III. El mercado de trabajo

1. Seguridad social, empleo e inmigración

Quienes en círculos políticos y financieros catalanes y españoles sostienen que la Seguridad Social es insostenible, argumentan que la transición demográfica y el envejecimiento de la población que implica (según la cual hay cada vez más personas que reciben pensiones y menos gente joven que pueda pagar las cotizaciones sociales que las sustentan) forzará una reducción de las pensiones o un retraso obligatorio de la edad de jubilación. En este discurso alarmista se ignoran varios hechos básicos. Uno de ellos es que, según el sistema de financiación de la Seguridad Social que tenemos, las aportaciones a la Seguridad Social no dependen del número de personas jóvenes que existen por cada persona anciana en edad de jubilación, sino del número de trabajadores que coticen a la Seguridad Social por cada pensionista. Y en España es difícil argumentar que nos falte gente que pueda y quiera trabajar. Si todas las personas que no tienen trabajo y desean trabajar lo tuvieran, habría más de dos millones de trabajadores más cotizando a la Seguridad Social. A este número deberíamos sumar el de las mujeres que no trabajan y que se incorporarían al mercado laboral si se les ofreciera un puesto de trabajo que les permitiera compaginar las responsabilidades familiares con las profesionales, permitiendo entonces que la bajísima tasa de ocupación de la mujer (38%) alcanzara la media de la Unión Europea (53%).

Naturalmente que estos cambios no se llevarían a cabo de la noche a la mañana. Podrían ocurrir en ocho o diez años, si hubiera una política nacional de pleno empleo que hoy no existe. También hay que tener en cuenta otra tendencia favorable al mantenimiento e incluso a la expansión de la Seguridad Social, a saber, el aumento paulatino de los salarios como consecuencia del aumento de la productividad laboral. En general, a mayor salario mayor contribución a la Seguridad Social. De haber unas políticas de pleno empleo encaminadas a crear empleo y a mejorar su calidad, podría haber más trabajadores con salarios más altos y por lo tanto la masa salarial aumentaría lo suficiente para incrementar todavía más los fondos de la Seguridad Social. A este aumento salarial, deberíamos añadir otro tipo de aumento, resultado de corregir la discriminación en contra de la mujer que determina que mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres reciban un salario menor. La necesaria corrección salarial que garantizase que las mujeres ganaran el mismo salario que los hombres aumentaría un 3% toda la masa salarial, y aumentaría todavía más la recaudación para la Seguridad Social.

El lector puede ver con estos datos que el problema no es la falta de gente que pueda trabajar y cotizar a la Seguridad Social para garantizar su solvencia (e incluso su muy necesaria expansión). El problema está en la oferta de puestos de trabajo, sobre todo de buenos puestos de trabajo. Éste es el meollo de la cuestión. Y este problema no puede resolverse sin políticas públicas de empleo encaminadas a estimular empleo privado y público de alta calidad. Y ahí el fallo, tanto de este gobierno como de los anteriores, es mayúsculo.

El problema se agrava cuando vemos que, en realidad, hay oferta de trabajo pero no hay una política de equilibrio entre oferta y demanda. Hoy, en Cataluña y en España, se intenta satisfacer gran cantidad de oferta de trabajo con obra de mano mal pagada, inmigrante, y se piden unas cuotas exageradas de inmigración, a fin de crear una gran demanda de puestos de trabajo baratos que baje los salarios. Sin embargo, esta vía, la inmigración, no resolverá esta situación; antes al contrario, reproducirá esta polarización, trabajos bien pagados para españoles, trabajos mal pagados para inmigrantes. Esta polarización debilita a toda la fuerza de trabajo, incluyendo a los primeros. Por otra parre, la existencia de este tipo de trabajadores previene al empresario de hacer una inversión para incrementar la productividad y, por lo tanto, el salario del puesto de trabajo. Permitir salarios bajos es perpetuar la ineficiencia económica de un país. Hay que tener en cuenta que, en realidad, hay muy pocos trabajos que sean intrínsecamente de baja calidad. Que lo sean o no, depende de factores políticos, entre otros. La asistencia domiciliaria a personas con discapacidades y a ancianos (erróneamente definida por el lenguaje machista dominante como labor poco cualificada), que en España es realizada por lo general por trabajadoras (muchas de ellas inmigrantes) pésimamente pagadas y sin ninguna formación, se realiza en Finlandia por profesionales cualificados que reciben su formación en la universidad.

Lo que hay que hacer es exigir un aumento de la calidad de los puestos de trabajo mediante intervención pública y a través de medidas como el aumento del salario mínimo (de los más bajos de la UE), de forma que se dificulte la reproducción de puestos de trabajo bajos. Complementando esta estrategia, hay que hacer una oferta de trabajo más flexible que permita la integración de la mujer. Hay ejemplos exitosos en Cataluña de empresarios que han hecho ofertas flexibles para sus trabajadoras y que han visto cómo se incrementaba notablemente su productividad. Por último, otra dimensión en la que el Estado no puede permanecer pasivo —como lo está hoy— es la de facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo. A pesar de la retórica pro familiar, en realidad España es un país que sobrecarga a la familia, y muy en especial a la mujer, debido a las grandes limitaciones de los servicios de ayuda a las familias. Es impensable que esta insuficiencia del Estado del bienestar en general y de los servicios de ayuda a las familias en particular, y la baja tasa de ocupación de la población femenina que conlleva, pueda resolverse sin una participación muy activa del sector público que facilite el acceso a tales servicios de todas las familias y permita una mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. Para ello es necesario romper con la apelación a la austeridad del gasto público que se reproduce en el discurso político dominante en nuestro país.

2. ¿Hay falta de trabajadores?

El país está viviendo una situación angustiosa, porque de pronto, a partir de un informe de la ONU, parece haber descubierto que tiene un problema grave debido a su baja tasa de fertilidad, la más baja del mundo, lo cual nos convertirá en una sociedad anciana. Esto en sí no tendría por qué ser un problema. Ser anciano no es un problema, siempre y cuando la sociedad esté organizada para atender a este sector de la población y facilitar su integración social, situación que no es, sin embargo, el caso ni en Cataluña ni en España. Pero lo que es preocupante no es que baya muchos ancianos, sino que no haya suficiente gente trabajando para crear la riqueza que nuestra sociedad necesita. En realidad, gran parte del retraso económico de España sobre el resto de la UE se debe a que el porcentaje de población adulta que trabaja en nuestro país es de los más bajos de la UE. No hay suficiente gente trabajando.

De ahí que se haya propuesto que la solución a este problema de falta de gente trabajadora sea la inmigración, lo cual causa alarma en ciertos sectores del país, preocupados por la pérdida de una supuesta homogeneidad étnica y cultural. De nuevo, otra situación se presenta como problema cuando en realidad no tiene por qué serlo. España, y en particular Cataluña, ha sido un país de inmigrantes y la inmigración lo ha enriquecido siempre.

Esta manera de presentar el problema y las propuestas para resolverlo son, sin embargo, erróneas. El hecho de que el porcentaje de población activa sea tan bajo no se debe a que no haya suficiente población adulta ni tampoco a que ésta no esté deseosa de trabajar. El problema es que no hay suficiente oferta de puestos de trabajo y que tampoco se facilita la integración de la población adulta en el mercado de trabajo, lo cual es especialmente obvio en el caso de la mujer. Veamos. Estamos ya oyendo voces en la profundamente conservadora cultura mediática del país que culpabilizan de la baja fertilidad en España a la mujer que antepone «egoístamente» su vocación profesional a su vocación familiar y maternal. Hemos oído a más de un tertuliano de este país decir que la integración de la mujer en el mercado de trabajo está causando incluso el deterioro de la familia, abandonando lo que se considera la principal misión de la mujer en España, que se asume es la de la reproducción biológica y social. Esta interpretación, sin embargo, no es sostenible. Suecia, por ejemplo, tiene uno de los porcentajes más altos de mujeres trabajadoras (el 79% versus el 38% en España) y goza de un índice_de natalidad que es mucho mayor que el español (1,52 versus 1,15). ¿Por qué? Suecia provee, como derecho de ciudadanía, acceso a los servicios de ayuda a las familias, los cuales facilitan su integración en el mercado de trabajo. Por otra parte, el paro entre las mujeres jóvenes en España es de un 31% y en Suecia sólo de un 8%. La mujer joven sueca tiene estabilidad y seguridad laboral y una infraestructura de servicios de apoyo que facilitan el proceso de formación familiar. A su vez, la puesta en marcha de tales servicios de ayuda a la familia crea una gran cantidad de puestos de trabajo (el 18% de la población adulta trabaja en los servicios del Estado del bienestar sueco, incluyendo servicios de ayuda a la familia, escuelas y servicios sanitarios, frente al 5% de España, el más bajo de la UE). A su vez, la integración de la mujer en el mercado de trabajo crea una demanda de servicios y puestos de trabajo (como lavanderías, limpieza, restaurantes, etc.) para cubrir las tareas que la mujer realizaba antes en casa. Esta integración de la mujer en el mercado de trabajo en Suecia es responsable de que el porcentaje de población que trabaja en Suecia sea uno de los más altos de Europa y también, por cierto, explica que se requiera poca inmigración, pues hay suficiente personal para realizar el trabajo necesario.

Éstos son los hechos ignorados en el presente debate sobre la inmigración, que está alcanzando términos hiperbólicos. En España no hay escasez de personas que puedan y deseen trabajar. El énfasis la inmigración como solución a nuestros problemas es una manera de evitar la integración de la mujer y de los jóvenes en el mercado de trabajo. Si España tuviera la tasa de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, no sería necesario depender del número de inmigrantes de que se habla en el reciente informe de la ONU sobre inmigración en España, que es a todas luces excesivamente alto. Pero existe otro tema que tampoco se cita en el debate presente cuando se señala que los inmigrantes son necesarios porque realizan trabajos que los españoles no desean hacer. Una alternativa no considerada, sin embargo, es aumentar la calidad y el pago de los trabajos realizados por la inmigración, evitando que la inmigración se utilice, como está ocurriendo hoy en España, como manera de abaratar puestos de trabajo, situación que la nueva Ley de Extranjería no evitará. Es sorpretendente que en un país con una tasa de paro tan elevada se considere que la solución radica en la inmigración. La solución radica en facilitar la integración de la mujer y de los jóvenes (y de los trabajadores adultos con paro crónico) en el mercado de trabajo a través de medidas masivas, tales como el desarrollo de servicios que faciliten tal integración de la mujer en el mercado laboral y programas de reciclaje y formación mucho más intensos que los hoy existentes.

3. La inmigración

En 1984 y 1988 fui asesor en temas sociales del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Jesse Jackson, discípulo predilecto del gran líder la lucha por los derechos civiles Martin Luther King. Esa experiencia, más el hecho de haber vivido en Estados Unidos durante treinta y ocho años, me ha enseñado que el racismo ha jugado siempre un papel importantísimo en dividir a la clase trabajadora y las clases populares de aquel país, debilitándola en su lucha por aumentar sus derechos sociales y políticos. De ahí que las opciones conservadoras hayan intentado hacer ver al trabajador blanco que su enemigo o adversario es el trabajador negro (con quien compite por su lugar de trabajo), y que tiene más en común con el empresariado y el establishment estadounidense por ser blanco que con el trabajador negro por ser trabajador. Grandes sectores de la derecha estadounidense utilizan electoralmente el racismo como elemento movilizador de la clase trabajadora blanca (principalmente la no cualificada), que se siente amenazada por el trabajador negro, procedente históricamente de las zonas rurales o de la inmigración. Lo mismo ha ocurrido en Cataluña, como vimos en las declaraciones incendiarias de Marta Ferrusola, encaminadas a movilizar a las clases populares catalanas frente a un enemigo que además de acaparar todas las ayudas sociales está destruyendo el país. Este mensaje racista puede extenderse fácilmente debido a la inseguridad de amplios sectores de nuestra población, resultado de las condiciones precarias del mercado de trabajo catalán y del escaso desarrollo del Estado del bienestar en Cataluña. Hay que entender que el racimo no es un mero fenómeno cultural, sino que se basa en una realidad económica de inseguridad y precariedad. No es racista el más ignorante, sino el que se siente más inseguro. De ahí que los argumentos que se utilizan con frecuencia, incluso por sectores de la izquierda, para justificar la inmigración, contribuyan a reproducir esta inseguridad y esta ansiedad entre amplios sectores populares. Así, constantemente se dice que en España hacen falta trabajadores inmigrantes y se utilizan cifras a todas luces exageradas. En España, sin embargo, con el índice de desempleo más alto de la UE y uno de los mayores porcentajes de mujeres que expresan que quieren trabajar pero se quedan en casa porque no encuentran trabajo, no hay escasez de personas que desean trabajar. Tal como he señalado antes, si España tuviera el porcentaje de mujeres trabajadoras que tiene la media de la UE, habría 3 millones de mujeres trabajando más de las que hay hoy, que sumadas a los 2 millones de parados sumarían 5 millones de posibles trabajadores. En realidad, cuando se dice que hacen falta inmigrantes, se está diciendo que falta mano de obra barata, jo cual crea inseguridad en grandes sectores de la clase trabajadora, puesto que la existencia de un amplio sector con salarios bajos amenaza a todos los trabajadores pues, presiona los salarios hacia abajo. El argumento que también constantemente se utiliza de que los inmigrantes ocupan los lugares de trabajo que los españoles no desean, ignara que no hay puestos de trabajo intrínsecamente de salario bajo. El empresario tiene dos opciones, o traerle inmigrantes mal pagados o invertir en el puesto de trabajo para aumentar su productividad y pagar, mejor salario. En España, gran número de empresarios prefieren lo primero porque no están sujetos a la presión para que hagan lo segundo, debido en gran parte a la gran debilidad de los sindicatos y de la izquierda en nuestro país. Los salarios en el sector agrario, en hostelería, en servicios personales y en comercio (sectores donde se concentra el 82% de la inmigración) son de los más bajos de la UE. Por cierto, también quisiera expresar mi desacuerdo con las aseveraciones hechas por autores como Sami Naïr, que en su intento de estimular una respuesta positiva a la inmigración señalan que la inmigración salvará la supuesta crisis de la Seguridad Social, causada por una transición demográfica desfavorable. En realidad, no hay tal crisis, y en el caso de que la hubiera no se resolvería mediante la perpetuación y/o extensión de salarios bajos.

Grandes sectores de la izquierda de nuestro país están poco preparados para responder a este problema, puesto que ya no piensan en términos de clase (como lo prueba la ausencia incluso de términos como «clase trabajadora» del discurso político de izquierdas) y han aceptado acríticamente los argumentos economicistas de carácter conservador sobre la inmigración. Para romper con el racismo es importante, tal como aconsejaba Martin Luther King, que el trabajador blanco se dé cuanta de que tiene más en común con el trabajador negro por ser trabajador que con el empresario por ser blanco. Recordemos que Martin Luther King fue asesinado cuando estaba ayudando en la sindicalización y las reivindicaciones de los trabajadores de saneamiento (negros y blancos). En este aspecto, la intervención más importante para eliminar el caldo de cultivo del racismo es evitar la polarización del mercado laboral (los mercados laborales fuertes, como los de los países socialdemócratas escandinavos, tienen muchos menos problemas raciales que los mercados laborales deteriorados como el catalán y el español) y aumentar la seguridad y el bienestar de las clases populares a través de la expansión de los servicios del Estado del bienestar, tales como escuelas, vivienda, sanidad y servicios de ayuda a la familia. No es cierto que la mayoría de ayudas de vivienda pública en Cataluña sean para los inmigrantes, como Ferrusola dijo. Sí es cierto, en cambio, lo que no dijo, y es que la ayuda de la Generalitat a las viviendas públicas para todos los ciudadanos, nativos o inmigrantes, es de las más bajas de la UE. El gasto social como porcentaje del PIB en España es de los más bajos de la UE, y en Cataluña es incluso menor. Las políticas de gran austeridad social (y de apoyo a la desregulación del mercado laboral) que llevan a cabo las opciones conservadoras que gobiernan en Cataluña y en España, están aumentado la inseguridad, que es la base del racismo. Lo que se requiere es una extensión muy notable del deficitario Estado del bienestar catalán y español, que no debe centrarse en programas asistenciales al inmigrante, sino en programas universales que beneficien a toda la población y no sólo a unos cuantos.