Evolución y crisis del shogunato

Después del afianzamiento del sistema político de los Tokugawa en la primera mitad del siglo XVII, el resto de la centuria no contó con personajes hábiles en las tareas de gobierno, ya que en general todos estaban mucho más preocupados por el boato palaciego que por el mantenimiento del bakafu. Fue en esta segunda mitad del siglo cuando se aplicaron los principios confucianos a la conducta del gobierno, y se tendió a la burocratización y legalización. El concepto de gobierno benévolo posibilitó el paso del absolutismo militar al régimen Tokugawa en tiempo de paz. Sin embargo, aunque el shogunato consideraba a sus miembros aptos para el servicio militar y civil, los comportamientos de los samuráis ya estaban orientados hacia el funcionariado, a consecuencia de la proliferación de funciones y del debilitamiento de los lazos feudales. En 1800, más del 90 por 100 de los daimios pagaba a sus seguidores con un sueldo, una vez abolido totalmente el sistema de feudos. Es decir, los samuráis constituían ya una burocracia asalariada.

Con la jefatura personal de Yoshimune se inicia en 1720 un período de reformas, ante la grave situación del país. Redujo los gastos shogunales e impuso la austeridad en todo el entramado administrativo para acabar con los excesivos gastos de sus antecesores. Codificó las leyes bakufu nacidas a partir de 1642, dando un cuerpo unificado a las normas aplicadas en los asuntos de gobierno. Insistió en la política de aislamiento como la mejor estrategia frente a los peligros extranjeros, y recortó el ya escaso comercio existente con el exterior. Promulgó ordenanzas sobre los gastos suntuarios de cada estamento, junto a medidas orientadas a restablecer el antiguo espíritu militar de los samuráis, al tiempo que se dedicaban a la administración.

Controló también a los comerciantes por medio de asociaciones reguladoras de sus actividades, con el fin de mantener el orden social, ya que eran los protagonistas en la vida urbana y amasaban importantes fortunas. Estabilizó los precios del arroz y acabó con la devaluación monetaria. Disminuyó la aplicación del sistema de asistencia alterna, pero creó un nuevo impuesto pagado por los daimios para atender las necesidades financieras del shogunato. Atendió las exigencias de una burocracia en evolución con la introducción de la costumbre de ascender a aquellos más cualificados, puesto que la condición social era un freno imposible de salvar hasta el momento, y estableció sueldos para los cargos superiores, obligados hasta entonces a sufragar los gastos de su oficio con su propio dinero.

En el campo, junto a la extensión de nuevos cultivos, exigió el pago de un impuesto anual fijo en vez de una tasa sobre la cosecha, perjudicando así al campesinado más desposeído. La mayoría de las reformas fracasaron unas por conservadoras y otras por progresistas, e incluso algunas empeoraron situaciones que pretendían remediar. Los programas económicos no agradaron a casi nadie y tampoco resolvieron los problemas fundamentales. Sólo en el aparato administrativo se tuvo cierto éxito al reafirmar las bases del sistema de gobierno.

Sus inmediatos sucesores ignoraron las reformas y estimularon la actividad comercial para recaudar mayores impuestos. Querían ampliar la base de la economía shogunal absorbiendo parte de la riqueza de los comerciantes, al tiempo que se despreocupaban de las finanzas, devaluaban la moneda y cundía la corrupción. A la miseria de la población se unieron ahora epidemias y catástrofes naturales que cristalizaron en levantamientos. Con el undécimo Shogun, Ienari (1787-1837), se volvió a las reformas de Yoshimune y a las limitaciones financieras y restricciones comerciales fuera de lugar, muy nocivas para la economía en general y para los samuráis en particular. En 1793, cuando llega a la mayoría de edad, olvidó las reformas y restableció el boato en la corte, lo que empeoró los problemas derivados de las administraciones superpobladas y rígidas, los desajustes económicos y las presiones por la nueva amenaza exterior desde occidente.

En los últimos años del régimen Tokugawa se difundió un sentimiento general de crisis y la necesidad de reformas: este período es conocido con el nombre de Época Tempo (1830-1844). Las causas de esta situación son numerosas, pero cabe destacar las siguientes:

1. Existía la idea de decadencia de las instituciones shogunales y de los daimios. 2. Las medidas financieras del bakufu habían minado la posición económica de los samuráis, en especial las devaluaciones monetarias, hasta el punto que muchos de ellos trabajaban como jornaleros de un comerciante; también sufrían la lacra del desempleo, 3. Los daimios habían comenzado a endeudarse a principios del siglo XVIII por los gastos derivados de los viajes a Edo, el pago de salarios, el mantenimiento de los ejércitos, la construcción de palacios, etcétera, cayendo en manos de comerciantes prestamistas. 4. Numerosos pobres del campo y de la ciudad vivían al borde de la miseria, porque, inmersos en un orden económico sistematizado, padecían las presiones de la inflación y la expansión de la economía monetaria. En tal estado, cualquier desastre les afectaba inmediatamente y se veían obligados a emigrar en busca de trabajo servil. 5. Diversos movimientos religiosos mesiánicos y populares, de origen campesino, se convirtieron en fenómenos de masas, propagaban la curación por la fe y exaltaban la felicidad material, algo significativo del estado de inquietud reinante.

Ante tales hechos, sorprende la ausencia de una protesta más abierta y eficaz, y su posterior plasmación en teorías políticas y sociales que minasen las bases del régimen. No se manifestó la más mínima idea de revolución; al contrario, la Época Tempo es el marco de reformas alentadas por el Shogun y numerosos daimios dentro de los límites de su sistema político. Los reformadores abordaron los temas tradicionales: retorno al espíritu guerrero, restricción del comercio exterior, austeridad cortesana, retorno de los campesinos a la tierra, etcétera. Ahora bien, algunas medidas sorprendieron por lo insólitas, como la abolición de todos los monopolios autorizados por el Shogun y de las organizaciones de venta al por mayor, o la reducción del 20 por 100 en precios, salarios y arrendamientos, entre otras cuestiones. De nuevo, todos los intentos fracasaron y pusieron de manifiesto la impotencia del shogunato para solucionar los problemas, las disensiones internas del gobierno y el recelo de la población. El sentimiento reformista también había calado en la mayoría de los daimios importantes, que sólo tuvieron éxito en casos esporádicos con la utilización del sistema de monopolio o el refuerzo de la base agraria y de la administración financiera. No obstante, a la altura de 1844 resultaba evidente lo acertado de la descentralización, porque los daimios y samuráis condicionaban su bienestar y seguridad territorial a la continuidad del bakufu.

Además de estos problemas, los cuatro últimos shogunes se enfrentaron a la amenaza de los extranjeros, y a la occidentalización que terminó con el shogunato. La política aislacionista de los Tokugawa, dirigida contra las antiguas potencias coloniales, se había mantenido durante dos siglos sin apenas dificultades. Pero en 1853 el aislamiento acabó bruscamente por la iniciativa de los EE. UU., seguida por rusos, franceses e ingleses. El 8 de julio, el comodoro Perry, anclado en la bahía de Edo con su escuadra de guerra, entregó una carta del presidente Fillmore pidiendo privilegios comerciales, estaciones de aprovisionamiento de carbón y protección para los náufragos estadounidenses. La presencia occidental fue considerada tanto una amenaza para la seguridad nacional como un estímulo para las reformas.

Pronto, el shogunato fracasó y la atención política se desvió hacia el Emperador, como autoridad histórica. La lenta y rígida burocracia, las dificultades financieras, la precariedad militar, la incapacidad para afirmar su autoridad nacional y las luchas intestinas en el propio gobierno, condenaban al sistema bakufu a la desaparición. Con el Shogun convertido en una figura decorativa, los Consejeros Ancianos intentaron llegar a un consenso entre los daimios de la casa, lo que debilitaba aún más su autoridad. El Tratado de Kanagawa de 1854, resultado de una postura de compromiso entre las distintas fuerzas, abría varios puertos a Estados Unidos y admitía la presencia de un cónsul estable. Fue seguido del tratado comercial de 1858 y de cinco más, correspondientes a otras tantas naciones.

En los años siguientes, cuando los diferentes diplomáticos se encontraban ya en Edo, la xenofobia se unió a los fuertes sentimientos antibakufu. El terrorismo fue adoptado como forma de lucha por grupos de jóvenes preocupados por las crisis internas y la creciente amenaza exterior que insistían en que el emperador era el símbolo de la identidad japonesa. Las potencias extranjeras tomaron represalias contra estas acciones, al tiempo que se dirigían al emperador y a los daimios, ignorando al Shogun, para la ratificación de los tratados comerciales. Cuando el centro político se trasladó a Edo, el bakufu actuaba por mediación imperial.

En 1864, la política de coalición de la corte con los daimios cuajó en un acuerdo que reconocía al Shogún como director de los asuntos de Estado en nombre del Emperador. Pero la fuerte oposición interna demostró la inviabilidad de estos proyectos, y los intentos del último Tokugawa, Yoshinobu, por conservar el mando y evitar la restauración imperial, fracasaron. La nobleza cortesana y los jefes daimios condujeron sus tropas a palacio y proclamaron la nueva restauración, tras el anuncio de la devolución de la administración al Emperador, la abolición del shogunato y la confiscación de sus tierras. Iniciaban en 1868 la Restauración Meiji.