número de votos y diputados, bajo la presidencia de Fernández Albor. Los partidos de la coalición dominaban también la administración local y provincial y, con tales resortes, podían mantener y reforzar una trama de intereses clientelares del estilo del «caciquismo» tradicional de la política gallega. 281

Sin embargo, la crisis de UCD en la política española dio lugar, como sabemos, a la formación de varios partidos: PDP, PL, PAD, CDS, a los que en Galicia se añadieron Independientes de Galicia (IG) y Coalición Galega (CG). Al dirigente de esta última coalición, Eulogio Gómez Franqueira, pertenece la tentativa de defender las relaciones clientelares en política con la frase sobre la honradez caciquil que encabeza este capítulo. En las elecciones autonómicas de 1985, AP se coaligó con PDP, PL e IG en Coalición Popular (CP), mientras Coalición Galega presentaba candidaturas propias. Sin embargo, en las elecciones municipales de 1987 PDP y PL formaron con CG la Coalición Progresista Galega (CPG), al margen de AP, y en algunos casos dieron con posterioridad su apoyo parlamentario al PSOE para la formación de equipos de gobierno (como en la Diputación de La Coruña). También IG pactó en algunas instituciones con el PSOE frente a AP (como en el Ayuntamiento de Orense). Estas fluctuaciones nos advierten sobre ciertas dificultades de Coalición Popular para formar una coalición mayoritaria en el Parlamento gallego de 1985, ya que en cierto modo la candidatura debería ser considerada como un conjunto de cuatro partidos a la hora del reparto de cargos, así como acerca de la distancia ideológica entre CP y CG, que probablemente no debería ser medida por igual para sus diversos componentes. En cuanto a los partidos de izquierdas, se observa también un cambio de composición de algunas candidaturas entre 1981 y 1985, ya que el Partido Socialista Galego (PSG) se coaligó en los primeros comicios con el radical Bloque Nacional Popular Galego (BNPG) y en los segundos con Esquerda Galega (EG), por lo que podemos suponer un cierto decantamiento hacia la izquierda de esta segunda coalición.

Tabla 39.

Distancia ideológica entre los partidos, Galicia, 1985

izquierda BNG

282

derecha PSGEG PSOE

PNG CG

PDP AP PL IG

Adoptamos por todo ello un supuesto de ordenación de los partidos en una dimesión ideológica con algunas matizaciones, tal como se sugiere en la disposición de las siglas en la tabla 39. Los resultados de las elecciones del 24 de noviembre de 1985 permitían la formación de diversas coaliciones vencedoras mínimas en el Parlamento (véase la tabla 40). Las dos que cabía considerar como más probables, porque en ellas la distancia ideológica entre partidos era menor que en las demás, eran, en primer lugar, CP-CG, con la ventaja de estar formada por sólo dos partidos, y, a continuación, PSOE-PSGEG-CG (es decir, las coaliciones que hemos llamado A y D en la tabla 41). Así pues, CG era un socio deseado a la vez por CP y por PSOE (éste con el añadido del pequeño grupo de diputados de PSGEG). Por ello, el cabeza de lista de CG, Pablo González Marinas, pudo declarar sobre las perspectivas de pasar a formar parte de un nuevo gobierno: «Nosotros somos la novia. No tenemos prisa ni nece-

Tabla 40.

Composición del Parlamento de Galicia, legislatura 1985-1989

Las flechas indican los 22 movimientos tránsfugas de diputados. AP: Alianza Popular. UCD: Unión de Centro Democrático. PSOE: Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español. EG: Esquerda Galega. BNPG: Bloque Nacional Popular Galego. PSG: Partido Socialista Galego. PDP: Partido Demócrata Popular. PL: Partido Liberal. IG: Independientes de Galicia. CP: Coalición Popular. CG: Coalición Galega. BNG: Bloque Nacional Galego. UDG: Unión Demócrata Galega. PNG: Partido Nacionalista Galego.

283

Tabla 41.

Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento de Galicia, 1985

sidad de ofrecernos. Son otros los que, en todo caso, tienen que tomar la iniciativa.» Durante tres meses se sucedieron las negociaciones. En principio, CG estaba preferentemente interesada en pactar con CP, con quien la distancia ideológica seguramente era algo menor que con los eventuales socios de izquierdas de la coalición alternativa, como se sugiere en la tabla 39, y de quien podía esperar un reparto del poder más favorable que si había de realizarlo con otros dos partidos. Además, CP era el partido saliente, había obtenido el mayor número de votos y diputados y tenía, por tanto, la iniciativa en las negociaciones para formar gobierno, y gozaba de un «índice de poder» superior al de los demás partidos, ya que -como se observa en la tabla 41— podía intervenir en tres coaliciones vencedoras mínimas frente a sólo dos posibilidades de coalición de cada uno de los demás. Pero CG exigió a CP, como contrapartida a, su apoyo parlamentario, la presidencia del Parlamento e importantes áreas de poder en Ayuntamientos y Diputaciones, peticiones a las que los populares se resistieron porque su satisfacción habría comportado —como hemos dicho- la pérdida de algunos mecanismos clave para la reproducción de su apoyo electoral y posiblemente porque ya tenían suficientes problemas con el reparto interno de las cuotas de poder entre los cuatro partidos coaligados (por eso en la tabla 41 se 284

presentan dos valores para el número de partidos en las coaliciones en las que interviene CP, según si se considera o no que ésta era en sí misma una coalición de diversos partidos). El hecho es que Fernández Albor, un médico sin experiencia política antes de ser candidato a presidente de la Xunta, no ofreció las contrapartidas adecuadas o no tuvo la voluntad o la habilidad de pactar una coalición parlamentaria o de gobierno con CG y, contra toda expectativa razonable, trató de ser elegido por el Parlamento sin formalizar previamente acuerdo alguno. El 16 de enero de 1986, Fernández Albor sometió a votación parlamentaria su candidatura a presidente de la Xunta, pero fue apoyado únicamente por los 34 diputados de CP y rechazado por los votos en contra de los 37 restantes. En las semanas siguientes se realizaron otras dos votaciones fallidas, mientras los socialistas insistían ante CG en su propuesta de «gobierno de progreso», hasta que a la cuarta tentativa, el 21 de febrero, Fernández Albor fue reelegido presidente por mayoría simple, es decir con los solos votos minoritarios de CP y la abstención de CG. Este resultado, sin formación de coalición mayoritaria en el Parlamento, no era más que un aplazamiento del problema y el portavoz de la novia casadera, el ya citado González Marinas de CG, lo dijo con claridad: «Esta investidura viene a consagrar la interinidad política gallega.»

EL ROBO DEL SIGLO

Tras la frustración de la esperada coalición que habría minimizado la distancia ideológica entre sus componentes y, según uno de los cálculos posibles, el número de partidos, tuvieron lugar varias recomposiciones de la relación de fuerzas entre los grupos parlamentarios. En primer lugar, Coalición Galega se escindió: mientras un sector «conservador» se mantenía en su posición favorable a pactar con CP y guardaba la denominación originaria del grupo, surgía, bajo la dirección del propio González Marinas, un sector «progresista», es decir inclinado a ensayar el llamado «gobierno de progreso», que se convirtió en Partido Nacionalista Galego (PNG). Sin embargo, 285

el PNG sólo atrajo a cinco de los once diputados elegidos en las listas de CG, de modo que su fuerza parlamentaria resultó insuficiente para formar una coalición mayoritaria con los socialistas y los partidos menores de izquierdas sin contar con el resto de CG. Ante esta situación bloqueada, la crisis llegó a la propia Coalición Popular. Carente de mayoría parlamentaria, el Gobierno de Fernández Albor no podía aprobar los presupuestos de la Comunidad autónoma y fue derrotado en varias iniciativas legislativas, incluido un ambicioso plan de construcción de carreteras. La inoperancia de la Xunta le valió duras críticas del Congreso de empresarios de Galicia, mientras el presidente gallego era satirizado públicamente con denominaciones como «El merendillas», por su afición a suplir la paralizada gestión gubernamental por la actividad de relaciones públicas. En septiembre, el secretario general de AP de Galicia y vicepresidente de la Xunta, Xosé Luis Barreiro, declaró que le agradaría ser presidente, un mensaje que era de hecho una petición de cese o sustitución interna de Fernández Albor dirigido al presidente nacional de AP, Manuel Fraga. Este, sin embargo, no reaccionó con claridad y, al cabo de unas semanas, el 30 de octubre, ante la negativa del presidente de la Xunta a dimitir y la renuencia de su jefe político a cesarle, la totalidad de los conselleiros del Gobierno gallego, encabezados por Barreiro, le presentaron su dimisión. Fernández Albor calificó el gesto de «golpe de Estado» y denunció una «conspiración de salón», aunque Fraga se entrevistó en diciembre con Barreiro y le pidió que se volviese atrás, ofreciéndole su apoyo para ser el candidato de AP a la presidencia de la Xunta en unas futuras elecciones, propuesta que el ya ex vicepresidente rechazó. En un primer momento, en enero de 1987, Fernández Albor pudo rehacer el apoyo de sus socios de PDP y PL y pactar con el sector conservador de CG para que no presentara ni apoyara ninguna moción de censura en su contra. Pero unos meses después, en julio, Barreiro y otros cuatro diputados abandonaron AP y, tras fundar una efímera Unión Demócrata Galega, se incorporaron a CG, de la que el antiguo vicepresidente de la Xunta fue nombrado secretario general. Como reacción a la crisis, un diputado de CG se incorporó a CP. Sin embargo, Fernández Albor era ya incapaz de sobrevivir, por lo que inició los trámites para convocar elecciones 286

anticipadas mientras Manuel Fraga anunciaba que él mismo en persona sería el candidato a la presidencia de la Xunta, al tiempo que denunciaba la «felonía y traición» de los tránsfugas de CP. Como puede observarse en la tabla 42, con la composición del Parlamento resultante de estas fugas había cambiado el panorama de las posibles coaliciones vencedoras mínimas. Por un lado, continuaba existiendo teóricamente la posibilidad de una coalición entre CP y CG, pero precisamente la negativa de CP a formarla había estado en el origen de las fugas de González Marinas y sus seguidores de CG y de Barreiro y los suyos de CP, y éstas habían acrecentado su inviabilidad. Por otro lado, la antigua propuesta socialista de «gobierno de progreso» podía ser ahora sustituida con ventaja por una coalición entre PSOE, CG y PNG, cuya distancia ideológica interna, aunque medida también con el valor 1 si admitimos sólo cifras redondas, era presumiblemente algo menor que la anterior entre PSOE, CG y PSGEG, dado el ligero decantamiento izquierdista que cabía percibir en PSGEG. Es digno de señalar, pues, que, descartada E, la coalición más probable en esta nueva situación creada en el verano de 1987, la que hemos llamado H en la tabla 42, implicaba la reunión de CG y PNG, es decir, los dos sectores de CG antes escindidos por desaTabla 42.

Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento de Galicia, 1987

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cuerdo sobre la coalición que preferían en la situación de 1985-1986. Además, ahora el PSOE podía formar una nueva coalición con reducida distancia ideológica en la que podía prescindir de PSGEG, sin que ni PSOE ni PSGEG hubieran alterado su posición ni su número de diputados, simplemente como consecuencia del transfuguismo entre los partidos de derecha y centro-derecha. Con respecto a la situación de 1985, tanto el PSOE como CG habían aumentado sus índices de poder, ya que cada uno podía participar en tres coaliciones vencedoras mínimas, mientras que dos años antes, ton sólo dos posibilidades de coalición cada uno, se hallaban en inferioridad de condiciones con respecto a CP. Estas nuevas posibilidades, la amenaza de unas nuevas elecciones anticipadas y de la candidatura de Fraga, precipitaron la decisión del PSOE de presentar una moción de censura contra Fernández Albor. En nombre de la «falta de credibilidad del actual presidente y de su Gobierno», fue votada el 23 de septiembre de 1987 y salió vencedora con los 40 votos favorables de PSOE, CG y PNG, así como de PSGEG, y la oposición de 29 de los 30 diputados supervivientes de CP (ya que el presidente del Parlamento, Antonio Rosón, unió su abstención a la del único diputado de BNG). La distribución del poder gubernativo fue bastante proporcional al número de diputados de cada uno de los tres partidos, si se tiene en cuenta la importancia de los cargos de presidente, que recayó en González Laxe, del PSOE, como hemos dicho, y de vicepresidente, que fue a parar de nuevo a manos del tránsfuga Barreiro. Del resto de carteras, 5 fueron al PSOE (contando a un independiente próximo a este partido), 3 a CG y 2 a PNG, incluida la de Presidencia y Administración pública, ocupada por González Marinas, de la que dependían los medios de comunicación de la Comunidad autónoma. El pacto incluyó un compromiso de fidelidad entre los tres partidos por un período de dos años, hasta el final de la legislatura, «cualquiera que sea la alteración correlativa de las fuerzas políticas», es decir una mutua disuasión contra nuevos transfuguismos. Este desenlace no terminó, sin embargo, con los relevos y movidas del personal político gallego. Las iras de CP contra los tránsfugas desembarcados en CG llevaron a éstos a pedir protección policial. Y, el mismo día que se votó la moción de censura en el 288

Parlamento, CP presentó contra Xosé Luis Barreiro algo parecido a una «moción de represalia»: una denuncia judicial por haber concedido, cuando era vicepresidente autonómico y secretario general de ese partido, a una empresa privada inexistente y antes de su regulación legal la lotería instantánea organizada por la Xunta, cuyos ingresos se estimaban en seis mil millones de pesetas anuales. Barreiro fue procesado por prevaricación y cohecho y dimitió de la vicepresidencia autonómica diez meses después de haberla ocupado por segunda vez, aunque acabó siendo sobreseído y absuelto de los cargos. Más tarde, un diputado de CP volvió a fugarse a CG, dos diputados del PNG y dos del PSOE se fugaron también al Grupo mixto de la cámara, y uno de éstos, de origen socialista, se integró posteriormente en el PNG. Como resultado de todo ello, la coalición tripartita quedó en minoría parlamentaria, hasta que se produjo la definitiva disolución del Parlamento a finales de 1989. En las nuevas elecciones PP, encabezado por Manuel Fraga, obtuvo una mayoría absoluta de diputados, y Barreiro no fue elegido. Hasta aquí hemos presentado los cambios de afiliación como caminos conducentes a la formación de coaliciones vencedoras mínimas, beneficiosas para sus miembros en términos de la ocupación de posiciones de poder. Sin embargo, paralelamente al acceso de los protagonistas de las fugas a cargos de gobierno, aparecieron también acusaciones de soborno económico o corrupción. Un antiguo dirigente socialista que ya había denunciado a Barreiro por la concesión de la loto rápida, denunció más tarde a un parlamentario del PSOE y a otro del PNG por aceptar sobornos a cambio de ciertas regulaciones administrativas del bingo favorables a las empresas del juego. La propia CP fue acusada de haber ofrecido 500 millones de pesetas por el documento de concesión de la lotería que podía probar la responsabilidad de Barreiro. En general, el punto de mira fueron las «compras de traiciones». Pero, como Barreiro declaró: «Si hiciera uno [además] la relación de concejales, diputados, senadores, altos cargos de la Administración... que siguen a la obediencia del partido a cambio de prebendas, cargos, puestos de influencia, y siempre chantajeando con el doy o retiro mi voto en tal ley clave... ¡llenaríamos un grueso tomo!» Seguramente quien lo dijo tenía experiencia suficiente para saber que era verdad.

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19. MADRID BIEN VALE UNA SISA

En el caso de Madrid se reúnen, con cierta espectacularidad, varios fenómenos de inestabilidad y deterioro de la representatividad democrática: tránsfugas, cambio de mayoría y de alcalde sin intervención de la decisión electoral, y pactos entre partidos con contrapartidas cruzadas entre diversas instituciones (el Ayuntamiento y la Comunidad). Esta extraordinaria concentración de actividades móviles de los partidos y los representantes individuales puede ser atribuida a dos tipos de factores: la proyección que los cambios políticos en la capital del Estado y su área tienen en la política española general, y el elevado volumen de recursos que son administrados por las instituciones de esa gran ciudad y su metrópoli, los cuales atraen en mayor medida que en otros ámbitos la voracidad partidaria o, dicho con menos connotaciones negativas, incitan a los partidos a adoptar en los hechos los comportamientos maximizadores que se les suponen en el modelo de interpretación racional.

LA ALCALDÍA DEL TERCERO

Ya las primeras elecciones municipales de 1979 habían dado lugar a numerosos movimientos. El alcalde Enrique Tierno, del PSOE, había sido elegido, con los votos de los concejales del PCE, pese a haber obtenido menos votos populares que su adversario José Luis Alvarez, de UCD. En los años siguientes, un tercio de los concejales fueron sustituidos: Alvarez y otros ocho de UCD dimitieron; 290

Alonso Puerta, del PSOE, fue expulsado de este partido por denunciar a dos altos cargos del grupo socialista por un supuesto soborno en la concesión de contratos de limpieza, y otros tres concejales socialistas dimitieron en solidaridad con él; el primer teniente de alcalde, el comunista Ramón Tamames, dimitió, otros cinco concejales fueron expulsados del PCE y dos más del mismo grupo dimitieron en solidaridad. Los cinco comunistas expulsados fueron restablecidos en sus cargos tras una sentencia favorable del Tribunal Constitucional, a la que ya hemos hecho referencia, cuando al menos dos de ellos se habían unido ya al PSOE. Las elecciones municipales y autonómicas de 1983 dieron sendas mayorías absolutas al PSOE. Pero las elecciones de 1987 produjeron de nuevo una composición de las asambleas que requería pactos parlamentarios entre los partidos para gobernar. Empecemos por el Ayuntamiento, cuya composición puede encontrarse en la tabla 43. La distancia ideológica entre los partidos está representada en la tabla 44. Tabla 43.

Composición del Ayuntamiento de Madrid, 1987-1989

Las flechas indican movimientos tránsfugas de concejales. Tabla 44. Distancia ideológica entre los partidos, Ayuntamiento y C. A. de Madrid, 1987-1989

PSOE

CDS

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En la tabla 45 se presentan las coaliciones vencedoras mínimas que podían formarse tras las elecciones municipales de 1987. Aplicando los ya conocidos criterios de distancia ideológica y número de partidos, podemos observar que hay dos coaliciones con más probabilidades de convertirse en realidad, las que llamamos B y C, es decir, la formada por PSOE y CDS y la formada por CP y CDS, ya que en ambas la distancia ideológica es inferior a la otra (PSOE-CP). Esto significa que el CDS tenía un papel de pivote o bisagra que le daba elevadas posibilidades de negociación. Según nuestros supuestos, el CDS podía ser considerado indiferente entre una u otra coalición y de hecho se mostró indeciso entre ambas. Por un lado, entabló negociaciones con CP, a quien pidió la alcaldía, pese a haber quedado el tercero en número de votos. Pero los populares consideraron que tal exigencia era muy desproporcionada, de modo que el entonces dirigente de CP, Antonio Hernández Mancha, comentó: «Somos flexibles, pero no estamos hechos de chicle.» En el CDS prevaleció en realidad una estrategia de política general española, decidida ya antes de las elecciones, según la cual, como partido nuevo en el panorama político, no le interesaba suscribir pactos formales con ningún partido para evitar que el electorado le colocara prematuramente como decantado hacia la derecha Tabla 45.

Coaliciones vencedoras mínimas, Ayuntamiento de Madrid, 1987-1989 Distancia ideológica

A) B) C) D) E)

PSOE-CP PSOE-CDS CP-CDS CP-CDS-IU PSOE-IU

2 1 1 3 1

Mayoría: 28 concejales

292

Número de partidos 2 2 2 3 2

Número de concejales 1987

13-15/4/89

16/4/89

44 32 28

46 33

44 33 29

29 28

o hacia la izquierda antes de fijar una imagen propia. Por ello, en Madrid, como en otras ciudades, optó por no entrar en equipos de gobierno y permitir inicíalmente que el partido más votado, en este caso el PSOE, obtuviera la alcaldía y formara gobierno en minoría. El socialista Juan Barranco fue así nombrado alcalde en segunda votación, de acuerdo con una de las modalidades de elección que, como hemos dicho, permite la ley. Sin embargo, la gestión municipal del PSOE requirió algunas contrapartidas al CDS por no haber formado coalición con CP. Unas fueron más o menos implícitas, como el compromiso socialista de dar una mayor «transparencia» a las decisiones de gasto público y la creación de un comité de vigilancia para supervisar la contratación de personal municipal que evitara el clientelismo de partido y el nombramiento de un excesivo número de cargos de confianza. Otras fueron más explícitas, como la retirada de un capítulo del presupuesto municipal de 1988 que preveía inversiones urbanísticas para todo el mandato, hasta 1991. Por otra parte, también IU pidió algunas contrapartidas al PSOE en el municipio de Madrid por su apoyo parlamentario al presidente socialista en la Asamblea de la Comunidad autónoma, según veremos más adelante. Como resultado, en la discusión del presupuesto municipal en el Pleno, los socialistas aceptaron numerosas enmiendas de CDS e IU, a cambio de que éstos votaran globalmente a favor. Estos tratos implicaban de hecho que funcionaba la coalición B, aunque algo camuflada (y con el añadido de IU, explicable, como hemos señalado, como contrapartida cruzada por los pactos en la Comunidad). Pero la falta de claridad que ello implicaba creó algunos problemas a la gestión municipal. Al cabo de dos años, el alcalde socialista, Juan Barranco, manifestó que el CDS jugaba al «perro del hortelano», el cual -como es sabido— ni come ni deja comer. Por su parte, el grupo municipal del CDS continuaba quejándose de una excesiva contratación de personal a dedo por los socialistas, ya que éstos habían nombrado más de un centenar de cargos de confianza, una veintena de ellos como directores de las juntas de distrito. El equipo de gobierno del PSOE continuaba estando amenazado, de hecho, por la coalición C. En estas circunstancias, Ramón Tamames, que ya había sido pri293

mer teniente alcalde por el PCE en 1979 y primer candidato y concejal con cargo de gobierno de IU en 1987, se fugó al CDS, con lo que este partido incrementó algo su fuerza para negociar posibles coaliciones alternativas con PSOE y con CP. El 13 de abril de 1989, el alcalde socialista Juan Barranco anunció que había sobornado con éxito a dos concejales del CDS, Javier Soto y Manuel Martínez Parrondo, que se pasaron al PSOE. Obsérvese en la tabla 45 los cambios que estas fugas provocan en la gama de coaliciones vencedoras mínimas posibles. Deja de ser suficiente la coalición CP-CDS, mientras aparecen dos nuevas posibilidades, ambas con participación de IU. De hecho, la coalición B, entre el PSOE y el CDS, queda descartada por la beligerancia que el primero ha manifestado contra el segundo en la captación de dos de sus concejales, así como en la explícita amenaza de sus portavoces de intentar lo mismo con otros. Eliminando esta posibilidad, obviamente la coalición más probable es la nueva coalición mayoritaria que llamamos E, formada por el PSOE e IU, por su menor distancia ideológica que las demás. De acuerdo con ello, el PSOE ofreció a los dos tránsfugas incorporados a sus filas una tenencia de alcaldía (sobre cuatro) y la jefatura de dos áreas de gobierno (sobre diez), es decir, una recompensa mucho más que proporcional al peso de sus votos por tratarse de una aportación decisiva para obtener la mayoría. El alcalde Barranco no descartó la posibilidad de que hubiera nuevos tránsfugas al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (mientras la prensa señalaba por sus nombres a otros dos concejales del CDS) y deseó que comportamientos parecidos se repitieran en otros Ayuntamientos españoles. Sin embargo, el CDS reaccionó esta vez con prontitud y sometió a los dos tránsfugas a fuertes presiones y amenazas, de naturaleza no clarificada pero al parecer relacionada con algunos de sus negocios, de modo que, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas desde el anuncio de su fuga, uno de ellos, Soto, dimitió (y fue sustituido por otro candidato del CDS) y el otro, Martínez Parrondo, volvió al redil por el que había sido elegido. De este modo, se alcanzó una composición del Pleno municipal que restauraba la posibilidad de la coalición C, entre CP y CDS. Diez días después de estos hechos, los dirigentes del PP y el CDS anunciaron un principio de acuerdo a escala nacional para 294

presentar mociones de censura contra alcaldes y presidentes de Comunidades autónomas con gobiernos socialistas en minoría, incluidos los de Madrid. Es decir, el CDS se decantó finalmente, dos años después de las elecciones, por un pacto general, orientado hacia socios de derecha. En Madrid, el acuerdo previo la siguiente distribución de cargos. En el Ayuntamiento, la alcaldía para el candidato del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, y la primera tenencia de alcaldía para el candidato de CP (refundada ya entonces como PP), José María Alvarez del Manzano. Es decir, exactamente lo que CP no había aceptado en 1987. En la Comunidad autónoma, la presidencia para el candidato del PP, Alberto Ruiz Gallardón, y la vicepresidencia para el del CDS, Gerardo Harguindey, con lo que se compensaba en parte la ventaja conseguida por el CDS en el ámbito municipal. En un Pleno municipal celebrado el 29 de junio de 1989, Juan Barranco fue sometido a una moción de censura y Rodríguez Sahagún Fue elegido nuevo alcalde con los 29 votos de PP y CDS, la oposición de los concejales del PSOE y dos votos nulos de IU. Dada la ajustada mayoría que reunían los dos partidos coaligados, no hubo ninguna falta de asistencia, hasta el punto de que una concejala del PP asistió en silla de ruedas, tras haber dado a luz el día anterior en parto «prematuro e incitado», según los médicos que la atendieron. De este modo, y por segunda vez en diez años, accedió a la alcaldía el candidato de un partido distinto del que había obtenido mayor número de votos, por coalición entre el segundo y el tercero. En un primer momento, los concejales del PP supusieron que la concesión de la alcaldía al CDS era una contrapartida suficiente al decisivo apoyo de este partido e intentaron un reparto más o menos proporcional de las áreas municipales según el número de concejales de cada uno. Así, el PP, que contaba con 20 concejales, habría recibido 7 áreas; mientras que al CDS, que contaba con 9 concejales, se le habrían asignado 3. Sin embargo, el CDS no aceptó esta oferta y, con la fuerza de negociación que, pese a todo, le daba la posibilidad de formar una coalición alternativa, exigió más. Así, el área de Urbanismo, que era la más codiciada, se repartió en dos: 295

Urbanismo, por un lado, y Obras públicas e infrastructuras, por otro, y se acordó el siguiente reparto: PP: 3 tenencias de alcaldía y 7 áreas; CDS: 1 alcaldía, 1 tenencia de alcaldía y 5 áreas. Valorando las áreas por su presupuesto, el reparto fue casi exactamente del 50 %: las áreas bajo la responsabilidad del PP contaban con unos recursos de 117.685.000 pts., y las dirigidas por el CDS, con 118.510.000 pts. Hubo, lógicamente, algunas expresiones de descontento en las filas del PP ante las exigencias centristas, ya que, según algunos de sus portavoces, «han obtenido demasiada tarta para el número de comensales». Pero la contrapartida decisiva estaba situada en la Comunidad autónoma, donde el acuerdo entre PP y CDS establecía el compromiso de que cada uno de ellos excluiría la participación en cualquier coalición de la que no formasen parte los dos.

EL DISPUTADO VOTO DE LOS TRÁNSFUGAS

En la tabla 47 se presentan las coaliciones vencedoras mínimas que podían formarse tras las elecciones de 1987 en la Asamblea de la Comunidad autónoma de Madrid. Al igual que sucedía en el Ayuntamiento madrileño, las dos coaliciones con más probabilidades de convertirse en realidad son las que llamamos B y C, es decir, la formada por PSOE y CDS y la formada por CP y Tabla 46.

Composición de la Asamblea de Madrid, 1987-1989

Las flechas indican movimientos tránsfugas de diputados.

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CDS, ya que en ambas la distancia ideológica es inferior a la otra (PSOE-CP), lo cual concede al CDS un papel de pivote. En este caso, la coalición entre PSOE y CDS funcionó en un grado mayor que en el ámbito municipal, ya que si bien el segundo partido renunció a formar parte del equipo de gobierno autonómico, siguiendo -como hemos dicho- una línea de conducta estratégica a escala nacional, dio apoyo parlamentario al presidente Joaquín Leguina y al Gobierno monocolor socialista a cambio del apoyo de los diputados del PSOE a la elección de Rosa Posada, del CDS, como presidenta de la Asamblea. Según el portavoz del grupo parlamentario centrista, Fernando Castedo, las negociaciones entre los dos partidos produjeron cambios de destino presupuestarios por valor de catorce mil millones de pesetas, es decir, un tercio del presupuesto de la Comunidad. Sin embargo, hubo dos tipos de cambios que alteraron esta situación. El primero fueron los movimientos tránsfugas. En enero de 1988, el diputado de CP Luis Ortiz se pasó al Grupo mixto, aunque

Tabla 47.

Coaliciones vencedoras mínimas, Asamblea de Madrid, 1987-1989

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definiéndose como un «hombre de derechas», al parecer tras un enfrentamiento con un dirigente de CP que habría empeorado visiblemente sus expectativas de carrera política en ese partido. Seis meses más tarde, otro diputado de CP, Nicolás Piñeiro, se fugó también al Grupo mixto, éste en defensa de lo que él llamó la «conciencia regional madrileña». Por iniciativa de Piñeiro, los dos tránsfugas formaron el Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), que, como dijo su inventor, no es «ni de derechas ni de izquierdas ni de centro». Dada la inconcreción del neonato regionalismo madrileño en la definición de políticas públicas y su invisibilidad en los comportamientos electorales, entendemos que tal afirmación no sólo no comporta la introducción de una segunda dimensión ideológica en la ordenación de los partidos, sino que sitúa al PRIM en una «no-posición» en la dimensión que utilizamos para medir la distancia de los demás. De este modo, suponemos que el PRIM tiene igual propensión a pactar con quien sea y que su incorporación a una coalición cualquiera no aumentará la distancia ideológica interna de ésta. Como puede verse en la tabla 47, las dos fugas de diputados de CP eliminan del conjunto de coaliciones vencedoras mínimas la coalición C, formada por CP y CDS, y crean tres nuevas posibilidades de coalición. Dados los compromisos mutuos contraídos por el PP y el CDS en el Ayuntamiento de Madrid con respecto a las coaliciones en la Asamblea de la Comunidad (y la posibilidad de que cada uno de ellos tomara represalias en el ámbito municipal a un eventual incumplimiento de los mismos por el otro), quedan descartadas las coaliciones A y B, en las que interviene sólo uno de estos dos partidos. Entre las restantes, hay dos con la misma distancia ideológica, E y F: una requiere el apoyo de los dos tránsfugas a los partidos de izquierda PSOE e IU, y la otra implica una reconciliación de estos dos tránsfugas con su partido de origen. En un período de muy pocas semanas, estas dos posibilidades fueron ensayadas mediante negociaciones entre los partidos correspondientes. Al no conseguirse -como veremos- ninguna de ellas, los partidos trataron también de formar algunas de las demás. Primero fue la coalición E, formada por PSOE, IU y GM (o, si se prefiere, PRIM). 298

Para constituirla, el PSOE negoció acuerdos sobre políticas y presupuestos con IU. Es indicativa de este acuerdo la gestión del socialista Eduardo Mangada, antiguo concejal del PCE, como consejero de Política territorial de la Comunidad, con una política urbanística propensa a expropiaciones y viviendas sociales, más intervencionista que la del concejal correspondiente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La política de este consejero, apoyada por PSOE e IU, ha sido reprobada por mayoría de los demás partidos en la Asamblea. Con respecto al PRIM, el PSOE e IU aprobaron conjuntamente concederle sustanciosas contrapartidas de su apoyo parlamentario: presencia de sus dos diputados en todas las Comisiones parlamentarias y en la Junta de portavoces de la Asamblea, así como en el Consejo de administración de la RTV autonómica. Ello significó que los dos tránsfugas pudieron multiplicar sus ingresos por cinco y situarlos al mismo nivel que los demás grupos parlamentarios (23.128.000 pts. al año por persona más las dietas, que suman entre 4 y 5 millones de pesetas anuales para cada tránsfuga). En cambio, la política urbanística, bien vista por IU, es mal vista por el PRIM, cuyo inventor, que es promotor y constructor inmobiliario de profesión, está interesado en recalificaciones de terrenos y licencias de construcción, para lo cual se entiende mejor con el concejal de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento que con el consejero de la Comunidad. De hecho, los dos diputados autonómicos del PRIM se abstuvieron en las votaciones y permitieron de este modo que, sin formar parte del Gobierno, funcionara durante algún tiempo la coalición E. Pero, como resultado de su acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, y pese a las pérdidas que habían experimentado con el transfuguismo, el PP y el CDS intentaron la formación de la coalición F, es decir, su reconciliación con el PRIM. El 8 de mayo de 1989, ambos partidos ofrecieron al PRIM dos consejerías y su intervención en la consejería de Política Territorial, así como otros cargos menores. La sorpresa residió en que, mientras uno de los diputados del PRIM, Luis Ortiz -«el hombre de derechas»—, aceptó, aunque sin volver del todo al redil, el otro, el «regionalista» Piñeiro, se negó a 299

secundar la moción de censura de PP y CDS contra el PSOE. El presidente socialista de la Comunidad, Joaquín Leguina, declaró que había presentado a Piñeiro «una oferta mejor que la de la derecha», la cual, según las versiones publicadas en la prensa, incluía algunas recalificaciones de terrenos, tanto en el Ayuntamiento como en el territorio de la Comunidad. Leguina también manifestó que, en caso de no aceptar su oferta, el PRIM desaparecería por falta de financiación. La réplica al soborno está en el soborno. El 10 y el 11 de mayo, el ex ministro ucedista Jesús Sancho Rof y otros dirigentes del PP se reunieron con un intermediario, Gustavo Durán, comisionista de empresas inmobiliarias. Al día siguiente, éste ofreció a Juan Figueroa, un dirigente del PRIM que había sido anteriormente colaborador de algunos dirigentes del PP y militante del CDS, 100 millones de pesetas en nombre de algunas empresas inmobiliarias y una cifra inicial y mejorable de 500 millones de pesetas como precio político del disputado voto del diputado tránsfuga del PRIM. La propuesta no fue aceptada por su destinatario. El 19 de mayo, el CDS anunció que retrasaba la presentación de la moción de censura para prolongar las negociaciones que le permitieran obtener una mayoría. El mismo día, el intermediario anteriormente mencionado, Duran, ofreció una consejería y 100 millones de pesetas a un diputado de IU, Miguel Ángel Olmos, por su apoyo a la coalición entre PP y CDS. El elegido era un joven con poca experiencia política, que no era miembro del PCE sino que había sido elegido diputado a través de un pequeño grupo llamado Federación Progresista, antiguo socio de IU, el cual se había disuelto tras pasarse su fundador Ramón Tamames al CDS. Olmos se había incorporado a la Asamblea de Madrid cuatro meses antes de recibir la oferta en sustitución de un diputado dimisionario del PCE, por lo que no era muy bien visto por el resto de diputados de IU, y se había rumoreado incluso su pase al Grupo mixto. Pese a estas circunstancias más bien favorables, el diputado tampoco aceptó. De hecho, el CDS ya había propuesto a IU como colectivo su participación en un equipo de gobierno con el PP, ofreciéndole dos consejerías. Es decir, la coalición D. Asimismo, el PSOE trató de descomprometer al CDS de sus 300

pactos con el PP mediante la oferta de una recompensa muy desproporcionadamente superior a sus votos. Según el portavoz del CDS en la Asamblea, Fernando Castedo, a primeros de junio, es decir, varias semanas antes de la votación de la moción de censura en el Ayuntamiento, el presidente socialista de la Comunidad, Joaquín Leguina, le ofreció en una «conversación informal» la presidencia de la Comunidad autónoma. Como puede verse, con ello se cerraba un ciclo, ya que la propuesta de Leguina no era más que una tentativa de volver a la coalición B, que antes ya había funcionado, pero con incentivos muy superiores para el CDS que pudieran compensar los que éste había recibido mientras tanto del PP. Es decir, así como, tras una inicial negativa al constituirse el Pleno municipal en 1987, el PP acabó ofreciendo al CDS la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid dos años después, en estas mismas fechas el PSOE ofrecía al CDS la presidencia de la Comunidad. Las relaciones cíclicas entre los partidos, dentro del conjunto de posibilidades de coalición que antes hemos presentado, no terminaron aquí. El 22 de mayo, un mes antes de la votación de la moción de censura en la Asamblea, Leguina manifestó que creía que existían más casos de soborno que no se habían dado a conocer y sólo había aflorado «la punta del iceberg». Al día siguiente, el portavoz del PP en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, declaró: «No perderé la esperanza [de conseguir una mayoría] hasta el mismísimo momento de la votación.» Se hizo público que, pese al escándalo provocado por las denuncias de los intentos de soborno, continuaban los contactos entre el PP y el diputado renuente del PRIM. Seis días después, hubo destrozos nocturnos en la sede del PRIM. Los sobornos cruzados entre diferentes instituciones a los que antes nos hemos referido no consistieron sólo en repartos de cargos y acuerdos en políticas, especialmente urbanísticas, sino que se intentaron realizar también en términos puramente monetarios. Así, el diputado tránsfuga de la Asamblea autonómica Nicolás Piñeiro intentó sobornar a un concejal del PP del Ayuntamiento, ofreciéndole su ingreso en el PRIM. Cuando el concejal en cuestión lo desveló públicamente en los pasillos de la Asamblea y el 301

portavoz del PP lo denunció en el Pleno, el diputado del PRIM exclamó: «¡Si sólo fueron 250.000 pesetas! ¡A nosotros nos llegaron a ofrecer 500 millones de pesetas!» Por fin, el 21 de junio se puso a votación la moción de censura contra el presidente socialista de la Comunidad autónoma de Madrid. No fue aprobada porque sólo obtuvo los 48 votos favorables del PP, el CDS y el tránsfuga Ortiz, es decir, uno menos de los necesarios para una mayoría, frente a los cuarenta negativos del PSOE, los siete nulos de IU y la abstención salvadora del tránsfuga Piñeiro. De acuerdo con la ley, el PSOE mantuvo así, en minoría, la presidencia de la Comunidad autónoma de Madrid.

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20. CONCLUSIÓN

Algunos de los casos presentados en este libro han sido analizados mediante simulaciones instructivas o estimaciones hipotéticas y todos ellos con alguna simplificación. La apreciación de mayores matices requeriría una mayor complejidad expositiva, por ejemplo introduciendo diversas ordenaciones de preferencias individuales en colectivos que han sido considerados como jugadores unitarios a efectos del análisis. Sin embargo, la pérdida de parsimonia de un modelo suele conllevar alguna reducción de su capacidad explicativa y predictiva y a veces es dudosa, por tanto, su rentabilidad teórica. Por otra parte, la impresión de fragmentación de la realidad política que puede transmitir una colección de casos como los recogidos en las páginas anteriores probablemente es menos engañosa de lo que a primera vista puede parecer. Al menos es más fidedigna que la mayor parte de los intentos de construir una «visión global» de los procesos sociales, los cuales suelen abandonar los objetos reales de estudio para refugiarse en vaguedades místicas más que en generalizaciones propiamente dichas. Cabría, de todos modos, una mayor articulación entre las diversas partes estudiadas, y aun quizá sería necesaria. Pero sólo se puede avanzar hacia la misma si se comprende que cada uno de los momentos o instancias de decisión, que hemos considerado como relativamente autónomo, parte de unas ordenaciones de preferencias de los agentes que son resultado de un proceso anterior y que es precisamente el resultado que produce cada «juego» el que permite que tenga lugar otra interacción con un conjunto diferente 303

de alternativas a elegir, la cual puede modificar el equilibrio antes alcanzado. Así cabe comprender, como ya se ha sugerido a lo largo del texto, algunos bandazos y sorpresas de la transición española a la democracia, sin necesidad de suponer más hipocresía o voluntad deliberada de confusión de sus protagonistas de la estrictamente necesaria. De hecho, nadie podía tener por anticipado una idea completa de cuáles serían las etapas y el resultado final del proceso de salida de la dictadura, y de ahí que los reformistas se sorprendieran a sí mismos defendiendo un cambio integral de las reglas de decisión que definen un régimen y los rupturistas no pudieran dejar de experimentar cierto asombro al verse transitando por vías tendidas por sus iniciales adversarios. Puede decirse, así, que lo que se consiguió por esta híbrida vía fue una significativa ampliación o reducción de los límites del proyecto reformista de democracia limitada o, dicho de otro modo, no más paradójico de lo que fue el proceso mismo en la realidad, una democracia limitada ampliada. Todo el énfasis puesto en los comportamientos estratégicos y las decisiones interactivas no pretende negar la importancia de los fundamentos históricos y sociales de la acción política. De hecho éstos están muy presentes en las ordenaciones de preferencias de cada actor, las cuales siempre se forman dentro de los límites de elección que la realidad impone y a partir de la experiencia social de cada uno, aunque también según el grado de información y los gustos y opciones de valores de que cada individuo quiera disponer. Observar las macroestructuras desde las micromotivaciones tiene la ventaja de que la búsqueda puede orientarse más directamente hacia los aspectos relevantes de aquéllas y evitar toda interpretación de determinista fatalismo. Desde este punto de vista, hay al menos dos aspectos de la sociedad española de los años setenta y ochenta que merecen ser destacados como fundamento o apoyo de los comportamientos políticos. Por una parte, lo que los sociólogos llaman genéricamente «complejidad social», y que en nuestras categorías puede comprenderse como una pluralidad de dimensiones políticas o ideológicas en las que la gente sitúa las alternativas a elegir, así como una distinta intensidad de preferencias de los miembros de diversos grupos con respecto a las elecciones en cada dimensión. 304

Por otra parte, lo que la apreciación común suele denominar «moderación» o disminución de las preferencias maximalistas, es decir, aversión al riesgo, ya sea como cálculo prudente o como miedo, y predisposición a aceptar el mal menor. Dicho en términos de la teoría de juegos, se trata de una tendencia a ceder con respecto a las opciones preferidas en primer lugar, que -como hemos visto— en muchos casos llevan a una situación de conflicto estable, y aprovechar las oportunidades cooperativas de las interacciones, las cuales pueden producir resultados más eficientes o beneficiosos para todos. Este segundo aspecto, la moderación, parece ser una consecuencia reactiva de la guerra civil efectivamente librada a final del decenio de los años treinta, que a su vez era la culminación de una torturada historia centenaria, y que recorrió como un espectro omnipresente toda la transición. El primero, la complejidad, es un elemento de la «modernización» sociológica que ha solido ser situada en la segunda mitad del período franquista. En este sentido, por tanto, los análisis que aquí se han propuesto son coherentes con hallazgos anteriores desde otros enfoques y sugieren la posibilidad de obtener mayores enriquecimientos mutuos mediante un diálogo interdisciplinario. Lo que hasta ahora había sido menos subrayado es que algunos de los rasgos de la transición española, que bien diversos observadores toman como ejemplo de referencia para las transiciones en Iberoamérica y en la Europa oriental y central, han marcado paradójicamente la democracia consolidada posterior. El propio temor a un enfrentamiento fatal, la tendencia a la componenda y la posibilidad de múltiples satisfacciones parciales que proporciona la «complejidad», a la vez que facilitan el logro de lo que hemos llamado una transición transitiva, predisponen al estado latente de la ciudadanía y conceden un amplio margen de maniobra a los políticos. Si ello no va acompañado, como es el caso, por tradiciones asociativas importantes, da pie a abundantes comportamientos estratégicos, como los intercambios de votos entre partidos, los cambios de coaliciones sin intervención electoral, el transfuguismo, los repartos de poder no correlativos a la representatividad y la maximización excluyeme de los beneficios producidos por ciertos sistemas electorales y de votación. De este modo, puede comprenderse la unidad de 305

las dos caras de la política española de los últimos quince años: por un lado, una transición que, por el predominio de la negociación y el pacto y la escasez de violencia en la misma, es contemplada como ejemplar; y, por otro lado, una democracia consolidada que, como resultado del mismo temor a la inestabilidad y la misma tendencia al pasteleo entre políticos que inspiraron la transición, aleja a los ciudadanos de los lugares de decisión. Lo que en una fase fue fecundo y modélico para un cambio continuado y sin confrontación, en la otra produce estancamiento, exclusiones, falseamiento de las voluntades políticas y desinterés. Las virtudes de la transición se han convertido en vicios de la democracia. Ante las maniobras a corto plazo de los políticos y las cúpulas de los partidos, caben dos posibilidades de comportamiento. Una es que los ciudadanos se mantengan de un modo relativamente estable en sus preferencias sinceras, en cuyo caso éstas raramente son satisfechas en su integridad y aquéllos experimentan una habituar alienación con respecto a sus representantes. La otra es que, para disminuir la disociación entre sus deseos y las decisiones políticas, los ciudadanos adapten sus preferencias a los resultados azarosos y con frecuencia perversos obtenidos en los procesos de decisión política, en general de un modo retrospectivo ante el hecho consumado. Cualquiera de estas alternativas provoca un sentimiento de decepción y fraude ante la política. Sólo se puede reaccionar al mismo, o bien con inhibición y refugio en lo privado, o bien con revelaciones falseadas de las preferencias y otras conductas insinceras de respuesta a las maniobras de los políticos, es decir, con una generalización de la práctica de la manipulación. Ambas líneas de conducta parecen caracterizar a las democracias maduras. ¿Significa todo esto que los métodos de decisión de la democracia representativa son éticamente vacíos y que la democracia en sí misma no es mejor que cualquier otro sistema de elección colectiva? Lo que sí parece mostrar con claridad la teoría de la elección pública es que entidades como «la voluntad general», la «soberanía populan) o el «autogobierno», con las que se quiso legitimar la democracia llamémosle rousseauniana, pertenecen al reino de la fantasía y no al de la realidad. Si esto es así, la justificación de la democracia requiere que se le dé otro contenido. El primer elemento del mismo puede ser precisamente la clari306

ficación, que la democracia facilita, de que la política es sobre todo un asunto de conflicto y coordinación de intereses y la consiguiente desacralización de las apelaciones al patriotismo, la coherencia ideológica, el consenso en torno a valores compartidos y las virtudes del Estado. Pero el principal contenido que hace a la democracia preferible a cualquier forma de dictadura es que no impide la equivocación, el cambio de opinión y el pacífico derrocamiento de los gobernantes, aunque no dé seguridad de conseguirlos. Ciertamente los partidos, las elecciones y los parlamentos, cuyas combinaciones e incoherencias hemos observado con reiteración, no tienden a un fin predeterminado que pueda ser considerado bueno en sí mismo y haga bueno el procedimiento con el que se alcanza. Pero son capaces de producir decisiones colectivas provisionales que, precisamente por serlo, los ciudadanos pueden aceptar como sustituto de la confrontación civil. En última instancia, la democracia es mejor porque, corno suele decirse, es preferible contar votos que cortar cabezas. En una instancia más próxima, porque requiere, pese a todo, participación de los ciudadanos, aunque ésta sólo consiga imponer límites a las decisiones siempre algo aÍeatorias que toman los políticos y los funcionarios, porque produce libertad e impide la opresión de los individúos, y porque se apoya en unos principios de igualdad jurídica que son condición de cualquier otra igualdad de derechos de las personas. A la vista de lo mostrado en estas páginas, es difícil que la política en democracia genere mucho entusiasmo ni, como correlato, grandes rechazos. En el fondo, éste era ya el mensaje de la transición española, cuyo principal logro, la Constitución de 1978, fue más ampliamente aceptada que ninguna de sus predecesoras precisamente porque no era de nadie ni nadie la podía considerar del todo ajena. Es precisamente la abundancia de paradójicas consecuencias no intencionadas de la política democrática la que puede hacer disminuir los recelos con respecto a las intenciones de los demás y la desconfianza mutua. Debe de ser cierto, por tanto, que la forma menos mala de gobierno que existe lleva en su propia esencia el aburrimiento y la mediocridad.

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CONFESIÓN DE FUENTES

t 1. PRESENTACIÓN

Las obras aludidas son: John von Neumann-Oskar Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, 1944; Duncan Black: The Theory of Committees and Elections, Cambridge University Press, 1958; William H. Riker: Liberalism Against Populism. A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choíce, W. E. Freeman, San Francisco, 1982; y Riker: The Art of Political Manipulation, Yale University Press, New Haven, 1986.

2. UNA TRANSICIÓN TRANSITIVA

Algunas ideas sobre las opciones existentes y las distintas ordenaciones de preferencias están inspiradas en el modelo I, «Engineering Reform with the Help of the Perspective of Revolution», de los «Models of Reformmongering» de Albert O. Hirschman: Journeys toward Progress, The Twentieth Century Fund, Nueva York, 1963, pp. 276 ss. Un análisis desde este enfoque de los datos de opinión y cultura política disponibles es una tarea que queda por hacer. A primera vista resultan muy interesantes, por ejemplo, Fundación FoessaJuan J. Linz et al.: Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, Euramérica, Madrid, 1981; A. López Pina-E. Aranguren: La cultura política de la España de Franco, Taurus, Madrid, 1976, tablas 5.1, 5.3 y 5.33; Rafael López Pintor: La opinión 308

pública española: Del franquismo a la democracia, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982 (en cuya página 63 se resume la encuesta citada en el texto).

3. SÍSIFO Y LA BOLA DE NIEVE Los esquemas básicos del análisis y algunos ejemplos proceden de Thomas C. Schelling: Micromotives and Macrobehavior, W. W. Norton, Nueva York, 1978, especialmente pp. 91-110 y 139-241. El ejemplo típico norteamericano de «decantamiento» es el del barrio residencial que, una vez empieza a ser habitado por algunas personas de color negro, genera traslados de blancos hacia otros barrios, de modo que incrementa la visibilidad relativa de las gentes con tonalidad de piel más oscura y la incomodidad de los antiguos residentes que permanecen en sus casas, generando nuevos movimientos de huida hasta producir una reconversión general de la composición racial de la zona. Pese a haber un acuerdo muy amplio sobre la originalidad y potencial fecundidad de los esquemas de Schelling, apenas han sido utilizados por otros autores para el análisis en otros campos. Una excepción, interesante también para el tema que nos ocupa en el presente libro, está contenida en el artículo de Adam Przeworski: Some Problems in the Study of (he Transition to Democracy, in Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (eds.): Transitions from Authoritarian Rule, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1986, libro 3: Comparative Perspectives (hay traducción al castellano, Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Buenos Aires, 1988). En el presente artículo se han formalizado geométricamente algunas relaciones expuestas por Schelling de modo sólo verbal, se presentan algunos ejemplos nuevos y se ensaya por primera vez una aplicación del razonamiento al análisis del antifranquismo. Pueden obtenerse algunas estimaciones cuantitativas de la participación en los movimientos antifranquistas a partir del libro de José María Maravall: Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Alfaguara, Madrid, 1978. También pueden encontrarse más precisiones y fuentes sobre los datos de 309

participación en los movimientos antifranquistas en mi libro La ideología de l'antifranquisme, Edicions 62, Barcelona, 1985, especialmente en los capítulos 1, 5 y 8.

4. UNA TRAMPA SADUCEA

Un análisis sistemático y completo de los sistemas de votación, a un alto nivel de formalización, puede encontrarse en Peter C. Fishburn: The Theory of Social Choice, Princeton University Press, 1973, y Hannu Nurmi: Comparing Voting Systems, Kluwer, Dordrecht, 1987. Más accesible en Michael Dummett: Voting Procedieres, Oxford University Press, 1984. Sobre las votaciones en el Consejo del Reino para elegir una terna en la que se incluiría a Adolfo Suárez, hay algunos datos contradictorios entre las diversas fuentes con respecto al procedimiento y los resultados. El procedimiento aquí recogido ha sido explicado básicamente por el ex jefe de los Servicios Informativos de la Presidencia del Gobierno, Joaquín Bardavío: El dilema. Un pequeño caudillo o un gran Rey, Strips, Madrid, 1978, pp. 150-155; Los silencios del Rey, Strips, Madrid, 1979, pp. 175-183; y Por qué pensó el Rey en Suárez, en Historia de la transición, «Diario 16», Madrid, 1983, pp. 294-295, así como por el secretario del propio Consejo del Reino, Enrique de la Mata: Aquella reunión del Consejo del Reino, en Historia de la transición, cit., pp. 291-293. El entonces director del diario del Movimiento «Arriba» y confidente de los medios ultras, Antonio Izquierdo: Yo, testigo de cargo, Planeta, Barcelona, 1981, pp. 38-41, da datos más concretos sobre resultados y votos particulares de algunos consejeros, que también hemos recogido, aunque habla equivocadamente de un consejero de más (el alcalde de Madrid, García Lomas, que en realidad había cesado sin haber sido sustituido) y lo compensa con un supuesto ausente por enfermedad, el obispo Cantero, que es expresamente citado en la prensa del momento como asistente («El País», 3 de julio de 1976). Ofrece unos resultados muy parecidos el que sería vicepresidente del Gobierno de Suárez, Alfonso Osorio: Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 310

1980, pp. 126-128. Por contra, el periodista Gregorio Morán, que da muchos nombres de candidatos barajados en las primeras votaciones, no presenta las últimas votaciones de dos en dos; supone además que hubo 16 votantes, aunque él mismo recoge las manifestaciones de Torcuato Fernández Miranda de que él no votó, reconociendo que, en relación con sus datos, «esta afirmación niega la aritmética», en Morán: Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Planeta, Barcelona, 1979, pp. 30-31 y 54-61.

5. ATADO Y BIEN ATADO

Un análisis retrospectivo sobre la reforma política puede encontrarse en Adolfo Suárez: La transición política, en Historia de la transición, «Diario 16», Madrid, 1983, capítulos 29 y 30, de donde procede el párrafo reproducido al inicio del presente libro. Una versión oficiosa del momento en que se presentó el proyecto de reforma a las Cortes, en Josep Meliá: Qué es la reforma política, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1976. La frase de Martín Sanz sobre los procuradores que querían volver a las Cortes por vía electoral puede encontrarse en el Diario de sesiones de las Cortes españolas, X legislatura, n.° 29, Sesión celebrada los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1976, página 186.

6. SÁBADO SANTO Y ROJO El juego conocido como Dilema del prisionero, que también se usa en los análisis de los capítulos 8, 11, 12 y 15, fue creado por Merrill M. Flood y Melvin Dresher (Flood: Some Experimental Gantes, «Management Science», 5, 1, 1958), A. W. Tucker le puso el nombre, y fue analizado por R. Duncan Luce y Howard Raiffa: Games and Decisions, John Wiley, Nueva York 1957. Entre los desarrollos posteriores merecen ser citados los de Anatol Rapoport: Prisoner's Dilemma. Recollections and Observations (en Rapoport (ed.): Game Theory as a Theory of Conflict Resolution. D. Reidel, Dordrecht, 1974); Michael Taylor: The Possibility of Cooperation. Cambridge University Press, 1987; Russell Hardin: Collective Action. 311

The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982; Robert Axelrod: The Evolution of Cooperation, Basic Books, Nueva York, 1984 (trad. cast. La evolución de la cooperación, Alianza, Madrid, 1986). El mejor acopio de datos sobre la legalización del PCE se encuentra en el libro de Joaquín Bardavío: Sábado Santo rojo, Ediciones Uve, Madrid, 1980. Es significativa la reticente opinión del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio: Trayectoria, cit... El punto de vista «de Santiago Carrillo puede encontrarse en su libro Memoria de la transición. Grijalbo, Barcelona, 1983, pp. 35-48. Hay un intento de formalizar el juego entre Suárez y Carrillo de un modo distinto al aquí presentado en el artículo de Antoni Doménech: El juego de la «transición democrática», «Arbor», Madrid, noviembre-diciembre de 1987. Doménech supone un orden lexicográfico de preferencias de Suárez diferente del aquí expuesto y más bien inverosímil, según el cual «los intereses de Adolfo Suárez eran los siguientes: en primer lugar, y principalmente, legalizar al PCE; y en segundo lugar, y secundariamente que el PCE hiciera concesiones importantes». El autor no tiene, pues, en cuenta que la no-legalización del PCE era un compromiso adoptado por Suárez en un juego anterior con los franquistas. Si el orden de prioridades supuesto por Doménech hubiera sido cierto, no habrían hecho falta negociaciones ni entrevistas secretas y lo más lógico habría sido que Suárez hubiera admitido la inscripción del PCE en el registro de Asociaciones Políticas, del mismo modo que lo hizo con otros partidos de la oposición antifranquista, incluso aunque los comunistas hubieran presentado en él sus estatutos verdaderos con mención de sus objetivos rupturistas y republicanos. Doménech señala correctamente al principio del artículo que una interpretación en términos de teoría de juegos es aceptable si «las consecuencias que pueden inferirse de los modelos (...) parecen consistentes con los datos conocidos» y, consiguientemente, «cuando construyó el juego, el autor pensaba que la "solución" matemática [del juego] coincidiría con lo que ocurrió en realidad en la vida política española». Sin embargo, comprueba al final que no es así, y concluye entonces que «la conducta política de Santiago Carrillo y Adolfo Suárez fue irracional». Esta conclusión es contradictoria con el supuesto de racionalidad instrumental de los jugadores en 312

que se basa toda la teoría de juegos. Por ello, en buena lógica, el autor debería haber revisado entonces los supuestos adoptados inicialmente sobre las prioridades de los jugadores y, en particular, la mencionada ordenación de preferencias de Suárez, que no parece precisamente muy consistente con los datos conocidos. Al no hacerlo, Doménech tiene que reconocer que el «valor predictivo o retrodictivo [explicativo] sobre la conducta de los agentes políticos [de su modelo] no es muy interesante».

7. NO SÉ QUIÉNES PERO GANAREMOS

I i

Todos los datos y tablas presentados son de elaboración propia. La obra clásica sobre el tema es la de Douglas W. Rae: The Political Consequences qf Electoral Laws, Yale University Press, New Haven, 1967. Parte de la amplia discusión posterior puede encontrarse en dos recopilaciones de Bernard Grofman y Arend Lijphart (eds.): Choosing an Electoral System, Praeger, Nueva York, 1984, y Electoral Laws and their Political Consequences, Agathon, Nueva York, 1986. Algunos conceptos poco o nada utilizados con anterioridad en los análisis del sistema electoral español, como la mayoría mínima y la desviación electoral, han sido tomados de P. J. Taylor y R. J. Johnston: Geography qf Elections, Holmes & Meier, Nueva York, 1979. Hay una completa exposición del sistema electoral de 1985 en Francisco Fernández Segado: Aproximación a la nueva normativa electoral, Dykinson, Madrid, 1986. Otros cálculos interesantes pueden encontrarse en Francesc de Carreras-Josep M. Valles: Las elecciones, Blume, Barcelona, 1977; Giacomo Sani-Richard Gunther: «¿Qué hubiera pasado si...?»: El impacto de la normativa electoral, en Juan J. Linz-José R. Montero: Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochenta, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986; ampliado por R. Gunther: Electoral Laws, Party Systems, and Élites: the Case qf Spain, «American Political Science Review», 83, 3, 1989; Dieter Nohlen-Rainer-Olaf Schultze, Los efectos del sistema electoral español sobre la relación entre sufragios y escaños. Un estudio con motivo de las elecciones a Cortes de octubre de 1982, «Revista Española de Investigaciones Sociológicas», 313

1985. D. Nohlen ya había observado, ante las primeras elecciones generales de 1977, que «es posible que una primera fuerza política obtuviera el 35 % de los votos y un número casi idéntico de los escaños del Congreso, mientras que una segunda fuerza —más implantada en las zonas conservadores, con prima de escaños—, con sólo un 30 % de votos, podría obtener casi el cincuenta [%] de los escaños», Una fuerza conservadora obtendrá mayoría en las Cortes, sin contar con la mayoría de votos, «El País», 19 de abril de 1977.

8. JA SÓC AQUÍ

El punto de vista del Gobierno, incluidos los informes de Ortínez y Casinello, se encuentra en Alfonso Osorio: Trayectoria cit., pp. 319-327. El punto de vista de Josep Tarradellas en sus fragmentos postumos de memorias: Mi vida política. «Tiempo», n.° 319, Barcelona, 20-26 de junio de 1988, y Ja sóc aquí. Record d'un retorn, Planeta, Barcelona, 1989. Carlos Sentís da algunos detalles y puntualizaciones de interés en un par de artículos periodísticos: Cómo llegó Tarradellas a la Moncloa, «La Vanguardia», 15 de noviembre de 1985, y Después del testamento Tarradellas, «La Vanguardia», 18 de junio de 1988. Puede encontrarse una crónica desde el punto de vista de la Asamblea de parlamentarios, con amplia recopilación de documentos, en Jaume Sobrequés y otros: El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions de l'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya (1977), Barcelona, 1980; y Jaume Sobrequés-Sebastiá Riera: L'Estatut d'autonomía de Catalunya. Bases documentáis per a l'estudi del procés polític d'elaboració de l'Estatut d'autonomia de 1979, volumen I. Introducció, Edicions 62, Barcelona, 1982.

9. EL CONSENSO NOCTURNO

Entre la copiosa bibliografía existente, en su mayor parte dedicada a análisis de inspiración jurídica del texto constitucional, ha sido utilizado sobre todo lo siguiente. 314

Una extensa crónica, calificada por el autor como un «ensayo breve, anecdótico e intrascendente, sobre la trama constitucional», del presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, miembro de UCD, Emilio Attard: La Constitución por dentro, Argos Vergara, Barcelona, 1983. Un completo informe del punto de vista socialista por el ponente Gregorio Peces Barba Martínez: La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988. Las notas telegráficas del ponente de AP Manuel Fraga Iribarne: En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, cap. 4. Una reflexión posterior, centrada en el tema autonómico, del ponente comunista Jordi Solé Tura: Nacionalidades y nacionalismos en España, Alianza, Madrid, 1985, caps. II y III. Algunas opiniones vertidas durante la elaboración del anteproyecto, apreciablemente más sinceras que algunas de las emitidas con posterioridad, de los ponentes G. Peces Barba, J. Solé Tura, M. Rocajunyent y otros autores: La izquierda y la Constitución, Taula de canvi, Barcelona, 1978. Los argumentos de los comunistas para apoyar la Constitución también pueden encontrarse en Santiago Carrillo: El año de la Constitución, Grijalbo, Barcelona, 1978. Los de los nacionalistas vascos para oponerse, en El PNV ante la Constitución, Zarauz, 1979. Las intervenciones parlamentarias de todo el proceso están recogidas en La Constitución. Trabajos parlamentarios, Cortes Generales, Servicio de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1980, 4 tomos. P.D. Después de redactado este capítulo han aparecido las interesantes obras de Manuel Pastor: Partidos políticos y Constitución (Un Estudio de las actitudes parlamentarias durante el proceso de creación constitucional), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989; y Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra: Crónica secreta de la Constitución, Tecnos, Madrid, 1989.

10. ¡EN NOMBRE DEL REY!

Sobre el golpe de Estado del 23-F son imprescindibles los libros del Colectivo Democracia: Los Ejércitos... más allá del golpe, Planeta, 315

Barcelona, junio de 1981, y de Pilar Urbano: Con la venia... yo indagué el 23-F, Plaza y Janes, Barcelona, 1982. Hay algunas informaciones interesantes sobre los precedentes en José Luis Morales y Juan Celada: La alternativa militar. El golpismo después de Franco, Revolución, Madrid, julio de 1981. José Oneto: La noche de Tejero, Planeta, junio de 1981, es un relato cronológico de los hechos de la jornada del 23-F. Hay, en cambio, algunos errores en la crónica apresurada de Ricardo Cid y otros: Todos al suelo. La conspiración y el golpe, Punto Crítico, Madrid, marzo de 1981. Alfonso Armada: Al servicio de la Corona, Planeta, 1983, contiene sólo algunos comentarios con intención autoexculpadora.

1 1 . LOS HIJOS DE AlTOR

Entre la numerosa bibliografía sobre el conflicto vasco reciente, pueden destacarse José M. Garmedia: Historia de ETA, Ha- ranburu, San Sebastián 1980; Manu Escudero: Euskadi: dos comunidades, Haranburu, San Sebastián, 1978, Txiki Benegas: El principio de la esperanza, Bruguera, Barcelona, 1984; Ricardo García Damborenea: La encrucijada vasca, Argos-Vergara, Barcelona, 1984; Fernando Reinares: Violencia y política en Euskadi, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1984; Luciano Rincón: ETA (1974-1984), Plaza y Janes, Barcelona, 1985; Xabier Arzalluz: Entre el Estado y la libertad, Iparraguirre, Bilbao, 1986.

12. EN CATALÁ, SI US PLAU!

En este capítulo se presentan planteamientos alternativos, apoyados en parte en datos más recientes, a algunos de los juegos elaborados pioneramente por David Laitin y Carlota Solé: Aplicación de la teoría de los juegos a las actitudes y política lingüística. El caso de inmigrantes y autóctonos en Cataluña, «Papers», 27, Universidad Autónoma de Barcelona, 1985. El artículo de Laitín y Solé se basaba en dos encuestas entre inmigrantes realizadas en 1978 y 1983, en la segunda de las cuales 316

percibe un incremento en el deseo de aprender catalán y en general de «integración». Con respecto a sus análisis, aquí, además de redefinir los jugadores, se introducen algunas modificaciones sustantivas. En el juego entre nacionalistas catalanes e inmigrantes se obtiene una estructura de interacción con unos equilibrios distintos tras anteponer la opción de no aprender catalán a la de aprenderlo en la ordenación de preferencias de los inmigrantes, basándose en el coste que requiere, sobre todo a una persona adulta y relativamente poco instruida, aprender una nueva lengua y apoyándose en algunas declaraciones de los inmigrantes recogidas por los propios Laitín y Solé; no se tiene en cuenta la opción de una administración autonómica únicamente en castellano por poco realista. En el juego entre el Gobierno del Estado y los nacionalistas catalanes se supone que éstos dan prioridad a una administración monolingüe, por lo que se permutan las preferencias primera y segunda, así como la tercera y la cuarta, de la ordenación propuesta en el artículo citado. No se recogen los interesantes juegos entre inmigrantes y entre autóctonos elaborados por Laitin y Solé y se introduce, en cambio, el juego de tres jugadores, que permite una explicación más global de la secuencia del cambio. Las citas y datos aquí utilizados proceden del Llibre Blanc de la Direcció general de Política Lingüística, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983; padrón de 1986 y encuesta posterior del Consorci d'Informació i Documentado de Catalunya, resumidos en «La Vanguardia», Barcelona 11 de septiembre de 1989, y ampliamente expuestos por el director del Servicio de Normalización Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Miquel Strubell: Evolució de la Comunitat Lingüística, en VV. AA.: El nacionalisme cátala a lafi del segle xx, Edicions 62-La Magrana, Barcelona, 1989; Gabise, S.A.: Enquesta sobre la llengua a Catalunya, «Diari de Barcelona», 28 de febrero de 1988. También se hace referencia a Francesc Candel: Los otros catalanes veinte años después, Plaza y Janes, Barcelona, 1986; Enric Oller i Carbó y otros: La llarga marxa de la normalització lingüística, «Xarxa», Barcelona, 1989; Miquel Reniu: L'estat diu que el cátala no és oficial, «El Temps», Valencia, 5 de junio de 1989; Josep Ramoneda: Entrevista con Jordi Pujol sobre política cultural e ideología, «La Vanguardia», Barcelona, 23 de abril de 1989. 317

13. LA MINORÍA MAYORITARIA

Todos los datos sobre composición personal de las instituciones están tomados de la prensa diaria, especialmente «El País», edición de Madrid. Los cálculos numéricos son de elaboración propia. Los sondeos citados fueron publicados por Demoscopia-«E1 País», 19 de julio de 1987, y Sigma-Dos-«El Mundo», 4-5 de noviembre de 1989.

14. OTAN, DE ENTRADA, NO Hay una completa recopilación informativa sobre el tema OTAN en España, hasta finales de 1985, en Celestino del Arenal y Francisco Aldecoa (eds.): España y la OTAN. Textos y documentos. Tecnos, Madrid, 1986. Uno de los estudios aludidos es el artículo del Equipo de Sociología Electoral: El referéndum del 12 de marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN y sus consecuencias para el sistema político. «Revista de Estudios Políticos», 52, julio-agosto de 1986. A diferencia del análisis aquí presentado, este estudio no usa como referencia los resultados de las elecciones generales de 1986, sino las de 1982, sólo tiene en cuenta los votos recibidos por los partidos que obtuvieron representación electoral y no clasifica los partidos según su posición ante el referéndum sobre la OTAN sino de acuerdo con líneas ideológicas generales. Algunas de sus conclusiones, que en conjunto parecen explicar alrededor de un 60 % de los votos del referéndum, son cómodamente integrables en la hipótesis presentada en el presente libro. Así, concluye que «una composición heterogénea caracteriza tanto a la mayoría favorable como a la minoría adversa a la presencia de España en la NATO». Más concretamente, con respecto al «sí» observa una correlación positiva con el voto al PSOE, pero también que «entre el electorado de los partidos de centro y derecha se observaban intenciones de voto afirmativo», por lo que concluye que «al componente predominantemente socialista del voto afirmativo», se unió un sector relativamente importante del 318

electorado conservador». Con respecto al «no», «el voto negativo presenta un perfil predominantemente de izquierdas, correspondiendo buena parte del mismo a un electorado socialista que no ha aceptado el cambio de posición del partido al que había votado anteriormente», junto a una «presencia significativa de sectores de centro-derecha» (PNV y CiU), principalmente por «intención de castigo» al Gobierno, y una «importancia cuantitativa del "no" conservador [que] es menor». También con respecto a los sondeos preelectorales observa que «a partir de 1985 (...) los entrevistados empiezan a plantearse ya sus respuestas en términos de decisión de comportamiento inmediato ante un hipotético referéndum y no solamente en términos de opinión». La misma línea de análisis se encuentra en el artículo más breve de Josep M. Valles et al.: The Referendum of 12 March 1986 on Spain's Remaining in NATO, «Electoral Studies», 1986.

15. A LA HUELGA GENERAL

Algunos análisis y estudios, con diferentes puntos de vista, sobre los sindicatos y la negociación social en la transición son los siguientes: Víctor Pérez Díaz: Clase obrera, orden social y conciencia de clase, Fundación INI, Madrid, 1980; José Félix Tezanos: ¿Crisis de la conciencia obrera?, Mezquita, Madrid, 1982; Robert Fishman: El movimiento obrero en la transición: objetivos políticos y organizativos, «Revista Española de Investigaciones Sociológicas», 26, abriljunio de 1984; V. Pérez Díaz et al., «Revista de Economía Española, 22, 1985; J. Goldthorpe et al., ídem, 27, 1987; Ángel Zaragoza (comp.): Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Siglo XXI, Madrid, 1988. Hay una recopilación documental sobre la huelga del 18-D en Santos Julia (ed.): La desavenencia. Partido, sindicatos y huelga general. El País-Aguilar, Madrid, 1989. Las encuestas citadas de Demoscopia fueron publicadas en «El País» el 16 de octubre y el 16 de diciembre de 1988.

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17. EL LABERINTO VASCO

La teoría de las coaliciones, una parte de la teoría de juegos, fue pioneramente aplicada a la política por William H. Riker: Theory of Political Coalitions, Yale University Press, New Haven, 1962. Entre las numerosas aplicaciones posteriores, puede destacarse el volumen compilado por Sven Groennings, E.W. Kelley y Michael Leiserson (eds.): The Study of Coalition Behavior. Theoretical Perspectives and Cases from Four Continents, Holt Rinehart and Wilson, Nueva York, 1970. Para su validez en los gobiernos locales y regionales, hay que consultar la compilación de Colin Mellors y Bert Pijnenburg (eds.): Political Parties in European Local Government, Sage, Londres, 1989. Los estudios más destacables sobre elecciones y partidos en el País Vasco son los de Juan J. Linz Conflicto en Euskadi, EspasaCalpe, Madrid, 1986; Francisco J. Llera: Postfranquismo y fuerzas políticas en Euskadi Sociología electoral del País Vasco, Universidad del País Vasco, 1985. Para el objeto de este capítulo, Llera: Las elecciones autonómicas de 1986 en Euskadi: de la crisis al gobierno de coalición. «Revista de Estudios Políticos», 56, Madrid, 1987, y una crónica útil en Yolanda Muñoz Castro: La crisis del PNV: historia de una escisión, «Cuadernos de Álzate», 6, Madrid-San Sebastián, abril-septiembre de 1987. La encuesta citada de Demoscopia fue publicada en «El País», 15 de noviembre de 1986.

16, 18 Y 19 Los datos de estos capítulos están tomados de la prensa, especialmente los diarios «El País», Madrid, y .«La Vanguardia», Barcelona. En algunas fechas significativas se ha recurrido también a los semanarios «El Independiente», «Tiempo» y «Época».

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ÍNDICE DE MATRICES, TABLAS Y FIGURAS

MATRICES

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Suárez-Continuistas, en la reforma política Suárez-Oposición democrática, en la reforma política . . Suárez-Carrillo, en la legalización del PCE . . . . . . . Suárez-Tarradellas, en el reconocimiento de la Generalidad de Cataluña Capitanesgenerales-Rey,enelgolpedeEstadoimaginario . Capitanes generales-Rey, en el contragolpe de Estado real Capitanes generales-Ciudadanos, en la pasividad ante el golpe Gobierno del Estado-Gobierno Vasco, en la autonomía constitucional Gobierno del Estado-ETA, en la reinserción Interacción a tres: Gobierno del Estado-Gobierno Vasco-ETA Nacionalistas catalanes-Inmigrantes, en la «normalización» lingüística Gobierno del Estado-Nacionalistas catalanes, en la autonomía política Interacción a tres: Gobierno del Estado-Nacionalistas catalanes-Inmigrantes Gobierno-UGT, en la concertación social Gobierno-CCOO, en el conflicto social Gobierno-UGT, en el conflicto social Gobierno-UGT, en una hipotética concertación social .

68 79 85 108 149 . 155 160 167 173 177 185 191 195 241 242 245 249

TABLAS

1. Ordenaciones de preferencias entre continuidad, reforma y ruptura 2. Preferencias de los miembros del Consejo del Reino para presidente del Gobierno 3. Ventajas electorales de UCD 4. Mayoría mínima 5. Votos, escaños y desviación electoral 6. Desviación electoral 7. Lista de siglas 8. Votantes en el proceso constituyente en las Cortes . . . 9. Preferencias sinceras sobre la Constitución y la forma de gobierno 10. Votación sofisticada sobre la Constitución y la forma de gobierno 11. Intercambio de votos con presión de los «poderes fácticos» 12. Intercambio de votos en cuestiones sociales 13. Intercambio de votos en la cuestión escolar 14. Intercambio de votos en la cuestión autonómica 15. Capitanes generales de las Regiones militares en febrero de 1981 16. Elecciones, Constitución y Estatuto vasco 17. Elección de cuatro cargos con voto limitado . . . . . . 18. Elección de cuatro cargos con voto limitado y cesión de votos 19. Composición de la Mesa del Congreso de los diputados 20. Elección de los miembros del Tribunal Constitucional . 21. Composición del Tribunal Constitucional 22. Composición del Consejo General del Poder Judicial . . 23. Composición del Consejo de Administración de RTVE 24. Mayorías absolutas 25. Grupos de electores según su opinión sobre la OTAN y el presidente González .

22 59 94 96 99 100 101 120 121 122 130 132 133 137 148 163 206 207 210 213 214 219 221 223 229

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Sondeos de opinión ante la OTAN, 1981-1986 232 Referéndum sobre la OTAN, España 234 Referéndum sobre la OTAN, C.A., de Madrid . ........ . . . 235 Referéndum sobre la OTAN, Cataluña . . . . ................... 236 Referéndum sobre la OTAN, País Vasco ....................... 236 Utilidad de los Gobiernos de coalición . . . . ............ . . . . 263 Composición del Parlamento Vasco . . . . . . . ................... . . 267 Distancia ideológica entre los partidos, País Vasco, 1986 271 Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento vasco, 1986 273 Coaliciones vencedoras mínimas sin HB, Parlamento vasco, 1986 274 Composición del Parlamento de Navarra, 1983 278 Distancia ideológica entre los partidos, Navarra, 1983-1984 , 279 Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento de Navarra, 1983 279 Distancia ideológica entre los partidos, Galicia, 1983 282 Composición del Parlamento de Galicia, legislatura 1985-1989 283 Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento de Galicia, 1985 284 Coaliciones vencedoras mínimas, Parlamento de Galicia, 1987 287 Composición del Ayuntamiento de Madrid, 1987-1989 .... 291 Distancia ideológica entre los partidos, Ayuntamiento y C.A. de Madrid, 1987-1989 291 Coaliciones vencedoras mínimas, Ayuntamiento de Madrid, 1987-1989 292 Composición de la Asamblea de Madrid, 1987-1989 . . 296 Coaliciones vencedoras mínimas, Asamblea de Madrid, 1987-1989 297

FIGURAS

1. Utilidad de la participación 2. Distribución de frecuencias del umbral de participación 3. 4. Curvas de decantamiento de la acción colectiva . . . 5. Curva de decantamiento de la acción colectiva 6. Plan del golpe de Estado del 23-F

38 38 40 46 146

ÍNDICE

1. Presentación

2. Una transición transitiva

3. Sísifo y la bola de nieve

4. Una trampa saducea

5. Atado y bien atado

6. Sábado santo y rojo

7. No sé quiénes, pero ganaremos

8. Ja sóc aquí

103

9. El consenso nocturno

115

10. ¡En nombre del Rey!

142

11. Los hijos de Aitor

162

12. En catalá, si us plau!

181

13. La minoría mayoritaria

202

14. OTAN, de entrada, no

225

15. A la huelga general

238

16. La política hace extraños compañeros de cama 17. El laberinto vasco

....

251 266

18. Los caciques somos gente honrada

281

19. Madrid bien vale una sisa

290

20. Conclusión

303

Confesión índice

de de

matrices,

fuentes tablas

308 figuras

321