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Crisis fiscal: una propuesta de solución

Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición económica, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.

NELSON MANDELA

En el capítulo anterior hemos explicado que el gasto público debe ser eficiente y financiarse de manera estable. Inmersos en una crisis como la del euro, los problemas de financiación pasan a ser prioritarios y perentorios. En 2012, nuestra deuda pública alcanzó el 85 % del PIB y el déficit público superó el 10 %. Esto significa que el Tesoro público necesita que los inversores que nos compraron bonos en el pasado vuelvan a hacer lo mismo cuando llegue el vencimiento, además de otros 75.000 millones de euros adicionales para financiar el déficit. A esto hay que añadir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos apenas tienen acceso a los mercados financieros y que la recapitalización del sistema bancario también exige financiación pública. Lo más preocupante es que la Comisión Europea, responsable de evaluar la estabilidad de nuestras finanzas públicas, pronostica que sin medidas adicionales de ajuste, nuestro déficit será del 7 % en 2014 y nuestra deuda pública superará el 100 %.

QUÉ ES LA PRIMA DE RIESGO Y CÓMO SE CALCULA

A pesar de que actualmente la prima de riesgo es la protagonista de nuestros telediarios y comparte el día a día con los españoles, es posible que muchos no sepan exactamente de qué estamos hablando. La prima de riesgo es la diferencia entre el tipo de interés que paga un bono español de deuda pública (habitualmente, bonos a diez años) y el que paga un bono emitido por el gobierno alemán. Dentro de la unión monetaria, al bono alemán se lo considera el activo de referencia. En la actualidad, el bono alemán a diez años cotiza próximo al 1,5 %. Supone el nivel más bajo desde que hay estadísticas, y tiene que ver con la depresión y con que los tipos oficiales del BCE estén próximos a cero.

La diferencia entre ambos bonos nos indica el grado de preocupación de los inversores. Su temor, fundado o no, se ve compensado por un tipo de interés mayor. En el caso español, el miedo de los inversores está vinculado a dos escenarios posibles, aunque improbables: la salida del euro y el regreso a la peseta, que provocaría pérdidas para el inversor cercanas al 50 %, y la posibilidad de reestructuración de la deuda pública, si ésta superase el 100 % del PIB. Es obvio que no existen fundamentos sólidos para que estos escenarios lleguen a producirse; de hecho, si hubiera algún tipo de certeza al respecto, los inversores tratarían de vender todos sus bonos.

En realidad, la dinámica es muy sencilla: si las dudas sobre nuestra continuidad en el euro o sobre el riesgo de impago crecen, los inversores exigen una mayor rentabilidad que proteja su inversión y entonces la prima de riesgo sube; por el contrario, si los rumores se disipan, la presión se relaja y la prima de riesgo se reduce.

La teoría económica no es muy concluyente al respecto. Nos dice que el tipo de interés que se paga por la deuda debe ser inferior al crecimiento nominal del PIB, que incluye la inflación. Si el tipo de interés es superior al crecimiento, la deuda aumenta sin control. Se trata de una regla aritmética de tal simpleza, que resulta increíble que haya gente que se la crea, pero la realidad es que la mayoría de los sesudos informes que analizan si una deuda es sostenible y recomiendan o no la compra de bonos de un país, se basan en dicha regla.

Cuando explico esta regla a mis alumnos de la universidad, les advierto de que deben ser muy cuidadosos, ya que está plagada de trampas. La primera de ellas es que el tipo de interés es una variable determinante para el crecimiento económico. Si probáramos a hacer estos cálculos en un fichero Excel, nos encontraríamos con un problema de referencia circular y no podríamos seguir trabajando. Una segunda trampa es que la regla sólo es cierta en el largo plazo y cuando la economía está en su estado estacionario. El concepto de estado estacionario se deriva de los modelos matemáticos de equilibrio que usamos los economistas, y viene a ser aquél en que la economía puede crecer sin generar inflación y desequilibrios; lo que ocurre es que las condiciones son tan estrictas que es casi imposible que exista. Incluso considerando que existiera, se trata de una variable no observable y, por lo tanto, no se puede contrastar. Como tantas veces en economía, es el analista el encargado de hacer la estimación, y en función de ésta la deuda es sostenible o no sostenible.

Ante variables no observables como las comentadas, tenemos que admitir que usamos un método no científico, muy vinculado a la habilidad y a la honestidad del analista que lo realiza. A mis alumnos les pido que analicen si la deuda pública de un país es sostenible para que se enfrenten a la regla y comprendan por sí mismos la subjetividad de su análisis. Yo siempre recomiendo hacer uso de la experiencia de otras crisis y ver casos de éxito y fracaso con el fin de adaptar medidas para salir de ella.

La clave no se encuentra en los tipos de interés ni en las primas de riesgo elevadas. La prima de riesgo es como la fiebre, no es más que un mecanismo de autodefensa ante la existencia de una infección o de algún virus o bacteria. La fiebre puede controlarse con paracetamol, pero para erradicarla hay que acabar con la infección. A principios de los años noventa, en medio de otra crisis fiscal y financiera, España pagaba por su deuda pública tipos del 15 %, y tuvo diferenciales con los bonos alemanes de 500 puntos básicos. La regla decía que aquella situación era insostenible, pero salimos del atolladero sin acometer una reestructuración de la deuda.

La historia de las crisis de deuda nos enseña que cuando un país paga en intereses de su deuda pública por encima del 7 % del PIB, está cruzando la línea roja que hace que los países se vean abocados a reestructurar su deuda e incumplir los pagos. España pagará en 2013 casi el 4 % de su PIB, por lo que aún está lejos de traspasar esa línea roja. La historia nos enseña también que hay una segunda línea roja, y es que la deuda pública se encuentre por encima del 100 %. En este caso, España estará muy cerca de esa situación el próximo año.

En estos casos, los bonos a diez años, que son los que sirven de referencia a la prima de riesgo, no son muy importantes en una crisis de deuda. Son mucho más relevantes los tipos de interés a los que emite el Estado la deuda pública a corto plazo, especialmente las letras del Tesoro, a menos de un año. En estas emisiones el Estado tiene que refinanciar la deuda anualmente, y si los tipos de refinanciación aumentan, aumenta proporcionalmente el pago de los intereses. El anuncio de que el BCE intervendrá en el mercado comprando deuda pública a corto plazo es fundamental. En los países intervenidos hasta la fecha, los tipos a corto plazo superaron el 15 % tras la intervención, quedando fuera de los mercados de financiación. La intervención del BCE puede bajar la prima de riesgo, igual que el paracetamol baja la fiebre, pero exige que el país pida el rescate, lo cual estigmatiza y espanta a los inversores. Es esencial no limitarse a bajar la fiebre y actuar sobre la infección para que los inversores compren bonos.

QUÉ HACER CUANDO LA DEUDA DE UN PAÍS SE VUELVE INSOSTENIBLE

Parece evidente que los fundamentales no justifican que España haya llegado a esta situación tan crítica en la que ha necesitado un rescate de sus socios europeos. En julio de 2011, discutía este asunto con Charles Wyplosz, uno de los economistas europeos más prestigiosos. Mi tesis es que los fundamentales de España no justificaban su elevada prima de riesgo y los comparaba con los del Reino Unido. Wyplosz, sabio y pragmático, me dijo: «Da igual si está justificado o no; la realidad es que España ha entrado en una senda de insostenibilidad de su deuda». Wyplosz tenía razón y se ha confirmado la máxima de Keynes: «Los mercados pueden permanecer más tiempo irracionales que usted solvente».

En julio de 2011 se fundieron los plomos del mercado de deuda pública español. El BCE volvió a conectarnos gracias a su intervención, y esto ha permitido al Tesoro público emitir de nuevo a tipos razonables, pero con la condición de que el país pida un rescate al fondo de ayuda europea y se someta a los requisitos de sus socios, como ha sucedido en Grecia, Irlanda y Portugal y Chipre.

Volviendo a las lecciones históricas sobre las crisis de deuda, una vez inmersos en una dinámica insostenible, sabemos que los países que han salido de ella lo han hecho generando un superávit fiscal primario. Esto significa que los ingresos públicos tienen que ser mayores que los gastos públicos excluyendo el pago de intereses. Como España cerró 2012 con un déficit primario próximo al 4 % del PIB, el ajuste fiscal debe continuar.

La cuestión no es si hay que reducir el déficit, sino a qué velocidad hay que hacerlo y cuál es la dosis de medicación que puede soportar el enfermo. En 2009, España tenía un déficit primario del 10 % del PIB, y lo ha rebajado un 60 % en tres años. Hay pocos ejemplos de austeridad tan extrema en países desarrollados, a excepción de los países europeos que también están intervenidos por la Troika. Sin embargo, parece paradójico que Alemania sea un ejemplo de austeridad teniendo en cuenta que nunca ha cumplido el objetivo del límite del 60 % de deuda pública que estipulaban los tratados desde que nació el euro, y que ha superado el 3 % de déficit público en siete ocasiones desde entonces. Pero así se escribe la historia.

En el año 2000, Alemania tenía un superávit primario del 4 % del PIB. Su política fiscal había sido muy expansiva durante los años noventa pero se había producido una burbuja de crédito tras la unificación y los ingresos fiscales crecieron significativamente. En el año 2001 estalló la crisis y el superávit se convirtió en un déficit del 0,2 % del PIB. El déficit primario siguió creciendo hasta el 1,5 % del PIB en 2003. Alemania cumplió otra de sus máximas: los países nunca incumplen las normas, simplemente las cambian. No rebajaron su déficit total, incluyendo el pago de intereses, por debajo del 3 % hasta 2006, seis años después de la crisis. Y el ajuste de su déficit primario fue apenas de 2 puntos de PIB. O sea, un juego de niños comparado con el ajuste en España, en Irlanda o en Portugal.

Alemania consiguió hacer su ajuste fiscal al mismo tiempo que el ajuste estructural y sus reformas, sin sanciones por parte de sus socios europeos, con total soberanía, con la economía mundial en el máximo crecimiento desde los años sesenta y con los países del sur de Europa endeudándose para comprar todas las exportaciones alemanas. Ahora los países del sur tenemos que hacer el ajuste con el mundo creciendo a su menor tasa desde los años ochenta, con Europa en recesión, con el consumo alemán deprimido, con todos los países de la Eurozona aplicando simultáneamente un ajuste fiscal y en medio de la peor crisis financiera en ochenta años.

Herbert Hoover aplicó esta misma política en Estados Unidos y llevó al país a la Gran Depresión. Sin duda, hay que suavizar la senda de ajuste de los países sometidos a la presión de los mercados. Es preciso contar con programas de ajuste fiscal a un horizonte de tres años creíbles, con medidas que los inversores puedan cuantificar, tal como exige la Comisión Europea. Pero también es necesario no concentrar el ajuste en medio de la depresión que continuará en 2013. El FMI ha estimado una senda en la que España no alcanzaría el 3 % de déficit hasta 2016. Incluso para cumplir esta senda hay que tomar más medidas de ajuste, pero se trata de dar más tiempo para conseguirlo.

PROPUESTAS PARA QUE ESPAÑA REGRESE A LA SENDA DE LA SOSTENIBILIDAD

La realidad es tozuda y ha demostrado que el exceso de medicación fiscal genera muchas contraindicaciones en la tasa de paro, pone en riesgo la estabilidad social y política y no resuelve el problema del déficit y la deuda pública. En 2012 nuestros vecinos portugueses han sufrido la dureza de los ajustes y de la medicación de la Troika y han visto cómo su déficit público, lejos de disminuir, ha aumentado. Tan grande es la frustración de la sociedad portuguesa, que cantan a su gobierno democrático y a las instituciones europeas «Grândola, Vila Morena», la canción usada como detonante de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura de Salazar. Portugal lleva a España un año de ventaja, por lo que en cuestión de meses podemos vernos en su misma situación.

Además es imprescindible implementar medidas de estímulo fiscal en el resto de los países. Si un tercio de la Eurozona acomete ajustes fiscales, los otros dos tercios deben optar por el estímulo para compensar y conseguir que la política fiscal sea neutral. Si la política fiscal del conjunto de la Eurozona es restrictiva, los manuales de economía son contundentes al respecto, y Europa seguirá en recesión en 2013. Esta cadena de actuación permitiría sacar a Europa de la recesión y que España se enganchara al carro de las exportaciones para salir de su depresión. No es un planteamiento de solidaridad europea, como suele contarse, sino un requisito ineludible para evitar la recesión en Francia y Alemania y la única vía para que los países en depresión puedan pagar sus deudas. Es conveniente no olvidar que las deudas son de los españoles o de los italianos, pero el problema lo tienen los alemanes y los franceses, que son los que han comprado los bonos.

Volviendo al ámbito español, hay que concretar la hoja de ruta del ajuste. Cuando un país tiene un déficit público tan elevado y unas proyecciones de deuda pública del 100 % del PIB, el plan debe incluir tanto medidas para reducir el gasto como para aumentar los ingresos. Sólo recortando el gasto o subiendo los impuestos no es posible alcanzar una meta tan ambiciosa. Otra variable necesaria es el crecimiento. Los ingresos públicos tienen una elasticidad con el PIB superior a la unidad. Esto significa que cuando el PIB crece, la recaudación del Estado lo hace con más intensidad. Pero cuando la economía entra en recesión y el PIB cae, los ingresos fiscales lo hacen también en mayor medida. Ésta es una de las razones por las que siempre aumenta el déficit y la deuda pública en las recesiones.

El caso de Estados Unidos es representativo. Sin obsesionarse con la austeridad, han reducido su déficit público 4 puntos de PIB desde 2009, el doble que Europa. No hay ningún truco ni ningún enigma. Simplemente, Estados Unidos crece y ha conseguido salir de la dinámica deflacionista. Por el contrario, Europa decrece y ha vuelto a caer en la dinámica de la deflación. Por desgracia, las medidas para reactivar el crecimiento en España no pueden tomarse en España.

Así pues, más que preocuparse por la situación, que de poco sirve, lo que conviene hacer es ocuparse de ella. Haciendo un análisis comparado, España sigue siendo uno de los países con menor gasto público sobre PIB o por habitante de Europa. También es el país con menos número de funcionarios por habitante. Por lo tanto, la obsesión dentro y fuera de España con nuestro despilfarro y el exceso de burocracia no está justificada económicamente. Las razones para justificarla hay que buscarlas en la filosofía moral, en la política y en la mitología.

EL «ESTADO DE BIENESTAR» ES SOSTENIBLE

No debemos negar que cometimos excesos durante el boom, ni que en medio de una crisis de financiación del déficit es necesario reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de la Administración. El Estado debe proveer bienes públicos que el sector privado no tiene capacidad de resolver y encargarse de bienes preferentes que el sector privado no resuelve bien, como la educación. Si dejamos que el mercado fije los precios libremente, buena parte de la sociedad quedará excluida de los estudios, especialmente los universitarios. Mi caso es buen ejemplo de ello. Mi familia era de clase media baja; por lo tanto, sin precios públicos subvencionados en la universidad o sin becas como la que disfruté, hoy no sería economista y no estaría escribiendo este libro. Es muy sencillo ser liberal cuando has nacido en el barrio de Salamanca, Pedralbes o Getxo. Pero la vida se ve diferente desde Leganés, Cornellá o Baracaldo.

La sanidad, las pensiones y la dependencia son otros ejemplos de bienes preferentes. Estados Unidos es el país del mundo que más gasta en sanidad sobre PIB. Pero su sistema es privado y deja sin atención sanitaria al 20 % de la población, nada menos que 60 millones de seres humanos. El modelo norteamericano permite la incoherencia de tener los mejores hospitales del mundo y una tasa de mortalidad infantil superior a la de Cuba. Los sistemas privados de pensiones no resuelven totalmente contingencias como la jubilación, la viudedad, la orfandad o la invalidez, que son las cuatro principales causas de pobreza extrema. Por eso se desarrolló lo que hoy conocemos como «Estado de bienestar».

Hay que volver a los principios, y la protección de la pobreza extrema tiene que ser la prioridad. Entre 2007 y 2013, cerca de 3,5 millones de personas habrán perdido su puesto de trabajo en España. Estamos hablando aproximadamente del 20 % de las personas que tenían un empleo antes de la crisis. No se trata sólo de que las depresiones sean trituradoras de empleos, sino que son además muy profundas y prolongadas en el tiempo.

Las redes de protección social se diseñaron para tiempos de normalidad, y ahora están viéndose superadas por los efectos devastadores de la depresión. A los ingenieros también les sucede. Las Torres Gemelas tenían una estructura de acero cableada en toda la fachada. Los ingenieros hicieron cálculos para que la estructura pudiera soportar el impacto de un avión, y de hecho lo soportó, ya que las Torres no se derrumbaron por el impacto sino porque los tanques de los aviones estaban llenos de queroseno. El fuego fundió la estructura y provocó el colapso de los edificios. Los sistemas de prestación por desempleo, seguros de depósitos, pensiones, etcétera, se ven superados en las depresiones; por eso es necesario reconocerlo cuanto antes y cambiarlos.

El año pasado, la Cruz Roja me invitó a un acto para presentar su informe semestral a sus patrocinadores y empresas colaboradoras. El informe contenía una encuesta con la misma metodología que la de condiciones de vida que estima Eurostat y que calcula el porcentaje de población inmersa en la pobreza y que está en riesgo de vulnerabilidad social. Hasta 2007, la pobreza en España era principalmente un concepto estadístico y suponía una renta muy inferior a la media pero que cubría el nivel de subsistencia.

La Cruz Roja pregunta a las personas que atiende y el 80 % viven en la pobreza. Por lo tanto, es una microencuesta que mide la intensidad del problema dentro del volcán. La mitad de las personas a las que atiende no ponen la calefacción en invierno y un tercio no comen proteínas tres veces a la semana como recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Cruz Roja les facilita calefactores, pero el problema es que no tienen dinero para pagar el recibo de la luz. En esta situación extrema, la realidad es que los recursos públicos destinados a Cruz Roja y el resto de las ONG humanitarias están disminuyendo.

¿Tiene algún sentido que el Estado me pague a mí y a la gente de renta media alta los medicamentos y reduzca los recursos destinados a proteger de la pobreza a las personas más perjudicadas por la crisis? ¿O que muchos ayuntamientos subvencionen clases de tenis mientras recortan sus dotaciones a ONG que luchan contra la pobreza extrema? Así pues, es necesario cambiar el chip radicalmente y priorizar los problemas sociales. Esto incluye reducir la burocracia, así como las duplicidades y triplicidades que se han ido produciendo durante el proceso de desarrollo del Estado autonómico. Hay que cerrar las diputaciones provinciales heredadas del modelo territorial franquista y el resto de las incoherencias de nuestro sistema. A su vez, es preciso reforzar programas contra la exclusión social y prestar especial atención a las pensiones mínimas y a los desempleados de larga duración, sobre todo a los mayores de cincuenta años que han agotado su prestación.

LOS POLÍTICOS DEBEN DAR EJEMPLO

Es muy preocupante la desafección de la sociedad y la pérdida de apoyos de los dos grandes partidos. Desde 1982, España siempre ha tenido estabilidad política y ha habido alternancia en el poder. Sus políticas han sido muy diferentes ideológicamente, pero ambos partidos siempre han tenido como objetivo la estabilidad macroeconómica, condición necesaria para el desarrollo económico.

La clase política debe ponerse al frente y liderar con el ejemplo. La percepción de la sociedad es que se han convertido en una casta privilegiada. No es justo culpar exclusivamente a los políticos de esta crisis, pero en una depresión como la actual, la sociedad necesita más que nunca buenos líderes y estadistas. En la mayoría de las ocasiones no es un problema de sueldos, sino de chóferes oficiales, dietas y viajes innecesarios, pensiones máximas por estar tan sólo ocho años en el Parlamento, sueldos dobles y triples… Suele decirse que es el chocolate del loro, pero antes que la ética está la estética. Y la ética es para cuando no hay hambre.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional.

Una vez asumida la necesidad de cambiar los criterios de asignación del gasto público y de racionalizar el tamaño del Estado, conviene no olvidar que el principal problema de nuestra crisis fiscal no es el exceso de gasto, sino la fuerte caída de nuestros ingresos. En el gráfico se puede comprobar cómo España tiene la menor presión fiscal de la Eurozona, después de Irlanda, que es un reconocido paraíso fiscal para las multinacionales. La política tributaria del gobierno español en 2012 ha sido muy errática y esto contribuye a aumentar la incertidumbre, la prima de riesgo, nuestros problemas de financiación y la depresión.

En 2009, cuando era jefe de la oposición, Rajoy criticó las subidas de impuestos del ejecutivo socialista y dijo que en cuanto llegara al gobierno bajaría los impuestos. Durante la campaña electoral de 2011 afirmó que no los subiría. Pero lo primero que hizo nada más tomar posesión del cargo fue ordenar la mayor subida de los tipos del IRPF desde su creación en los años setenta. También dijo que era una subida transitoria y que los volvería a bajar en 2014. Viendo las proyecciones de la Comisión Europea, que espera un déficit del 7 %, es un insulto a la inteligencia de los españoles decirnos que cumplirán su promesa de bajarlos. Y si de verdad están pensando en bajarlos, esto confirmaría que no hay ningún indicio de vida inteligente en el gobierno. Al mismo tiempo negó de nuevo que fuera a tocar el IVA por su elevado impacto en la actividad, y unos meses después lo subió 3 puntos. En los presupuestos de 2012 dijo que subiría el impuesto de sociedades, y lo que ha hecho es una pura operación de maquillaje. En cambio, ha eliminado la libertad de amortización de inversiones, que es la principal medida que da estímulo para la inversión y la creación de empleo, especialmente en las pymes.

ABORDAR LA REFORMA FISCAL

Lo que necesita nuestra querida España es una reforma fiscal en profundidad que aumente nuestros ingresos fiscales 3 o 4 puntos del PIB, y tienen que ser medidas con efecto permanente. Los manuales de economía recomiendan no subir los impuestos en medio de una recesión. El problema es que, en una crisis financiera, el Estado tiene problemas para financiar el déficit y debe guiarse por el dinero que posee en la caja. Cuando la caja se quede sin dinero, tendremos que solicitar un nuevo rescate financiero, como en mayo de 2012, pero esta vez para financiar el gasto total y no sólo la recapitalización de los bancos. Por lo tanto, el recorte del déficit debe continuar. La clave es no pasarse con la medicación y elegir bien las partidas de ajuste.

El ajuste provoca destrucción de empleo. Por lo tanto, se trata de minimizarla y ganar tiempo para que las exportaciones se recuperen y compensen los efectos contractivos del recorte del déficit, como sucedió en 2009. Subir los impuestos tiene efectos contractivos. Pero la evidencia empírica nos enseña que en una recesión con una elevada restricción del crédito a las empresas y las familias, los recortes de gasto son aún más dañinos y tienen un mayor impacto sobre el empleo, la pobreza y el riesgo de crisis social y política. Por todo ello, como sucede tantas veces en economía, la decisión es elegir entre lo malo y lo peor.

La reforma fiscal debe centrarse en las tres principales figuras impositivas: IRPF, IVA y sociedades. Siendo conscientes del impacto negativo que tiene subir los impuestos en plena depresión, el incremento del IRPF fue una decisión acertada del gobierno. Este incremento fue progresivo y afectó en mayor medida a las rentas más altas. Las rentas bajas viven en el límite de la subsistencia, y si subes los impuestos, disminuye su renta y el consumo cae en la misma proporción. Sin embargo, las rentas altas tenemos nuestro gasto elemental resuelto y contamos con capacidad de ahorro, que encima se ve subvencionado si invertimos en planes de pensiones. Por esta razón, la subida del impuesto ha provocado principalmente una bajada de nuestra tasa de ahorro.

Las rentas del trabajo ya parecen bastante gravadas y con la subida se aproximan a las de nuestros socios europeos. Donde todavía hay mucho margen para subir la presión fiscal es en las rentas del capital, como ha hecho David Cameron, un discípulo de Margaret Thatcher, en Reino Unido. La decisión del gobierno de eliminar la desgravación por la compra de una vivienda también ha sido un acierto. Esta desgravación se introdujo cuando los tipos de interés estaban por encima del 10 %, pero no tiene ningún sentido mantenerla en medio de una crisis fiscal con el Euribor por debajo del 1 %. Ahora falta eliminar o reducir significativamente la desgravación por aportaciones a planes de pensiones privados. De esta desgravación sólo se benefician las rentas medias y altas, y es sin duda la figura más regresiva junto a los bajos tipos que gravan las rentas del capital en el impuesto sobre la renta.

La subida del IVA es todo lo contrario. Es un impuesto en el que Emilio Botín paga el mismo tipo que el sin techo que vive en la calle. No obstante, la subida hasta el 21 % lo que ha hecho es aproximarnos a los tipos medios europeos. Además, hay que ser conscientes de que el IVA es un impuesto con una elevada capacidad recaudatoria, porque, además de pagarlo los 46 millones de españoles, lo pagan los casi 60 millones de habitantes que nos visitan cada año y los inmigrantes en situación irregular. La clave es combinar la subida del IVA con una mayor redistribución de la renta a través del IRPF para trasvasar dinero a las personas que cuentan con una renta menor. Y sobre todo con rentas básicas y asistencia a las personas que están en la pobreza extrema o en riesgo de estarlo. Hemos subido los impuestos, pero ahora falta la parte más importante: redefinir el gasto público para mejorar la protección de los más perjudicados por la crisis.

El impuesto de sociedades es el que más ha caído en cuanto a recaudación y el que menos cambios ha registrado desde 2008. El tipo del 25 % que se paga en España es similar al del resto de socios europeos, por lo que no es necesario tocarlo. Pero el tipo efectivo (los euros pagados entre los euros declarados como beneficios) está próximo al 10 % y es de los más bajos de los países desarrollados. La causa es que el impuesto cuenta con toda una serie de deducciones que disminuyen la recaudación. La más relevante es la que exime a nuestras multinacionales de pagar el impuesto por los beneficios obtenidos con sus negocios en el exterior. Sin embargo, el impuesto les permite desgravarse los pagos de intereses por los créditos que hayan solicitado para su expansión fuera de España. En la práctica, esto supone un crédito fiscal que reduce significativamente el tipo efectivo que pagan estas empresas. Se nos llena la boca criticando a Irlanda por su condición de paraíso fiscal para las multinacionales, pero nosotros tenemos uno similar en España para estas mismas.

En la época de la burbuja pudimos permitirnos esta subvención a las empresas que se aventuraban por el mundo y fue una variable determinante para su éxito en los procesos de internacionalización que llevaron a cabo. Ahora que el país lo necesita, es el momento de que reviertan a la sociedad parte de esos beneficios. Eliminar directamente la desgravación podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas que inician su proceso de internacionalización, y lo que ahora necesitamos son más jugadores ganadores en el tablero mundial. Por esta razón, debería optarse por imponer un tipo mínimo del 15 al 20 % del impuesto. En este caso, se aplicarían las desgravaciones pero el Estado se aseguraría de que ninguna empresa pague menos de ese 15 % por sus beneficios. Este tipo mínimo lo tienen países tan poco sospechosos como Alemania o Estados Unidos y permitiría al Estado recaudar más de 10.000 millones (1 % del PIB) adicionales al año.

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Pero la clave reside en mejorar la lucha contra el fraude. España tiene tipos impositivos similares a Italia y recauda 13 puntos del PIB menos en impuestos. Los países más formales y donde menos fraude existe son los que lideran los rankings de renta por habitante. En consecuencia, la lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad de cualquier gobierno. En este sentido, la amnistía fiscal que ha permitido el gobierno español en 2012 ha sido muy perjudicial. La cantidad recaudada es inferior a la que la Agencia Tributaria consigue aflorar por fraude en un solo año. Sin embargo, el incentivo es muy perverso ya que el mensaje que queda es: «Defrauda, que algún día tendrás una ventana para regularizar tu dinero negro». La lucha contra el fraude requiere más recursos humanos y físicos pero se autofinancia la inversión.

Por lo tanto, los problemas de financiación del Tesoro no son un impedimento para ponerla en marcha, como sí sucede con otro tipo de medidas. Las sanciones deben ser ejemplares y habría que imponer un carnet por puntos. A los que sean reincidentes en el fraude, que se les aumente progresivamente la sanción. En Italia crearon una policía fiscal hace años y ha funcionado. Cualquier italiano está obligado a solicitar el recibo de sus gastos, desde la comida en un bar hasta la compra de un coche. Si al salir del bar, la policía fiscal solicita el recibo al cliente y no lo tiene, se procede a multar al bar y también al cliente.

Otro foco de fraude y de evasión de impuestos son los módulos fiscales. Con Franco los impuestos eran rudimentarios y las empresas pequeñas y negocios familiares, sobre todo en la hostelería, no estaban habituados a llevar la contabilidad. Esto obligó a crear la figura del módulo. La Agencia Tributaria, basándose en unos criterios objetivos, como el número de metros del local, el tipo de negocio, etcétera, estima el beneficio medio y un pago fijo de IVA. Este sistema genera un incentivo perverso. Los negocios que van mejor que la media se apuntan al módulo y limitan el pago de impuestos, con lo que disminuye su presión fiscal sobre las ventas y los beneficios reales de la compañía. Este sistema es decimonónico, y como ya estamos en el siglo XXI, debe desaparecer.

Es habitual escuchar quejas de los más afectados por la subida de impuestos, que en muchos casos son los mismos que te preguntan cómo llevarse el dinero de España para protegerse de la ruptura del euro. Mi respuesta siempre es la misma. Entiendo sus problemas, pero mi preocupación son los jóvenes que no encuentran empleo y, sobre todo, las personas que ya lo han perdido que son cabeza de familia y que están en la pobreza o en riesgo de entrar en ella.

Para un economista, comprobar que la élite que gestiona el país tiene esa visión tan egoísta y estrecha de la realidad es una señal preocupante. Yo pago una elevada cantidad de impuestos, por lo que no soy sospechoso de defender intereses particulares o de clase. Pero siempre he considerado que el pago de esos impuestos es una prima de seguro para que mis hijos vivan en un país donde todos los niños tengan las mismas oportunidades y donde su vida no corra peligro cuando jueguen en el parque o salgan por la ciudad a dar un paseo. Tengo familiares en México que viven en una de las mejores urbanizaciones del Distrito Federal. Cuentan con un guardia de seguridad armado en la puerta y otro en cada calle para protegerles de los secuestros exprés. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar en impuestos para disfrutar de la tranquilidad que tenemos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Zaragoza?

La estabilidad social es un bien público, pero como los españoles siempre lo hemos tenido, no sabemos valorarlo. Como dice Arturo Pérez-Reverte: «Al ser humano más ético y mejor formado, déjale dos semanas sin comer y tendrás un animal». Y como escribe Fidel Castro en sus memorias: «La gente no imagina lo fácil que es montar una revolución». Cuando la democracia no es capaz de resolver los problemas económicos, la sociedad opta por otros sistemas. Estos sistemas destruyen la mayor parte de la riqueza acumulada durante décadas por las generaciones vivas y son consecuencia del fracaso de las élites del país que no supieron evitarlo.

Cuando acabe la depresión, comience a bajar el desempleo, resolvamos la crisis fiscal y la crisis financiera, eliminemos el riesgo de exclusión y la pobreza vuelva a ser un concepto estadístico, yo me pondré a la cabeza de la manifestación para pedir la bajada de impuestos. Ahora, pagarlos sale baratísimo.