Me empecé a interesar por el desarrollo y la cooperación a partir de mi compromiso en las luchas anticoloniales. Motivo por el cual, desde el principio, nunca me pude adherir a la idea de la ayuda al desarrollo. La reducción de relaciones entre personas, pueblos, países a una ayuda me parece antinómica con la realidad de las relaciones internacionales, con su historia y con la idea misma del desarrollo.

Considero que la descolonización es un momento histórico de vital importancia en la historia de la Humanidad, un momento que caracteriza nuestra época y su futuro, un movimiento en el que cada pueblo y todos los pueblos han adquirido el derecho de participación en su propia historia y en la del mundo. Haber participado en un movimiento histórico de liberación y de emancipación es un inmenso privilegio. Cambié y redescubrí mi propia historia y el derecho de inventarla. Descubrí que un pueblo que oprime a otro no es un pueblo libre y que la emancipación del dominado libera al dominador; que luchar contra la opresión es luchar por la propia libertad. Descubrí que el universalismo se nutre del enriquecimiento extraordinario de la diversidad de culturas y de civilizaciones. Descubrí que la emancipación no es un proceso lineal, que necesita rupturas. Descubrí la capacidad de los individuos y de los pueblos de movilizarse, de superarse, en la medida de los acontecimientos que viven y los proyectos que avanzan. Descubrí también que los acontecimientos son portadores de promesas y de incertidumbres; abren puertas, aunque el futuro se juega en la duración, en la voluntad y el empeño. Por todo esto me interesé por el desarrollo y la cooperación entre los pueblos.

La descolonización todavía no ha producido todos sus efectos. Vivimos su reflujo, la restauración que sigue a cada gran revolución. La crisis de la descolonización ha acompañado a la descolonización desde el principio. Los regímenes que surgieron de ella defraudaron todas las esperanzas. La liberación económica no ha seguido a la liberación política. El sistema internacional ha seguido dominado por los más poderosos. Los márgenes de maniobra en la economía mundial se han vuelto irrisorios.

Hoy en día, reafirmar la importancia de la descolonización no es algo secundario. Para el movimiento de solidaridad internacional, es una cuestión vital y un desafío mayor. La era de las desilusiones y del relativismo postmoderno se apoya en un emprendimiento de la revisión de la historia de la colonización, revisión presentada como obra saludable de desculpabilización. Para nosotros, que no buscamos construir la solidaridad internacional sobre la culpabilidad, hay un desafío que aceptar. Nos corresponde recordar la importancia del deber de la memoria y de reconocer las responsabilidades de la situación actual. ¿Acaso podemos afirmar que la ruptura con la era postcolonial se ha acabado, que el apoyo a los regímenes impopulares es signo del pasado, que se acabó el tiempo donde la ayuda pública la acaparan burocracias nacidas, en la mayoría de los casos, de golpes de Estado militares y que desembocan, salvo excepción, en el despilfarro, la corrupción y la prevaricación? Por desgracia, las fuerzas que, en la sociedad francesa, participan de esta visión del mundo son siempre poderosas. Las memorias de Jacques Foccart y el capítulo del caso Elf recuerdan que los escándalos, el desorden y la corrupción no han desaparecido.

Participé en la fundación del CEDETIM (hoy en día, Centro de Estudios y de Iniciativas de Solidaridad Internacional), con militantes anticolonialistas, miembros del PSU, marcados por la guerra de Argelia y la de Vietnam. Este centro reagrupó a un gran número de militantes comprometidos con la cooperación justo después de las independencias, que se definían a sí mismos como «ni misioneros, ni mercenarios; cooperantes». Me embarqué en la construcción del movimiento de solidaridad internacional en Francia y en el mundo. Aprendí que es en las luchas donde se construye la solidaridad entre las luchas y la fraternidad en los compromisos. La solidaridad internacional es una referencia y un valor central para toda política de cooperación preocupada por las libertadas individuales y colectivas, por la igualdad y por la universalidad de los derechos. El movimiento de solidaridad internacional es portador de esta exigencia. No obstante, está lleno de contradicciones, enfrentado a la institucionalización y a la profesionalización, y compartido entre componentes y culturas internacionalistas, desarrollistas y humanitaristas. Este movimiento inventó un objetivo y un medio de cooperación: la colaboración basada en el respeto al prójimo y la igualdad que nace de la construcción de un proyecto común.

Participé en la creación de un colectivo de consultores independientes, ACT-Consultants, que intervino en Europa y en los países del Sur. Por mi parte, comencé a trabajar en la planificación sectorial y macroeconómica, y en los estudios y la aplicación de proyectos industriales y urbanos. Mi primera intervención se desarrolló en Argelia, inmediatamente después de la independencia, para el primer Plan; a continuación, trabajé dos años en Senegal. Desde entonces, he participado en estudios, proyectos y consultas de unos cincuenta países de África, Asia y América Latina. Por casualidades de la vida, me encontré dirigiendo los estudios de una escuela de Bellas Artes y, luego, estuve como profesor en una escuela de arquitectura; todavía me apasiona esa disciplina que integra en los proyectos las dimensiones científicas y técnicas, sociales, artísticas y culturales. En la actualidad, trabajo con dos programas: el Programa de Desarrollo Municipal en África y el Programa de Gestión Urbana en América Latina, que tienen como objetivo el refuerzo de las contrapartes locales, las colectividades y las asociaciones, el desarrollo local y la democracia participativa. Siempre me ha apasionado pensar en la complejidad de las relaciones entre la competencia profesional y el compromiso militante, el viejo debate «expertos y rojos o rojos y expertos». Esta exigencia de «peritaje ciudadano» la perseguimos en varios lugares y, en lo que a mí respecta, en la AITEC (Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores) y en la RESOL (Red de Estructuras de Peritaje para la Modernización de la Economía Social Solidaria).

STÉPHANE HESSEL: PARA USTED, ¿EL DESARROLLO SIGNIFICA OTRA COSA DISTINTA DEL CRECIMIENTO? ¿CUÁLES SON LOS VERDADEROS OBJETIVOS A LOS QUE DEBERÍA ASPIRAR LA AYUDA?

GUSTAVE MASSIAH: Hay que partir del pensamiento del desarrollo, es ahí donde se sitúan, hoy en día, los desafíos. El pensamiento del desarrollo se encarna en los modelos de desarrollo que traducen una concepción a escala del sistema-mundo. Las políticas de desarrollo son una manera de aplicarla en una situación dada. Los conceptos no siempre son explícitos para los responsables, políticos o técnicos; funcionan como evidencias, definen las políticas posibles y la representación del realismo. Las resistencias y las crisis son las que hacen visibles el sentido y la relatividad de las soluciones propuestas.

El modelo dominante de hoy en día es el del ajuste estructural; por tanto, hay que partir de su crítica si queremos encontrarle una alternativa; y, por ello, comprender cómo se ha elaborado, por qué y cómo se ha impuesto.

El modelo del ajuste estructural se impuso, en la década de los ochenta, con respecto a los modelos que estructuraron el pensamiento del desarrollo; el modelo fordista predominó, a partir de 1945, en Estados Unidos y en Europa y, en la década de los sesenta, imperó el modelo de las independencias nacionales en el Sur. Para ser exhaustivos, habría que analizar la naturaleza, la evolución y el fracaso del modelo soviético, minado por su incapacidad de tener en cuenta las aspiraciones democráticas. El fin de la década de los noventa es el de la crisis del ajuste estructural y de la búsqueda de un nuevo modelo que podría ser el del desarrollo sostenible.

El modelo de regulación fordista o socioliberal se elaboró en el periodo de entreguerras. El capitalismo se enfrentó a cuatro desafíos: en la revolución de 1917, la necesidad de encontrar otros métodos distintos a la represión para hacer frente al ascenso de las luchas obreras; en la crisis de 1929, la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación; en el ascenso de las luchas de liberación, la necesidad de aceptar un nuevo sistema internacional; en el ascenso del fascismo, la necesidad de imaginar otro horizonte distinto del totalitarismo. Este nuevo modelo, construido de 1920 a 1945, va a integrar las respuestas a los diferentes desafíos y demostrar la gran capacidad de innovación del capitalismo, su capacidad, como decía Marx, a «revolucionarizar desde el interior».

Para mostrar la amplitud del esfuerzo, citemos, entre otras, algunas de las grandes contribuciones. Wilson, en su definición del liberalismo, reconoce la necesidad de la redistribución, parcial, de las riquezas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ford define el compromiso social, los obreros aceptan el taylorismo y la disciplina jerárquica en la fábrica; en contrapartida, se benefician de una parte del crecimiento de la productividad en los salarios. El mercado interior se convierte en el motor del crecimiento. El espacio de la empresa y del trabajo, regido por el taylorismo y «protegido de la democracia», se diferencia del espacio de la ciudad. Keynes funda la regulación macro-económica, e introduce el empleo y la moneda en las políticas del Estado. Roosevelt, con el New Deal, aclara la coherencia política de la nueva alianza y refuerza en las representaciones la conexión entre el mercado, el Estado de Derecho y la democracia.

El modelo de independencias nacionales se inscribe en el contexto de la descolonización; tras la liberación política, se trata de construir la liberación económica. Este modelo, que se pensó durante las luchas de liberación, se sirve a la vez del modelo fordista, sobre todo en la fase de reconstrucción de 1945, y del modelo soviético, a través de sus variaciones en los países del Este, China y Vietnam. Se enriqueció en América Latina a través de los debates sobre la dependencia, y se precisó en India, Indonesia, Ghana, Tanzania, Argelia, Venezuela, etc.

Este modelo de desarrollo se basa en las industrias pesadas, base admitida de una acumulación independiente; en una reforma agraria que debe modernizar la agricultura a partir de la industria y servirle de mercado; en el control y la valorización de los recursos naturales; en la sustitución de las importaciones y el desarrollo del mercado interior; en las empresas nacionalizadas; en el control del comercio exterior. Implica un Estado poderoso y firme, garante de la unidad nacional, basado en la teorización del partido único. Las concepciones básicas de este modelo, puestas en evidencia por los regímenes calificados de progresistas, se impusieron de distintas formas en cada país. Las mismas presuposiciones, con modalidades diferentes, existían en Ghana, Senegal o Costa de Marfil.

Los límites de estas políticas de desarrollo aparecen bastante rápido. La construcción del Estado, medio del desarrollo al principio, se convirtió en un fin en sí. Se tradujo por la construcción de bases sociales específicas, administración y clases medias asociadas, dando prioridad a ejércitos bien equipados y policías omnipresentes. La funcionarización acelerada y la urbanización galopante provocaron un desequilibrio estructural de los fundamentos económicos (presupuesto, balance comercial, balance de pagos). La modernización de la agricultura, tal y como se condujo, excluyó, de forma aplastante, a la mayoría de la gente campesina pobre. Las empresas estatales fueron ineficaces en su conjunto, su funcionamiento se burocratizó y fueron incapaces de reducir la dependencia tecnológica y comercial con respecto a las multinacionales. La burocracia y la corrupción corrompieron las sociedades. La denegación de los derechos fundamentales y la ausencia de libertades públicas acabaron de aniquilar la credibilidad de los regímenes.

En la década de los ochenta, el nuevo modelo preconiza el ajuste de las economías en el mercado mundial. Propone la liberalización, es decir, la regulación por los mercados y la reducción del papel de los Estados en la economía; la prioridad dada a la exportación, a la explotación desenfrenada de los recursos; la liberalización de los intercambios; la prioridad a la inversión internacional y a las privatizaciones; la flexibilidad y la presión sobre los salarios así como la reducción de los sistemas públicos de protección social; la reducción de gastos presupuestarios considerados como improductivos, lo que se traduce por la reducción de los presupuestos de Sanidad y Educación; la devaluación de las monedas. Esto se extiende a la construcción del entorno internacional correspondiente, a la primacía del mercado de capitales, a la desregulación de las inversiones y a la organización del comercio mundial. Se trata de organizar un marco, exigente para los Estados, que «libere» los mercados internacionales y los operadores privilegiados del desarrollo, las empresas internacionales.

Este modelo parte de la crítica del modelo anterior e invierte las evidencias. De hecho, las proposiciones son opuestas a las expuestas por el modelo de independencias nacionales. De este modo, las privatizaciones son contrarias a las nacionalizaciones, la apertura al mercado mundial es contraria al proteccionismo, el mercado es contrario al plan, la exportación es contraria al mercado interior, etc. De hecho, este modelo neoliberal es un modelo de reconquista. Demuestra que la batalla intelectual es una forma de lucha social. Hizo uso de las lecciones de los fracasos y de las debilidades de los modelos anteriores para proponer una nueva coherencia; aprovechó la polémica geopolítica del modelo soviético que se desmoronó definitivamente en 1989; redujo, a través de la gestión de la crisis deudora, los márgenes de independencia obtenidos por la descolonización; cuestionó los avances sociales del asalariado, a través de la precarización y la crisis de los sistemas de protección social. Esta evolución demostró que las dinámicas que están en marcha en las sociedades no son solamente económicas, sino también sociales, políticas, ideológicas, culturales y militares.

El ajuste estructural se impuso como una evidencia: evidencia que descansa sobre una realidad y una estafa. La realidad es que hay que luchar contra los desequilibrios; la estafa es hacer creer que solo hay una manera de restablecer los equilibrios, el ajuste en el mercado mundial, y una sola política posible, el ajuste estructural y la liberalización completa. Estas políticas de desarrollo no corresponden ni a la evidencia ni a la sensatez, son elecciones con consecuencias; hay otras elecciones posibles.

El reconocimiento de los desastrosos efectos ecológicos y sociales de esta política nos ha llevado a un modelo corregido que descansa sobre tres aspectos: el «ajuste estructural», que todavía es el fundamento de los equilibrios macro-económicos; la «lucha contra la pobreza», que introduce una dimensión social; y la «buena gobernanza», que reconoce la importancia de la política reducida a la tecnocracia; sin olvidar referencias bastante platónicas a la protección del medio ambiente y al equilibrio entre los géneros.

La definición de un nuevo modelo de desarrollo está a la orden del día. Más allá de los efectos de modo, el desarrollo sostenible ofrece una pista. A condición de no considerar que debe ser lo contrario del modelo dominante. El buen desarrollo no es justo lo contrario del mal desarrollo, no se trata pues de defender lo contrario del ajuste estructural. Porque el modelo dominante condena los desequilibrios, hay que rechazar el equilibrio; no porque idealice el mercado, el modelo alternativo debe basarse en la negación. Se trata de sopesar entre la continuidad y la ruptura en materia de modelo de desarrollo. Más allá de los efectos de modo, hay nuevas pistas en torno a la búsqueda del desarrollo sostenible, siempre que se le dé un sentido que tenga en cuenta la crítica del modelo dominante y los modelos anteriores cuyo fracaso condujo al ajuste. Allí se encuentran las grandes líneas para un desarrollo económico eficaz, ecológicamente sostenible, socialmente equitativo, democráticamente fundado, geopolíticamente aceptable y culturalmente diversificado. En los foros civiles de las grandes conferencias multilaterales de Río, Copenhague, Viena, Pekín, El Cairo y Estambul se han discutido las propuestas que luego han convergido en Seattle.

Pero las orientaciones y las propuestas no sirven de política. Una política de desarrollo debe definirse con respecto a una situación, a los dinamismos internos y a la movilización de la sociedad. Un desarrollo sostenible es posible si lo aceptan, gestionan y coordinan las sociedades afectadas, y si tiene en cuenta las realidades sociopolíticas locales. Ellas solas pueden definir legítimamente sus necesidades, aplicar los instrumentos de transformación de las técnicas de producción y hacer evolucionar las bases de la organización social. Esta conducta es mucho más necesaria cuando las situaciones son difíciles. Por ejemplo, la reducción de los déficit presupuestarios, indispensables en numerosas situaciones, suele implicar medidas impopulares; sin embargo, las elecciones son posibles y las orientaciones que se deciden deben discutirse y apreciarse. El éxito de una política de austeridad descansa primero sobre la legitimidad del poder y la adhesión popular a su política. El ajuste estructural impuesto es, con certeza, una de las peores maneras de responder a estos imperativos. En general, las políticas impuestas del exterior pueden forzar la modernización; a menudo, conducen a los conflictos y las crisis que anulan todos los progresos.

La cuestión de la democracia es esencial. Sin duda alguna, no puede reducirse a un nuevo dogma, el de la identidad entre el mercado y la democracia. El desprecio por las aspiraciones democráticas y las libertades ha sepultado los regímenes nacidos de las independencias. Sin embargo, la referencia a la democracia y a las libertades no puede ser teórica. La democratización es una de las condiciones de la movilización y del compromiso por el desarrollo. Implica la necesidad y la legitimidad del Estado como garante del interés general, instrumento de las políticas sociales de repartición y distribución, y portador de los vínculos sociales que fundan el desarrollo económico.

La cooperación internacional debería formular sus objetivos en materia de desarrollo. Las políticas de desarrollo que hay que fomentar articulan varias escalas. La escala macro-económica, que es la del poder del Estado, la de la coherencia y la del pilotaje; en primer lugar, debería ser nacional y no el instrumento privilegiado del control exterior. La escala sectorial, que es la del dominio de las técnicas, la de la organización de la producción y la del trabajo; la cooperación internacional debería abrir perspectivas con respecto a la dominación de los oligopolios y los mercados financieros. La escala local, que es la de la satisfacción de las necesidades, la de la relación entre la población y el territorio, la de la relación entre la democracia y el desarrollo; la cooperación internacional debería hacerla una prioridad y sostener los dinamismos locales.

El desarrollo no se reduce al crecimiento, debe poner énfasis en la satisfacción de las necesidades fundamentales. La regulación de la economía y de los intercambios debe basarse en el respeto de los derechos: tanto en los derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales y culturales. La eficacia económica necesita saber cómo producir las riquezas; asimismo, hay que preguntarse qué riquezas producir y cómo repartirlas. La regulación por los mecanismos de mercado mantiene su interés, no puede subordinarse a un mercado mundial único. No hay que desatender la instigación del mercado interior, las formas de consumo colectivo o el refuerzo del vínculo social. La mercancía, tanto la forma mercantil como los vínculos mercantiles, no es la forma acabada de la utilidad social; las prácticas populares y la economía solidaria son también su interés y su legitimidad.

El refuerzo de colectividades locales, la descentralización y el desarrollo local son prioritarios. El nivel local, a través de las colectividades locales, es el nivel pertinente de la cohesión territorial y de la democracia de la proximidad. Las coaliciones locales pueden construirse a partir de colectividades locales y asociaciones que lleven las dos formas de representación: la delegación y la participación. El funcionamiento y el acceso a los servicios básicos son los fundamentos de las políticas locales.

En las políticas económicas, es peligroso subordinar la igualdad y la lucha contra las discriminaciones al crecimiento. Considerar las diferencias de situación, de desigualdades, de formas de dominación y de opresión no es una cuestión secundaria, sino una consecuencia desafortunada que habría que corregir, ya que forma parte de los objetivos de la transformación social y la caracteriza. La protección social no debería simplemente intervenir como un correctivo, en caso de accidente o de handicap, debería garantizar los riesgos para permitir que nadie vuelva a caer en estas situaciones de supervivencia. Los servicios públicos deben basarse en el principio de la igualdad de acceso a los derechos fundamentales para todos.

Las grandes regiones geoculturales deberían fomentarse sistemáticamente en calidad de espacio de desarrollo a escala de la evolución. La escala nacional conserva toda su pertinencia, es necesaria si se quieren basar las políticas públicas en la duración y el interés general. Es la escala de la regulación social, de la regulación sectorial y espacial en el ámbito de la ordenación del territorio, de la regulación ecológica y de la preservación de los intereses de las generaciones futuras. La escala nacional es la de la igualdad y la redistribución a través de sus diferentes formas: especialmente, las tarifas, la fiscalidad y la repartición de rentas. Pero la redistribución también debe aplicarse en el ámbito internacional, en el ámbito de la globalización. El interés de las propuestas como la instauración de una tasa sobre las transacciones financieras a corto plazo serviría para financiar los servicios básicos.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PROBLEMA EN EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS? ¿CUÁLES SON LOS NUEVOS OBSTÁCULOS Y LOS NUEVOS ENFOQUES?

Una reflexión abierta y pluralista sobre la cooperación al desarrollo por fin está al día. Se deriva de la toma de conciencia del fracaso del modelo dominante y de la situación insoportable de la evolución mundial. Se traduce en el surgimiento de una movilización ciudadana mundial y en la crisis del pensamiento liberal. Asimismo, deben subrayarse otras evoluciones: la importancia de los conflictos y las guerras; el surgimiento de nuevos actores de la cooperación, las colectividades locales y las asociaciones. Por último, hay que insistir en la importancia estratégica del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

El fracaso de las políticas liberales que han pretendido reinar, sin ningún reparto, en la economía mundial es conocido por todos. En los informes del PNUD, la organización de las Naciones Unidas elaboró un balance crítico de la evolución del mundo: «En veinte años, en más de un centenar de países del Tercer Mundo y de la antigua Europa del Este, se asiste a un hundimiento del crecimiento y a descensos del nivel de vida más importantes y más duraderos que todo lo que han podido conocer los países industrializados durante la gran crisis de la década de los treinta… Cerca de 1600 millones de personas viven peor que a principios de la década de los ochenta, a menudo con menos de un dólar al día… El reembolso de la deuda suele absorber entre una cuarta y una tercera parte de los ingresos públicos ya limitados, e impide las inversiones públicas, sin embargo, cruciales…».

Desde 1994-1995, la crisis del modelo está abierta. Se trata de una crisis mayor de regulación. La regulación por los mercados financieros revela sus límites. Las crisis financieras lo han demostrado. El cuestionamiento de la regulación pública ha alcanzado un límite, cuestiona el propio sistema. La corrupción ha tomado unas proporciones gigantescas, se ha hecho estructural; los capitales mafiosos se han infiltrado de forma peligrosa. La regulación política también es deficiente. El debilitamiento de los Estados ha aumentado los conflictos armados. La hegemonía política y militar de Estados Unidos es torpe; no anula los conflictos de intereses con Europa, Japón, Rusia, los países del Sur. El modelo neoliberal no ha conseguido definir ni imponer el marco institucional y político correspondiente a la globalización. El Banco Mundial, el FMI, la OMC son cada vez más discutidos por los Estados del Sur y por los movimientos populares. Lo que ocurrió con la producción de medicamentos genéricos destinados a curar el sida es muy significativo. Brasil, India y África del Sur, que sin embargo no defienden políticas antiliberales, consideraron que no les era posible subordinar por completo el derecho a la salud al derecho de los negocios.

La toma de conciencia del carácter insostenible de la situación ha llevado a la radicalización de los movimientos sociales, permanente en las resistencias a los programas de ajuste de casi todos los países que han sido sometidos. En Seattle, se asistió a la convergencia de los movimientos de los trabajadores asalariados y de los movimientos de los campesinos, de los ecologistas, de los consumidores y de los movimientos de solidaridad internacional. A partir de la convergencia de las resistencias, se puede hablar de una movilización ciudadana mundial. Por primera vez desde hace mucho tiempo, movimientos ciudadanos se hacen cargo directamente de los desafíos mundiales. Están en busca de la ciudadanía mundial, de la opinión pública internacional, de la conciencia universal. El surgimiento de movimientos ciudadanos corresponde a una reflexión fundamental sobre la transformación social y el desarrollo. Desde Seattle a Puerto Alegre, las movilizaciones cuestionan el curso dominante de la globalización no necesariamente global en sí misma. Los dramáticos acontecimientos de Génova mostraron el déficit de legitimidad ante la opinión mundial de los dirigentes de los países ricos, de este bloque mayoritario de accionistas de la economía mundial. Las crisis financieras y las resistencias de los movimientos sociales han llevado a una crisis mayor del pensamiento liberal. El enfrentamiento empezó con el análisis de las crisis financieras y la protesta del papel de las instituciones financieras internacionales; los partidarios de la regulación por parte de los mercados financieros llegan hasta a proponer la restricción de su papel. El debate se centra en el papel del Estado y las políticas sociales. Joseph Stiglitz, agradecido desde entonces por el Banco Mundial, del que era el economista principal, vuelve a hablar de la concepción de la liberalización. Aclara la importancia del Estado y del marco institucional, también para privatizar; admite que las privatizaciones, al menos en un principio, han incrementado la corrupción. Ravi Kanbur, autor del informe del Banco Mundial sobre la pobreza, dimitió de sus funciones, denunciando la acción nefasta del ex secretario del Tesoro americano, Jeffrey Sachs. Reprochaba imponer una política de crecimiento y liberalización en detrimento de la lucha contra la pobreza. Por ahora, se asiste a un endurecimiento de los Estados, con la llegada al poder de coaliciones claramente conservadoras, como ocurre en Estados Unidos o Italia. Más allá del endurecimiento, la aspereza del debate muestra, no obstante, que la orientación neoliberal de la globalización no es una fatalidad.

No se puede separar el desarrollo de la cuestión de regulación de los conflictos y su prevención. La opinión, muy extendida, según la cual la estabilidad es la condición previa necesaria al desarrollo, suele ser infundada. Pero la estabilidad no puede justificar el apoyo a regímenes autoritarios e impopulares, y, lo que es más importante, no se puede ignorar que todo desarrollo genera conflictos. El desarrollo es una puesta en funcionamiento, la búsqueda de un cambio social; implica conflictos económicos, sociales, culturales y nacionales; se inscribe en una situación que ya está marcada por conflictos. La hipótesis de la regulación pacífica de los conflictos en los sistemas político-democráticos es, como resulta evidente, la más interesante. Los sistemas democráticos no bastan para asegurar un cambio social en el sentido de una mayor justicia y un mayor solidaridad. Las sociedades de mercado, incluso democráticas, se vuelven profundamente desiguales y la regulación pública sigue siendo determinante.

Los nuevos conflictos, marcados por la desesperación de la falta de perspectivas, aumentan el sectarismo. La ausencia de límites exteriores y de disuasión conduce a la conflictividad extrema. La democracia implica una doble condición: que la mayoría no sea dirigida por una minoría, y que la mayoría respete los derechos de las minorías. Por no tenerlo en cuenta, la purificación étnica se infiltra y aumenta la segregación social.

La relación entre la cuestión nacional y la cuestión social ha marcado el último periodo histórico; la cuestión mundial modifica su articulación. Visto que la globalización, en sus formas actuales, exacerba los conflictos; debilita la regulación pública; subordina la libertad de circulación de las personas a la libertad de circulación del capital y de la mercancía, quitando a los países sus competencias humanas, confinando a los pueblos, negando los derechos más elementales de las personas. Por último, no olvidemos que la regulación pacífica de los conflictos internacionales sufre la ausencia de la democracia internacional. El orden imperial dominante no sabría servirse de él.

Nuevos actores intervienen y salen en la escena internacional: las colectividades locales y las asociaciones. Proponen un nuevo enfoque de la transformación social y del desarrollo. La representación que pone cara a cara los Estados y las empresas ya no es suficiente. La sociedad civil, término discutible pero cómodo, propone no restringir el poder cívico en la relación entre el poder económico y el administrativo. Propone que, en la democracia representativa, la movilización y el compromiso de los ciudadanos sean más efectivos, que se articule la delegación y la participación.

El movimiento municipal y el movimiento asociativo son bastante diversos y contradictorios. Con la descentralización, pueden facilitar la renovación de la dimensión política y el cambio de las responsabilidades; lo que sería ya útil, pero no fundamentalmente nuevo. Sin subestimar la importancia de los Estados en la transformación social y el papel de los operadores económicos en sus diferentes formas, estos movimientos son portadores de la conquista de nuevos derechos y de la invención de nuevas modalidades en su aplicación.

En cada sociedad y en el ámbito mundial, la idea progresista es que es posible regular la economía y los intercambios a partir del respeto de los derechos: los derechos civiles y políticos tanto como los derechos económicos, sociales y culturales. La movilización de las sociedades por la defensa y las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales es la primera forma de movilización para el desarrollo. En cuanto al estancamiento actual, hay una contratendencia en el derecho internacional. Se reconoce la universalidad de los derechos. Teniendo en cuenta la especificidad de las situaciones, todos los derechos, en su principio, deberían considerarse de aplicación inmediata. Muchos derechos económicos, sociales y culturales ya son justiciables y de aplicación directa ante los tribunales. Debería reactivarse el procedimiento para la adopción del protocolo adicional sobre los derechos económicos, sociales y culturales que la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, en 1993, pidió a la Comisión de los Derechos Humanos que preparase.

Este enfoque puede materializarse. Asegurar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales empieza por garantizar a todos la igualdad de acceso a los servicios colectivos básicos. Esto implica tener en cuenta diferentes niveles: locales, nacionales y mundiales. La discusión no conduce tanto a la importancia y la existencia de servicios colectivos, admitidos por todos. Nos conduce a las políticas de acceso, las formas de organización, la articulación con el mercado y el papel de los diferentes actores intervinientes. La cuestión del financiamiento de los servicios básicos, suponiendo la igualdad de acceso, está en el centro de la discusión.

De este modo, podemos responder a la idea simple, incluso simplista, de que la liberalización permite responder a todo, que basta con confiar en el mercado, privatizar y favorecer el capital internacional, único portador de eficacia y de modernidad. La respuesta es que la modernización progresista es la del respeto, la garantía y el ahondamiento de los derechos fundamentales; que los derechos económicos, sociales y culturales permiten la regulación más interesante del mercado, que la nueva política económica es la que organiza el acceso de todos a los servicios básicos, la satisfacción de las necesidades fundamentales y las aspiraciones populares.

¿CÓMO REFORMAR LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES?

Desde el punto de vista del desarrollo, hay que partir de las instituciones financieras internacionales. De estas instituciones hay que esperar, por una parte, la estabilidad del sistema monetario y la prevención de crisis financieras, y, por otra, un sistema financiero que favorezca un desarrollo que respete los derechos humanos. Además, esperamos de estas instituciones que funcionen democráticamente. Para saber cómo llegar a ello, hay que plantearse las orientaciones, la capacidad de evolución y la legitimidad de las instituciones actuales.

Varias propuestas podrían anticipar la arquitectura de un sistema monetario internacional y de instituciones con la responsabilidad de asegurarla estabilidad del sistema monetario y de prever las crisis financieras.

En la situación actual, la reconquista de las soberanías nacionales en materia monetaria y de desarrollo, incluida en materia de políticas fiscales, salariales, financieras y sociales, es una de las condiciones. En estas políticas, si bien la lucha contra la inflación no debe ser subestimada, no puede ser sobredeterminante. En cualquier caso, el sistema monetario internacional debe poder evitar los resbalones hiperinflacionistas. La regionalización ofrece perspectivas interesantes en materia de desarrollo, de políticas económicas, e incluso en materia monetaria, siempre que se corresponda con una visión política amplia que incluya la realidad de construcción de espacios de producción, de mercados de intercambios regionales y de acuerdos democráticos. Así como que a cada una de estas regionalizaciones correspondan negociaciones políticas en las que los movimientos sociales tomen parte.

El sistema de los tipos de cambio, para ser creíble, debe basarse en los intercambios comerciales y no debe estar determinado únicamente por los movimientos de capital. El control de los movimientos de capital es imperativo, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Las experiencias chilena, malaya, china, etc., han demostrado que es necesario y posible. Este control necesita luchar contra el blanqueamiento de dinero y la tipificación financiera, e implica la prohibición de los paraísos fiscales. Las tasas, como la tasa Tobin u otras, pueden ayudar a la regulación del sistema monetario. A más largo plazo, sería interesante volver a trabajar la propuesta, defendida por Keynes durante las primeras negociaciones de Bretton Woods, de una moneda universal, que, más allá de su carácter utópico, sigue siendo una perspectiva que hay que explotar.

El sistema internacional debería favorecer un desarrollo sostenible, respetuoso con los derechos humanos, y fomentar el financiamiento de dicho desarrollo. La primera condición es reconocer a cada pueblo el derecho de definir su modelo de desarrollo. Esto no significa que no haya responsabilidad interna de los regímenes y de los Estados nacionales; al contrario, consideramos que su responsabilidad se compromete, frente a sus pueblos, sobre las elecciones de modelos y las orientaciones del desarrollo, especialmente en lo que concierne al respeto de los derechos humanos. La necesidad de luchar contra la idea liberal de que todos los Estados están forzosamente corrompidos y son burocráticos e ineficaces, solo hace más apremiante la lucha que debemos llevar contra las desviaciones burocráticas, tecnocráticas y autoritarias de los Estados. Con respecto al financiamiento del desarrollo, las campañas ciudadanas han puesto en evidencia sus puntos de apoyo. La prioridad sigue en la anulación de la deuda. El financiamiento del desarrollo implica el acceso a préstamos subvencionados y a préstamos específicos, sin otras condiciones que la posibilidad de reembolso. En general, los únicos condicionantes aceptables son los que se imponen a todos, como cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos. Un sistema de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en los ámbitos nacional e internacional debe establecerse, a plazos, y aplicar las instancias de recurso. Esto implica, especialmente, el reconocimiento de la corresponsabilidad de los acreedores y de los deudores en la formación de la deuda y en las decisiones.

La discusión sobre la necesidad y los medios para reequilibrar los términos del intercambio debe ser abierta, particularmente en el ámbito del precio de las materias primas y de los intercambios comerciales. Debe darse prioridad a la construcción de mercados interiores y a la igualdad de acceso a los servicios básicos. Esta igualdad permite garantizar el respeto de los derechos, basar la lucha contra la pobreza en el rechazo de las desigualdades crecientes y de las discriminaciones. El principio de una redistribución mundial es ineluctable si se quiere asegurar el acceso de todos los países al financiamiento del desarrollo. Varias modalidades son factibles en materia de redistribución, que puede planearse mediante el recurso a un sistema de impuestos y las medidas de reajuste de los términos del intercambio.

Primero, conviene democratizar el funcionamiento de las instituciones que deben aplicar la regulación internacional. Por ahora, se trata de insistir en la transparencia, el control, la participación de todos los países en las decisiones como base necesaria del funcionamiento de todas las instituciones internacionales. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales renueva el enfoque de las evaluaciones; les da un marco común de coherencia. Desde esta perspectiva, las modalidades de evaluación cobran toda su importancia: independencia de las instancias de evaluación con respecto a las instituciones, debate público y contradictorio que da lugar a los diferentes actores sociales, pluralidad de los dictámenes periciales… También se trata de evaluar las políticas de estas instituciones y de asegurar su compatibilidad con la Declaración de los Derechos Humanos y con los acuerdos internacionales firmados y ratificados por la inmensa mayoría de sus miembros.

La cuestión de la legitimidad del sistema internacional y de la arquitectura formada por las instituciones internacionales está abierta. La evolución de la globalización le da una mayor actualidad. La regulación actual, por medio del mercado mundial, está lejos de ser la mejor solución. Por tanto, consideramos que se necesitan instituciones financieras internacionales para actuar a largo plazo, pero que no sabríamos confiar en las orientaciones y el funcionamiento de las instituciones actuales.

Se trata de limitar las competencias de estas instituciones a su misión y de negarles el papel de tutela de los países pobres que les han atribuido los países ricos, el bloque mayoritario de los accionistas de la economía mundial que dirigen estas instituciones en la actualidad. Se trata también de integrarles en el sistema de las Naciones Unidas, que presenta la doble ventaja, en lo que concierne a sus principios, de no apoyarse sobre los sufragios censatarios (un dólar, una voz) y de tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos como carta fundadora.

En Seattle, en la movilización por el cuestionamiento de la OMC, se extrajo una idea sencilla: el derecho internacional no puede estar subordinado al derecho de los negocios. El fundamento del derecho internacional sólo puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esta condición, el derecho internacional puede ser portador de una nueva modernidad. Entonces, permitiría a los movimientos ciudadanos de cada país movilizarse para que avanzaran las situaciones; permitiría a los ciudadanos tener un recurso en caso de que se violasen sus derechos. Las Naciones Unidas pueden abrirse a la complejidad de las sociedades, reconocer los actores emergentes, darles una legitimidad; pueden incitar a los Estados para que garanticen los derechos y refuercen, a su vez, su legitimidad. He aquí la base de una refundación de las Naciones Unidas.

¿PUEDE FRANCIA DEFINIR UNA POLÍTICA QUE TENGA EN CUENTA SUS RESPONSABILIDADES MULTILATERALES EUROPEAS, SU ACCIÓN GUBERNAMENTAL BILATERAL Y LA DE LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL?

La cooperación internacional tiene la ambición de contribuir al mantenimiento de la paz en el mundo y asegurar un desarrollo económico y social satisfactorio para todos los pueblos de la Tierra. Para alcanzar este objetivo, debe responder a las dos cuestiones fundamentales que se han abordado: ¿qué desarrollo hay que fomentar? y ¿qué reformas del sistema económico-financiero internacional hay que promover?

Francia puede desempeñar un papel particular en la reforma radical que necesita el sistema internacional. Podría contribuir a responder a las dos injusticias principales de la situación mundial: la contradicción social que excluye a la mayor parte de la población mundial y la contradicción geopolítica que excluye a la mayor parte de los pueblos y los países.

Podría interesarse por una organización pluralista y no hegexnónica del mundo. Podría aportar a esta tarea las ventajas de su situación, en las instituciones internacionales y en la economía mundial, y los triunfos de su historia. Debería darle prioridad a la política de cooperación multilateral. Para ello, se necesita un doble replanteamiento. Por una parte, aceptar que lo multilateral no sabría ser una simple prolongación de lo bilateral. Por otra, hacer de lo multilateral una forma de organización del espacio mundial de cooperación, organizado entre socios iguales, más que un simple instrumento de control, incluso de tutela, al servicio de los países más poderosos y de sus intereses económicos y políticos.

Desde este punto de vista, la Unión Europea podría ser determinante. Su contribución a la cooperación al desarrollo es, con mucho, superior a todas las demás; dispone de dos veces más acciones que los Estados Unidos en el Banco Mundial y en el FMI. Por tanto, la tarea no será fácil. El peso político de Europa en la cooperación internacional se encuentra lejos de estar a la altura de sus compromisos financieros. Europa está inscrita en la globalización: es uno de sus soportes, uno de sus vectores. La Unión Europea es la principal «seguidora» de la OMC; comparte su filosofía y en ella encuentra el espacio para arreglar sus discrepancias con los Estados Unidos y definir un consenso sobre la gestión de la economía mundial. No hay unidad europea sobre estas cuestiones y esta unidad no puede resultar de la adopción de posiciones francesas por parte de los demás países europeos. Se trata de que Francia consiga, con los demás países, construir un proyecto europeo. Por ahora, estamos lejos de hacerlo. Se necesita un esfuerzo considerable que consiga movilizar todos los sectores de la sociedad europea preocupados por promover una cooperación europea autónoma basada en el respeto de los derechos humanos y un equilibrio más justo entre el Norte y el Sur.

En materia de desarrollo, deben destacarse tres imperativos principales: el pensamiento del desarrollo, las dinámicas nacionales y locales y el financiamiento del desarrollo. Hemos insistido mucho en los modelos de desarrollo, se trata de una batalla intelectual importante. Las instituciones financieras internacionales consiguieron imponerse al modelo de ajuste porque conquistaron primero la hegemonía intelectual. La política de cooperación francesa debería movilizar todo el potencial de su sociedad para participar, en el ámbito europeo e internacional, en la definición de una nueva concepción y un nuevo modelo de desarrollo. Uno no puede hacer otra cosa que inquietarse cuando ve el estado de abandono de la acción francesa en este campo.

El apoyo de las dinámicas nacionales y locales necesita el refuerzo de las capacidades de elaboración, de reconocimiento, de aplicación de operadores económicos, de colectividades locales, de asociaciones, de instituciones. Para ello, el mejor método es movilizar a todos los que están dispuestos a trabajar con socios. Se trata de pasar de una cooperación de Estado a Estado, a una cooperación de sociedad a sociedad, que ceda su sitio a los Estados, pero que asocie plenamente todas las fuerzas vivas de las sociedades en cooperación. La cooperación descentralizada es una de las modalidades más interesantes. Se enraíza en el tejido democrático, tiene más en cuenta las necesidades reales de la gente, limita los riesgos de malversación de fondos. También tiene la ventaja de sensibilizar los sectores de la sociedad francesa al desarrollo y a la cooperación. A pesar de los esfuerzos meritorios, la situación no es brillante, a través de la inmigración, el éxodo de intelectuales, la explotación de las materias primas, la conexión de las economías en el mercado mundial, son globalmente los recursos de los países del Sur los que contribuyen al refuerzo de las capacidades de desarrollo de los países del Norte.

La financiación del desarrollo está determinada por el sistema internacional y por la primacía de los mercados financieros y la inversión internacional, cuestión que ya ha sido abordada antes. Aquí habría que hablar de la APD, que se traduce, groseramente, como «Ayuda Pública al Desarrollo». Se puede discutir la misma noción de la ayuda y preocuparse por la APD; hoy en día es uno de los últimos procedimientos de redistribución de los flujos financieros, uno de los últimos mecanismos de regulación que permiten la financiación de las inversiones públicas que tienen que estar al acceso de los servicios básicos. Mientras que la redistribución y los medios de financiación del desarrollo deberían multiplicarse, nos ha aterrorizado constatar la dramática reducción de los créditos que afectan a la cooperación al desarrollo. De 1994 a 2001, han disminuido un 40 por ciento. El hecho de que la cifra de la Ayuda Pública Francesa (35 300 millones de francos^[5]) sea inferior a los beneficios del grupo Total-Elf (36 500 millones^[6] en 1999) ilustra los límites de la política francesa. La rectificación de la APD en el ámbito de los compromisos internacionales (o sea, el 0,7 por ciento del PIB) y la prioridad de los servicios básicos, que deberían alcanzar el 3o por ciento de la APD en el ámbito nacional, europeo e internacional, serán, en los próximos años, la prueba de la voluntad política en materia de cooperación internacional.

No cabe duda de que la voluntad política es esencial. Los que quieren involucrar a Francia en la construcción de una sociedad y de un mundo más justo son conscientes de la importancia de la política de cooperación francesa. Quieren comunicar su voluntad política asegurando el avance significativo de la APD, el distanciamiento de los regímenes impopulares, la mejora del derecho de los extranjeros basada en la igualdad de los derechos, la afirmación de las posiciones francesas en las instituciones internacionales a favor de un mundo multipolar y equilibrado, el apoyo al refuerzo de las capacidades locales y nacionales en los países, la movilización de todos los actores de la cooperación en la sociedad francesa. Este programa manifestaría que la política de cooperación internacional es el principal desafío del futuro de la sociedad francesa, susceptible de estar en el meollo del debate político y de movilizar la opinión pública francesa.