El arte de la manipulacion politica Josep Colomer

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Valor ordinal

r G r G

d d a a

4 3 2 1

G G r r

a d a d

4 3 2 1

r: Consejo general con legitimidades electoral y franquista; G: Reconocimiento del presidente de la Generalidad; a: Estatuto de autonomía; d: Descentralización administrativa

Como puede observarse, el esquema es idéntico al expuesto en el juego entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en un capítulo anterior, por lo que obtenemos un nuevo Dilema del prisionero. Tarradellas a

2 r Suárez

2 4

3 3

En este juego, como ya sabemos, cada jugador tiene una estrategia dominante que le proporciona mejores resultados en cualquier hipótesis de comportamiento del otro jugador. En este caso, la estrategia dominante de Suárez es r, mantenerse en la propuesta reformista del Consejo general, y la estrategia dominante de Tarradellas es a, persistir en la reivindicación rupturista del Estatuto de autonomía. De este modo se obtiene un resultado, situado en la casilla superior izquierda, cuyos valores son 2, 2. Es un equilibrio estable, pero ineficiente, ya que ambos jugadores estarían mejor en la casilla inferior derecha, cuyos valores son 3, 3. Por ello, mediante una cooperación entre los dos que incluya medios para asegurar el cumplimiento del acuerdo por las dos partes, puede alcanzarse un nuevo y mejor resultado. En éste Suárez renuncia al Consejo general y acepta la legitimidad simbólica de Tarradellas como presidente de la Generalidad y Tarradellas renuncia al restablecimiento del Estatuto y acepta presidir una fórmula de descentralización administrativa. 108

Esto es exactamente lo que ocurrió. Inmediatamente después de las elecciones del 15 de junio de 1977, los socialistas catalanes Joan Reventós, Josep M. Triginer y Eduardo Martín Toval se entrevistaron en Madrid con el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para reiterar, con el apoyo electoral obtenido, las reivindicaciones autonomistas, pero no obtuvieron ni un inicio de negociación. El día 25 se constituyó en «1 palacio del antiguo Parlamento de Cataluña la Asamblea de parlamentarios recién elegidos, la cual solicitó formal y públicamente a Josep Tarradellas que aceptara la presidencia de la misma con objeto de funcionar como un Parlamento provisional en la perspectiva del restablecimiento de las instituciones autonómicas. Sin embargo, el día 16 de junio a las 9 de la mañana Tarradellas ya había telefoneado a Carlos Sentís, cabeza de lista por Barcelona de UCD y diputado recién elegido, para sugerirle que tomara la iniciativa de hacer de intermediario entre Suárez y él, cosa que Sentís realmente hizo. Tarradellas dijo, en unas significativas declaraciones a un corresponsal de prensa: «Es verdad que durante todo el exilio he ido diciendo que no volvería a Cataluña si no era como presidente de la Generalidad. Pero tal como van las cosas ahora, tal como habrían de ir y ante el planteamiento urgente, he decidido reconsiderar mi posición. Esto quiere decir que estoy dispuesto a volver rápidamente a nuestro país.» El día 23 de junio, una delegación de los socialistas catalanes se entrevistó en París con Tarradellas y, según la versión de éste, «me informaron de sus gestiones y me dijeron sin ambages que en Madrid había grandes dificultades. Como consecuencia de ello, Reventós me indicó que me tocaba a mí negociar ahora en Madrid». El hecho es que Tarradellas rechazó la presidencia de la Asamblea de parlamentarios y, dos días después de la reunión de ésta, sin que los socialistas ni los demás partidos autonomistas catalanes lo supieran por anticipado, voló a Madrid en un avión particular, acompañado por Manuel Ortínez y Carlos Sentís, para entrevistarse con el rey Juan Carlos y el presidente Suárez. En la primera entrevista con el presidente del Gobierno, éste reiteró sus condiciones de acatamiento público al rey y a la unidad de España y de manifestación de respeto al Ejército, pero no quiso reconocer a Tarradellas como presidente de la Generalidad, por lo que no hubo acuerdo. El rey Juan Carlos aplazó la audiencia pre109

vista para el día siguiente con objeto de asistir a unas maniobras militares en Segovia en las que intentó calmar los ánimos de los mandos militares. El capitán general de Cataluña, Francisco Coloma Gallegos, por ejemplo, protestó porque el rey aceptara entrevistarse con «un rojo y un vencido». Finalmente, tuvo lugar la entrevista con asistencia de Tarradellas, Sentís, el rey Juan Carlos y el general Alfonso Armada. De allí surgió la base del acuerdo que Tarradellas estableció al día siguiente en una nueva entrevista con Suárez y el ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa. En las semanas posteriores no se hizo más que concretar la fórmula de descentralización administrativa en que se integraría Tarradellas y confirmar la disolución del acuerdo que éste había suscrito con los partidos catalanes de la oposición para reivindicar el Estatuto de autonomía. Así, la Asamblea de parlamentarios designó una Comisión Negociadora, rechazó la propuesta gubernamental de una Mancomunidad de Diputaciones y presentó, en forma de dictamen jurídico, una contrapropuesta para un rápido restablecimiento de la Generalidad con un Gobierno provisional que respondiera únicamente a la legitimidad electoral y- que incluyera el funcionamiento de la propia Asamblea como Parlamento autónomo provisional. Trató de reanudar el diálogo con el Gobierno a través de Martín Villa, pero éste les explicó que su acuerdo con Tarradellas era una mancomunidad provincial y «pónganle el nombre que ustedes quieran». Tarradellas, por su parte, sometió a su iniciativa y control a la Comisión Negociadora de los parlamentarios, erigiéndose como «voz única» de Cataluña en las negociaciones con el Gobierno. El 30 de agosto destituyó al senador Josep Benet como miembro de aquella Comisión, a lo que los socialistas respondieron cinco días más tarde expulsando del PSC al jurista Josep Lluís Sureda por haber participado en las negociaciones con el Gobierno como asesor de Tarradellas. Pero, mientras Sureda continuó ejerciendo su tarea de asesor de Tarradellas, la Comisión Negociadora de la Asamblea de parlamentarios suspendió indefinidamente su actividad. Como Tarradellas escribió después, «los parlamentarios catalanes tienen que ir a remolque de mi acción». Finalmente, el Gobierno aprobó el 29 de septiembre un decreto por el que se restablecía simbólica y provisionalmente la Generali110

dad de Cataluña, aunque sin atribuirle expresamente competencias de ningún tipo, mientras se aplazaba la eventual aprobación de un Estatuto de autonomía sometiéndola a lo que estableciera la futura Constitución. De hecho, ni tan siquiera se creó una Mancomunidad de Diputaciones, sino que se atribuyó a la Generalidad la tarea de coordinar las funciones de las Diputaciones en lo que fuera de ámbito catalán, pero sin que las cuatro instituciones provinciales perdieran su personalidad jurídica; un representante de cada una de ellas debería formar parte del Consejo ejecutivo de la Generalidad; y Tarradellas fue nombrado presidente de la Diputación provincial de Barcelona. Diecinueve días más tarde, otro decreto le nombró además presidente de la Generalidad, pero sin poderes ejecutivos, sino sólo representativos. De acuerdo con lo que él había comprendido que eran las condiciones del pacto, Tarradellas, tras su retorno a Cataluña, nombró un Consejo ejecutivo «de unidad» con participación conjunta de los par! t'ídos autonomistas y UCD y disolvió la Asamblea de parlamentarios. Los partidos autonomistas adaptaron más pronto o más tarde Sus preferencias al resultado de la negociación entre Suárez y Tarradellas, dado que la que ellos habían tratado de desarrollar con el Gobierno no había ni tan sólo conseguido arrancar. Pese a los entorpecimientos y aplazamientos que Tarradellas provocó, consiguieron elaborar un proyecto de Estatuto de autonomía en el marco de la Constitución de 1978, el cual fue aprobado por las Cortes dos años después del restablecimiento simbólico de la Generalidad. De este modo, es decir por un camino distinto y más lento del previsto, acabaron consiguiendo el objetivo genérico de la reivindicación rupturista que no consiguieron en 1976-1977. A pesar de todo lo dicho, habría sido posible que Tarradellas hubiera incumplido su acuerdo con Suárez y el rey. Por ejemplo, al llegar al balcón de la plaza de San Jaime de Barcelona, habría podido proclamar la República catalana dentro del Estado federal español, como habían hecho los presidentes de la Generalidad republicana de los años treinta y miembros entonces de su mismo partido Esquerra Republicana (ERC), Francesc Macià en 1931 y Lluís Companys en 1934, y como Heribert Barrera, líder de ERC, había propuesto públicamente antes de las elecciones del 15 de junio con la anuencia inicial del socialista Joan Reventós. Tarradellas 111

habría podido tomar también alguna otra medida quizá menos radical pero igualmente rupturista. Pero, para evitar cualquier incumplimiento de las condiciones pactadas, el Gobierno aplazó hasta el último momento el nombramiento de Tarradellas como presidente de la Generalidad, y éste tuvo que viajar de nuevo a Madrid y, a lo largo de tres días, entrevistarse con el rey Juan Carlos, el presidente Suárez, el vicepresidente Gutiérrez Mellado y varios ministros como camino para retornar a Cataluña. Al llegar al palacio de la Generalidad fue saludado militarmente por los mozos de la escuadra y, ya en el balcón, pronunció su famoso grito «Ja sóc aquí». Suárez le dio posesión del cargo al mediodía siguiente. Pero unas horas antes, esa misma mañana, Tarradellas consiguió que le recibiera el capitán general Coloma Gallegos, tras pedírselo tres veces. Según Tarradellas, «la conversación con Coloma Gallegos fue fría, quizá incluso tensa (...) y le pedí que reconsiderara su actitud porque desde luego que yo deseaba estar, como había sido siempre mi norma, en buenas relaciones con el Ejército». El resultado del juego entre Suárez y Tarradellas fue, por tanto, un compromiso mutuamente beneficioso, en el que, sin embargo, ninguna de las partes alcanzó su primera preferencia. Esto lo distingue, por ejemplo, de los éxitos de Suárez en su juego con los franquistas en la primera fase de la transición. Los centenares de miles de personas que se manifestaron en la calle el 11 de septiembre o fueron a recibir a Tarradellas el 23 de octubre expresaron en cierto modo el sentimiento de esa ambivalencia. Por un lado, la euforia por la proximidad o la consecución de un acto de ruptura, aunque fuera simbólica, de la legitimidad y la legalidad franquistas, que no se había dado ni en el pacto de Suárez con los franquistas para aprobar la Ley para la reforma política, ni en el referéndum de diciembre de 1976, ni en las frustradas negociaciones preelectorales del Gobierno con la oposición democrática, ni en ninguna de las medidas de reforma adoptadas por Suárez con posterioridad. Por otro lado, la percepción de que no se obtenían los objetivos perseguidos por los partidos autonomistas que habían triunfado electoralmente en Cataluña el 15 de junio y, como consecuencia de ello, la reiteración casi monocorde del grito «Volem l'Estatut!». Obsérvese que, de acuerdo con los esquemas presentados, el 112

juego entre Suárez y Tarradellas habría producido un resultado distinto si hubiera ocurrido alguna de estas tres cosas: Primera, que Suárez hubiera tenido una ordenación de preferencias distinta de la que hemos supuesto, con permuta de orden entre la segunda y la tercera. Es decir, que hubiera preferido la confrontación con Tarradellas y los partidos autonomistas al reconocimiento de la legitimidad simbólica de Tarradellas en un marco de descentralización administrativa. Esto habría requerido que Suárez hubiera tenido una alternativa en que apoyar su proyecto reformista, pero, como hemos dicho, ni los modestos resultados electorales de UCD en Cataluña ni los de una posible alternativa de recambio, la coalición nacionalista de Jordi Pujol, le permitían contar con ella. Segunda, que Tarradellas hubiera tenido asimismo una ordenación de preferencias distinta de la que hemos supuesto, con permuta de orden entre la segunda y la tercera. Es decir, que hubiera preferido permanecer en confrontación con el Gobierno reivindicando el Estatuto de autonomía a aceptar una presidencia simbólica de la Generalidad en un marco de descentralización administrativa. Para ello habría tenido que poder confiar en mayor medida en la capacidad de los partidos autonomistas de la oposición de lograr la autonomía en su juego con Suárez (lo cual no era nada probable, de acuerdo con los esquemas antes presentados); o bien sentirse con salud y fuerzas para resistir una prórroga posiblemente larga de su condición de exiliado hasta que la situación cambiara de un modo más favorable a sus intereses; o ambas cosas a la vez. Lo específico del juego de Josep Tarradellas puede comprenderse también a la luz de lo ocurrido con otros personajes que se hallaban inicialmente en situaciones muy parecidas a la suya. Así, por ejemplo, el presidente del Gobierno vasco en el exilio, José María de Leizaola, que contaba desde hacía años con el apoyo institucionalizado de los partidos electoralmente vencedores en Euskadi en 1977, el PNV y el PSOE, volvió a su país como un simple turista. Por su parte, el presidente de la República española en el exilio, José Maldonado, ni tan siquiera tuvo la oportunidad de plantearse los términos de un juego de interacción con el Gobierno de Suárez o con el rey. Estas y otras comparaciones que podrían hacerse per113

miten comprender la importancia de los comportamientos estratégicos en el desenlace de situaciones que no están predeterminadas por la posición inicial que ocupa cada jugador. Tercera, que, aun con las ordenaciones de preferencias que hemos supuesto en nuestro esquema, no hubiera habido cooperación. Es decir, que cada jugador hubiera permanecido en su estrategia dominante y se hubiera mantenido el equilibrio estable representado por la casilla superior izquierda, cuyos valores son 2, 2. Esto estuvo a punto de ocurrir tras la primera entrevista de Tarradellas con Suárez en el palacio de la Moncloa; según cuenta el primero, «cuando [a la salida] subí al coche con Carlos Sentís, le dije que todo iba muy mal y que regresaríamos a París al cabo de dos días». Tarradellas pensó haberse equivocado y haber echado por la borda toda su trayectoria de exilio testimonial, sobre todo cuando, al cabo de unas horas, se le comunicó que había sido suspendida la audiencia previamente concertada con el rey Juan Carlos. Este, en efecto, pudo haberse mostrado más sensible a las presiones militares y no haberle convocado de nuevo. En tales hipótesis, el protagonismo habría vuelto al juego entre Suárez y los partidos autonomistas, cuyas posiciones producían relaciones de conflicto y no de cooperación, como hemos visto, de modo que la dinámica política de Cataluña probablemente se habría aproximado más a la que se creó en el País Vasco tras la derrota electoral de UCD en esa comunidad.

114

9. EL CONSENSO NOCTURNO

Intercambio de votos significa que varios votantes dejan de votar según sus preferencias sinceras y votan estratégica y coordinadamente, de modo que, mientras cada uno renuncia a obtener satisfacción en alguno de los temas sometidos a votación, la obtiene en otro. En la realidad de las votaciones, no sólo ocurre que no todos los votantes tienen las mismas preferencias en un mismo tema, como es obvio, ya que, por ejemplo, con respecto a la forma de gobierno uno prefiere la monarquía y otro la república, sino que cada votante puede tener distinta intensidad de preferencias en distintos temas. Así, un votante es más reacio a dejar de votar sinceramente en aquellos temas que considera que definen prioritariamente su identidad, mientras acepta más fácilmente una votación estratégica o sofisticada en otros temas en los que tiene menor interés. El intercambio de votos es, pues, más factible cuando los votantes tienen preferencias intensas en distintos temas; o, dicho de otro modo, cuando definen sus señas de identidad en torno a diversas cuestiones políticas. Si, por ejemplo, todos los partidos de un parlamento están definidos principalmente por sus posiciones encontradas en torno a las cuestiones militar, religiosa y monárquica y son menos beligerantes en los temas económico-sociales, difícilmente podrá haber intercambio de votos. Si, en cambio, un partido define principalmente sus señas de identidad, pongamos por caso en torno a la cuestión religiosa, otro en torno a la política económico-social y otro en torno a la distribución territorial del poder, es más probable que cada uno adopte posiciones sofisticadas o insinceras en los te115

mas que no le son prioritarios a cambio de una actitud correspondiente de los demás partidos en las cuestiones que le interesan especialmente. Esta podría ser, a grandes rasgos, una de las diferencias básicas entre los procesos constituyentes que tuvieron lugar en España en el siglo XIX y principios del XX y el que tuvo lugar en 1977-1978. Nótese que lo dicho no significa que los partidos tengan que adoptar actitudes más moderadas en la segunda situación que en la primera. En una situación con variedad de temas prioritarios, en la que un partido da más importancia, por ejemplo, a la cuestión religiosa, otro a la cuestión económico-social y otro a la cuestión territorial o nacional, la posición de un partido en torno a la cuestión económico-social puede ser tan extrema como en una situación en la que todos los partidos coinciden en definirse prioritariamente en torno a esta cuestión. Lo que ocurre es que, si todos los partidos definen sus principales señas de identidad en un eje mercado-planificación, los intercambios de votos son más difíciles que si un partido define sus principales señas de identidad en este mismo eje y adopta por ejemplo una extrema posición planificadora, mientras los demás partidos están menos preocupados por esta cuestión y prefieren fijar posiciones intensas, y tal vez también extremas, en un eje confesionalidad-laicismo o en uno centralización-descentralización. Caben, pues, intercambios de votos entre un partido extremadamente confesional, otro extremadamente planificador y otro extremadamente anticentralista si a cada uno de ellos le importa relativamente poco el tema que define prioritariamente a los demás. En algunos casos la utilidad total resultante de un intercambio de votos estratégicos es mayor que la obtenida con votaciones sinceras de todos los votantes, pero en otros casos —como ocurrió verosímilmente en la elaboración de la Constitución española actualmente en vigor, según veremos a continuación— la utilidad total obtenida con intercambio de votos es menor. El consenso constitucional de 1978 fue, pues, un intercambio de votos estratégicos entre los partidos por el que se consiguió seguramente menos satisfacción total pero más repartida. Esta fue de hecho la principal idea expresada, con unas u otras palabras, por los dirigentes de todos los partidos que aceptaron la Constitución y el principal argumento para su aceptación: nadie está totalmente satis116

fecho ni totalmente insatisfecho con ella; todos han renunciado a imponer un «trágala» a los demás; nadie se identifica del todo con el texto constitucional pero nadie lo encuentra totalmente inaceptable; nadie ha conseguido hacérselo completamente a medida pero todos podrían gobernar con él.

JUGADAS DE POKER

La Ley para la reforma política no preveía con claridad la apertura de un proceso constituyente tras la celebración de las primeras elecciones generales, ya que también habría cabido, por ejemplo, una reforma parcial de las leyes fundamentales del franquismo. Pero los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron menos favorables de lo esperado para UCD, que no alcanzó la mayoría absoluta, y ésta se encontró con dificultades para imponer un proyecto en solitario. Por otra parte, y como ya hemos dicho anteriormente, el propio cumplimiento del programa de reforma política en torno al cual se definía la posición específica del Gobierno de Adolfo Suárez le había hecho perder cohesión e identidad y ello le empujaba también a pactar con otros partidos, de un lado o de otro. En julio de 1977, en las Cortes electas se encontraban, pues, diversas posiciones no mayoritarias con respecto a la cuestión constitucional. AP, presidida por Manuel Fraga, habría preferido la elaboración de varias leyes fundamentales en materia de organización de las instituciones, de modo que se prolongara la pervivencia de algunas leyes fundamentales del franquismo. Pero, a la vista de la inviabilidad de ese deseo por su posición muy minoritaria en las Cortes, defendió el acuerdo con UCD para la elaboración de un texto constitucional breve, limitado al aspecto organizativo y sin mención expresa de derechos y libertades, llamado también por su líder «Constitución flexible a la anglosajona». Por su parte, UCD había pensado asimismo en una Constitución breve, limitada a la organización de las instituciones y sin mención de derechos y libertades. Concretamente, quería proponer su discusión a partir de un anteproyecto del Gobierno que, de he117

cho, había sido ya preparado por una comisión presidida por el ministro de Justicia Landelino Lavilla. Finalmente, todos los grupos procedentes de la oposición democrática, socialistas del PSOE y del PSP, comunistas del PCE-PSUC, nacionalistas catalanes de CDC y republicanos de ERC, y nacionalistas vascos del PNV y radicales de EE, querían realizar el ya viejo programa antifranquista de apertura de un proceso constituyente. Deseaban por ello la elaboración de un nuevo texto constitucional relativamente extenso, que incluyera el establecimiento de un amplio conjunto de derechos y libertades, a partir de las propuestas de los diferentes grupos. La primera y más importante cuestión planteada por el Gobierno de Suárez fue la aceptación de la monarquía por la oposición. Esta era la cuestión en la que UCD tenía preferencias más intensas y en la que no estaba dispuesta de ningún modo a votar estratégicamente en contra de su opción preferida en primer lugar. Los nacionalistas catalanes y vascos, por su parte, mantenían ante la cuestión de la forma de gobierno una tradicional posición «accidentalista» por la que subordinaban la aceptación de una monarquía o una república a la forma de distribución territorial del poder que cada una de ellas asumiera. Es decir, tenían preferencias muy intensas en la cuestión de la organización territorial y podían votar estratégicamente en todas las demás cuestiones, incluida la forma de gobierno. Los comunistas, por su parte, eran tradicionalmente republicanos, pero ya habían aceptado públicamente la monarquía como contrapartida de su legalización y, por tanto, estaban comprometidos a votar en esta cuestión en contra de su primera preferencia siempre que Juan Carlos continuara declarando, como había hecho, su voluntad de ser un rey constitucional. Los republicanos de ERC, como parece lógico, no podían renunciar a su principal seña de identidad ideológica y no estaban dispuestos a dejar de votar sinceramente contra la monarquía. Sólo los socialistas, por tanto, podían hacer del voto estratégico a favor de la monarquía un elemento para el intercambio de votos en las grandes cuestiones de la elaboración de la Constitución. Así se configuró, pues, el primer y más importante intercambio de votos en las Cortes de 1977. 118

El 1 de agosto se formó la Comisión Constitucional del Congreso, con 17 diputados de UCD, 17 de la oposición (socialistas, comunistas, nacionalistas catalanes y vascos) y 2 de AP. Había, así, dos posibles mayorías: la formada por UCD y AP y la formada por UCD y todos o algunos grupos de la oposición (dado que, lógicamente, era casi imposible un acuerdo sin UCD entre AP y toda la oposición). La alternativa planteaba en cierto modo una elección entre lo que antes hemos definido como ruptura y continuidad (R y C). Esa misma posibilidad de dos mayorías, AP-UCD o UCD-Oposición, que de hecho eran las mismas que, a grandes rasgos, podían darse en el Pleno del Congreso, se reprodujo, a partir de parecidas distribuciones proporcionales de fuerzas entre los bloques de partidos, en la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso, en la Comisión Constitucional del Senado y en la Comisión Mixta Congreso-Senado (véanse sus composiciones en la tabla 8). Concretamente, formaron la ponencia 3 diputados de UCD (José-Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Gabriel Cisneros), 1 de AP (Manuel Fraga) y 3 de la oposición (Gregorio Peces Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura por el PCE-PSUC y Miquel Roca por CDC). Como puede verse, quedaron excluidos de la misma varios partidos con presencia en el Congreso: el PSP, al que el PSOE aspiraba ya absorber, aunque a su líder Enrique Tierno Galván se le encomendó la redacción del preámbulo de la Constitución, que fue aprobado sin llegar a discutirse; el PNV, inicialmente representado por Miquel Roca, a quien pronto desautorizó; ERC y EE; así como algunos centristas que en realidad giraban en torno a UCD. Con objeto de mantener más claramente la posibilidad de votaciones con las dos mayorías alternativas, la oposición exigió que el presidente de la Comisión, Emilio Attard, de UCD, dejase de asistir a la ponencia después de la primera reunión. Así, el mencionado intercambio de votos pudo ya tener lugar en la primera reunión de la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso, celebrada el 22 de agosto de 1977. Como ya hemos avanzado, en esta reunión se plantearon dos temas, prioritarios para distintos miembros de la ponencia. Por una parte, las concepciones globales sobre el tipo de Cons119

titución a elaborar, breve y organizativa para UCD y AP, y extensa y con derechos y libertades para la oposición. Por otra parte, Attard requirió una definición previa de los distintos partidos ante la monarquía, a sugerencia —según él mismo ha confesado— de «quien podía y tenía para mí autoridad suficiente» (eufemismo por el que cabe entender, sin duda, al mismo rey). De acuerdo con la estructura de preferencias que hemos presentado anTabla 8.

Votantes en el proceso constituyente en las Cortes

Congreso Ponencia Comisión

Pleno

Senado Comisión

Pleno

Comisión Mixta Congreso-Senado

UCD

165

106

PSOE

118

PCE

CDC

PNV

PSP

ERC

Otros centro

Entesa Catalans

Progresistas

Otros

Reales Totales

120

41 7

350

248

teriormente, la posición más firme a favor de la monarquía fue la de UCD, seguida en intensidad por AP, quien posiblemente tenía convicciones tan o más firmes sobre el tema pero simulaba cierta indolencia para hacerse rogar y obtener concesiones en otros temas, y, sometida a las contrapartidas ya expuestas, CDC y PCE. El socialista Peces Barba, en cambio, dijo: «El PSOE es republicano y la mención prioritaria del Rey ni es conveniente ni debe figurar en primer lugar de la Constitución», aunque aceptó la posibilidad de que, si la monarquía se imponía, los socialistas pudieran gobernar con ella. Formalizamos en la tabla 9 las preferencias de los miembros de la ponencia constitucional en estos dos temas, con objeto de comparar los resultados de una votación sincera con los de una votación sofisticada con intercambio de votos estratégicos. Podemos suponer, pues, que una votación sincera en la ponencia constitucional habría dado como resultado la elaboración de una Constitución breve, limitada a la organización de las instituciones y sin referencia a los derechos y libertades, con monarquía, gracias a los votos mayoritarios de AP y UCD. Estos dos partidos habrían obtenido la satisfacción de sus preferencias en los dos temas y los demás no habrían obtenido ninguna satisfacción en ningún tema. Si adjudicamos el valor 1 a la satisfacción de un votante en un tema y el valor 0 a la no satisfacción, la utilidad total obtenida habría sido 8. Tabla 9. Tipo de Constitución

Preferencias sinceras Forma de gobierno

N.°de votos (v)

Número de Utilidad satisfacciones (v x s)

Breve, organizativa

Monarquía

UCD

Breve, organizativa

Monarquía

CDC

Extensa, con derechos

Accidental

PSOE

Extensa, con derechos

República

PCE

Extensa, con derechos

República

Resultado Breve, organizativa

Monarquía

121

Véase en cambio, en la tabla 10, lo sucedido con un intercambio de votos estratégicos, que es lo que ocurrió en la realidad. En esta votación sofisticada, todos y cada uno de los votantes mantienen su primera preferencia en un tema que consideran prioritario, y renuncian a su primera preferencia en otro tema que consideran menos importante. Lo que ocurre es que UCD y AP consideran prioritario el tema de la monarquía, por lo que renuncian a su preferencia de una Constitución breve y sin derechos, y la oposición considera prioritaria la inclusión de los derechos y libertades en la Constitución, por lo que se adapta a la primera preferencia monárquica de los demás en la cuestión de la forma de gobierno. El resultado es la elaboración de una Constitución extensa con inclusión de derechos y libertades, con monarquía, votado por unanimidad. En este resultado, cada uno de los siete votantes obtiene la satisfacción de sus preferencias en un tema, de modo que la utilidad total alcanza el valor 7. Como puede verse, la utilidad total de la votación sofisticada, cuyo valor es 7, es menor que la utilidad total obtenida con una votación sincera, cuyo valor es 8. Sin embargo, con ésta había cuatro votantes totalmente satisfechos y tres totalmente insatisfechos, mientras que, con intercambio de votos estratégicos, hay siete votantes satisfechos a medias. Con una votación sofisticada, la pérdida Tabla 10. Tipo de Constitución

Votación sofisticada Forma de gobierno

N.°de votos (v)

Número de satisfacciones

Utilidad

(s)

(v x s)

Extensa, con derechos*

Monarquía

UCD

Extensa, con derechos*

Monarquía

3 1

CDC

Extensa, con derechos

Monarquía*

PSOE

Extensa, con derechos

Monarquía*

PCE

Extensa, con derechos

Resultado: Extensa, con derechos

Monarquía* Monarquía

Nota: el signo * indica voto estratégico, contrario a la preferencia sincera del votante.

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de utilidad total va acompañada, pues, por una mayor igualdad en la distribución de la utilidad.

EL YALTA DE AP

Este tipo de intercambio de votos se repitió en todo el proceso de discusión y aprobación del texto constitucional, que tuvo una larga duración, dieciséis meses, con centenares de reuniones y sesiones parlamentarias y un mínimo de seis votaciones distintas sobre cada tema. Tras la publicación por algunos medios de prensa de un primer borrador del anteproyecto de Constitución, elaborado en secreto por la ponencia, y sobre todo después de la publicación del primer anteproyecto en el Boletín Oficial de las Cortes, el 5 de enero de 1978, fueron presentados por los grupos políticos y los parlamentarios individuales más de tres mil escritos y enmiendas. Al mismo tiempo, arreció la presión de diversos grupos extraparlamentarios o «poderes fácticos», especialmente el Ejército y la Iglesia católica, con propuestas en defensa de sus intereses que, en general, fueron asumidas en el marco parlamentario por AP. Aunque en muchos temas UCD tenía sus preferencias específicas de tipo centrista, tras el éxito de las primeras fases de la reforma sufría ya una cierta crisis de planteamientos, como hemos dicho. Por ello, dado que su posición central le permitía hacer transacciones con partidos situados a su derecha y a su izquierda, tendió al intercambio de votos con unos u otros según la intensidad de las preferencias de éstos en cada tema. Cabe así decir que, en términos generales, hubo intercambio de votos entre UCD y AP en varios temas relacionados con las cuestiones militar y religiosa, bajo presión de los poderes fácticos; entre UCD por un lado y PSOE y PCE por otro en las cuestiones económicas y sociales; y entre UCD y CDC en la cuestión de la distribución territorial del poder. En la fase en que predominaron los intercambios entre UCD y AP el protagonismo recayó, por un lado, en los ponentes José-Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero, dirigidos por el ministro Landelino Lavilla, algunos de los cuales tenían preferencias sinceras 123

más próximas a AP que otros miembros de UCD, y por el otro en el ponente Manuel Fraga. En cambio, en la fase basada en los intercambios entre UCD y el PSOE tuvieron mayor papel, por un lado, el ministro Fernando Abril Martorell, el diputado Rafael Arias Salgado y el ponente Pérez Llorca, algunos de los cuales tenían preferencias sinceras más próximas al PSOE que otros miembros de UCD, y por el otro los socialistas Alfonso Guerra y el ponente Gregorio Peces Barba. Mediante estos intercambios se elaboró la mayor parte de la Constitución, aunque también hubo algunos intercambios de votos entre todos los partidos citados, algunos entre todos menos AP y algunos entre UCD y el PSOE sin intervención del PCE. En muchas ocasiones la presentación de nuevas enmiendas por alguno de los demás grupos obligaba a los ponentes y diputados centristas a hacer consultas extraparlamentarias antes de tomar posición, de modo que en algunos períodos fue usual que los representantes de UCD salieran de las reuniones parlamentarias para llamar por teléfono a diversos ministros o al propio presidente del Gobierno o aplazaran su decisión de voto hasta el día siguiente. Los decantamientos de UCD hacia unos u otros partidos estuvieron acompañados por amenazas de éstos de no aceptar la renuncia a sus primeras preferencias en temas que en realidad no consideraban prioritarios. Así, pese al acuerdo de hecho que se dio en la ponencia en torno a la monarquía, el PSOE mantuvo simbólicamente su voto particular a favor de la República hasta que fue votado y derrotado públicamente en la Comisión Constitucional. Fue, como ha dicho el propio ponente socialista Peces Barba, una «finta o jugada de poker para mejorar las posiciones en el debate», a la que UCD contestó con otra arma de presión, una enmienda para aumentar los poderes del rey, que fue igualmente derrotada. El mismo Peces Barba se retiró temporalmente de la ponencia, dando —como dijo la prensa— un espectacular «portazo», ante la tendencia de UCD a pactar en exclusiva con AP en muchos temas (aunque de hecho el socialista sólo estuvo ausente de cuatro reuniones, celebradas en un período de diez días, y volvió para suscribir el anteproyecto definitivo incluso en las partes en cuya elaboración no había intervenido). En ausencia del PSOE, cada uno de los otros cuatro partidos amenazó formalmente con retirarse también de la 124

ponencia si se aceptaban posiciones adversas para ellos en la cuestión de la distribución territorial del poder, aunque sólo AP y CDC mantuvieron estas amenazas en las fases posteriores de la discusión. Una vez en la Comisión Constitucional del Congreso, el PSOE amenazó con retirarse de nuevo tras la presentación por el diputado de UCD Jesús Sancho Rof, subsecretario del Ministerio del Interior, de una enmienda restrictiva de las garantías de los detenidos, que era expresión de una demanda surgida en medios de la policía, y que la oposición consideró de tono intolerablemente franquista. A raíz de este incidente, la misma noche del 22 de mayo de 1978 tuvo lugar una cena en el restaurante «José Luis», situado frente al estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, en el que una delegación de UCD encabezada por Fernando Abril y otra del PSOE encabezada por Alfonso Guerra acordaron una serie de intercambios de votos que determinaron el desarrollo posterior del proceso de elaboración y aprobación de la Constitución. Contemplado en una perspectiva más amplia de la transición política, este episodio puede tomarse como el momento decisivo en el que se evitó la producción de un ciclo en el proceso de elección sucesiva entre ruptura, reforma y continuidad (R, r y C). Según puede colegirse del tono excepcionalmente indignado de las manifestaciones de algunos portavoces de la oposición en la tarde anterior, la prosecución de los acuerdos entre UCD y AP habría podido provocar una retirada real de algunos partidos de las tareas parlamentarias, con lo que se habría obtenido, de hecho, un retorno a la continuidad. El decantamiento de UCD hacia los acuerdos con el PSOE favoreció, en cambio, un resultado global más próximo a los genéricos objetivos de ruptura de la oposición. A finales de mayo se inició, pues, una serie de negociaciones noc,turnas entre UCD y PSOE, mediante cenas en restaurantes y reuniones en despachos particulares prolongadas hasta altas horas de la madrugada, para pactar intercambios de votos y textos de compromiso en un gran número de artículos del texto constitucional. Ante las protestas de los demás grupos, algunos de ellos fueron incorporados también a las negociaciones. A menudo las sesiones parlamentarias tuvieron que interrumpirse o suspenderse para esperar que los tratos extraparlamentarios llegaran a acuerdos capaces de producir mayorías suficientes a la hora de votar. 125

A la vista de la exclusión de AP del llamado consenso nocturno, este grupo, dirigido temporalmente por Federico Silva y Gonzalo Fernández de la Mora, se retiró formalmente de la Comisión Constitucional. Silva protestó por lo que llamó, con sorprendente autoidentificación, unos «acuerdos de Yalta o Postdam, en que los vencedores del 15 de junio sean los que impongan su voluntad a las minorías». Al cabo de seis días, Manuel Fraga, que había estado de viaje, volvió a participar en las tareas de la Comisión tras habérselo pedido personalmente el rey Juan Carlos. Pero el hecho es que, después de su «portazo», AP ya no formó parte de la Comisión Constitucional deí Senado ni de la Comisión Mixta Congreso-Senado; los diputados y senadores de este grupo se dividieron en la votación final entre votos a favor, en contra y abstenciones; de la propia coalición se escindieron los grupos derechistas de Silva y Fernández de la Mora, que hicieron campaña en contra de la Constitución en el referéndum que siguió a su aprobación parlamentaria; y el resto de AP, dirigido por Fraga, incluyó en su programa durante varios años la reforma constitucional. No fue ésta, sin embargo, la única exclusión. El PNV, que, como hemos dicho, pronto dejó de sentirse representado por los nacionalistas catalanes e intervino directamente en las Comisiones y los Plenos del Congreso y del Senado, quedó también excluido de los intercambios de votos con UCD en el tema que le era prioritario, el restablecimiento de los derechos forales del pueblo vasco, por lo que acabó retirándose del Pleno del Congreso y tampoco votó afirmativamente la Constitución. Vale la pena observar que todos los gestos y decisiones expuestos tienen un carácter estratégico o insincero, en él sentido de que quien los lleva a cabo subordina su aceptación de unas posiciones en unos temas, con las que muchas veces está de acuerdo o en un desacuerdo poco intenso, o incluso su aceptación del conjunto de la Constitución, a la aceptación por los demás de sus posiciones intensamente preferidas en otros temas, o bien rechaza globalmente la Constitución porque no le satisface en algún punto que considera prioritario, aunque esté bastante de acuerdo en todos los demás. Como ha escrito el ponente socialista Gregorio Peces Barba, hay que «dejar al interlocutor algunos triunfos, procurando que sean los menos importantes para nosotros»; pues «¿cómo se iban a aceptar 126

los indudables sacrificios y renuncias a aspectos ideológicos propios en aras del consenso, si no se producían compensaciones satisfactorias en otros temas?». O, en palabras del ponente comunista Jordi Solé Tura, «cada una de las fuerzas protagonistas del consenso constitucional tuvo que realizar un extraordinario esfuerzo para saber distinguir claramente lo principal y lo secundario, es decir, para saber lo que se debía obtener y a qué había que renunciar para obtenerlo», con la peculiaridad —añadimos nosotros— de que, a diferencia de lo que había ocurrido en otras épocas históricas, lo principal para unos era secundario para los otros y al revés. Las deliberaciones de la ponencia fueron secretas y permitieron por ello una clara exposición de las prioridades e intereses de los ponentes en el seno de la misma. Pero las demás sesiones, celebradas ante los medios de comunicación, no permitían tales transparencias y de ahí el traslado de las negociaciones a sedes extraparlamentarias. Los acuerdos se introducían en las sesiones mediante nuevas enmiendas «in voce», presentadas por el partido más beneficiado por el acuerdo, aunque todos los partidos solieron reservar sus votos particulares a modo de amenaza latente y disuasoria por si se producía algún incumplimiento de los votos estratégicos de la otra parte y había que tomar represalias. Ante el público, los acuerdos no siempre requerían coincidencía de voto de los pactantes. Si, por ejemplo, UCD conseguía del PSOE la aceptación de su posición en una cuestión en la que se enfrentaba a toda la oposición, el PSOE podía abstenerse en la votación de la enmienda de UCD, ya que ello podía bastar para facilitar la victoria ucedista y le salvaba un poco la cara ante el electorado socialista. Si en esa cuestión UCD coincidía en su posición con AP, los socialistas incluso podían votar en contra, sabiendo que la mayoría de UCD y AP no estaba en peligro, para simular no alejarse en lo más mínimo del resto de la oposición. Si, por ejemplo, el PCE presentaba una enmienda «in voce» contraria a lo pactado entre UCD y PSOE, éste podía igualmente abstenerse para no contrariar aparentemente a sus aliados de izquierda en otras votaciones, pero con ello se garantizaba indirectamente que la enmienda no iba a prosperar. Análogamente, tras la aceptación de la posición socialista en una cuestión por UCD, 127

ésta podía abstenerse para que no pareciera que se alejaba excesivamente de las posiciones conservadoras de AP, etcétera. Hay que distinguir, pues, al menos tres tomas de posición de un partido o parlamentario individual en una cuestión sometida a votación. En primer lugar, la que correspondería a su preferencia sincera; en segundo lugar, la adoptada estratégicamente tras un acuerdo de intercambio de votos beneficioso para todas las partes pactantes, distinta de la anterior; y, en tercer lugar, la del voto efectivamente otorgado, que puede ser doblemente estratégica (para conseguir un determinado resultado en la votación y para dar una cierta imagen ante otros partidos y ante el electorado) y distinta de las otras dos. En muchos casos, los intercambios no se daban entre posiciones de partido sobre un tema complejo, sino entre aspectos parciales del mismo, de modo que el resultado podía ser un texto equilibrado, pero también una fórmula ambigua o internamente contradictoria destinada a ser objeto con posterioridad de una gran actividad interpretativa por los juristas y el Tribunal Constitucional. En otros casos, el acuerdo conducía a neutralizar las diferentes posiciones y a aplazar la regulación del tema remitiéndola a una ley ordinaria posterior, en cuya elaboración y aprobación no necesariamente intervendrían los mismos grupos ni se reproducirían intercambios de votos parecidos a los del consenso constitucional. Se exponen a continuación, a modo de ejemplos significativos, algunos resultados obtenidos con tales intercambios en distintos momentos del proceso de elaboración de la Constitución.

TEMAS CON PRESIÓN DE LOS PODERES FÁCTICOS

Entre los muchos temas que fueron objeto de intervención de las cúpulas del Ejército y de la Iglesia católica, elegimos como muestra la pena de muerte (artículo 15 de la Constitución) y la ayuda financiera del Estado a la Iglesia (artículo 16). En unas primeras votaciones sobre estos temas realizadas en la Comisión Constitucional del Congreso durante la fase de intercambios entre AP y UCD, la mayor parte de los diputados votó de acuerdo con sus preferencias sinceras. 128

Así, AP, y UCD obtuvieron provisionalmente el mantenimiento de la pena de muerte, frente a la posición sinceramente abolicionista de PSOE, PCE, CDC y PNV. Es posible que en este tema algunos diputados de UCD votaran en contra de sus convicciones, en un voto de intercambio estratégico con el Ejército a través de sus vicarios de AP, aunque no hay duda de que otros diputados de UCD votaron sinceramente a favor del mantenimiento de la, pena capital. Asimismo, AP, UCD, CDC y PNV obtuvieron provisionalmente la satisfacción de una preferencia sincera con la mención expresa de la Iglesia católica como beneficiaria de las ayudas del Estado en el artículo que regula la libertad religiosa, frente al sinceró rechazo de esta mención por el PSOE. En esta votación el PCE votó con el primer grupo, realizando algo parecido a un voto estratégico de favor hacia la Iglesia católica. Por tanto, y en lo que se refiere a estos dos temas, en esta primera fase de voto mayoritariamente sincero, AP y UCD (o al menos una parte de ella) obtuvieron provisionalmente la satisfacción de sus preferencias en los dos temas, CDC y PNV en uno, y PSOE y, PCE en ninguno. En cambio, en otras votaciones posteriores sobre los mismos temas, realizadas durante la fase de intercambio entre UCD y PSOE, UCD votó estratégicamente sobre la pena de muerte y el PSOE se unió al PCE en el voto estratégico sobre la Iglesia católica. De este modo, por una parte PSOE, PCE, CDC y PNV, así como los diputados sinceramente abolicionistas de UCD, consiguieron la abolición de la pena de muerte excepto en el Código militar, con el voto estratégico favorable de los diputados de UCD sinceramente partidarios de la misma.y el voto sincero en contra de AP. (Posteriormente, el texto de este artículo fue modificado en la Comisión Constitucional del Senado y se estableció la abolición excepto en caso de guerra. La aprobación unánime de este nuevo texto fue resultado de un equívoco sobre las posiciones respectivas de los senadores de UCD y del senador militar por designación real, inducido por una maniobra del senador Pere Portabe11a, de la Entesa dels Catalans.) Por otra parte, AP, UCD, CDC y PNV consolidaron el logro 129

de mencionar a la Iglesia católica como beneficiaría de las ayudas estatales, con el voto estratégico a favor de PSOE y PCE. Por lo tanto, en esta segunda fase de voto sofisticado, AP, UCD, CDC y PNV obtuvieron una satisfacción completa de sus preferencias en un tema (eclesial) y parcial en otro (pena de muerte, aunque esta satisfacción parcial era menor para AP y el sector partidario de UCD que para los abolicionistas), mientras PSOE y PCE obtuvieron una satisfacción parcial en un tema (pena de muerte). Con respecto a la primera fase, en las votaciones de esta segunda fase podemos considerar, pues, que cada diputado de AP y de UCD pé'rdió algo menos de un punto en utilidad (ganó una insatisfacción parcial en un tema), y cada diputado de CDC, PNV, PSOE y PCE ganó algo menos de un punto (ganó una satisfacción parcial en un tema). Ponderando las ganancias con el número de diputados de cada partido, en la segunda fase, más sofisticada, la utilidad total parece menor, pero hay un mayor número de partidos que incrementan su satisfacción y disminuyen las desigualdades entre ellos (véase la tabla 11). Estos dos casos se han elegido a modo de ejemplo, ya que en Tabla 11. Intercambio de votos con presión de los «poderes fácticos» Primera votación (mayoritariamente sincera)

Segunda votación (sofisticada)

Abolición pena muerte

Mención a la Iglesia

Abolición con excepciones

Mención a la Iglesia

UCD

SI*

CDC

PNV

PSOE

SI*

PCE

SI*

Resultado:

Nota: * indica voto estratégico

130

realidad el intercambio de votos fue más amplio y la presión de los poderes fácticos influyó en el resultado final de otros temas. Entre éstos, cabe mencionar, en lo que se refiere al Ejército, el mantenimiento de los tribunales de honor militares, no sujetos a la unidad de jurisdicciones (art. 117), y la falta de reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia (art. 30); y en lo que se refiere a la Iglesia, la afirmación de que «todos» (en vez de «las personas») tienen derecho a la vida, como medio de intentar impedir la regulación del aborto (art. 15).

TEMAS CON PREFERENCIAS INTENSAS EN EL EJE IZQUIERDA-DERECHA

Otro grupo de temas, cuyas fórmulas finales fueron casi definitivamente establecidas ya en la ponencia, se refiere a temas económico-sociales. En ellos, y ante la posibilidad de pactos excluyentes entre AP y UCD, socialistas y comunistas realizaron una fuerte presión porque los consideraban prioritarios para su identidad de izquierdas, de modo que en algunos casos consiguieron intercambios de votos con UCD y las consiguientes satisfacciones parciales. Así, con respecto al modelo económico general, por un lado se reconoció «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado» (art. 38), con los votos sinceros favorables de AP, UCD y CDC, la abstención tal vez estratégica del PCE y el voto sincero en contra del PSOE. Por otro lado, en el título VII sobre Economía y Hacienda, se reconoció la iniciativa pública en la actividad económica, la participación ciudadana en los organismos públicos cuya función afecte al bienestar social y la planificación económica gubernamental (arts. 128, 129 y 131), con los votos sinceros favorables de PSOE y PCE y los votos estratégicos favorables de AP, UCD y CDC. Socialistas y comunistas declararon que estos últimos textos habían sido muy importantes para decidir su aceptación global de la Constitución y el PSOE incluso aprovechó la aprobación de los mismos para retirar su voto particular republicano. Con una significación parecida se mantuvieron dos debates paralelos, uno sobre la constitucionalización del derecho de cierre de la empresa por su propietario (art. 37) y otro sobre los límites im131

puestos a la libertad sindical y el derecho de huelga, de los que eran excluidas algunas categorías profesionales como jueces y magistrados (arts. 28 y 127). UCD practicó intercambios de votos con PSOE y PCE en la primera cuestión y con AP en la segunda. De este modo, el cierre patronal, introducido en el primer borrador con el apoyo de AP y UCD, desapareció en el segundo gracias a los votos estratégicos en contra de UCD, y AP no consiguió ya reintroducirlo pese a mantener un voto particular sobre el mismo, a la vez que PSOE, PCE y CDC no consiguieron eliminar las citadas restricciones a la plena libertad sindical (véase tabla. 12). Uno dé los más prolongados temas de debate en todo el proceso, cuya fórmula final sólo se alcanzó en el último tramo, fue la cuestión escolar (art. 27). Por una parte, AP, UCD, CDC y PNV defendían, con el lema «libertad de enseñanza», la escuela privada, incluida la posible confesionalidad de la misma y la dirección de sus actividades por el empresario, en coincidencia con la patronal de las escuelas religiosas que se mostró muy activa en sus presiones. Por otra parte, PSOE y PCE habían sostenido tradicionalmente un programa de escuela pública única y laica. La fórmula finalmente aprobada requirió votos estratégicos de las dos partes: PSOE y PCE aceptaron la constitucionalización de las subvenciones públicas a las Tabla 12. Intercambio de votos en cuestiones sociales Preferencias sinceras

Votación sofisticada

Cierre patronal

Libertad sindical

Cierre patronal

Libertad sindical

UCD

NO*

CDC

PSOE

PCE

Resultado:

Nota: * indica voto estratégico

132

escuelas privadas, a cambio de que los demás partidos renunciaran a incluir la dirección de las escuelas entre las prerrogativas de los propietarios y aceptaran la participación de padres, maestros y eventiaalmente alumnos en la gestión y el control de las mismas (véase tabla 13). Este intercambio dio lugar al llamado «pacto escolar».

TEMAS CON PREFERENCIAS INTENSAS EN EL EJE CENTRALIZACIÓN-DESCENTRALIZACIÓN

Otro grupo de temas se refiere a la distribución territorial del poder, donde las preferencias más intensas eran, por una parte, las de AP, tenaz defensora del Estado unitario, y por otra parte, CDC y PNV, muy interesados en obtener fórmulas particulares de organización institucional para Cataluña y Euskadi respectivamente. •" La discusión ya fue muy viva a propósito del artículo 2, en el que se incluyó, por un lado, la «unidad de España» y, por otro, el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». El término «nacionalidades» resultó particularmente desagradable para AP y para el Ejército y de hecho la redacción final no fue obra de la Tabla 13. Intercambio de votos en la cuestión escolar Preferencias sinceras

Votación sofisticada

Subvenciones a escuelas privadas

Participación de padres y maestros

Subvenciones a escuelas privadas

Participación de padres y maestros

UCD

SI*

CDC

SI*

PSOE

SI*

PCE

SI*

Resultado:

Nota: * indica voto estratégico

133

ponencia sino que llegó a ella en forma de un papel escrito a mano, procedente del palacio de la Moncloa, en el que a los términos citados se habían añadido los de «patria común e indivisible» e «indisoluble unidad de la nación española». El mensajero de UCD que lo llevó hizo observar a los demás ponentes que el texto tenía las «licencias necesarias» y no se podía variar ni una coma del mismo porque respondía a un compromiso literal entre la presidencia del Gobierno y los interlocutores fácticos, intensamente interesados en el tema. Ante ello, el ponente Pérez Llorca se cuadró y, llevándose la mano extendida a la sien, hizo el saludo militar. La discusión más sustantiva tuvo como objeto, sin embargo, el título VIH, sobre la organización territorial del Estado, en el que se daban inicialmente las siguientes preferencias. AP ponía el énfasis en el mantenimiento de las provincias como entidades administrativas y sólo parecía dispuesta a aceptar la posibilidad de algunas mancomunidades regionales de Diputaciones provinciales, como fórmulas de descentralización administrativa, pero sin carácter general. La posición de UCD estaba condicionada por las ambigüedades del pacto que condujo al retorno de Josep Tarradellas como presidente de la Generalidad de Cataluña. Por una parte, estaba tentada de aceptar un trato especial para Cataluña, Euskadi y tal vez Galicia con la esperanza de que, como había sucedido en el caso catalán, no implicara más que un reconocimiento simbólico de las instituciones tradicionales de esas nacionalidades. Por otra parte, el ministro para las Regiones Manuel Clavero había contribuido a impulsar la creación de organismos preautonómicos en todas las regiones con el afán de impedir un trato de favor para aquellas nacionalidades. Algunos políticos centristas temían que esta generalización pudiera desbordar las previsiones iniciales y generar nuevas demandas de autonomía política que redujeran en mayor medida las competencias de las instituciones centrales del Estado. Pero, pese a estas discrepancias internas, en la ponencia constitucional el partido gubernamental se inclinó más bien hacia una generalización de las descentralizaciones administrativas de ámbito regional. CDC y PNV deseaban, como hemos dicho, las máximas compe134

tencias autonómicas para sus nacionalidades, de modo que tanto podían aceptar que el resto del país se organizara con fórmulas de autonomía política, siempre que no fueran iguales a las de Cataluña y Euskadi para institucionalizar «el hecho diferencial», como que lo hiciera con descentralizaciones administrativas. El PCE-PSUC reivindicaba asimismo la autonomía política de las nacionalidades, pero en un marco de redistribución general del poder en el territorio, continuador en cierto modo de la tradición federalista. El PSOE probablemente habría preferido acentuar el sentido igualitario del esquema federal, pero, por influencia de los socialistas catalanes, aceptaba también la legitimidad de la reivindicación autonómica específica de Cataluña, Euskadi y Galicia y se situaba en una posición genéricamente coincidente con la de los comunistas. De acuerdo con las preferencias sinceras aquí expuestas, todas las votaciones en los organismos parlamentarios podrían haber dado como resultado una generalización de la descentralización administrativa, es decir, la imposición del modelo defendido por UCD (véase la tabla 14). Sin embargo, las reiteradas negociaciones y fórmulas de compromiso acabaron llevando a un amplio intercambio de votos entre todos los partidos excepto AP, por el que se estableció un modelo mixto, que de hecho implicaba la superposición de estructuras administrativas incoherentes. En primer lugar, se mantuvieron las provincias, lo cual daba satisfacción a UCD; en segundo lugar, se establecieron distintas vías de acceso a la autonomía para las nacionalidades históricas y para las demás regiones, las cuales comportaban diferentes niveles iniciales de competencias y diferentes plazos para la plena consecución de los máximos previstos, para dar satisfacción a CDC; y en tercer lugar, se optó por la generalización de las autonomías y se previo que al final del proceso todas las comunidades autónomas podrían alcanzar los mismos niveles de competencias y producir un sistema homogéneo e igualitario, con una perspectiva federalizante que daba satisfacción a PSOE y PCE. La aprobación global de esta combinación de propuestas requirió, por un lado, que UCD aceptara estratégicamente unos niveles iniciales de autonomía para las nacionalidades calificadas de históricas que no había aceptado en las negociaciones para el retorno de 135

Tarradellas, a cambio de obtener su prioridad sincera, es decir el mantenimiento de las provincias; y por otro lado, que PSOE y PCE aceptaran estratégicamente las provincias y CDC aceptara igualmente las provincias y además una generalización con horizonte igualitario que reducía la especifidad catalana, a cambio de la autonomía política de las nacionalidades, que para todos ellos era el aspecto principal de la cuestión. Sólo AP persistió en todas sus preferencias sinceras y quedó excluida del acuerdo autonómico, de modo que sus dirigentes han considerado siempre que el título VIII era el peor de la Constitución y, durante algún tiempo, pidieron expresamente su reforma. CDC parece haber sido el partido más beneficiado por el intercambio, ya que obtuvo su objetivo prioritario, la autonomía política, en el tema principal para la definición de su identidad (a lo que luego añadió sus victorias en las elecciones autonómicas de Cataluña, que le han permitido gobernar en esta comunidad durante más de una década). Sin embargo, a la vista de las concesiones estratégicas realizadas por cada partido a partir de sus preferencias sinceras, también es posible comprender que CDC haya mostrado un contento limitado con el modelo constitucional de Estado autonómico y no haya descartado del todo su modificación (véase de nuevo la tabla 14). El PNV no logró, en cambio, satisfacer su objetivo prioritario en el tema que le da identidad. Perjudicado por su ausencia de la ponencia, presentó una y otra vez sus enmiendas para la constitucionalización de «los derechos históricos de los territorios forales», pero no logró que UCD accediera a intercambiar votos sobre este tema y fue derrotado en la Comisión Constitucional del Congreso y en los Plenos del Congreso y del Senado. Sólo en la Comisión Constitucional del Senado logró una votación favorable (por un voto de diferencia y tras repetirse la votación porque un senador se había confundido), al sumar su adhesión los senadores del PSOE, los Progresistas y Socialistas independientes y, gracias a la labor persuasiva de la Entesa deis Catalans, también los senadores reales. Sin embargo, el PSOE, que posiblemente dio en aquella ocasión su voto positivo de un modo doblemente estratégico, confiando en una negativa o abstención de algunos senadores reales que no se produjo, manifestó con posterioridad que con su apoyo a la en136

mienda sólo había intentado «forzar la negociación» y en el Pleno del Senado volvió a abstenerse en todas las votaciones de enmiendas ;ajenas para facilitar, ya sin riesgos, la aprobación de la enmienda de UCD. Hay que aclarar que, a diferencia de lo ocurrido en los intercambios de votos con CDC, el PNV no aceptaba en realidad ninguna fórmula que implicara una perspectiva de igualdad de competencias entre las diversas autonomías ni tan siquiera a medio o largo plazo, y UCD y PSOE, aun aceptando fórmulas fiscales peculiares para Euskadi, no estaban dispuestos a una nueva excepcionalidad jurídica añadida a la ya contemplada para las tres nacionalidades históricas.

VOTOS PARA VOTAR

El más demorado intercambio de votos fue el que tuvo por objeto el sistema electoral (arts. 68 y 69). Como en la discusión de la Ley para la reforma política en las Cortes franquistas, AP seguía apoyando un sistema mayoritario des-

Tabla 14. Intercambio de votos en la cuestión autonómica Preferencias sinceras

Votación sofisticada

Provincias y desc. admtva.

Autonomías particulares

Generalización

Provincias y desc. admtva.

Autonomías particulares

Generalización

UCD

SI*

CDC

SI*

PNV

PSOE

SI*

PCE

SI*

Resultado:

Nota: * indica voto estratégico

137

tinado a primar sobre todo a los partidos con simpatías en las zonas rurales, pero, dada su posición minoritaria, prefería que no se constitucionalizase ningún criterio electoral; todos los partidos procedentes de la oposición antifranquista querían, por su parte, la constitucionalización de un sistema de representación proporcional; y UCD, especialmente beneficiada por las normas electorales que había puesto en vigor en mayo de 1977, no quería incluir ningún criterio claro sobre el tema en la Constitución, sin duda con la intención de prolongar la normativa vigente y en todo caso poder modificarla a conveniencia sin condicionamientos previos. Dada esta diversidad de posturas, la mayoría formada por AP y UCD podría haber impedido que en la Constitución se hablara del tema, pero ello sólo habría aplazado el problema a una ley posterior con respecto a cuyo contenido los dos partidos no habrían coincidido. Los desacuerdos en la Comisión Constitucional del Congreso se mantuvieron, pues, hasta muy tarde y se alteró el orden de discusión de los artículos correspondientes con objeto de dejarla para el final. Como en tantos otros temas, UCD y PSOE protagonizaron el intercambio que acabó imponiéndose, aunque en este caso con mayor oposición de los demás grupos que la habitual. Por un lado, UCD aceptó que en la Constitución se fijaran expresamente unos criterios generales y que éstos fueran de proporcionalidad para el Congreso y, por otro lado, el PSOE aceptó las provincias como circunscripciones electorales y el sistema mayoritario para el Senado. UCD satisfizo, pues, su preferencia en el Senado, que quedó convertido en una cámara disfuncional con la estructura autonómica del Estado, a cambio de un voto estratégico en lo referido al Congreso, y el PSOE satisfizo su preferencia en el Congreso a cambio de votar estratégicamente en lo demás. AP, por un lado, y comunistas y nacionalistas por otro se opusieron; el ponente socialista manifestó que compartía las posiciones de estos últimos, pero votó una vez más de acuerdo con UCD. En realidad, el texto constitucional permitió el mantenimiento del sistema electoral introducido en 1977 por el Gobierno de Adolfo Suárez y su posterior confirmación en la ley electoral de 1985 por el Gobierno de Felipe González, sistema que, como hemos visto en un capítulo anterior, si bien inicialmente había benefi138

ciado en mayor medida a UCD, había beneficiado también al PSOE y perjudicado, en mayor o menor medida, a todos ios demás.

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE Las tomas finales de posición ante el proyecto de Constitución fueron resultado de los intercambios de votos, acuerdos y exclusiones que, a través de algunos temas significativos, hemos mostrado hasta aquí. En primer lugar, vale la pena señalar algo que ya podía deducirse de lo dicho en el capítulo 1 sobre las posibilidades de consenso entre las distintas ordenaciones de preferencias con respecto a la ruptura, la reforma y la continuidad. A medida que avanzaba el consenso entre algunos partidos, más virulenta se presentaba la oposición de los maximalistas, es decir aquellos cuyas ordenaciones de preferencias tienen varios máximos o son convexas hacia abajo (columnas I y VI de la tabla 1), que sentían cómo se producía su exclusión. Así, a lo largo de 1978 tuvo lugar, por un lado, lo que la prensa llamó «la escalada terrorista», protagonizada sobre todo por ETA y también por el grupo marxista revolucionario GRAPO. El 21 de julio de ese año, el mismo día que el Pleno del Congreso de los diputados aprobó la Constitución, ETA atentó por primera vez en su historia contra altos mandos militares en Madrid y, especialmente en los meses de octubre a diciembre, cuando terminaron los trámites parlamentarios y se celebró el referéndum constitucional, prodigó las bombas, secuestros y atentados, con un número récord de muertos en toda su trayectoria anterior y posterior. Por otro lado, se intensificaron también los atentados ultras, incluidos varios contra órganos de prensa favorables a la Constitución. En noviembre, tras la aprobación del texto constitucional por las Cortes y antes del referéndum, por primera vez salió a la luz una conspiración golpista, que fue llamada «Operación Galaxia» (por el nombre de la cafetería en la que se reunían los promotores), en la que habían intervenido jefes y oficiales del Ejército, la Policía armada y la Guardia Civil, con la intención de secuestrar al Gobierno, asesinar a sus responsables y restablecer una dictadura militar. 139

El consenso, por su parte, alcanzó una notable amplitud entre los partidos gradualistas, es decir, aquellos con ordenaciones de preferencias coherentes con la gradación en un eje de mayor a menor radicalidad del cambio o con un solo máximo (véase de nuevo la tabla 1). Así, en las votaciones parlamentarias finales votaron a favor de la Constitución los principales beneficiarios de los intercambios de votos antes expuestos, UCD, PSOE, PCE, CDC, PSP y una parte de AP; se abstuvieron los partidos excluidos de la ponencia y los intercambios posteriores, PNV y ERC, así como otra parte de AP (todos ellos situados en las columnas II, III y IV); y votaron en contra los emparentados con los extraparlamentarios de las columnas I y VI, es decir, por un lado los próximos a la oposición revolucionaria, EE, que daba entonces apoyo a ETA político-militar, y por otro los simpatizantes de los involucionistas, es decir los escindidos de AP y los senadores militares. Coherentemente con lo dicho, en la campaña del referéndum se mostraron a favor de la Constitución, además de los grupos mencionados, los grupos extraparlamentarios de la antigua oposición democrática, es decir los democristianos y liberales no integrados en UCD y los comunistas disidentes de ORT y PTE (todos ellos situados en la columna II); y en contra, por un lado, los grupos de la oposición revolucionaria LCR y Herri Batasuna (columna I), y por otro los involucionistas de Fuerza Nueva y FE de las JONS, así como algunos obispos (columna VI). Los grupos que estuvieron a favor del sí a la Constitución habían obtenido en las elecciones de 1977 un apoyo electoral del 65,9 % del censo y obtuvieron tres meses después del referéndum, en las elecciones de 1979, un apoyo del 55,2 %. Los votos favorables a la Constitución en el referéndum de diciembre de 1978 estuvieron entre esas dos cifras, en el 59 % de los electores legalmente registrados. Solamente un 5,2 % votó «no». Sólo en Euskadi, especialmente afectado por la exclusión del PNV y EE del consenso constitucional, no venció el sí: la Constitución obtuvo el apoyo de alrededor de un 30 % del censo (casi igual al apoyo obtenido en esa comunidad por los partidos constitucionalistas en las elecciones), mientras se registraba una mayoritaria abstención. En el marco general de la transición española, la mutua acepta140

ción parcial de posiciones políticas de la antigua oposición democrática y de los reformistas de UCD vino a suplir el juego cooperativo de interacción entre estos dos jugadores que, como hemos visto anteriormente, no llegó a tener lugar antes de las elecciones de 1977. La frustrada negociación para la ruptura pactada fue sustituida así por el consenso nocturno en la elaboración de la Constitución. De este modo, en una tercera fase de la elección colectiva entre R, r y C, mediante los encuentros entre los reformistas y la oposición democrática, a costa de los continuistas, se acabaron imponiendo los objetivos básicos del programa de ruptura. En palabras de Miquel Roca, que de un modo u otro hicieron suyas todos los partidos de la antigua oposición democrática: «No hemos ido desde la ruptura a la Constitución, sino que por la vía de la Constitución simultanearemos un proceso de reforma con una meta de ruptura.» En una visión histórica más amplia, los resultados de las votaciones parlamentarias y el referéndum han permitido decir que la Constitución de 1978 es la que ha contado con un apoyo más amplio en toda la historia contemporánea de España. Al mismo tiempo, y precisamente porque ese apoyo se basa en satisfacciones parciales más ampliamente repartidas pero con menos valor total, es probablemente una de las que menos pasiones y entusiasmos provoca entre quienes le conceden legitimidad.

141

10. ¡EN NOMBRE DEL REY!

La estrategia golpista del 23 de febrero de 1981 fue resultado de la confluencia y articulación de diversas conspiraciones civiles y militares. Entre los nutridores del golpismo se encontraban los siguientes grupos, cuya dinámica hemos visto en anteriores capítulos sobre la transición. En lo que se refiere a sectores civiles, por una parte, los ultras o involucionistas y, por otra, los franquistas continuistas que habían pactado la reforma con Suárez y se sentían engañados por los ulteriores pactos de éste con la oposición democrática, especialmente por la legalización de los comunistas, la puesta en marcha del Estado de las autonomías y la aprobación de la Constitución. En lo que respecta a militares, había funcionarios de la guerra con opiniones políticas asimilables a las de los grupos civiles señalados y, en particular, algunos guardias civiles y policías nacionales espoleados en su maximalismo por los continuos atentados de ETA y otros grupos de la oposición revolucionaria de que eran víctimas, así como algunos generales que habían pactado con Suárez una democracia limitada y se habían visto burlados posteriormente por las medidas del Gobierno del que era vicepresidente Gutiérrez Mellado. Había, pues, por un lado, una dinámica de excluidos del consenso (columna VI de la tabla 1), complementaria en cierto modo de la de los grupos maximalistas del otro extremo del arco de opinión (columna I), y por otro lado, una dinámica de franquistas (columna V) que habían participado inicialmente del consenso con los reformistas (columna III) y en algunos casos incluso se habían in142

corporado temporalmente a la acción de los aperturistas (columna IV), pero habían sido marginados posteriormente por el consenso rupturista entre los reformistas y la oposición (columnas III y II). En términos más descriptivos y por orden cronológico de aparición, podemos distinguir las siguientes líneas de conspiración. Por una parte, un grupo de generales, entre los cuales se encuentran De Santiago, Pita da Veiga, Alvarez Arenas, Iniesta y Colonia Gallegos, ya citados anteriormente por sus disidencias con el reformismo del Gobierno Suárez, y Jaime Milans del Bosch, teniente general de gran prestigio entre sus compañeros, que, tras una reunión en Játiva en septiembre de 1977, denuncian «la inadmisible política separatista, orquestada por unos políticos que vienen a hacer tabla rasa del pasado régimen de Franco» y acuerdan proponer al rey Juan Carlos un Gobierno de salvación nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y presidido por un teniente general. Paralelamente, un grupo de políticos civiles, entre quienes están los también citados continuistas Carlos Arias, Fernández de la Mora y Silva y algunos ultras como Girón, que ya en octubre de 1977 trazan un 'plan llamado nada menos que «Los cien mil de San Luis» destinado a dar apoyo a un previsible golpe militar. Asimismo, existe la tentativa del entonces jefe de la División Acorazada Brunete (DAC), general Luis Torres Rojas, de tomar el palacio de la Moncloa, secuestrar al Gobierno y nombrar uno nuevo presidido por el general Vega, plan que es desbaratado en enero de 1980. La mayor parte de todos estos grupos se coordinan, bajo la cabeza visible del teniente general Milans del Bosch, y se expresan desde noviembre de 1980 a través del colectivo «Almendros» en las páginas del diario «El Alcázar». Su plan inicial es dar un golpe «duro» sacando los tanques a la ¡calle e instaurando un Gobierno militar, al estilo del que había tenido lugar en Turquía en aquellas mismas fechas, y prevén inicialmente la acción para el 2 de mayo de 1981. Por otra parte, existe la actividad de un grupo de coroneles y tenientes coroneles, que empiezan a conspirar en octubre de 1980 para dar un golpe propio avanzándose al de los generales, al estilo del que acabó con la monarquía en Grecia en 1967. Persiste asimismo la incesante labor conspirativa de algunos jefes de la Policía y la Guardia Civil, como el teniente coronel Antonio Tejero, que ya había organizado la «Operación Galaxia», orientada a ocupar el pa143

lacio de la Moncloa y detener al Gobierno, desarbolada en vísperas de la aprobación de la Constitución. Tras cumplir una levísima pena de prisión, Tejero contacta en junio de 1980 con Milans del Bosch y éste le encarga que prepare otro asalto a mano armada, esta vez al palacio del Congreso de los diputados. Tejero se inspira para esta acción en el golpe del general Pavía contra la primera República española en 1873 y en el golpe de las guerrillas sandinistas dirigidas por Edén Pastora en Nicaragua en 1979. Desea la disolución de las Cortes y la formación de una Junta militar presidida por Milans, pero éste pretende que el asalto al Congreso no sea más que un «detonante» de una operación más compleja. El tercer componente son los planes de formación de un Gobierno de gestión, presidido por un militar pero con acuerdo de los principales partidos parlamentarios, para superar la crisis interna que está descomponiendo al partido gubernamental UCD. A lo largo de 1980 surgen varias iniciativas en este sentido con diversos candidatos para encabezar la operación: Alfonso Osorio, antiguo vicepresidente de Suárez convertido en diputado de CD, que es comandante jurídico militar; Jesús González del Yerro, capitán general de Canarias; y sobre todo el general Alfonso Armada, antiguo preceptor del príncipe Juan Carlos y ex jefe de la Secretaría de la Casa del Rey, que asume efectivamente el liderazgo. Armada conecta con políticos de CD, UCD, PSOE, CiU y PCE (así como con Josep Tarradellas), insinuándoles sus ambiciones: consigue, frente a la oposición de Suárez y Gutiérrez Mellado, ser nombrado segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, a propuesta del jefe del mismo, José Gabeiras, en quien se ha centralizado la dependencia de los capitanes generales; y el 6 de febrero de 1981 mantiene una entrevista privada con el rey Juan Carlos en la estación de esquí de Baqueira, en la que le sugiere veladamente su plan, así como otros contactos posteriores. Armada pretende la formación de un Gobierno de unión nacional, presidido por él y formalmente no contrario a la letra de la Constitución, inspirándose en el golpe «blando» del general De Gaulle en 1958 contra la IV República francesa. El 10 de enero de 1981 Milans y Armada se ponen de acuerdo en reconducir el golpe «duro», adelantándose al mismo, y trazan un plan conjunto hacia un golpe «blando» que ha de culminar el 21 de marzo. Al cabo de ocho días, Milans se reúne en Madrid con Te144

jero, Torres Rojas y otros mandos y, en las semanas siguientes, contacta con capitanes generales y diversos conspiradores civiles y militares. Sin embargo, Adolfo Suárez, alertado del malestar militar por el propio rey Juan Carlos, trata de evitar el golpe dimitiendo como jefe del Gobierno el 29 de enero para evitar «que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España», y designa un sucesor de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, que se dispone a someterse inmediatamente a una sesión de investidura de las Cortes. ... A partir de este momento, los planes golpistas se aceleran. El 1 de febrero, el colectivo «Almendros» escribe en el diario que le sirve de portavoz: «Hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones: el Rey y las Fuerzas Armadas. Se inicia la cuenta atrás.» Milans ve con recelo el previsible nombramiento de Calvo Sotelo, que podría retrasar su previsión de golpe «blando»; Tejero se impacienta y, al parecer, es presionado (o tal vez provocado) por el comandante Cortina, de los servicios militares de información (CESID); y ante la coyuntura de tener a las Cortes y el Gobierno reunidos para la votación de investidura del nuevo candidato ucedista a presidente, se acuerda en apenas cuarenta y ocho horas, y por tanto con bastante improvisación, dar el golpe el 23 de febrero. El plan es el siguiente: Detonante: Tejero y sus guardias civiles ocupan el Congreso de los diputados. Pronunciamiento: Milans del Bosch en la III región militar, Valencia, declara el estado de excepción, saca los tanques a la calle, e invita a sumarse al movimiento a los demás capitanes generales en lo que concibe como una «operación dominó». En Madrid, donde el capitán general Guillermo Quintana Lacaci parece fielmente constitucionalista, la DAC, bajo la dirección de su ex jefe Torres Rojas, trasladado expresamente para la ocasión, ocupa la ciudad y especialmente los centros de comunicación y refuerza y releva en el Congreso a las fuerzas armadas de Tejero. Culminación: Armada se ofrece al rey Juan Carlos a encontrar una salida a la sublevación militar y, en nombre del rey, se presenta en el Congreso, donde el anterior presidente está dimitido y el nuevo aún no ha sido nombrado, y, ante el «vacío de poder», pro145

pone que los diputados le nombren a él jefe del Gobierno. En las jornadas preparatorias del golpe, Tejero recibe esta advertencia o instrucción: «No te extrañes si, al entrar la autoridad militar en el hemiciclo, se levanta el portavoz de algún grupo parlamentario, acallando a los demás y diciéndoles que lo que está ocurriendo allí es necesario y hay que aceptar la propuesta que se les va a hacer.» El plan es, pues, una combinación de aspectos parciales de varios modelos: primero, el golpe de Pavía o nicaragüense, utilizado como detonante; segundo, una variante del pronunciamiento al modo español decimonónico, incluido el golpe del general Primo de Rivera de 1923 aceptado por el rey Alfonso XIII, y el golpe duro a la turca, contemplada como movimiento de presión ante el rey Juan Carlos; y tercero, el golpe blando a lo De Gaulle, ofrecido como salida institucional. Como resultado, Armada sería presidente del Gobierno, y Milans, presidente de la Junta de jefes de Estado Mayor, máximo cargo militar, a partir de lo cual se procedería a una reforma constitucional antiautonomista, se reforzaría la moderación del sistema de partidos y el Ejército tomaría a su cargo la represión antiterrorista (véase un diagrama del plan en la figura 6). La clave del éxito reside, por una parte, en el comportamiento de los capitanes generales, un número reducido de personas que, dada la organización territorial del mando, pueden controlar todas las fuerzas armadas, y, por otra parte, en el comportamiento del rey. Milans y Armada han sondeado a unos y otro, no les han confesado

Figura 6. Plan del golpe de Estado del 23-F Detonante

146

Golpe duro

Golpe blando

expresamente su plan y por tanto no cuentan con el apoyo explícito de casi ninguno de ellos, pero creen interpretar correctamente sus inquietudes y preferencias y prevén que, en sucesivos momentos, se sumarán a la acción. Para conseguirlo tienen que hacer explotar el detonante y dar el golpe duro «en nombre del rey», con la expectativa de provocar así la «operación dominó» de pronunciamiento de los Capitanes generales, y ofrecer luego al rey el hecho consumado del pronunciamiento militar para que éste lo acepte. Hay, por tanto, en el plan una ineludible interacción entre los capitanes generales y el rey —representada por las dos flechas gruesas y verticales de la figura 6-, cuyos matices serán decisivos para el desenlace final.

EL GOLPE IMAGINARIO

Ante los capitanes generales se va a presentar, pues, la alternativa de dar el golpe (es decir, sumarse a la declaración de estado de excepción inicialmente dictada por Milans) o no darlo. Tras las consultas realizadas, Milans puede observar, con buen tino, que muchos comparten el malestar con el proceso político, pero prácticamente ninguno quiere el golpe a toda costa, y que todos ellos ponen en primer lugar la lealtad al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el rey Juan Carlos. Como tantos otros jefes militares, muchos capitanes generales ven a Juan Carlos como el «sucesor del Caudillo», estiman positivamente su formación en las academias militares y sitúan la obediencia al mismo por encima del acatamiento a la Constitución. Cabe suponer, por tanto, que su primera preferencia es sumarse a un golpe bajo las órdenes del rey y mantener a éste en su puesto de máximo jefe militar y civil. Sin embargo, en caso de que el rey se opusiera al golpe, preferirían no darlo a darlo contra él, probablemente por el peligro de enfrentamiento civil que esto último conllevaría y la voluntad de no repetir una tragedia como la de 1936-1939, aunque la mayoría de ellos la hubiera vivido entonces heroicamente y como fuente de orgullo personal posterior. La última preferencia es, obviamente, la situación algo ridicula de abstenerse de dar el golpe mientras el rey lo propicia o lo alienta. 147

Contemplados los hechos retrospectivamente, esta ordenación de preferencias parece ser válida para la mayoría de los capitanes generales, aunque probablemente cada uno de ellos diera prelación a una hipótesis con respecto a la siguiente con diferente intensidad. Sólo de los comportamientos reales de cuatro de los once capitanes generales —los de las Regiones militares I y de IX a XI, aunque con las reservas que expondremos más adelante en relación con alguno de ellos— se pueden inducir con cierta claridad ordenaciones de preferencias diferentes. En los otros siete -los de las Regiones II a VIII—, las preferencias reveladas por sus actos no contradicen las que formulamos aquí (véase tabla 15). Donde la observación empírica contradice en parte lo que parecen haber sido las conjeturas de Armada es en la ordenación de preferencias del rey Juan Carlos. Su antiguo preceptor ve en el rey un sincero deseo constitucionalista, del que cabe colegir que su primera preferencia es que ni él ni los capitanes generales den ningún golpe, pero imagina que pondría el acuerdo con éstos por delante de la confrontación con los mismos, aunque fuera en torno a un golpe de iniciativa ajena a cuya aceptación se viera empujado. Cabe concebir esta ordenación de preferencias del rey como verosímil por un comprensible temor del monarca a perder el trono a manos militares, por una actitud de reciprocidad con respecto a la lealtad de los jefes militares y hasta por algunos precedentes de comportamiento familiar, incluido el de su abuelo Alfonso XIII ante el golpe militar del 1923.

Tabla 15. I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. IX. X. XI.

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Capitanes generales de las Regiones militares en febrero de 1981

Madrid. Guillermo Quintana Lacaci Sevilla. Pedro Merry Gordon Valencia. Jaime Milans del Bosch Barcelona. Antonio Pascual Galmés Zaragoza. Antonio Elícegui Prieto Burgos. Luis Polanco Mejorada Valladolid. Ángel Campano López La Coruña. Fernández Posse Granada. Rafael Delgado Gómez Baleares. De la Torre Pascal Canarias. Jesús González del Yerro.

La última preferencia del rey es, obviamente, la misma que los capitanes generales: el equívoco de propiciar el golpe mientras éstos se mantienen en una actitud constitucional. Así pues, de acuerdo con lo que parecen haber sido los cálculos más o menos razonables de Milans y Armada sobre las preferencias de los capitanes generales y del rey, podemos formular el siguiente esquema: Preferencias del rey Juan Carlos:

Preferencias de los capitanes generales: Capitanes generales

Rey

Valor ordinal

Capitanes generales

Rey

Valor ordinal

golpe no golpe no

golpe no no golpe

4 3 2 1

no golpe golpe no

no golpe no golpe

4 3 2 1

La interacción se r e p r e s e n t a en la siguiente matriz: Rey no

golpe

3 golpe 4

Capitanes generales

2 4

1 no 1

El juego resultante es el que se conoce en la teoría con el nombre, algo pintoresco, de Batalla de los sexos. En él pueden darse dos equilibrios: los correspondientes a las casillas superior izquierda (con los valores 4, 3) e inferior derecha (con los valores 3, 4), que no son indiferentes para los dos jugadores ni intercambiables, ya que un jugador, el situado a la izquierda, prefiere el equilibrio con valores 4, 3 y el otro, el situado arriba, el equilibrio con valores 3, 4. Es decir, los capitanes generales prefieren un golpe monárquico con apoyo del rey, mientras éste desearía que todos se abstuvieran de tal actividad. 149

El decantamiento hacia uno u otro resultado de equilibrio depende de la coordinación de movimientos, basada por ejemplo en las promesas y amenazas entre los jugadores. Cuando el juego se repite más de una vez, cabe la alternancia —y de ahí el ejemplo que da nombre al juego, en el que una pareja de personas de distinto sexo que desean salir juntas, pero él prefiere el cine y ella el teatro, optan por ir una vez a cada sitio. Pero en un caso como un golpe de Estado, parece lógico pensar que el plazo para poder repetir el juego tras un primer desenlace es más bien demorado, por lo que cada jugador tratará de conseguir su resultado preferido en cada ocasión. El objetivo golpista de Armada de alcanzar un resultado situado en la casilla superior izquierda sólo podía conseguirse, pues, mediante un sutil juego de control y suministro de información a cada uno de los jugadores sobre las preferencias y estrategias del otro. Primero, Armada tenía que decir a los capitanes generales (incluido el propio Milans) que el rey Juan Carlos le había manifestado privadamente, en su entrevista en Baqueira, su sintonía con las inquietudes militares, de modo que los capitanes generales se sumaran al golpe creyendo hacerlo «en nombre del rey». Segundo, una vez explotado el detonante y dado, mediante este equívoco, el golpe duro, podría presentar al rey la estrategia golpista de los capitanes generales, de modo que Juan Carlos eligiera aceptarla como su segunda mejor solución. Los acontecimientos protagonizados por aquellos que formaban parte del plan inicial del golpe concuerdan con este cálculo. A las 18,20 horas del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los diputados, seguido por cerca de trescientos guardias civiles, gritando: «¡En nombre del Rey!» Al entrar en el hemiciclo donde los diputados estaban votando la investidura de Calvo Sotelo y subir a la tribuna dijo: «¡Vengo en nombre del Rey y del teniente general Milans del Bosch!» Tras unas ráfagas de metralleta contra el techo al grito de «¡Todos el suelo!» para atemorizar a los diputados, un capitán anunció por el micrófono que, en un plazo máximo de media hora, se presentaría «la autoridad competente, militar por supuesto»; sin embargo, este anuncio sólo pretendía dar una apariencia de golpe previamente muy organizado, ya que Milans, Armada y el propio Tejero se habían concedido un plazo de dos horas para conseguir el «efecto dominó», es decir, la 150

incorporación de los capitanes generales a la operación. Los ocupantes del Congreso expusieron sus objetivos en un manifiesto destinado a ser publicado en la prensa —que no llegó a ver la luzcomo un rechazo de «las autonomías separatistas» y «la impunidad de los asesinos terroristas», al tiempo que «aceptan y respetan al Rey, al que quieren ver al frente de los destinos de la Patria, respaldado por sus Fuerzas Armadas». Milans del Bosch declaró el estado de excepción en Valencia con un bando en el que justificaba la medida por «el vacío de poder» creado por la ocupación del Congreso y «en tanto no se reciban las correspondientes instrucciones que dicte Su Majestad el Rey» y que terminaba «con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España!», texto que fue leído cada media hora por radio. Puso en marcha la alerta-3 de la operación Diana en su región y la operación Turia en la ciudad de Valencia, con movilización de más de tres mil hombres armados, vehículos y carros de combate. Inmediatamente mandó un télex a todos los capitanes generales e hizo una primera ronda de llamadas telefónicas informándoles de su decisión y buscando su adhesión por empatia, subrayando siempre el acuerdo del rey. Más tarde, en una segunda ronda de llamadas les ofreció la «solución Armada» para «evitar una masacre en el Congreso» y «la división del Ejército», añadiendo: «Te juro por mi honor que es por el Rey.» En la División Acorazada Brunete, en Madrid, el general Torres Rojas y otros jefes y oficiales pusieron en marcha la alerta-2 de la operación Diana, señalando asimismo que la dirección correspondía al general Armada, bajo las órdenes del rey. Inicialmente, el jefe de la división, el general José Juste, permaneció pasivo ante tal movilización y sólo reaccionó en contra y anuló parcialmente las órdenes dadas cuando llamó por teléfono al palacio real en La Zarzuela y, a la pregunta de si estaba ahí Alfonso Armada, obtuvo de Sabino Fernández Campo, sustituto de Armada como jefe de la Secretaría de la Casa del Rey, la respuesta de «no está ni se le espera». No pudo evitar, sin embargo, que fuerzas del regimiento de caballería de Villaviciosa 14 ocuparan temporalmente Radio Nacional y Televisión Española, interrumpiendo la programación informativa e imponiendo la emisión de música militar y películas de supuesto humor respectivamente, así como que el comandante Pardo Zancada se 151

uniera a Tejero en el Congreso al mando de fuerzas de la Policía Nacional, al grito de «¡Vengo aquí por orden del Rey!», coreado por varios guardias civiles con vivas a España, el Ejército y el Rey. El jefe de Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, de quien dependían organizativamente, como hemos dicho, todas las Regiones militares, estuvo reunido con su segundo el general Armada y un grupo de treinta y cinco mandos militares en el Cuartel General del Ejército. Desde allí realizó otra ronda de llamadas a los capitanes generales a quienes, ante la información difundida por Milans sobre el acuerdo real, les propuso hablar directamente con el rey. También Armada llamó a los capitanes generales y al teniente general Ignacio Alfaro, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), reunida en otro lugar, para informarles de su oferta de ser nombrado presidente. Tras ello, Gabeiras accedió a que Armada fuera al Congreso a proponer una «fórmula constitucional» que obtuviera el acuerdo de los diputados, una «fórmula hábil», según dijo Armada a los demás reunidos, que sería un Gobierno presidido por él. Al llamar a La Zarzuela para informar de la iniciativa, el rey le expresó su total desacuerdo, diciéndole, entre otras cosas: «Alfonso, ¿te has vuelto loco?» Sin embargo, Gabeiras llamó a Milans para obtener la contraseña que Armada necesitaba para entrar en el Congreso y dijo a los presentes: «¡Pueden irse ustedes a sus casas! Esto está en vías de solución.» Armada expuso su plan a los jefes de la Guardia Civil, general José Aramburu, y de la Policía Nacional, general José Sáenz de Santamaría, apostados en el Hotel Palace, delante del palacio del Congreso, quienes le acompañaron hasta la puerta del mismo. Armada dio la contraseña y entró. Mientras tanto, Milans esperaba el apoyo inicial de cinco capitanes generales «si el rey respalda» y la neutralidad de otros tres. Tejero anunció a los diputados que, además de la III Región militar, al mando de Milans, se habían unido al alzamiento la II, la IV y la V; Armada mencionó la II, la V y la VII y un ayudante suyo dijo que en total eran siete las Capitanías con las que ya se podía contar. En efecto, en un plazo inferior a una hora tras la ocupación del Congreso por los guardias civiles de Tejero y tras la primera ronda de llamadas de Milans, los capitanes generales de cuatro Regiones militares: Pedro Merry Gordon, de la.II, Antonio Pascual Galmés, de la IV, Antonio Elícegui, de la V, y Ángel Campano, de la VII, ini152

ciaron los movimientos de alerta-2 de la operación Diana, mientras que los capitanes generales de la VI Región, Luis Polanco, y de la VIII, Fernández Posse, acuartelaron a las tropas. Merry Gordon habló hasta cinco veces con Milans y varias con Armada y trató de tomar el mando de las fuerzas de orden público de Sevilla prescindiendo del gobernador civil. En la región de Valladolid hubo arengas en los cuarteles, municionamiento de tropas en los vehículos y movimientos de blindados. Otros movimientos se produjeron en diversos puntos por iniciativa de varios gobernadores militares y jefes de la Policía y la Guardia Civil. El capitán general Pascual Galmés dijo a Armada en una de sus comunicaciones: «¡Alfonso! ¡Leña al mono! Aquí hay que arreglar como sea el tema del Congreso. ¡Tú, tira para "alante"!», tras lo cual llamó por teléfono al presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, y le dijo: «Todo se va a solucionar. El general Armada va ahora mismo hacia el Congreso a proponerse presidente de un nuevo Gobierno de amplia coalición.» En el interior del Congreso, el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado, y los dirigentes de UCD Agustín Rodríguez Sahagún, del PSOE Felipe González y Alfonso Guerra, y del PCE Santiago Carrillo, fueron sacados del hemiciclo y llevados a una habitación aparte. El diputado comunista Ramón Tamames escribió que «mi primera impresión -creo que como la de muchos otros— fue la de que podía tratarse de una reunión con los representantes del "Gobierno militar", tal vez con la intención de pactar el golpe de Estado o de informar sobre sus inmediatas consecuencias». El ex vicepresidente del Gobierno y diputado de CD Alfonso Osorio dijo a Manuel Fraga, que había podido permanecer en el hemiciclo: «Manolo, baja y habla con Tejero: ¡dile que llame a Armada!», cosa que Fraga no hizo hasta bastantes horas más tarde.

EL GOLPE REAL

Sin embargo, el cálculo que atribuimos a Armada falló en lo que se refería a las preferencias del rey. De las experiencias de su abuelo Alfonso XIII y de su cuñado Constantino de Grecia, Juan Carlos podía haber extraído la conclusión, coincidente con el supuesto del golpe imaginario de Armada, 153

de que apoyando el golpe conservaría el poder. Pero probablemente Juan Carlos también había reflexionado que era un modo de conservarlo poco tiempo, ya que tanto la dictadura de Primo de Rivera como la de los coroneles griegos fueron sucedidas por repúblicas al cabo de ocho años. La legitimidad franquista y la legitimidad hereditaria o tradicional que el rey podía conservar apoyando un golpe militar eran, al menos en el último cuarto del siglo XX, relativamente débiles en comparación con la legitimidad constitucional perdida con aquel apoyo. Por ello, Juan Carlos podía pensar que si se oponía al, golpe y era derrocado por los militares, tenía poco que perder —tal vez algo así como unos ocho años de mandato—, mientras que si se oponía al golpe y ganaba, perdería la legitimidad franquista, pero podía tener mucho que ganar: conservar la legitimidad tradicional, confirmar la legitimidad constitucional y quizá añadirles una legitimidad carismática que podrían permitirle asentar su reinado de por vida. Mediante un cálculo de este tipo o a través de otras consideraciones, el rey había adoptado una ordenación de preferencias en la que era prioritario que no hubiera golpe, y mejor que en el golpe o en su abstención el rey actuara de acuerdo con los capitanes generales. Formalizamos, pues, esta ordenación del siguiente modo, en el que se altera el orden de la segunda y la tercera preferencias en relación con lo supuesto en el golpe imaginario de Armada. Preferencias del rey Juan Carlos: Capitanes generales

Rey

Valor ordinal

no golpe golpe no

no no golpe golpe

4 3 2 1

Como resultado de la interacción entre esta ordenación de preferencias real del rey y la ya presentada de los capitanes generales, en la que no es necesario introducir cambios en relación con lo supuesto en el golpe imaginario de Milans y Armada, obtenemos la siguiente matriz: 154

Rey golpe

golpe 4 Capitanes generales

2 1

no 1

En este juego los capitanes generales no tienen una estrategia dominante, pero el rey sí la tiene: oponerse al golpe. Puede comprobarse fácilmente que en cualquier hipótesis de comportamiento de los capitanes generales, el rey obtiene mejores resultados si se opone al golpe. Ante esta estrategia dominante del rey, que sitúa los resultados esperables en la columna derecha, la estrategia que produce mejor resultado a los capitanes generales es no sumarse al golpe, de modo que se obtiene un equilibrio en la casilla inferior derecha, cuyos valores son 3, 4. En éste, el rey satisface su primera preferencia, pero los capitanes generales, que sólo satisfacen su segunda preferencia, ya que habrían estado mejor con un golpe apoyado por el rey, no tienen interés en alterar unilateralmente su elección, por lo que el resultado es estable. Ciertamente, los capitanes generales pueden amenazar con dar el golpe para arrastrar al rey a la casilla superior izquierda, cuyos valores son 4, 2, pero el rey puede contestar manteniéndose decididamente en contra, de modo que se obtenga el resultado simbolizado por la casilla superior derecha, con valores 2, 3, ante lo cual los capitanes generales optan lógicamente por volver a la abstención y devuelven el equilibrio a la casilla inferior derecha, en la que los valores son superiores para los dos. Este juego de mutuas amenazas, veladas o explícitas, tenía que consumir sin duda más de la escasa media hora que había anunciado el capitán que habló por el micrófono del hemiciclo del Congreso. Tal vez podía haberse desarrollado en las dos horas que, a partir de un esquema distinto de interacción de preferencias, Milans y Armada habían calculado para su «efecto dominó». Pero al parecer requirió aún más tiempo. 155

Primero fue la ronda de llamadas telefónicas del rey a los capitanes generales, que completó antes de las 20 horas, preguntándoles uno a uno: «¿Estás conmigo? ¿Puedo contar con tu lealtad?» Sólo uno de los once capitanes generales, el teniente general González del Yerro, tuvo la iniciativa de llamar él mismo al rey condenando el golpe y ofreciéndole su apoyo. A todos, así como a la JUJEM y a la junta de subsecretarios improvisada como Gobierno provisional, bajo la presidencia de Francisco Laína, Juan Carlos les aclaró que «se está utilizando mi nombre en falso. Yo no he autorizado nada a nadie», mensaje que confirmó a los capitanes generales con un télex unas horas después. Hacia las 21,45 horas, dio la negativa ya mencionada a la oferta de Armada de dirigirse al Congreso en su nombre, gritando por teléfono: «¡Ni parlamentos, ni negociaciones, ni recados de mi parte! ¡Yo doy órdenes! Y ahora no hay más orden que restablecer la vía constitucional. No hay otra dirección.» A las 23,35 horas, mientras Armada se dirigía a pesar de todo al Congreso, grabó un mensaje para ser emitido por televisión, en el que hacía pública la orden cursada a los capitanes generales para evitar toda medida contraria al mantenimiento del «orden constitucional dentro de la legalidad vigente», el cual apareció en las pantallas casi dos horas después. Tras su emisión, reiteró por teléfono a Milans que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey: es contra el Rey», a lo que añadió: «Te juro, Jaime, que yo no abdico ni me voy. No puedo ni quiero ni voy a apoyar un golpe de Estado, por mucho que me digas que esto lo dicta vuestro amor a España. Estoy contra el golpe y el golpe es sin mí y contra mí. Y si queréis otra cosa, no podréis contar conmigo. ¡Tendréis que fusilarme!». Confirmó el mensaje y la orden de retirada de las fuerzas movilizadas con un télex a las 2,30 horas de la madrugada del martes día 24. A pesar de todo ello, Milans y Armada persistieron en su actitud de rebelión. Armada se encontró, sin embargo, con una actitud adversa de Tejero, que no había podido ser relevado por fuerzas de la DAC según el plan previsto y que probablemente no esperaba encontrarle como la «autoridad competente». Armada le anunció que iba a proponer un Gobierno presidido por él con acuerdo de los parlamentarios, pero que actuaba «a título personal», sin el respaldo del rey, y que Tejero debía exiliarse tomando un avión que estaba esperándole con los motores en marcha en el aeropuerto militar 156

de Getafe. A ello Tejero opuso su negativa a marcharse y su deseo de que se formara un Gobierno militar que ilegalizara a los partidos marxistas y disolviera las autonomías. La mediación telefónica de Miláns no convenció al teniente coronel de la Guardia Civil de que aceptara su instrumentalización para el golpe blando. Armada llegó a proponer un cambio en su plan: que se formara un Gobierno militar, como quería Tejero, pero presidido por el propio general, ante lo cual el teniente coronel respondió con desprecio: «¡Este lo que quiere es una poltrona!» Contemplado desde la expectativa de un rey más propenso al acuerdo con los jefes militares golpistas, el descubrimiento de la realidad de un Armada sin apoyo real propiciaba este comentario telefónico de Tejero a Milans: «A mí todo esto me empieza a oler a traición, a nosotros desde arriba [el rey], o al Rey y a nosotros». Tras una hora de vana tentativa, Armada salió del Congreso y, al enterarse del mensaje televisivo de Juan Carlos, comentó: «El Rey se ha equivocado. Es una cuestión militar que debemos solucionar los militares.» Con estas palabras Armada confesaba implícitamente un error de cálculo inicial con respecto al rey, que tal vez quiso compensar mediante una especie de rectificación sobre la marcha hacia un golpe duro contra el rey. De hecho Milans estuvo tratando de convencer a Tejero de que aceptara a Armada hasta las 4,30 de la madrugada, mucho después de que el rey le hubiera reiterado su rotunda oposición al golpe. Pero hacia las 5 se rindió. Parece, pues, claro que, si hubiera contado con el apoyo del rey, el golpe habría triunfado. No funcionó del modo esperado por los conspiradores la interacción entre el rey y los capitanes generales, de modo que la oferta de golpe blando que Armada trató pese a todo de dar no fue resultado de una designación real —a diferencia de lo que se preveía en el plan inicial, representado en la figura 6—. Sin la flecha situada a la derecha, que simboliza el empuje del rey Juan Carlos a Armada, la presentación de éste en el Congreso, simbolizada por la línea de puntos que le sigue, tenía una fuerza insuficiente. A ello hay que añadir el maximalismo de Tejero, a quien Milans preveía utilizar como detonante para prescindir después de él. Pero el hecho de que Tejero no hubiera sido relevado por fuerzas de la DAC, como el plan inicial preveía, fue también un resultado de la acción desmovilizadora realizada por el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana, y el jefe de la división, general Juste, a quienes llegó temprana157

mente la influencia decisiva del rey. Así pues, sin apoyo del rey y con su iniciativa desautorizadora, el golpe fracasó. Excepto Milans, ningún general o alto mando militar tomó la iniciativa de invitar al rey a ponerse al frente del golpe, pero ante su negativa todos permanecieron durante largo rato en la ambigüedad y a la espera. Es digno de observar que el propio Juste estuvo pasivo e indeciso hasta que conoció el desacuerdo del rey con el golpe, ya que, según dijo, «esto aclara las cosas», mientras que —hay que suponercon el rey de acuerdo, la acción golpista no le habría merecido un claro rechazo. El propio capitán general Quintana, a quien Milans ni tan siquiera había considerado como susceptible de unirse al golpe, manifestó un tiempo después: «Si aquel día el Rey me hubiese mandado salir a la calle, yo, en posición de firme, habría salido.» Piénsese también en las palabras del coronel de la Policía Nacional que fue enviado al Congreso con la misión de desarmar a Tejero. Ante la manifestación de éste: «Yo no cumplo más órdenes que las de Su Majestad el Rey y las del teniente general Milans del Bosch», Félix Alcalá Galiano dijo: «Enséñeme esas órdenes porque, de ser eso verdad, la cosa sería distinta.» O préstese simplemente atención al hecho de que, en el proceso posterior a sólo 33 personas implicadas en el golpe del 23-F, el fiscal Claver Torrente admitiera: «Si empezáramos a ampliar ramificaciones, llegaríamos a los Urales»; y de que un general codefensor creyera que «siendo rigurosos, tendríamos que haber visto sentado en el banquillo a más de medio Ejército». Considérese cuál sería el ambiente en los cuarteles para que el tribunal militar condenara en primera instancia a los acusados a penas inferiores a la mitad de las pedidas por los fiscales, con once absoluciones (sentencia rectificada después al alza por el Tribunal Supremo), o el significado de las propias medidas de reforma militar posterior, por las que se cambió la composición de toda la JUJEM, se intensificaron los pases a la reserva y los relevos de capitanes generales y se modificó la estructura del mando de modo que unas pocas personas no pudieran ya movilizar a todo el Ejército sobre una base territorial. Por todo ello es lógico que el rey confesara al día siguiente del golpe a los dirigentes de los partidos políticos a los que convocó a su palacio: «Hubo momentos en que lo tuve así, así...» Nuestro supuesto sobre la ordenación de preferencias de la mayor parte de los capitanes generales, en la que ocupa el primer 158

lugar una decisión golpista, no es, pues, contradictorio con lo que los hechos parecen indicar. Contradice las apariencias de una abstención golpista de la mayoría de los capitanes generales, pero es compatible con el fracaso del golpe porque en él se antepone como segunda preferencia el acuerdo con el rey a un golpe antimonárquico. Y en esta ordenación hay que incluir al propio Milans, que se declaraba «visceralmente monárquico» y había reconocido con anterioridad que sin el rey «no me sigue ni mi asistente». Desbaratar el golpe consistía, pues, no en enviar tropas fieles -de problemática identificación, por otra parte— a defender las instituciones, sino sólo en mostrar públicamente el juego real (en el doble sentido de la palabra) y deshacer el equívoco del juego imaginario de los conspiradores. Es decir, en desmentir a los capitanes generales la información o la suposición inicial sobre las preferencias del otro jugador. Por eso el contragolpe real no se dio con carros y fusiles sino mediante teléfonos normales y teléfonos rojos, línea corriente, malla verde y malla cero, secráfonos, télex y televisión. Como decía una semana después un militar golpista y presumiblemente monárquico: «La próxima vez, ¡cortarle la línea de teléfonos al rey!»

¿Y EL PUEBLO? Ante una solución alcanzada por la interacción de tan escaso número de personas, cabe preguntarse si pudo haber algún otro jugador que con su intervención pudiera haber modificado aquel juego. En concreto, hay que preguntarse por la actitud ciudadana ante el golpe, del que hubo inmediata noticia e, insólitamente en los usos habituales del golpismo, fue transmitido en directo por radio. Simplificadamente, para un gran número de ciudadanos españoles había aquella tarde y noche dos opciones a elegir: o realizar una acción de resistencia como declararse en huelga y, por ejemplo, salir a la calle a colaborar a parar el golpe, opción a la que llamaremos acción, o esperar pasivamente a contemplar como espectadores el desenlace producido por las conductas de un puñado de personas, los jefes militares y el rey, opción a la que llamaremos pasividad. Para otros ciudadanos las opciones podían ser: salir a la calle a apoyar el golpe o quedarse en casa, pero no los tendremos en cuenta aquí. 159

Supongamos que no hubiera llegado a los capitanes generales ningún desmentido sobre el juego del rey y planteémonos una hipótesis acerca de sus preferencias en su interacción con los ciudadanos. Análogamente a lo que hemos supuesto en relación con el rey, podemos suponer que su primera preferencia era dar el golpe sin resistencia popular, pero preferían no dar el golpe a darlo contra una resistencia popular activa, posiblemente por querer evitar una repetición del sangriento enfrentamiento que siguió al alzamiento de 1936. La última preferencia sería desaprovechar la ocasión de dar el golpe ante la pasividad popular. Aun con este supuesto de una ordenación de preferencias de los capitanes generales relativamente prudente, los hechos nos obligan a interpretar que, para los ciudadanos que no simpatizaban con el golpe, la prioridad era mantenerse en la pasividad a toda costa, mejor sin golpe (y la última preferencia, pasar innecesariamente a la acción sin que hubiera golpe). Dicho en términos formales: Preferencias de los capitanes generales: Capitanes generales Ciudadanos golpe no golpe no

Preferencias de los ciudadanos antigolpistas: Valor Capitanes Capitanes ordinal generales Ciudadanos generales Ciudadanos ordinal

Valor ordinal 4 3 2 1

pasividad acción acción pasividad

no golpe golpe no

pasividad pasividad acción acción

4 3 2 1

El juego sería, pues, el representado por esta matriz: Ciudadanos acción pasividad 2 golpe Capitanes generales

3 4 4

1 no

Los capitanes generales no tienen una estrategia dominante, pero 160

los ciudadanos antigolpistas sí la tienen: mantenerse en la pasividad. Ante ella, que sitúa los resultados esperables en la columna derecha, los capitanes generales obtienen mejor resultado dando el golpe, de modo que se obtiene un equilibrio situado en la casilla superior derecha, cuyos valores son 4, 3. Los jefes militares dan el golpe ante la pasividad popular. Los hechos avalan esta previsión ucrónica. Por ejemplo, al anochecer del 23 de febrero de 1981, algunos activistas de Comisiones Obreras trataron de convocar una huelga general, pero la propuesta encontró el rechazo de los dirigentes de los grupos políticos no secuestrados en el palacio del Congreso y, tras unas conversaciones con UGT, ambos sindicatos acordaron proponer modestamente una hora de huelga en los lugares de trabajo al día siguiente. Pero la mejor prueba de la tendencia a la pasividad ciudadana puede hallarse en Valencia, zona con un nivel relativamente elevado de organización política y sindical y con una mayoría del electorado con posiciones de izquierdas, en la que al golpe efectivo dado por Milans no le siguió ninguna reacción popular. Es de imaginar que, si el golpe se hubiera dado sin oposición expresa del rey, la resistencia activa de los ciudadanos aún habría sido menor. De hecho, tras la aparición de Juan Carlos por televisión, a la 1,23 de la madrugada, millones de radioyentes y telespectadores españoles, que hasta entonces habían asistido, con interés y temor, al espectáculo, se fueron a dormir. De nuevo aparece, pues, el miedo a la guerra civil como un factor determinante de los comportamientos ciudadanos que da amplia capacidad de maniobra al personal político (y, en este caso, militar). Fue la intervención del rey en su juego con los capitanes generales la que les hizo obtener su peor preferencia en la interacción con los ciudadanos que acabamos de formalizar, mientras que los españoles antigolpistas alcanzaban pasivamente su primera preferencia (casilla inferior derecha, con valores 1,4). No es extraño, por todo ello, que, tras este telecomunicativo episodio político, Juan Carlos recibiera grandes muestras de fervor y adhesión popular —la legitimidad carismática a que antes nos hemos referido- y los altos jefes militares que habrían podido protagonizar el golpe experimentaran cierta humillación o sensación de ridículo, con efectos más bien disuasorios sobre nuevas tentativas de atentar contra la democracia constitucional. 161

11. LOS HIJOS DE AITOR

En la teoría de juegos caben, además de juegos de dos jugadores como los que hemos presentado hasta aquí, juegos de n jugadores en los que n > 2. Hay algunas dificultades gráficas para representar las interacciones entre tres jugadores, pero en ellas se suelen observar contradicciones y complementariedades entre algunos equilibrios alcanzados con juegos entre los mismos jugadores de dos en dos. Ello permite establecer mejor una secuencia de comportamientos o la necesidad de que alguno de los jugadores tenga que renunciar a obtener un resultado favorable en sus relaciones con un jugador si quiere mejorar sus posiciones en las relaciones con el tercero, lo cual no se observa en las representaciones duales. En el presente y el siguiente capítulos se ensayará una representación gráfica en tres dimensiones, no muy usual en la teoría, de la interacción global de tres jugadores. En este primer caso, los tres son los más destacados protagonistas del juego político en el País Vasco, mientras que en el siguiente nos trasladaremos a un escenario catalán.

EL JUEGO VASCO

Desde el inicio de la transición política hasta la actualidad cabe distinguir en Euskadi tres posiciones políticas básicas que definen a los tres «jugadores» de nuestro análisis. En primer lugar, la aprobación tanto de la Constitución como del Estatuto de autonomía, posición en la que coinciden los parti162

dos de derecha y de izquierda de ámbito español: UCD, PSOE, PCE y AP (aunque, como hemos dicho, este último mantuvo durante algún tiempo el deseo de reformar el título VIH de la Constitución). í En segundo lugar, la no aceptación de la Constitución y la aprobación del Estatuto, posición adoptada por los partidos nacionalistas de ámbito vasco PNV y EE. En tercer lugar, la no aceptación ni de la Constitución ni del Estatuto, posición adoptada por ETA y sus simpatizantes, la coalición HB. Tabla 16.

Elecciones, Constitución y E s t a t u t o vasco

Elecciones generales 1979

Referéndum Constitución 1978

OP/UCD PSOE PCE PTE y otros

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